El capitalismo y la democracia son realmente una mezcla poco probable. Tal vez por eso se necesitan entre sí, para poner racionalidad en la equidad y humanidad en la eficiencia.

Arthur Okun

¿Es la igualdad una condición necesaria para el funcionamiento de la democracia? ¿Es la democracia una condición para la igualdad? El gran estudioso de los inicios de la democracia estadounidense, Alexis de Tocqueville, nos recuerda una y otra vez en su aclamado libro La democracia en América, que la gran diferencia entre el Estados Unidos democrático y la Europa autocrática de los siglos XVIII y XIX radicaba en la igualdad de sus habitantes: “Así pues, a medida que estudiaba la sociedad norteamericana, veía cada vez más en la igualdad de condiciones el hecho generador del que cada hecho particular parecía derivarse, y lo volvía a hallar constantemente ante mí como un punto de atracción hacía donde todas mis observaciones convergían” (1963, p. 31).

Si, como observó Tocqueville en aquella naciente democracia estadounidense, la igualdad es un condicionante de la democracia, valdría la pena preguntarse¹ ¿cuál será el impacto de la reciente ola de desigualdad en el funcionamiento de las democracias modernas? ¿Puede una joven democracia —como la mexicana— florecer bajo niveles extremos de desigualdad?

Desigualdad y sistema político

Desde su publicación en inglés en 2014, mucho se ha comentado y criticado el libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. Si bien parte de la controversia se deriva de su título —que se relaciona con el famoso libro de Karl Marx—, en realidad el revuelo proviene del desafío del autor a dos ideas ortodoxas: (1) la desigualdad es un problema que se soluciona con crecimiento económico y (2) los sistemas de creencias, las percepciones de los ciudadanos y las políticas públicas determinan el nivel de desigualdad prevaleciente en cada sociedad. Es decir, la desigualdad no se ve más como un fenómeno meramente económico, sino como el resultado de las interacciones de política en un marco de instituciones y de creencias. El autor llega a una conclusión central: “[…] el estudio de la dinámica de la desigualdad y el cambio institucional están íntimamente ligados. El desarrollo de instituciones estables y la construcción de gobiernos legítimos está estrechamente relacionado con la forma en la que diferentes sociedades son capaces de lidiar con el problema de la desigualdad social de manera pacífica y ordenada” (Piketty, 2014, p. 20).

Una de las principales contradicciones de los sistemas políticos y económicos modernos gira en torno a la pretensión de universalidad de los regímenes democráticos en contraste con sistemas económicos y de acceso —incluso a los bienes públicos— basados en las reglas del mercado que suelen parecerse al evangelio de Mateo: “Al que tiene se le dará”. Cuando son necesarios el dinero o las influencias para tener una audiencia con un senador, o cuando un político gana elecciones gracias a la compra de votos o por el apoyo de ciertos grupos de interés, la democracia está exhibiendo sus límites, sus deficiencias como regulador del capital y su apoyo a la concentración de la riqueza.

La desigualdad es creada y administrada a partir de los procesos tanto políticos como económicos que ocurren en un contexto institucional específico; la economía no puede separarse de la política y los valores sociales. Una sociedad que ha decidido ser democrática y reconocer los derechos de los individuos como iguales no debiera tener como patrón al dinero, por lo que algo está mal cuando las dinámicas del capital se imponen como un obstáculo al modelo meritocrático en el que están basadas las democracias modernas.

De acuerdo con Piketty, “[…] el Capital no existe en un contexto inmutable: refleja el estado de desarrollo y las relaciones sociales que prevalecen en cada sociedad […]. El límite entre lo que los individuos pueden y no pueden poseer ha evolucionado considerablemente a través del tiempo y alrededor del mundo” (2014, p. 47). Parece que a últimas fechas, la sociedad ha virado demasiado hacia los valores de mercado y en favor del capital y sus dueños.

Pero, ¿cuál es el problema de esto? ¿Debe preocuparnos que aquellos que más tienen, tengan mayor injerencia en los procesos políticos? ¿Qué papel juega la desigualdad en esta inherente contradicción entre un sistema político democrático universalista y un sistema económico capitalista?

Para resolver dichas preguntas resulta útil revisar la historia moderna del concepto de la desigualdad desde la perspectiva de la ciencia económica. Si bien dicho recuento histórico sobrepasa los objetivos —y la dimensión— del presente artículo, basta decir que por muchos años para los economistas no existía una relación directa entre desigualdad y crecimiento económico, y mucho menos entre sistema político y desigualdad. Para ellos la desigualdad era más bien una consecuencia natural del desarrollo, nunca un problema a solucionar.

Sin embargo, en los últimos años dicha visión clásica se ha visto atacada por varios autores dentro y fuera de la ciencia económica (Stiglitz, Millanovic, Gilens, Atkinson, Acemoglu y Robinson, entre muchos otros); destacan los trabajos de Piketty (2014) y sus coautores, que gracias a una nueva metodología logran construir una importante base de datos capaz de refutar la teoría prevaleciente y, con ello, sentar los cimientos de un nuevo paradigma sobre el que hoy se construye —a pasos agigantados— una nueva visión del equilibrio y el desequilibrio de las economías capitalistas modernas y el regreso a los principios de la economía política, subrayando la naturaleza dual economía-política de todas las sociedades.

