El miércoles 28 de abril de 2021 por la noche, durante una feroz tormenta de granizo, la techumbre que cubría la Casa de las Águilas en la Zona Arqueológica del Templo Mayor se desplomó estrepitosamente. La vetusta estructura de una de las secciones más importantes de la famosa zona arqueológica en pleno corazón de la capital mexicana no resistió el peso de las miles de canicas de hielo y colapsó.

Afortunadamente, parece que los daños al monumento arqueológico no resultaron demasiado graves y son reversibles. De igual manera, la única persona herida en el suceso, el oficial custodio Juan Romero Cruz, ya se encuentra estable tras unos días en el hospital y se encuentra recuperándose en su casa.

El colapso de la techumbre de la Casa de las Águilas es el último caso en el que fenómenos naturales afectan y ponen en riesgo al patrimonio cultural de México. El otro notorio caso reciente son los dos terribles sismos que en septiembre de 2017 sacudieron el centro y sur del país, debido a los cuales murieron un total de 450 personas y cientos de miles de edificios y viviendas resultaron dañadas. Entre los daños también hubo afectaciones a 2,340 inmuebles históricos y 42 zonas arqueológicas cuya recuperación y restauración ha sido larga y costosa. 

Ante estos catastróficos sucesos y los efectos que tienen en el patrimonio cultural del país vale la pena preguntarse qué es lo que está en riesgo y qué se pierde a causa de ellos. Sin duda, lo más terrible y lamentable siempre serán las perdidas humanas, los heridos y los daños que dejan a personas sin y subsistencia. Tras un desastre los esfuerzos de la primera respuesta siempre deben enfocarse en establecer la seguridad de todos, encargarse del rescate de las víctimas y asegurarse de que todos los heridos obtengan atención médica. Sin importar qué tan importantes sean, los monumentos no valen más que la vida de las personas. 

No obstante, el daño y la destrucción del patrimonio material por los desastres también es algo muy serio y que tiene consecuencias igual de profundas y duraderas en la vida social y comunitaria. Espacios como templos coloniales, edificios históricos o sitios arqueológicos son espacios importantes en donde confluyen prácticas sociales, económicas, religiosas y turísticas como parte de las dinámicas de las comunidades locales. Estos sitios no son sólo cal y canto, sino que cuentan con valores culturales, identitarios, políticos, económicos y sociales, y que por lo tanto juegan un importante papel en la vida cotidiana en torno a ellos. Cuando son dañados por fenómenos como tormentas, terremotos, inundaciones o incendios, las comunidades que están relacionadas a ellos son las que sufren a corto, mediano y largo plazo.

Las recientes tendencias en los estudios en reducción de riesgos de desastres y su gestión integral apuntan cómo es importante abandonar la idea de que los desastres son naturales. La restauradora y arqueóloga Mitzy Quinto, especialista en gestión de desastres y patrimonio cultural, explica como “las amenazas pueden ser naturales, pero también culturales y sociales”. Los sucesos como las tormentas y terremotos existen; sin embargo, “los riesgos se construyen a partir de las decisiones que nosotros tomamos, esas decisiones son las que hacen que no podamos responder ante esas amenazas que suceden cotidianamente.” Quinto explica que, viéndolo de esta manera, son las decisiones humanas las que hacen que las amenazas se conviertan en desastres, “por eso es que los riesgos se construyen y no es que solo suceden” de forma natural.

La emergencia climática y los desastres

Tras años de estudios y la experiencia vivida de miles ha quedado claro cómo los fenómenos naturales que podrían desembocar en desastres tales como tormentas, huracanes, sequías e inundaciones están incrementando en frecuencia y potencia debido al cambio climático. 

Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres publicado el año pasado, se registró un aumento del 74.4% en el número de desastres contabilizados entre 2000-2019 comparado con las dos décadas anteriores. Este incremento de la frecuencia de eventos climáticos extremos está directamente relacionado con el calentamiento del planeta debido a las emisiones de gases invernadero. De los 7,348 desastres registrados a nivel global en dicho periodo, México se encuentra en el octavo lugar de más ocurrencias de desastres, destacándose principalmente los de tipo meteorológico e hidrológico.

Al igual que los desastres que trae consigo, la emergencia climática no es algo “natural”. Aquí también las decisiones y acciones que autoridades, empresas e individuos toman tienen una influencia directa. Los riesgos contra la vida, el bienestar social y el patrimonio crecen cuando se siguen contaminando los aires, las tierras y las aguas por las grandes industrias sin ninguna regulación y por el continuo uso de hidrocarburos.

Pese a que eventos como la tormenta de granizo que desplomó la techumbre del Templo Mayor no cumple con las características necesarias para ser considerada como un desastre según los estándares internacionales (al afortunadamente no haber ocasionado muertos), sus efectos perjudiciales al patrimonio y la infraestructura que lo rodea son muy reales. 

