
Armando Chaguaceda examina cómo la academia mexicana reacciona —o se acomoda— ante la autocratización y la pérdida de libertades democráticas en el país.
Armando Chaguaceda examina cómo la academia mexicana reacciona —o se acomoda— ante la autocratización y la pérdida de libertades democráticas en el país.
Texto de Armando Chaguaceda 25/08/25

Armando Chaguaceda examina cómo la academia mexicana reacciona —o se acomoda— ante la autocratización y la pérdida de libertades democráticas en el país.
"En una sala donde la gente mantiene unánimemente una conspiración
de silencio, una palabra de verdad suena como un disparo..."
Czeslaw Milosz, Discurso de aceptación del Premio Nobel
Este breve ensayo adelanta una lectura exploratoria de los posicionamientos emanados desde la academia de ciencias sociales —en específico a partir de la voz y la pluma de intelectuales públicos que forman parte de ella— respecto al orden político vigente, en el contexto de cambio de régimen político vivido en México durante el sexenio 2018-2024.
El formato de Este País no permite aquí un despliegue amplio de las “tesis”, ejemplos y evidencias que las sustentan; pero ello será subsanado con el trabajo investigativo que próximamente retomará las ideas aquí planteadas. Muy probablemente, las reacciones a lo que aquí se plantea abonarán tempranamente al desarrollo de ese trabajo.
Parto de reconocer que el régimen político mexicano —el conjunto de instituciones, normas, actores y prácticas políticas relevantes que definen el acceso y ejercicio del poder— ha experimentado un cambio cualitativo en el pasado reciente.
Al iniciar 2018, vivíamos aún bajo una democracia defectuosa, en la que coexistían libertades e instituciones democráticas con enclaves sociales, territoriales y culturales de corte autoritario. Conviene hacer una distinción: defectuoso no significa ‘falaz’. En términos de organización electoral, la democracia mexicana era técnicamente confiable y profesional: tras cada elección, se sabía quién había ganado; ese triunfo era legal y legítimo. El IFE/INE gozaba de respeto y confianza ciudadana.
De ahí el encono de la 4T para destruirla: la participación ciudadana en forma de depositar, vigilar y contar votos, así como la organización institucional de las elecciones, han sido lo mejor de esa democracia hoy moribunda. No es poca cosa: se trata del piso mínimo que garantizaba cierta competencia e imparcialidad. Pero la democracia va más allá. Ese “más allá” —lo defectuoso del sistema— fue canibalizado por la partidocracia, la corrupción y muchos otros males. Aquellos polvos trajeron estos lodos.
Posteriormente, tras el primer triunfo en elecciones generales del proyecto de la llamada 4T (2018- 2024), el país continuó bajo aquella democracia defectuosa, pero esta se volvió progresivamente más iliberal. Un gobierno con gran poder fue colonizando de forma paulatina las instituciones del Estado, reforzando los elementos autoritarios preexistentes e induciendo a una mayor polarización.
En el 2024, este proceso entró en una nueva etapa: el tránsito hacia un régimen de autocracia electoral o autoritarismo competitivo, en que el partido gobernante culminó, en esencia, la captura de todos los poderes del Estado. Se produjo, así, la convivencia entre los viejos fenómenos de erosión democrática y el fortalecimiento de una ideología y una mentalidad cada vez más iliberales en sectores del nuevo bloque dominante, lo que derivó en un acotamiento de libertades dentro de un proceso paulatino de autocratización.

Este proceso se retroalimenta en un bucle continuo a través de diversas acciones y momentos. Un primer paso es la consecución de mayorías y hegemonías políticas oficialistas, sobre todo en el ámbito legislativo, pero también en el sistema de partidos y en amplios espacios de la sociedad civil, así como en el mundo de los medios y la cultura.
El proceso autocratizador mexicano se inicia con un impulso iliberal de facto, plasmado en la agenda temprana del gobierno populista; sin embargo, con el tiempo se complementa y despliega mediante una modificación de jure del entramado legal e institucional, característica típica de la mutación autoritaria de un régimen político. Semejante proceso enmarca un deterioro del espacio cívico que, a su vez, genera nuevas restricciones a las libertades en general, incluida la libertad académica.
