I. La perspectiva histórica

Barbara W. Tuchman, notable historiadora estadounidense, escribió un libro magistral en 1984 intitulado The March of Folly: From Troy to Vietnam, que en español podría denominarse El desfile de la locura, o bien La marcha de la tontería. El libro narra la larga y dramática historia de aquellos gobiernos que deciden emprender políticas y acciones que son totalmente contrarias a sus intereses fundamentales, con la conciencia clara de que existen otras opciones viables.

En la narración de Tuchman, los ejemplos de estas erráticas acciones son múltiples en el trayecto histórico de la humanidad. Se inicia con la decisión de los gobernantes de Troya de aceptar como regalo un sospechoso caballo de madera, obsequiado por el enemigo griego que tiene sitiada a la ciudad por la fuerza de las armas. A pesar de las objeciones planteadas por los hombres sabios, Troya, fortaleza amurallada e inexpugnable, ingenuamente abre las puertas a ese extraño objeto, rodándolo hacia el interior de la ciudad. Descubren tardíamente que, para su sorpresa, la panza del enorme caballo está repleta de soldados atenienses. Y así, ardió Troya.

Moctezuma es otro ejemplo del desfile de la locura que desatiende las recomendaciones de sus consejeros. Emperador azteca con un poderoso ejército y gobernante de una ciudad de trecientos mil habitantes, sucumbe pasivamente al embate de unos invasores erróneamente considerados como dioses, a pesar de haber demostrado de manera fehaciente su obvia calidad de seres humanos, puesta en evidencia por su codicia y su lujuria.

La siguiente pregunta, con imposible respuesta, es tratar de explicar el acto de suprema tontería del rey Jorge III quien, gracias a su necedad, perdió para el Imperio Británico su colonia americana, entre otras razones, por la obsesión de imponer un régimen fiscal arbitrario y abusivo, con el resultado fatal de una revolución de independencia.

Otra cuestión inexplicable es el empeño bélico de Napoleón y de Hitler de invadir con sus ejércitos al territorio ruso y, de esta suerte, conquistar Moscú, a pesar de los desastres militares que se habían producido con anterioridad, por otros invasores igualmente necios.

Barbara W. Tuchman proporciona otros ejemplos históricos de actos de gobierno manifiestamente contrarios al interés nacional. Concluye su estudio con los treinta años de involucramiento de Estados Unidos (EU) en Vietnam, empresa política y militar sin posibilidades de triunfo, pero con una insoportable pérdida de vidas inocentes y una flagrante violación del derecho humanitario internacional.

II. Los nuevos capítulos de la historia

De no haber muerto en 1989, Tuchman seguramente publicaría una segunda edición de su libro, con extensos capítulos sobre la vigencia del desfile de la locura en la etapa contemporánea. Agregaría sin duda el grave error del presidente George W. Bush y del primer ministro Tony Blair de invadir Irak, en el 2003, bajo la falsa hipótesis de que el gobierno de Sadam Husein poseía un arsenal de armas de destrucción masiva, a pesar de que los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, así como los inspectores de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), contradecían esa hipótesis.

La acción militar en Irak es el germen que disparó una cadena de crisis y conflictos en la región y allende a la región: guerras civiles en Afganistán, que representan la guerra más prolongada de EU en toda su historia (16 años); en Irak, en Libia, en Siria y en Yemen. Esas guerras civiles no respetan las fronteras de los Estados y extienden su acción destructiva transformándose en un fenómeno transnacional.

La intervención armada en Irak origina también el surgimiento y la multiplicación de actores no estatales que operan con una mecánica ecuménica, participan facciosamente en guerras civiles y organizan actos de terrorismo a escala mundial. El Talibán, Al Qaeda, o el Estado Islámico (o isis) ilustran esa nueva pesadilla que afecta la seguridad internacional y produce acciones de violencia extrema en una variedad de jurisdicciones, provocando con su fanatismo víctimas inocentes y difundiendo un legítimo temor en individuos y sociedades por igual.

