El 20 de enero de 2025, después de rendir protesta como presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión, Donald Trump reunió a la prensa en un acto protocolario que sentaría las bases de su nueva administración. Tras nombrar al gabinete y revocar las políticas implementadas por el demócrata Joe Biden, el nuevo mandatario firmó 26 órdenes ejecutivas, superando todos los récords establecidos por sus antecesores y fijando las prioridades de su programa.

Únicamente tras declarar restaurada la libertad de expresión en todo el territorio e introducir el principio de America First como guía de la política exterior, el recién juramentado comandante en jefe ordenó a todas las agencias y departamentos eliminar los llamados programas de diversidad, inclusión, equidad y accesibilidad (DEIA). La instrucción también incluyó cualquier práctica, proceso de reclutamiento, contrato colectivo o programa de capacitación que tomara en cuenta, para la selección del personal, algún criterio distinto a las capacidades y el desempeño de los individuos.

Por si no fuera poco, y a pesar de que esta medida se extendía a los contratistas del gobierno federal, el 21 de enero se proclamó la orden 14173, mediante la cual se encomendó al Fiscal General la creación de una estrategia para orillar al sector privado a abandonar toda forma de discriminación basada en los principios DEIA, al considerarla una violación flagrante de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que garantiza el trato igualitario para toda la población.

En las semanas siguientes comenzaron los despidos masivos bajo la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Como parte de su plan de 180 días para “limpiar de corrupción” al Ejecutivo, miles de empleados fueron separados de sus cargos; cientos de contratos, rescindidos; y decenas de sitios web dedicados a promover o transparentar la diversidad, bajados de los servidores.

Para el mes de febrero, el Departamento de Defensa purgaba de sus filas a oficiales acusados de defender la inclusión en sus redes sociales. Al mismo tiempo, la Oficina de Administración de Personal instaba a los funcionarios a reportar a colegas que hubieran participado en iniciativas semejantes, mientras que el Departamento de Justicia amenazaba con investigar y presentar cargos contra cualquier empresa que insistiera en atentar contra la Constitución.

La paranoia se apoderó por completo de la industria y el sector de las grandes tecnológicas no fue la excepción. A lo largo de este año, Amazon, Meta y Google redujeron en distintos niveles sus metas de contratación enfocadas en minorías, el presupuesto para actividades de integración y el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil. Meta y Google, junto a otros jugadores como Microsoft, detuvieron la publicación de informes y estadísticas sobre la composición de su fuerza de trabajo. En el caso de Meta, la instigación desde la Casa Blanca fue tan efectiva que el liderazgo de la compañía decidió retirar la verificación de noticias de su red social. Pareciera cumplirse finalmente aquella profecía anunciada por Nick Serpe –editor de la revista Dissent– en 2017, tras la primera llegada de Trump al poder.

Destaca una excepción, sin embargo. De las llamadas Big Five, solo Apple se ha mantenido firme, aun frente a la propuesta presentada ante su reunión anual de accionistas por el National Center for Public Policy Research (NCPPR) –un think tank conservador– para eliminar todos los esfuerzos DEIA. En línea con la recomendación de la junta de directores, que se opuso tajantemente al proyecto, la solicitud fue rechazada con un 97% de los votos.

En su respuesta a NCPPR, el liderazgo de la compañía denunció los intentos de intromisión en la conducción de sus negocios y definió como un objetivo central la construcción de una cultura de pertenencia en donde todos puedan alcanzar su máximo potencial. Durante la rueda de prensa posterior a la asamblea, el mismo Tim Cook, CEO de la empresa, reafirmó su compromiso con la búsqueda del respeto y la dignidad para todos.

A pesar de que, días antes, la firma había anunciado una inversión de más de 500 mil millones de dólares en sus cadenas de producción en Estados Unidos, la reacción de Trump no se hizo esperar. El acoso en redes sociales fue inmediato y, poco a poco, la presión económica se intensificó. En mayo, la administración anunció su determinación de imponer un arancel del 25% a todos los productos de Apple, de negarse a relocalizar la producción del iPhone a Estados Unidos. En unas horas, el valor de sus acciones cayó en un 2.6%.

