“Cuando comprendimos la fragilidad de nuestras instituciones, ya era demasiado tarde”. Esta lapidaria frase de María Corina Machado, referida a Venezuela, resuena con particular amargura al clausurar un 2025 que quedará grabado en la memoria colectiva como el año del ocaso institucional en México.

El 2025 fue testigo de una vorágine de reformas legislativas impulsadas por el autodenominado gobierno de la “transformación”. Valiéndose de maniobras cuestionables, se autoasignó una mayoría calificada cuya legitimidad fue alarmantemente respaldada por dos instituciones clave: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (TFE). La alianza abierta de sus titulares con el Ejecutivo y con el partido Morena ha minado la confianza pública y ha puesto en entredicho la independencia de órganos que, hasta ahora, garantizaban la democracia. La fragilidad del sistema electoral, pilar de la representación ciudadana, ha quedado expuesta.

Mientras tanto, la oposición se ha mostrado profundamente debilitada. Incapaz de articular un frente común en defensa de la democracia y de las instituciones, ha permitido, mediante su inacción, la violación sistemática de los principios del Estado de derecho. Se trata de una actitud particularmente grave si se considera que una parte significativa de la población depositó en ella su voto, confiando en que antepondría los intereses nacionales a cualquier agenda partidista o personal. La ineficacia de la oposición ha contribuido de manera directa al clima de crisis institucional que hoy debilita a México, frente a una sociedad que parece observar impávida, sin una reacción efectiva.

La reforma constitucional que dio paso a la elección de integrantes del Poder Judicial fue el epítome de esta crisis. Su aprobación fue resultado de presiones, amenazas y una descarada compra de voluntades: una auténtica “masacre judicial”. Cuando se tiene “basura bajo la alfombra”, resulta más fácil ceder a las amenazas, sobre todo cuando los intereses personales se imponen a los del país. Diversos legisladores de la oposición traicionaron a sus partidos y a sus votantes, ya sea cambiando de bando o ausentándose en el momento crucial de la votación. La pregunta obligada es: ¿a cambio de qué? A ello se sumó la sumisión de un exministro de la Suprema Corte, que dejó sin aliento a la opinión pública y abrió interrogantes sobre las razones que lo motivaron u obligaron a actuar así, pues resulta evidente que no se trató de una decisión libre. La conducta de estos actores no solo traicionó la confianza en las instituciones, sino que arrastró al país a una crisis judicial sin precedentes.

El 2025 también ha estado marcado por una escalada de escándalos de corrupción y violencia, muchos de ellos protagonizados o vinculados a militantes del partido en el poder. Han exhibido una prepotencia lastimosa, empoderados y amparados por una impunidad casi absoluta. Esta conducta ha sido justificada o minimizada por figuras de alto nivel, incluida la presidenta Sheinbaum, quien ha evitado la autocrítica y la exigencia de rendición de cuentas entre sus correligionarios. Esta impunidad genera un entorno propicio para que los implicados continúen actuando sin freno, evidenciando una preocupante falta de congruencia.

La inacción gubernamental ha sido particularmente notoria en asuntos de enorme trascendencia para el futuro del país. La educación, la salud, la justicia cotidiana y la infraestructura en materia hídrica, energética y de comunicaciones han sufrido un retroceso alarmante. Esta deriva contradice la tendencia internacional de fortalecimiento de los derechos humanos colectivos y prepara el terreno para desafíos aún mayores en 2026.

La violencia ha alcanzado niveles críticos. En el último tercio del año, Michoacán se convirtió en epicentro de la conmoción nacional tras los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, líderes comunitarios que defendían a sus comunidades del crimen organizado. Sus muertes detonaron una ola de indignación y masivas manifestaciones ciudadanas.

A este flagelo se suma la actuación de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales, que han perdido la autonomía conquistada en años recientes. Esta pérdida ha derivado en inacción frente a crímenes de alto impacto y ha debilitado la lucha contra el narcotráfico. Gobernadores del partido en el poder, así como aliados políticos con señalamientos graves de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado, no han sido investigados pese a la abundancia de evidencias difundidas por medios independientes. Por el contrario, han sido públicamente respaldados, enviando un mensaje inequívoco: avanzamos hacia una autocracia, hacia la concentración del poder a cualquier costo.

La cooptación de diversos medios de comunicación y los ataques sistemáticos contra periodistas por sus investigaciones —incluidas desapariciones y asesinatos— han profundizado la polarización social, dividiendo al país entre “los buenos” y los “desgraciados neoliberales y de derechas”. Se trata de una estrategia eficaz para desmovilizar y estigmatizar a la oposición.

Los recursos públicos, por su parte, han sido utilizados para sostener apoyos electorales mediante programas sociales que, si bien han contribuido a reducir la pobreza extrema, descansan en recursos finitos y han implicado recortes en áreas estratégicas como la educación y la salud.

Los temas incómodos se eluden en las conferencias matutinas; se descalifica a quienes expresan opiniones críticas; y el poder, junto con los recursos públicos, se concentra en pocas manos. La falta de transparencia en la asignación de contratos y la vinculación de contratistas con el círculo más cercano al expresidente López Obrador agravan la percepción generalizada de corrupción.

No cabe duda de que México atraviesa un momento crítico. Sin embargo, los grandes cambios históricos suelen surgir precisamente en contextos de crisis. El reto para el país es monumental: reconstruir las instituciones, fortalecer la democracia, garantizar la independencia judicial y combatir la corrupción de manera efectiva.

El futuro de México, hoy más que nunca, depende de todos nosotros: de ti y de quienes tienen la capacidad de propiciar el cambio. Un cambio que implica, necesariamente, la renuncia a proyectos individuales en aras de un objetivo común: un México con instituciones fuertes y justas. EP

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