Este decurso impacta de diversas maneras en la academia. A partir de la observación, es posible identificar distintos posicionamientos académicos e intelectuales frente al proyecto democrático liberal y el proceso de autocratización en curso.
Aquí los examinaremos a partir del esbozo de ciertos tipos ideales, construcciones conceptuales que no reproducen de manera exacta los fenómenos de la realidad social, sino que abstraen —con base en actores, comportamientos, procesos, etc.— y sintetizan lo característico de cada postura, con el fin de identificar tendencias dentro del orden social que analizamos.
Propongo clasificar estos posicionamientos de(sde) la academia mexicana, en relación con el orden y el proceso político en curso, en cinco tipos ideales, evaluados a partir de su respuesta a tres dimensiones o variables de análisis: a) la mirada sobre el contexto, b) el contenido de su accionar, y c) el sentido de su accionar.

Llamaré al primer tipo “nostálgicos”. Su mirada sobre el contexto del régimen de la 4T suele estar marcada por calificativos como “dictadura”, “tiranía”, “despotismo”, etcétera. Y ello no sólo en el momento posterior a 2024 —cuando ya se había producido el tránsito de régimen—, sino incluso en años anteriores, cuando aún vivíamos bajo un gobierno populista iliberal que no había modificado cualitativamente el statu quo. El contenido del accionar es, por tanto, una defensa militante del viejo régimen; y el sentido de su accionar, la conservación de las principales normas, instituciones y valores de aquel viejo orden. En general, el nostálgico tiende a glorificar como si fuera una democracia liberal desarrollada lo que fue, en realidad, una democracia electoral precaria. El antídoto frente a esta nostalgia —a la postre conservadora y conformista— es la voluntad de profundizar y democratizar la democracia.
Este horizonte parece guiar el quehacer de un segundo grupo, los “reformistas”. Su mirada sobre el contexto actual reconoce el impacto cruzado del agotamiento de las viejas tendencias oligárquicas y de un nuevo proceso de autocratización, maquillado de democratización con contenidos populares. El contenido de su accionar se identifica como una defensa crítica de las virtudes del viejo régimen de la transición, sin perder de vista sus limitaciones. El sentido de su accionar no es la conservación nostálgica, sino una serie de reformas que preserven los elementos democráticos valorables y vigentes de aquel régimen, corrigiendo sus pendientes; esos que coadyuvaron en definitiva al triunfo del populismo iliberal en 2018 y a la deriva autoritaria posterior.
Un tercer y cuarto grupo lo conforman, muy próximos entre sí —y a veces intercambiables—, los “ambiguos” y los “conversos”, particularmente visibles en figuras con tribuna pública de las viejas y nuevas generaciones de la llamada comentocracia. Aunque sostienen una superficial defensa de ciertos elementos formales del régimen de la transición, repiten inmisericordes narrativas que la desacreditan. El contenido de su accionar combina, de manera simultánea, una mezcla inestable de defensas, rechazos y silencios frente al accionar iliberal del proyecto de la 4T. El sentido de su accionar se caracteriza por un “acomodamiento variable”.
A menudo, los “conversos” ofrecen una mirada favorable —aunque no del todo convincente— sobre el nuevo orden, una especie de entusiasmo pueril ante los supuestos progresos culturales alcanzados bajo la “nueva democracia”. Sus textos e intervenciones pueden combinar una crítica compleja y diferenciada de la democracia electoral con una dosis de cálculo político y profesión de fe pública “por si acaso”. No examinan con la misma dureza y agudez crítica los problemas del “nuevo régimen” que la que emplean al tratar los de la derrotada democracia defectuosa. Y cuando señalan algún problema del orden presente, afirman que es temporal o secundario frente a los logros del populismo iliberal. El contenido de su accionar consiste en la construcción y difusión de discursos que contribuyen a la demolición subsidiaria —no protagónica — del viejo régimen, y el sentido de su accionar se define por un “acomodamiento activo”: la ambigüedad y la conversión pueden ser adoptadas, en distintos momentos, por las mismas personas.
