Amenazas constantes, riesgo permanente, desapariciones, asesinatos, son tan sólo algunas de las tantas condiciones que el gobierno ha dado a los defensores de la naturaleza. Poco se habla de las formas de defenderlos a ellos como contraparte a todo el aparato que los criminaliza. Ellos, quienes ayudan al cambio de estatutos y leyes, son los más afectados por el incumplimiento de estas.
Texto de Claudia Luna Fuentes & Lorenzo Rosenzweig 15/07/21
Amenazas constantes, riesgo permanente, desapariciones, asesinatos, son tan sólo algunas de las tantas condiciones que el gobierno ha dado a los defensores de la naturaleza. Poco se habla de las formas de defenderlos a ellos como contraparte a todo el aparato que los criminaliza. Ellos, quienes ayudan al cambio de estatutos y leyes, son los más afectados por el incumplimiento de estas.
Escuchar el canto de un ave junto al sonido del agua en un río, puede ser una contemplación en el sentido del abandono romántico, o la atención enfocada que comprende los ritmos del río en relación con todas sus interconexiones. Allí es donde se encuentran los defensores de la naturaleza, frente a la vida que nos teje, conocedores de dichas alianzas; son ellos quienes nos envían mensajes: el planeta es nuestra gran casa. Y muchos de ellos, un promedio de 200 por año, a escala global, han sido privados de la vida en las últimas décadas.
La violencia contra los defensores de la naturaleza es aguda. En 2019, Colombia encabezó la sombría lista de ataques y muertes, seguida por Filipinas y por Brasil. Sí, estos son los países más peligrosos para defender los derechos de tierra, agua y costumbres, pues hacerlo es motivo de persecución, criminalización, acoso y asesinato. Ese año, México ocupó el cuarto lugar de la lista, seguido por Honduras.
Según los registros globales de asesinatos o desapariciones de defensores de la naturaleza en 2019, 50 de las 212 muertes registradas, derivaron de conflictos con la industria minera y 34 a causa del acaparamiento de tierras comunitarias para agricultura industrial, principalmente soya y aceite de palma.
En Latinoamérica, la tala de bosques, el cambio de uso de suelo irregular para sustituir cultivos, reformas que afectan usos y destinos de la tierra, proyectos hidroeléctricos, caza furtiva y pesca ilegal, son otras fuentes de conflicto que cobraron más de 60 vidas en 2019. Particularmente vulnerables se encuentran las mujeres y los representantes de comunidades indígenas Miembros de éstas últimas constituyen el 40 % de los asesinatos.
Por lo general, las luchas que entablan los defensores de la naturaleza son una necesidad, no una vocación para ellos. Su labor es clave e impostergable, ya que está en juego su subsistencia y sus costumbres, ancladas a tierras comunitarias. La defensa del territorio que ellos enarbolan contra proyectos extractivos de minería y petróleo, forestales industriales, hidroeléctricos y agro industriales, promovidos y financiados por empresas transnacionales, enfrenta en muchas ocasiones, una dificultad adicional: la colusión de gobiernos con el sector privado. Y aquí es vital señalar que buena parte de las empresas y el capital origen que promueve estos proyectos, provienen de países desarrollados que llegan a América Latina con las mejores condiciones ofertadas por los gobiernos locales.
En este contexto, las amenazas previas y su asociación a los asesinatos, han sido realizadas —de acuerdo al portal y el informe de la organización Global Witness—, por paramilitares, miembros de la policía, terratenientes, elementos de seguridad privada, militares, colonos, sicarios y agentes de las empresas.
Del total de acontecimientos en distintos puntos del planeta, América Latina es por mucho, la región de mayor riesgo para la defensoría de la naturaleza. En esta zona ocurrieron dos tercios de los asesinatos o desapariciones en 2019. La riqueza natural y la presencia de recursos no renovables como el petróleo y los metales preciosos, así como el laxo estado de derecho ambiental que caracteriza a este territorio, exacerba la situación.
Uno de los casos más estudiados y con mayor difusión fue el lamentable asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, el 3 de marzo de 2016, a unos meses de haber sido reconocida con el premio internacional Goldman por su valiente trabajo en la defensa de las comunidades Lenca de Honduras contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El proyecto, originalmente una coinversión del empresariado hondureño con capital chino, buscaba suministrar energía barata a las empresas mineras internacionales atraídas por la administración de ese país que, en 2009, destituyó al Presidente Manuel Zelaya.