El llamado brexit sería otro de los nuevos capítulos en el libro de Tuchman. La iniciativa del primer ministro David Cameron de convocar a un referéndum para determinar si el Reino Unido conservaba su calidad de miembro de la Unión Europea (UE) ha sido un grave error de percepción política, una enorme equivocación por parte del votante británico que, por un nacionalismo primitivo, abandona, a un costo muy elevado, los grandes beneficios que se derivan de su pertenencia a una comunidad de 27 naciones europeas que, en términos políticos, económicos y sociales, representa a un actor de indudable importancia internacional. Hay quien ha calificado este error del Reino Unido como una eutanasia política y económica.

En la larga marcha de los errores, es imperativo agregar un capítulo al libro de Barbara W. Tuchman sobre la elección de Donald Trump como presidente de EU. En apenas ocho meses de ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump ha demostrado no ser competente para gobernar, ha producido daños domésticos quizá irreversibles y ha afectando negativamente los valores, principios e intereses de la comunidad internacional.

De esta suerte, 70 años de cooperación entre las naciones, con la construcción de instituciones de gran calado —la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (oms), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la UE—, parecerían ser víctimas de un sabotaje orientado a hundir un orden establecido. Peligran el sistema de comercio exterior, el reforzamiento de las alianzas políticas, económicas y militares, el derecho internacional, el multilateralismo, la protección del medio ambiente, la condena a la tortura, el respeto por los derechos humanos, la cultura de la civilidad y el Estado de derecho, de ponerse en práctica los pronunciamientos del presidente Trump.

No debe ignorarse un riesgo: la era Trump puede representar un cambio profundo en el sistema de principios, valores e intereses que han sido la fuerza motriz, con todo y los frecuentes descalabros, frustraciones y calamidades, para mantener un orden internacional relativamente estable, con una convivencia más o menos armónica y en paz, con un acuerdo común en favor del fortalecimiento de instituciones y un esquema de progreso gradual pero consistente. Todo ello cambiaría con la implementación de los proyectos de la era Trump, que representan un programa regresivo y retardatorio de las mejores causas de la humanidad.

Los organismos que examinan la evolución futura del acontecer internacional nos anticipan que vivimos una etapa de transformación que abre nuevos horizontes, algunos de ellos de alto riesgo. Por ejemplo, un estudio del National Intelligence Council (NIC) de EU, órgano vinculado a los servicios de inteligencia de su país, contiene pronósticos que no resultan del todo tranquilizantes, al anotar las paradojas del progreso y las tendencias globales en los próximos cinco años. Ésta es su evaluación:

• El progreso de las últimas décadas es histórico y ha permitido que miles de millones de personas superen la pobreza.

• Al mismo tiempo, ese progreso propició la crisis financiera global del 2008 y el surgimiento de políticas populistas y antiestablishment.

• En los próximos cinco años, observaremos crecientes tensiones al interior de los países y entre los Estados.

• Para bien o para mal, el panorama global emergente está conduciendo al fin del predominio internacional de EU.

• El orden internacional fundado en las normas que emergen a partir de 1945 puede sufrir un cambio profundo.

• Será mucho más difícil lograr mayores grados de cooperación internacional.

• Las fuerzas de la oposición amenazarán continuamente cualquier género de colaboración.

• Prevalecerá un esquema en donde proliferará la falsa información, compitiendo por hacer valer su realidad, socavando, de esta suerte, un entendimiento común de los acontecimientos mundiales.

• Surgirán diferencias acerca de la función que deben jugar los gobiernos en una gran variedad de asuntos que comprenden la economía, el medio ambiente, la religión, la seguridad, los derechos del individuo.

Las divergencias entre los estados en torno a valores e intereses fundamentales amenazarán la seguridad internacional.

En síntesis, una continua inestabilidad, con ajustes importantes en cuestiones políticas, económicas, sociales y medioambientales, habrá de ser el signo distintivo de nuestra época en los próximos cinco años.

III. México en la era Trump

Entre las calamidades que enfrenta México en la etapa contemporánea, una muy importante tiene que ver con el ascenso al poder en EU del presidente Trump, quien con su temperamento agresivo se ha dedicado sistemáticamente a ofender a México con un lenguaje injurioso y alejado de la realidad.