Por último, encontramos a los “promotores”, el grupo más leal y abiertamente militante —incluso en cargos oficiales partidarios y gubernamentales— del nuevo régimen. Celebran e impulsan lo que consideran una democracia verdadera y superior, popular y progresista, “al servicio del pueblo”. Sostienen que la ciencia y la academia deben ponerse al servicio de la democracia iliberal y del autoritarismo competitivo, presentados como un “proyecto antineoliberal” y de poder popular.
Para una parte de este grupo, los procesos académicos no deben priorizar la autonomía, el examen crítico ni el diálogo entre pares mediate el intercambio de argumentos basados en razones y evidencias empíricas; se trata, más bien, de usar la academia y sus procesos como una herramienta para promover un cambio radical.
El contenido de su accionar se basa en la demolición militante del régimen de la transición, avalando y fomentando la supresión de sus instituciones, el ataque sistemático a todos los valores y libertades de aquel orden, y la exageración ad infinitum de sus limitaciones. El sentido de su accionar es, por tanto, la refundación autocrática.
¿Qué hacer en un contexto de autocratización creciente, polarización inducida y conversión de un segmento de la academia en colaboracionista del proyecto que subvierte las condiciones de una academia autónoma, plural y critica? Ante todo, es necesario reconocer que la academia —en su doble condición de a) esfera institucionalizada de producción de conocimientos y b) grupo de personas dedicadas a analizar científicamente problemas y temas de interés general— es intrínsecamente diversa. La valoración de este tema debe tomar en cuenta que la academia mexicana es, con mucho, la más extensa y sofisticada de Hispanoamérica. En ese sentido, y considerando experiencias similares con gobiernos populistas del hemisferio, considero que la reacción a la deriva iliberal vivida en el país no ha sido unánime, oportuna, ni mucho menos correspondiente, en amplios sectores de esta academia, con el calado de la amenaza.
Si el proceso autocratizador se profundiza —como parece previsible—, el deslinde al interior de la academia en torno a la defensa de las libertades democráticas tenderá a conformar dos polos principales: quienes se alinean a favor de las agendas del nuevo régimen (promotores, conversos) y quienes se mantengan en contra (nostálgicos, reformistas). En este escenario, el espacio para los ambiguos se irá reduciendo paulatinamente.
No podemos seguir defendiendo la idea normativa del académico o del intelectual como defensor tout court de las libertades y la democracia. Es preciso reconocerlos sociológicamente por su posición como productores de ideas en el marco de una sociedad moderna. Quienes asumen activamente una postura de defensa democrática son, a menudo, una excepción. Lo que predomina, con frecuencia, es la cómoda adaptación y servidumbre voluntaria a poderes extraacadémicos liberticidas. Aceptar esta realidad nos permitiría reconocer que siempre han existido intelectuales filotiránicos —a menudo identificables por la renuncia a pensar por sí mismos y su necesidad de aferrarse a un credo político, una teoría o un movimiento—, enfrentados a sus disminuidos pares demócratas.
Hay que reconocer que la ola autocratizadora que hoy afecta a todo el mundo y alcanza a México representa una amenaza a la identidad misma del trabajo y de la condición académica moderna. Eso se ha evidenciado en los cambios de modelo educativo, en los ataques a los centros de investigación y en la imposición de currículas y textos ideologizados. Ante este panorama, es preciso articular redes nacionales de solidaridad para la defensa de la libertad académica, como ha ocurrido en países como Hungría, Turquía o Venezuela.
Asimismo, es imperativo ampliar la participación coordinada y activa en instituciones y alianzas académicas globales, que pongan el caso mexicano en la palestra pública internacional. De manera simultánea, es urgente incidir sobre aquellas contrapartes europeas y estadounidenses que, bajo una visión falaz de progresismo y una lectura limitada de las amenazas a la libertad académica —derivada de sus respectivas realidades en el Norte Global, donde el riesgo principal proviene del populismo y autoritarismo de derechas—, hoy respaldan más las figuras censoras, las agendas controladoras y propagandas adoctrinantes del proyecto iliberal de la 4T que a sus pares de la academia y la intelectualidad democráticas mexicanas. EP