En Brasil, el primero de noviembre de 2019, Paulo Paulino Guajajara y otro miembro del grupo Guardianes de la Selva, fueron emboscados y muertos por taladores ilegales al servicio de empresas forestales que operan al margen de la ley. Con ellos, suman 46 asesinatos de indígenas de la amazonia brasileña entre 2000 y abril de 2020.
En nuestro país, es en 2006 cuando inicia el alza a esta dolorosa contabilidad. Así da cuenta el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, México 2019, publicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y es en Jalisco, con Francisco Quiñones, activista en contra de la minería, donde comienza una historia que pocos quieren hace visible.
Posteriormente, son silenciados el defensor de los bosques Aldo Zamora, en el Estado de México en 2007. O Beatriz Cariño de Oaxaca en el 2010, a causa de sus pronunciamientos sobre el manejo del agua, la soberanía alimentaria y la conservación de los suelos. Nombres y más nombres entrelazados que irán en ascenso y tendrán un incremento del 2012 al 2018, con un pico de 18 personas privadas de la vida durante 2019. Más de la mitad de ellos pertenecían a pueblos originarios.
“Y es que en México, como en otras partes del mundo, son las comunidades originarias en su mayoría, las que se han constituido en la primera línea de defensa de la naturaleza. Con sus muertes se busca amedrentar a las comunidades que representan…”
Y es que en México, como en otras partes del mundo, son las comunidades originarias en su mayoría, las que se han constituido en la primera línea de defensa de la naturaleza. Con sus muertes se busca amedrentar a las comunidades que representan, ya que habitan los espacios elegidos por la minería, por desarrollos turísticos o proyectos de comunicaciones. Estas pérdidas humanas se podrían evitar si los gobiernos consideraran como prioridad, la necesaria socialización de los proyectos a emprender, una política que tomara en cuenta las necesidades y complejidades de los grupos que habitan y dan sentido a sus territorios. Ese es el ejercicio por hacer, y que nadie dijo que fuera fácil, pero es democrático.
Tenemos casos como el del tren maya que sigue en avance con la afectación de ecosistemas y comunidades enlazadas a ellos, o bien, el otorgamiento de concesiones mineras a partir de la década de los 90, cuando la política pública minera de México se enfocó en ampliar la participación de inversión extranjera (Olvera, 2017). Hoy día hay más de 26 mil concesiones mineras de exploración y explotación aprobadas y en operación, muchas de ellas en áreas naturales protegidas federales y estatales y en territorios de valor cultural y espiritual para comunidades indígenas.
En este contexto, la defensa de la naturaleza no es algo fácil de aceptar, ya que tiene que ver, por un lado, con la urgencia del modelo económico imperante en México y el mundo: extracción y transformación del territorio vivo, sin considerar la vocación de desarrollo del mismo, privatizando las utilidades y socializando las pérdidas o externalidades a la población, pérdidas que en la mayoría de los casos son inmensas. Y esto, ¿a la población urbana que consume lecturas digitales o demanda productos, le interesa?
“Extracción y transformación del territorio vivo, sin considerar la vocación de desarrollo del mismo, privatizando las utilidades y socializando las pérdidas o externalidades a la población, pérdidas que en la mayoría de los casos son inmensas.”
Con nuestro aval e interés o sin él, quienes conocen los ritmos de la naturaleza y su temporalidad, defienden la existencia de ecosistemas y regiones específicas. Hombres y mujeres han atravesado su cuerpo literalmente entre el territorio y la devastación, traen consigo idearios milenarios o bien, han integrado los conocimientos necesarios para defenderlos. Son personas que cuestionan algunos de los componentes del sistema-mundo que habitamos.
Como un contrapeso al embate de algunas empresas extractivas sobre el territorio, diferentes agencias de desarrollo internacional han iniciado programas de apoyo financiero para fortalecer la gestión de los defensores de la naturaleza y los derechos humanos. Un ejemplo es el “Programa por la Protección de Defensores y Periodistas”, convocado por USAID; que invita a empresas consultoras ejecutoras de programas de asistencia y a organizaciones de la sociedad civil, a proponer proyectos para crear mejores y más seguras condiciones de trabajo para la defensoría ambiental y para el periodismo responsable, que hace la labor de defensoría ambiental visible y valiosa ante la ciudadanía.