Adicionalmente, la actuación del presidente Trump representa un enorme riesgo para la estabilidad y la seguridad de la comunidad con otros estados, al postular un nacionalismo radical, primitivo y excluyente. El daño que puede producir una conducta de esta naturaleza tiene un carácter irreparable, como lo demuestra el rechazo de Trump al Acuerdo de París para combatir el cambio climático o con su repudio al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

A ello se agrega, en el ámbito interno, el cese del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, con el fin de eliminar una investigación sobre los vínculos de personajes cercanos a su campaña electoral y a la administración de Trump, que presuntamente intentaron negociar la eliminación de sanciones a Rusia a cambio de sabotear la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia estadounidense. El resultado de ese despido dio origen al escándalo político denominado rusiagate, y que acarrea el nombramiento de un fiscal especial independiente, responsable de investigar no sólo todo lo relacionado con este escándalo, sino también asuntos fiscales y financieros de la familia Trump y sus socios.

La escalada verbal de Trump en contra de Corea del Norte, con la amenaza de desatar “un fuego y una furia como el mundo nunca ha visto” para destruir el armamentismo nuclear norcoreano, ha generado una gran tensión con connotaciones bélicas, derivada de los pronunciamientos agresivos de las dos partes que, con su estridencia verbal, han provocado una confrontación que parecería regresarnos a la época de la Guerra Fría.

El presidente Trump también ha prendido las alarmas al invocar el recurso de la fuerza armada, anunciando que no descarta la opción militar para atacar al gobierno de Maduro, argumentando la necesidad de desterrar con ello el caos que priva en Venezuela, sin cobrar conciencia de que una intervención de tropas estadounidenses en ese país provocaría la consolidación de un régimen autoritario con sabor a dictadura.

Para defenderse de los embates políticos emprendidos por Trump en contra de México, gobierno y sociedad mexicanos tendrán que establecer estrategias, objetivos e instrumentos que sirvan de escudo para proteger el interés nacional. En este sentido, dos son los temas que preocupan mayormente: el amparo de la comunidad mexicana establecida en EU y un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que no violente un trato justo y equitativo para México. Los rasgos represivos de las directrices fijadas por Trump en contra del fenómeno de la migración ameritan un conjunto de observaciones medulares que sirvan para fijar la estrategia política de nuestro gobierno. Los criterios que pueden y deben seguirse son los siguientes:

• Rechazar la hipótesis falsa y prejuiciada de que un inmigrante indocumentado representa una amenaza importante a la seguridad nacional de EU.

• Repudiar la acusación infundada de que el inmigrante indocumentado contribuye a la violencia criminal o que busca dañar a la ciudadanía estadounidense mediante actos de terror o conductas delictivas, objetando la afirmación de que la inmigración indocumentada es un peligro para los intereses de EU.

• Condenar la construcción de un muro divisorio entre México y EU, por el daño que representa para la convivencia ciudadana en la frontera, para el flujo de bienes y servicios en toda el área, y por sus efectos ecológicos nocivos, afectando recursos naturales transfronterizos.

• Asegurar que el arresto de un inmigrante indocumentado, sujeto a una posible deportación, se realizará de acuerdo a la legislación en vigor, lo cual impone la obligación constitucional de aplicar el debido proceso legal por la vía del sistema judicial. Conforme al orden jurídico estadounidense, un extranjero indocumentado es titular de ese debido proceso, en forma idéntica a lo que sucede con un ciudadano estadounidense.

• Obtener garantías de que las autoridades estadounidenses asignen jueces en materia de migración en los centros de detenciones de migrantes, y que se permita el acceso de abogados defensores del derecho del inmigrante.

• Requerir a las autoridades estadounidenses prueba plena de que un inmigrante potencialmente sujeto a deportación a territorio mexicano tiene la nacionalidad mexicana y que ha cometido un delito que es materia de deportación, presentando evidencia de que se ha cumplido con el debido proceso legal.

• Las autoridades mexicanas impedirán que se efectúen deportaciones a territorio mexicano de individuos cuya nacionalidad mexicana no haya quedado fehacientemente demostrada por el gobierno estadounidense.

• Apoyar la existencia de ciudades santuario para la protección del inmigrante e impulsar su ampliación a otras ciudades y estados.

• Reclamar que, en el caso de niños migrantes no acompañados, se aplique la sección 235 de la William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act del 2008, que estipula que esos niños quedarán bajo el cuidado y la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que proporcionará las debidas protecciones para el bienestar físico y mental de los menores de edad, quienes podrán alcanzar la condición de inmigrantes especiales, sin que en todos los casos se imponga la repatriación.