Tras un periodo de tensión e incertidumbre que se extendió hasta agosto, Trump y Cook se reunieron finalmente en la Oficina Oval y acordaron incrementar el compromiso de inversión en 100 mil millones de dólares, como parte del nuevo Programa de Manufactura Americana. El día anterior, el presidente había firmado la orden ejecutiva que fijaba una tasa del 50% para todas las importaciones de la India; recordemos que, para ese momento, Apple había trasladado una parte significativa de su manufactura al país asiático para evitar la guerra comercial desatada contra China.

Tras darse la mano para dirigirse al público, Trump recordó a los empresarios que lo acompañaban que su equipo estaba explorando un posible impuesto adicional del 100 % a todos los chips y semiconductores fabricados en el extranjero. Para concluir la ceremonia y sellar la alianza, el CEO entregó al republicano una placa conmemorativa, colocada sobre una base de oro de 24 quilates.

Si bien muchos analistas –tanto de izquierda como de derecha– interpretaron este episodio como una capitulación por parte del gigante tecnológico, la realidad es que la táctica puesta en marcha por “La manzana” le ha permitido maniobrar en un contexto político complejo y trazar una línea de defensa alrededor de ciertos blancos prioritarios, especialmente aquellos relacionados con su cultura organizacional.

En pocas palabras, el grupo de Cupertino se ha vuelto indispensable para alcanzar las metas de crecimiento e inversión trazadas para el periodo. A cambio, la persecución se ha suavizado —al menos por ahora—. Por otro lado, pareciera que el mismo modelo de negocio que durante tantos años ha cautivado a los mercadólogos dotó a Apple de cierta autonomía relativa frente a las decisiones económicas y comerciales del Ejecutivo: al apostar por la diferenciación, congruencia y reputación como pilares para la atracción de usuarios, antes que la venta a gran escala, resulta crítico –y por ende, mucho más rentable– defender las virtudes asociadas a la marca, que durante décadas se han materializado en su compromiso ambiental y social (al menos a nivel discursivo).

Este factor, por supuesto, se suma a una filosofía corporativa (que bien podríamos considerar ideología, como satiriza James Ponsoldt en su película The Circle de 2017) basada en la innovación y creatividad. A nivel de indicadores, esta pluralidad se traduce en un mayor desempeño de los empleados, más retención a largo plazo, así como ventajas competitivas en el desarrollo de productos y atención al cliente. En otras palabras, contar con una fuerza de trabajo heterogénea ha permitido a Apple crear productos y servicios atractivos para todas las geografías y evitar el llamado pensamiento de grupo –o en palabras más cotidianas, la ceguera de taller–.

Por último, el seguimiento rápido y proactivo de iniciativas regulatorias por parte de los directivos ha facilitado su relación con los inversionistas (como demuestra también el caso de Costco). Al ofrecer recomendaciones de manera oportuna, tomar posturas claras y destacar los beneficios de las políticas DEIA, junto con los riesgos de cumplimiento legal que conlleva su eliminación, han logrado alcanzar consensos amplios y duraderos al respecto.

No podemos obviar, sin embargo, que la situación en el caso de las operaciones de Apple en otros países es muy distinta. Conforme ha aumentado su dependencia de proveedores chinos, la discusión con Pekín se ha vuelto más compleja. En aquellos casos en que el gobierno central ha exigido a la empresa acatar sus políticas en materia de censura, vigilancia y control de datos, Apple ha seguido las instrucciones al pie de la letra: un sinnúmero de aplicaciones ha desaparecido de la tienda en los últimos años e, incluso, la difusión de imágenes vía AirDrop está restringida para evitar la circulación de contenido durante manifestaciones.No obstante, los hechos recientes demuestran la importancia de voltear a ver estos rasgos característicos de la oferta de Apple frente al público y de su estructura de gobernanza como cimientos de la independencia con la que han navegado la ola de cambios que han acompañado la reciente ola autoritaria que recorre Estados Unidos. Por supuesto, Tim Cook y su equipo han priorizado la diversificación del circuito productivo para reducir las dependencias del aparato político en todas las latitudes. Habrá que ver la viabilidad de semejante proyecto en una economía global cada vez más concentrada en las grandes potencias y sus monopolios. EP

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