El estado de la economía

El discurso oficial sostiene a la fecha que la gestión de la economía por este gobierno ha sido acertada. En tono triunfalista se afirma que México es actualmente uno de los países más estables del mundo, con una de las monedas más sólidas y que no hay endeudamiento. Con una fotografía de la economía desde el punto de vista macro, la presunción parecería cierta, pero la imagen esconde serios problemas.

En primer lugar, la estabilidad macroeconómica se basa en gran parte en la debilidad de la demanda agregada interna —la suma del consumo y la inversión nacional—.¹

En segundo lugar, la solidez del peso se debe a la combinación del elevado diferencial de las tasas de interés internas frente a las del resto del mundo y a que en los últimos años la deuda pública ha crecido menos que la de los países comparables, economías emergentes.²

Finalmente, la afirmación de que “no hay endeudamiento público” es simplemente falsa. La deuda del sector público entre 2019 y 2022 se ha elevado en 33.5%, y de acuerdo con las proyecciones oficiales al final del sexenio será 56% mayor a la del 2018.

El estado de la economía real se ha precarizado significativamente. La recuperación del producto interno bruto (PIB) ha sido particularmente lenta. El PIB del 2022 aún está por debajo de su nivel en 2018 y su recuperación ha sido más lenta que prácticamente todas las economías emergentes de tamaño comparable. En términos per cápita el PIB está 5% por debajo de su nivel de 2018.

El bajo dinamismo del producto está relacionado con el de la inversión fija bruta, cuyo nivel del 2022 fue menor en más de 8% al de 2018. La inversión es el motor que mueve el PIB de forma sostenible. Y la evidencia universal muestra claramente que el progreso social —en cualquier forma aceptable— es posible solamente con un crecimiento sostenido del producto.

Con la información disponible es sencillo confirmar el grado de deterioro social en México: menor cobertura y calidad de los servicios de salud, incremento de la pobreza, menor calidad de la educación y mayor inseguridad pública, entre muchas otras deficiencias.³ Todo ello acompañado de un deterioro infringido a numerosas e importantes instituciones del Estado.

En resumen, el desempeño real de la economía ha sido deficiente y de continuar así las cicatrices serán perdurables y se requerirá mucho esfuerzo y tiempo para recuperar un crecimiento sostenido y el bienestar de la población.

Nearshoring: la gran oportunidad

Paradójicamente, de forma fortuita y no necesariamente por buenas razones, México se encuentra en la mejor situación geográfica y potencialmente política y económica. Hoy, el llamado nearshoring, relocalización o reubicación de las inversiones productivas y la actividad económica internacional presenta la gran oportunidad para el país. La de un salto económico de nivel significativo, al situarse cerca de los EE. UU.

El interés de las empresas que de una forma u otra buscan aproximarse a la economía estadounidense, incluidas las de ese país, es patente hoy día. Si se aprovecha esta oportunidad plenamente, México podría alojar muchas de esas inversiones, beneficiándose de la creación de empleos que venga con ellas, de sus salarios e incluso de la transferencia tecnológica y productividad consecuentes.

Pero no sólo eso, la ola de inversión y actividad podría incorporar a sectores y regiones que han estado fuera o que han sido poco beneficiadas por la apertura económica mediante un mayor valor agregado nacional en el producto de esas inversiones.

Hasta ahora, las exportaciones incluyen un valor agregado (o contenido nacional) relativamente bajo (64%),⁴ dejando fuera de las cadenas de producción a proveedores nacionales que podrían suministrar insumos con valor agregado nacional. Esto es, los empleos y sus remuneraciones y el capital y su rendimiento.

Pero para incorporar mayor valor agregado a las cadenas de oferta de la exportación se requieren varias condiciones que corresponden a la política pública.

Política pública para aprovechar la relocalización

Es muy probable que la relocalización traiga beneficios para el país. Pero el objetivo debe ser su aprovechamiento máximo y para ello hay que generar condiciones que requieren un trabajo arduo, particularmente del sector público.

El éxito pleno depende crucialmente de: 1) que se maximice efectivamente la nueva inversión, plasmada en formación de capital productivo, nacional o extranjera y 2) que ésta opere y atraiga contenido de valor agregado nacional.

Para que el beneficio se presente a lo largo de todo el país se requiere que se cumplan ambas condiciones. Si la inversión se queda solamente donde ya existen las condiciones propicias, el país podrá crecer, pero no incorporará tanto contenido nacional y de otras regiones como podría.