• Impedir por todos los medios posibles que las deportaciones traigan como consecuencia la ruptura de la unidad familiar, separando a padres e hijos, esposo y esposa, por ser una violación de los más elementales derechos humanos.

• El sistema judicial estadounidense es, por obligación constitucional, el tribunal de primera instancia para proteger los derechos de los inmigrante sin documentos. Las autoridades mexicanas, por conducto de su sistema consular y de abogados especialistas en la defensa del inmigrante, habrán de recurrir a todos los medios jurídicos y judiciales para garantizar que el debido proceso legal se aplique a sus connacionales.

• EU ha suscrito una serie de obligaciones que reglamentan potenciales expulsiones de migrantes, derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (iccpr, por sus siglás en inglés) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, normas que han sido incorporadas a su derecho interno. Con base en ese sistema, México puede reclamar, por medio de acciones judiciales ante tribunales estadounidenses, o por la vía de jurisdicciones internacionales, la vigencia de los derechos de migrantes mexicanos sin documentos que sufran la vulneración de su libertad personal, la desintegración de su familia, la pérdida de su propiedad o una ilegal deportación, como resultado de las acciones que violan el orden jurídico estadounidense y el derecho internacional.

IV. La modernización del TLCAN

Es imposible ignorar las dificultades que enfrentará México en la negociación de las nuevas reglas que habrán de incorporarse al TLCAN. Trump y los miembros de su administración han dejado una clara constancia de que toda transacción tendrá como objetivo fundamental asegurar primacía absoluta de los intereses estadounidenses sin otorgar concesiones que vulneren el principio trumpeano de “America first”. La dureza y la rigidez de la posición estadounidense obligan a mantener una necesaria cautela sobre los avances de un proceso negociador altamente complejo y con intereses contrapuestos.

Existe una diferencia importante en el panorama político de la negociación que ahora se inicia. Hace 25 años, los negociadores del TLCAN compartían un objetivo común que le otorgaba certidumbre al proceso en su conjunto. Los tres gobiernos, Canadá, EU y México perseguían en ese entonces un mismo propósito: concluir un convenio fundado en el principio de libre comercio.

En el 2017, los negociadores del nuevo TLCAN enfrentan un entorno político diferente: la inexistencia de una comunidad de intereses, ya que las reglas de libre comercio no son los lineamientos rectores que guían la conducción de las negociaciones de una de las partes, en función de las políticas proteccionistas en materia de inversión y comercio adoptadas por la administración Trump.

Adicionalmente, Trump ha manifestado su oposición radical a la celebración de tratados multilaterales, manifestando una clara preferencia a favor de acuerdos bilaterales en temas de inversión y comercio, bajo el argumento de que por ese medio obtendrá una transacción más ventajosa para su país. Por ejemplo, las reglas de la OMC no son normas favorecidas por él.

Otro ejemplo es el retiro de EU del TPP, que Trump acusó de representar “una violación a EU”. Al cancelar el TPP, los beneficios geopolíticos originalmente planteados por el presidente Obama quedaron anulados, abriendo la puerta a una mayor influencia política de China en la región de Asia y Oceanía.

También es claro el distanciamiento político y económico entre la UE y EU, al no prosperar la negociación de un tratado trasatlántico en materia de inversión y comercio. Ese distanciamiento también se observa en materia de seguridad colectiva y las críticas de Trump a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como la cancelación de los compromisos estadounidenses en relación al Acuerdo de París y el combate al cambio climático, como ya se mencionó.

Ese conjunto de elementos, basados en la directriz política de Trump de invocar la primicia de los intereses de su país por encima de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, conducen a un abandono, por parte de EU, de los 70 años invertidos en construir un sistema de convivencia política entre los estados, fundado en valores y principios comunes, con instituciones sólidas responsables de proteger el bienestar de la humanidad y con el compromiso de actuar como guardianes de los mejores intereses colectivos del sistema internacional.

A pesar de la serie de pronunciamientos de Trump que niegan los beneficios del TLCAN para EU, el pasado mayo su administración notificó al congreso su intención de renegociar este tratado, y solicitó que se le otorgue lo que se denomina una fast track authorization. La notificación pone en evidencia que los participantes en la negociación serán México, EU y Canadá. En los meses pasados, no existió la certidumbre de que habría una negociación tripartita. Hubo pronunciamientos de voceros estadounidenses de alto rango anunciando que se negociarían dos tratados bilaterales, uno con Canadá, el otro con México. En el transcurso de ese tiempo, tampoco hubo certidumbre plena de que EU aceptara sentarse en la mesa de negociaciones con Canadá y con México.