De las características de la desigualdad moderna

Uno de los puntos metodológicos medulares del trabajo de Piketty consiste en el reconocimiento de las diferencias estructurales de la desigualdad de ingreso vis–à–vis la desigualdad de la riqueza. El economista francés no está tan interesado en publicitar los exorbitantes niveles que ha alcanzado la desigualdad en países como Estados Unidos como lo está en entender su dinámica y estructura para con ello comprender su efecto en la dinámica política. Es por esto que se enfoca no en el nivel de desigualdad per se, sino más bien en su estructura, es decir, en los orígenes de las disparidades del ingreso y la riqueza entre los grupos sociales y los varios sistemas económicos, sociales y políticos que han sido invocados para justificar o condenar esas disparidades (Piketty, 2014, p. 18).

Bajo esta visión, la desigualdad no es un fenómeno atemporal o lineal, sino que presenta distintas caras en distintos lugares y momentos dependiendo de los factores institucionales y políticos en juego. Por ejemplo, existen distintos mecanismos detrás de la generación de desigualdad de ingreso y de riqueza. En particular, los mecanismos detrás de la desigualdad del ingreso incluyen la demanda diferenciada por distintos grados de preparación (skills), el estado del sistema educativo y las varias reglas e instituciones que afectan la operación de los mercados laborales y la determinación de los salarios (Piketty, 2014, p. 243). Por otro lado, la reproducción de la riqueza tiene que ver con las características de los sistemas impositivos y la captura del sistema político. Si bien presentan orígenes distintos, es importante destacar la importancia de los sistemas políticos en la creación de ambos tipos de desigualdad. “[…] si la desigualdad extrema es o no sostenible depende no solo de la efectividad del aparato represivo, sino también, y quizá de forma más relevante, de la efectividad del aparato [político] de justificación de esta” (Piketty, 2014, p. 264).

Es este aparato de justificación política el que anida en los sistemas de creencias o valores sociales de tal forma que en la actualidad, nos dice el autor, existen dos formas distintas por las que una sociedad puede llegar a tener una desigualdad extrema: una sociedad “hiperpatrimonialista” (sociedad de rentistas) en donde la riqueza heredada es muy importante, o una sociedad “hipermeritocrática”, muy desigual pero donde la jerarquía del ingreso está dominada por altos ingresos de “superestrellas” y no por la riqueza heredada.

En suma, la estructura de la desigualdad es producto de las instituciones, que a su vez se producen y reproducen bajo contextos políticos fundados sobre los sistemas de creencias específicos de un país en cierta época. Conclusión: ¿es más difícil gobernar un país más dividido?

Tan importante como los avances metodológicos de Piketty y sus coautores ha sido el retorno de la economía política gracias a economistas como Acemoglu y Robinson, quienes han presentado importantes teorías sobre la inexorable relación entre la economía y la política.

Si bien el capitalismo es el mejor modelo económico conocido por el hombre para lograr la eficiencia productiva, responde a su vez a la lógica amoral del mercado asignando recursos a quien más tiene, y por tanto generando concentración tanto del ingreso como de la riqueza. El problema es que la lógica amoral del mercado tiende a permear al resto de los ámbitos de la vida en sociedad dañando con ello los principios del modelo democrático y mermando su capacidad de controlar a los mercados, generando así un círculo vicioso en el que la concentración económica genera concentración del poder político, distorsionando las decisiones tanto políticas como económicas, con lo que tiende a haber un alejamiento de los valores públicos y, sobre todo, del bien común (Bozeman, 2007).

En este contexto es posible argumentar que la desigualdad económica, que se caracteriza por sociedades polarizadas donde la riqueza se encuentra concentrada en unas cuantas manos mientras una gran mayoría de la población permanece pobre, afecta la calidad de las instituciones de un país (Acemoglu y Robinson, 2005). Una muestra de ello es la batalla campal de las fuerzas políticas y ciudadanas en nuestro país en torno al naciente Sistema Nacional Anticorrupción (sna), que está trabado en torno a la declaración patrimonial de los políticos, renuentes a reconocer ante el pueblo su patrimonio y aceptar, con ello, que pertenecen a una élite muy distante del mexicano promedio y, por tanto, con necesidades de bienes públicos ampliamente distintas a las del grueso de los mexicanos.

Quién gana y quién pierde como resultado del funcionamiento de los mercados es un componente clave para el funcionamiento del sistema político, un indicador de la cohesión social y, cada día más, un excelente predictor de quién posee el poder político en los países.

Ante esta realidad la verdadera vocación del Estado debe ser la de aislar al sistema democrático de las dinámicas amorales de la ideología de mercado. Solo así puede asegurar la protección de la estabilidad política y social y, con ello, asegurar el progreso económico de largo plazo, único garante de una mejor calidad de vida para todos los habitantes de un país.

A pesar del riesgo de captura del sistema político, la democracia sigue siendo el único modelo político capaz de controlar al capitalismo y asegurar que el interés público se sobreponga al privado. Sin embargo, si el sistema político no lucha contra la desigualdad económica, acabará por emular sus valores en detrimento de la calidad de las instituciones y con ello de la calidad de vida de todos.² 

Acemoglu, D., y J. A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, Nueva York, 2005.

Bozeman, Barry, Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2007.

Gilens, Martin, Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America, Princeton University Press, Nueva Jersey, 2012.

Okun, Arthur, Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1975.

Piketty, Thomas, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, Boston, 2014.

Sandel, Michael, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, Penguin Books, Londres, 2013.

Tocqueville, Alexis de, La democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México, 1963.

You, Jong-Sung, Democracy, Inequality and Corruption: Korea, Taiwan and the Philippines Compared, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

¹ Ver Martin Gilens (2012) y Jong-Sung You (2015).

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ANA LAURA MARTÍNEZ es consultora del IMCO <@MrsIgualdad>.

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