La facilitación de mayor valor agregado nacional en las cadenas de oferta debe propiciarse mediante políticas que modernicen la operación de la economía en todo el paísy reduzcan sus costos; que la hagan más productiva para todo tipo de empresas. Esta modernización requiere entre otros aspectos de:

• Infraestructura moderna con menores costos de transporte en todo el país para la integración de valor agregado de proveedores de todas las regiones a las cadenas de oferta;
• Logística moderna y competitiva para ello y para exportar;
• Un mercado laboral formal que propicie mayor productividad del trabajo;
• Seguridad de generación, transmisión y distribución de electricidad, preferiblemente limpia, y disponibilidad de hidrocarburos en todo el territorio nacional;
• Regulación económica apropiada y coordinada en los tres niveles de gobierno; con beneficios sociales mayores a los costos de su cumplimiento, y sin exceso de tramitología;
• Más competencia que propicie la inclusión de emprendedores y nuevos participantes en ellos; con entrada y salida expeditas a las industrias y con mejor acceso al financiamiento;
• Quizá lo más importante, un estado de derecho que asegure la certidumbre de los procesos administrativos y judiciales, el cumplimiento pleno de la ley y que facilite el abatimiento de la inseguridad pública, los robos y la extorsión.

La modernización y el mejoramiento de la productividad en todo el territorio es un trabajo arduo pero necesario.Con ello se podrá incluir a los grupos y regiones más rezagados en el aprovechamiento de las oportunidades que el contexto actual ofrece al país.

Cabe subrayar que la inversión productiva florece de manera orgánica cuando las condiciones son propicias y las reglas claras. Los “acuerdos” entre gobiernos e inversionistas pueden concretarse en algunos casos, pero no sustituyen un contexto general adecuado y con certidumbre. Más aún, las inversiones mediante acuerdos son propensas a mayores costos derivados de la “aceptación” por parte del inversionista.

Papel del sector privado

Incluso si la mayor responsabilidad para que se cumplan las condiciones que permitan el aprovechamiento pleno de la relocalización recae en el sector público, el sector privado puede colaborar de manera importante. Las siguientes son algunas acciones que puede realizar:

• Adopción de buenas prácticas internacionales de gobierno corporativo, medio ambiente, género e inclusión en general, o “ESG”;⁵
• Colaboración en una agenda de capacitación y educación idónea a fin de formar una fuerza laboral ideal para la inversión productiva moderna;
• Impulso a la integración de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de oferta. Por ejemplo, organizando contactos entre demandantes y oferentes de insumos, matchmaking, de todo el país para nuevas inversiones productivas;
• La colaboración con los diversos niveles de gobierno para la creación y, en su caso, operación de infraestructura y logística necesarias para la integración de todas las regiones en la inversión.

Políticas de gobierno inadecuadas

En los puntos anteriores se esboza una estrategia nacional para maximizar el impacto de la relocalización en beneficio del país, incluyendo a las regiones más rezagadas, basada en condiciones ciertas y generales. Obviamente, el punto de partida es la nueva inversión. Pero, contrariamente a lo que se requiere, el gobierno ha optado por políticas que: 1) son selectivas, propiciando el dialogo con algunas empresas como TESLA,⁶ o 2) claramente ahuyentan a la inversión como es el caso de la compra de las plantas eléctricas a Iberdrola y de las iniciativas de la Ley Minera y la relativa a disposiciones en materia administrativa.

En primer lugar, la adquisición de las plantas de Iberdrola fue una mala decisión para la economía ya que no añade capacidad de generación y trae consigo presiones fiscales y riesgos a futuro:⁷

• Es una señal negativa para la inversión en el país, ya que es precedida por múltiples acusaciones y ataques verbales del propio presidente a Iberdrola (sin ninguna prueba objetiva);
• No implica inversión nueva ni mayor capital físico en el país. Más bien implica una inversión extranjera negativa en México.

En lo que se refiere a la Ley Minera, existen varias reformas que desalientan la inversión, entre otras:

• Se cancela la exploración a cargo de la inversión privada; las concesiones se restringen a las áreas exploradas por el gobierno y solamente cuando no se otorgan en asignación a empresas paraestatales o se reserven.
• La duración de las concesiones se reduce de 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga mientras que la creación de paraestatales, titulares de asignaciones quedan con vigencia indefinida y con menos cargas.
• Se establecen obligaciones y causales de cancelación, de manera desproporcionada y en ocasiones duplicada con las contenidas en otras leyes.