Son ellos, los defensores de la naturaleza, los que hacen posible el cambio en estatutos y leyes, porque hasta nuestros días, todas las ideologías políticas, sociales y económicas han fracasado en la defensa de los ecosistemas; léase capitalismo, comunismo o social democracia, la mezcla que se guste articular. Ninguno de estos modelos se ha destacado por la defensa de los derechos humanos ambientales.
Y algo que llama la atención al usar criterios económicos como fundamento para la devastación de la naturaleza, es que ecología y economía tienen el mismo origen etimológico: provienen del griego Oikos, que significa casa, y por tanto el significado inicial es el cuidado o administración de lo concerniente a una casa. Sin embargo, bajo la óptica de desarrollo de los últimos dos siglos, se ha hecho una diferencia: la casa como algo ajeno a lo público. Pero ¿qué los ecosistemas y sus territorios no son nuestra primera casa?
Por fortuna, la defensa de la naturaleza tiene también sus teóricos cavilando. Han desarrollado conceptos fundamentales, Es el caso de la ecología política (Russett, 1967 citado por Forsyth, 2003) hasta su apropiación latinoamericana por Enrique Leff (2006). A la ecología política interesan “no sólo los conflictos de distribución ecológica, sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado.”
Un primer paso hacia una solución, sería atender las causas del problema, transparentando la información sobre las concesiones que otorgan los gobiernos, priorizando el interés de las comunidades en el territorio y ordenando su uso de acuerdo a su vocación de aprovechamiento, con una visión de largo plazo. Los posibles proyectos de inversión deberían contar con la licencia social y ambiental de las comunidades. Sociedad y gobierno tienen la obligación ética de legitimar el papel de estos defensores y brindarles la protección que corresponde a la importancia de su labor. Esto último es particularmente relevante si consideramos que los defensores de la naturaleza enfrentan un doble reto, ya que los derechos que defienden, arraigados a sus usos y costumbres y a los invaluables servicios que la naturaleza nos provee a través de funciones y servicios ambientales, no son fáciles de comprender por una sociedad urbanizada desligada de los procesos naturales y también, del concepto de Derechos Humanos.
Es indispensable que los gobiernos transiten hacia un estado de derecho ambiental pleno, que desincentive el involucramiento del estado en actos de polarización y violencia contra los defensores de la naturaleza. Es urgente que se fomente la aplicación de la ley hasta las últimas consecuencias para quienes atentan contra estos defensores, y se eliminen las leyes que restringen el espacio cívico en el que ellas y ellos se desenvuelven.
Estamos en la antesala de un gran cambio de paradigma relativo al desarrollo económico global, y frente a la transición de una economía tradicional a una economía regenerativa. La forma en que producimos y consumimos energía o materiales, las maneras de relacionamos con los ecosistemas que nos envuelven, evolucionarán obligadamente para bien. No hay otra opción si es que deseamos que las siguientes generaciones cuenten con la casa que nuestro planeta representa. El desafío es lograr una transición pacífica en el proceso en el que los defensores de la naturaleza tienen ya un papel clave.
Está en juego la vida, la integridad y la soberanía de las naciones. EP
Amanecer aquí La pipa vierte líquido en un depósito de concreto hierve como cáscara de sol el vapor asoma con sonido de serpiente inquieta el agua se pierde en vaho y se le llora como se llora por una niña enferma y uno ruega que no sea tanta la que se pierda y se cubre este prodigio con láminas cuando debiera destinarse el más fino y cerrado recipiente necesitarías vivir acá para entender este quebranto entre olor de ores de mezquites (ellos prevalecen hurgando en el fondo a salvo del ardor) necesitarías amanecer aquí esperando que tu caballo abra los ojos y respire con salud para que beba para que no muera y te lleve de un pueblo a otro necesitarías venir a este collar de soles que nos rodea el cuello (agua tan escasa ¡sueño que la bebo y me sumerjo en una ciénaga de peces!) borro de mi mente el agua en botellas transparentes su chorro estéril y avaro donde no crecen raíces de maíz ni sandías ni miradas de caballos Fragmento del poema de Claudia Luna Fuentes en el poemario de La Turba, 2013.
Más información:
Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo. 2012, Argentina.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12426062007
Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, México 2019
Centro Mexicano de Derecho Ambiental https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/
DOPSA, S.A. DE C.V