Abandono, negligencia y falta de mantenimiento

En cuestiones de la protección del patrimonio histórico, arqueológico y artístico en México se cuenta con una legislación muy fuerte, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la cual en su momento fue punta de lanza internacionalmente al ser promulgada en 1972. El órgano encargado de las tareas de investigación, preservación, protección y difusión del patrimonio mexicano, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es una institución con una larga historia, la cual ha jugado un papel primordial en las políticas culturales del país y la gestión de los vestigios del pasado desde su fundación en 1939 a finales del mandato de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, el INAH actualmente se encuentra muy debilitado, sufriendo de una gran falta de recursos tras años de recortes presupuestales, crisis laborales y malas gestiones. 

Pese a la reducción en un 75% de su presupuesto el año pasado, estos recortes y males que achacan al INAH no son algo nuevo ni único de la actual administración, es un lastre que se lleva arrastrando desde hace al menos dos o tres décadas. La precariedad y escasez de recursos pareciera ser una constante en la historia del sector cultural y patrimonial de nuestro país. Y, obviamente, las decisiones y acciones detrás de los recortes y la mala administración tienen consecuencias reales. Debido al abandono, la negligencia y falta de mantenimiento cientos de sitios arqueológicos, museos, bibliotecas y espacios culturales se encuentran en un mayor riesgo de que sucesos como la tormenta de granizo de hace unas semanas tenga desenlaces catastróficos. 

El contexto actual caracterizado por la falta de recursos es “una situación alarmante”, comenta Quinto, “porque el trabajo de conservación es de larga duración. A veces se entiende que lo que haga el restaurador o el conservador va a ser una acción única y que con esa acción única se va a resolver todo el problema y no es cierto, la clave está en la constancia y en el mantenimiento a largo plazo.”

Centralización y monopolio de la gestión patrimonial

Otra arista del problema respecto al mantenimiento y la reducción de riesgos al patrimonio cultural en el país es como en México hay una muy fuerte centralización en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico e histórico. El INAH tiene prácticamente un monopolio sobre todos los asuntos referentes al cuidado y administración de los vestigios e inmuebles del pasado prehispánico y colonial del país. En cierto sentido esto es positivo, pues hay un mayor control y en principio se asegura que las cosas se hagan de manera adecuada, regular y profesional. Sin embargo, éste control centralizado en el INAH también puede perjudicar las relaciones que hay entre individuos y comunidades y los patrimonios que los rodean. 

Desde sus orígenes el INAH y las política culturales impulsadas de arriba para abajo por parte de los gobiernos desde la posrevolución han apelado una concepción de un único patrimonio mexicano compartido por todas y todos en aras de un nacionalismo. Esto, aunado a la consolidación de todas las labores de manejo, administración y estudio del patrimonio en una sola entidad especializada, impide el involucramiento de las personas comunes y corrientes en esas actividades, lo cual puede erosionar las relaciones de las comunidades con sus herencias y patrimonios y/o generar conflictos entre autoridades patrimoniales y poblaciones.

Frente a esta situación –en la cual por un lado se encuentra una institución plagada de retos y carencias, extenuada por tantos recortes y gestiones torpes, y por el otro una serie de políticas patrimoniales que dificultan la participación de la población no especializada en las tareas de protección y gestión del patrimonio arqueológico e histórico– no es sorpresivo que ante las amenazas climáticas y naturales los riesgos aumenten y que desafortunados sucesos como los del pasado 28 de abril en el Templo Mayor sucedan.

Posibles soluciones se pueden encontrar en otras visiones más abiertas e inclusivas de gestión patrimonial, en opciones y proyectos más allá de las instituciones y el Estado.

La conservación no se restringe solamente a la restauración de lo material, hace énfasis Mitzy Quinto, “sino también a la conciencia social, a la educación, a la divulgación, a la difusión y sobre todo al mantenimiento.” Hay que generar un cambio de actitud, y con esta intención es que Mitzy, en conjunto con Natalie de la Torre, producen desde el año pasado el podcast Ecos Patrimoniales, una propuesta independiente en torno a temas de patrimonios y desastres con la que buscan crear conciencia de cómo “la conservación la hacemos todos y no solo las instituciones”.

Es necesario fomentar y construir otras formas de entender y practicar la gestión patrimonial en las cuales, siguiendo los planteamientos de la historia y la arqueología pública, se impulse la participación activa de los ciudadanos y las comunidades. En este sentido han surgido varias propuestas para lograr estos objetivos, como por ejemplo los casi 250 museos comunitarios que hay distribuidos a lo largo y ancho del país, en los cuales las comunidades tienen un papel principal en las tareas de investigación, conservación y difusión de su propio patrimonio cultural.

Los continuos y brutales recortes al INAH son terribles y dañinos y por lo tanto deberían ser revertidos. Por ellos es que las posibilidades de acción del instituto para proteger los patrimonios del país ante las múltiples amenazas naturales y humanas se han visto seriamente mermadas. Sin embargo, es también necesario apoyar y sumarse a estos proyectos alternativos que buscan estrechar los lazos entre las comunidades y sus patrimonios, propiciando el involucramiento en su cuidado y mantenimiento. EP

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