Por otro lado, la iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa pretende reformar 23 leyes con medidas que amplían la discrecionalidad de la autoridad y actúa en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, entre otras:

• En general, la iniciativa sobrepone la voluntad discrecional del gobierno sobre el estado de derecho y la inversión.
• Amplía las causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando se consideren acciones que afecten el interés público, general o social, eliminando el carácter extraordinario del juicio de lesividad. Ahora sería procedente solo argumentar un perjuicio al Estado o al interés público.
• La iniciativa propone que los actos administrativos puedan ser declarados nulos de oficio o a petición de parte interesada —en la actualidad, no se establece el procedimiento de nulidad de oficio—, y se incorporan procedimientos retroactivos de responsabilidad administrativa, civil o penal para los particulares.
• Todos los contratos de adquisición y obras públicas con la Administración Pública Federal deberán incluir la “cláusula exorbitante”, que la faculta para terminar unilateralmente cualquier contrato de manera anticipada por causa de interés público.
• Establece que podrán revocarse contratos y concesiones, así como dar por concluida la relación jurídica de contratos a nivel nacional o internacional en aras del interés público y sin la obligación de resarcir daños.
• Se elimina la disposición de que la expropiación se sujeta a lo dispuesto en los tratados internacionales.

Es imprescindible corregir el rumbo

Los resultados en cuanto a la economía real de este gobierno apuntan, en varios frentes, a un grave deterioro. Más aún, hay signos importantes de insostenibilidad fiscal hacia el futuro.⁸ Alto déficit fiscal con gastos muy rígidos a la baja y con reservas precautorias que han sido gastadas prácticamente en su totalidad.

Hoy por hoy la mejor oportunidad de crecimiento sostenible de la economía, probablemente la única, es la relocalización de las inversiones o nearshoring, y urge que se concreten las condiciones para aprovecharla al máximo. Pero el gobierno orienta su preferencia en función de objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral.

El gobierno, con su actitud, parecería que quisiera disuadir en vez de alentar la inversión.

Como se ha insistido una y otra vez por parte del CEESP, es indispensable un cambio de actitud del gobierno frente a la inversión productiva nacional y extranjera. Ello es una condición necesaria para el aprovechamiento de la gran oportunidad de la relocalización. La condición suficiente, o parte ineludible de la misma, es que se generen las condiciones para florecimiento orgánico de la inversión con mayor valor agregado nacional. EP

1. Su reducido nivel ocasiona que el déficit de la cuenta corriente —la diferencia entre los bienes y servicios que el país importa del exterior y lo que exporta— de bienes y servicios sea mucho menor a las cifras acostumbradas. Entre 2013 y 2018 el déficit de la cuenta corriente promedió 24 mil millones de dólares (mmd), mientras que en 2019 fue de 6 mmd y en 2022 de 13 mmd. La cuenta corriente arrojó un superávit 15 mmd en conjunto, siendo años atípicos que reflejaron una economía más débil que en el resto del mundo. [↩]
2. Dicha combinación ha generado elevadas transacciones de pesos en los mercados internacionales para aprovechar los elevados intereses de la moneda que, sin entrar al país, han apreciado la divisa nacional. Pero no se puede esperar que estas operaciones sean de largo plazo. Parecen más bien de corto plazo y sujetas a cambios repentinos en respuesta a eventos repentinos que podrían derivarse de la elevada volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros internacionales. En cuanto la ventaja de los intereses se desvanezca, el riesgo de depreciación reaparecerá. [↩]
3. El número de personas en pobreza aumentó en 4 millones y la población sin acceso a servicios de salud en 16 millones de 2018 a 2020; en México las muertes en exceso por habitante durante el Covid fueron las segundas más elevadas en el mundo. En los primeros cuatro años del sexenio, los homicidios dolosos aumentaron en 61.5% respecto al mismo lapso del sexenio anterior. [↩]
4. OECD, Trade in Value Added, 2018. México se encuentra en el lugar 53 entre 64 países en la razón de valor agregado doméstico como proporción del valor de las exportaciones [↩]
5. ESG se refiere a los términos Medio ambiente, Social y Género en inglés, que cada vez se utiliza más en la administración y órganos de gobierno de las empresas [↩]
6. El ejemplo de la decisión de TESLA de invertir en Nuevo León en vez de Hidalgo o el sureste del país, como lo sugirió el gobierno, es un claro ejemplo de lo que se sostiene en esta nota: La inversión se va a donde las condiciones son las más propicias, no a donde se puede negociar con el gobierno. [↩]
7. El mantenimiento futuro de las plantas probablemente gravará sobre el gasto de la CFE, aunque falta ver las condiciones bajo las que la CFE utilizará las plantas propiedad de un fondo “privado”. También la operación implica necesariamente recursos públicos -aun cuando no se contabilicen en la deuda pública- que tienen usos alternativos de mayor valor para la economía y la sociedad. [↩]
8. Como se señaló antes, la deuda pública ha crecido sustancialmente por el fuerte crecimiento del gasto del gobierno y el bajo incremento de los ingresos públicos. El resultado ha sido un déficit público elevado como proporción del PIB, que en 2022 fue al más alto de los últimos 22 años con excepción de 2015, cuando fue igual. [↩]

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