En efecto, de manera sorpresiva, durante la última semana de abril del 2017, se filtró información en Washington indicando que el presidente Trump habría de anunciar, como una forma de festejar los 100 días de su estancia en la Casa Blanca, la notificación a México y a Canadá informándoles del retiro de EU del TLCAN. De hecho, un proyecto de orden ejecutiva circuló entre algunos altos directivos en el transcurso de la mañana del miércoles 27 de abril. Conforme se conoció la noticia en el primer nivel de la administración, se prendieron los faroles rojos y la reacción no se hizo esperar. Esa misma mañana acudieron a la Oficina Oval de la Casa Blanca el secretario de Comercio, Wilbur Ross; el secretario de Agricultura, Sonny Perdue; el secretario de Estado, Rex Tillerson; y Jared Kushner, consejero y yerno de Trump, con el fin de convencer al presidente de no firmar la orden ejecutiva que activaba el disparador del retiro de su país del TLCAN.

El secretario de Agricultura llegó al extremo de mostrarle a Trump un mapa de EU, para señalarle las zonas que se verían mayormente afectadas con la cancelación del TLCAN, destacando de manera especial las pérdidas que ocurrirían en el sector agrícola y en el sector industrial. Del examen de ese mapa, quedaba claro que muchos de los estados que habrían de padecer el daño más grave eran precisamente aquellos que habían votado en favor de Trump en noviembre del 2016. Esos estados podrían negarle su voto a Trump en su intento de reelección en el 2020.

Cientos de empresarios, incluyendo los directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (uscc, por sus siglas en inglés), también presionaron a Trump para que no emitiera la orden ejecutiva. Según la uscc, 14 millones de puestos de trabajo en dicho país dependen del TLCAN.

Al término de la tarde de ese miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro Justin Trudeau se comunicaron con Trump para persuadirlo de reconsiderar su decisión.

El jueves por la mañana, Trump anunció que esas dos llamadas telefónicas lo convencieron de abrir el foro de la negociación, aunque el verdadero motivo de ese cambio de opinión se encuentra en los factores políticos domésticos.

El 18 de mayo del 2017, la administración Trump notificó formalmente al congreso su intención de iniciar negociaciones para modernizar el TLCAN. La carta de notificación ofrece muy pocos detalles sobre las modificaciones o enmiendas que la administración Trump pretende introducir en el acuerdo. Después de 90 días de consultas con el congreso, el 16 de agosto se abrió la compuerta de las negociaciones con México y Canadá. Imposible precisar el tiempo que requerirá alcanzar un acuerdo para suscribir un nuevo TLCAN modernizado. Imposible determinar los resultados finales que se habrán de obtener.

V. Conclusiones

“Tiempos de incertidumbre en el sistema internacional contemporáneo” es parte del título de este texto. El análisis que he sometido a su consideración no arroja resultados optimistas. Es, sin embargo, un punto de partida y un llamado de alerta para evaluar, y, dado el caso, protegernos de potenciales calamidades. Lejos del ánimo de infundir alarmas de manera caprichosa. Mi propósito es más sencillo: con un sentido realista, me parece indispensable divulgar los riesgos que enfrentamos, con el fin último de identificar, y poner en práctica, las medidas de salvaguarda que amparen los intereses fundamentales de nuestra sociedad y de nuestra nación, aquí y en los espacios internacionales.  EP

* Conferencia sustentada por invitación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el 17 de agosto del 2017, en el University Club.

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Bernardo Sepúlveda Amor es jurista, político y diplomático. Fue secretario de Relaciones Exteriores (1982-1988). Ha sido embajador de México en Estados Unidos y el Reino Unido. Entre 1997 y 2005 fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Fue juez de la Corte Internacional de Justicia de la Haya del 2006 al 2015, y vicepresidente de la misma de 2012 a 2015, mostrando siempre un claro compromiso contra la corrupción y la impunidad. Actualmente se dedica a la resolución de disputas por la vía del arbitraje internacional.

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