Este país en bicicleta: movilidad masiva y accesible
Desde mediados de 2018 presenciamos la emergencia de ciclistas en las zonas centrales de nuestras ciudades y las protestas que han provocado en los conductores de automóviles, al sentir invadido un espacio que consideraban exclusivo. Sin embargo, la bicicleta es el transporte que menor costo interno genera y en este artículo su autor documenta los valores que esta alternativa de movilidad urbana tiene para México, así como la agenda necesaria para construirla entre todos.
Desde mediados de 2018 presenciamos la emergencia de ciclistas en las zonas centrales de nuestras ciudades y las protestas que han provocado en los conductores de automóviles, al sentir invadido un espacio que consideraban exclusivo. Sin embargo, la bicicleta es el transporte que menor costo interno genera y en este artículo su autor documenta los valores que esta alternativa de movilidad urbana tiene para México, así como la agenda necesaria para construirla entre todos.
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Tiempo de lectura: 11minutos
¡Si no estás en Ámsterdam!”. Cuántas veces hemos escuchado
esa frase gritada desde el interior de un automóvil, dirigida a un ciclista en cualquiera
de las ciudades en México. Con gritos de batalla como “¡Es México, goei, capta!” del ya famoso Lord Audi,1
algunos automovilistas defienden el valioso espacio que es la calle y asumen
como normal el hecho de que no haya un uso socialmente más valioso para éste
que la circulación de vehículos motorizados. Ciertamente, no parece ser un
argumento basado en la eficiencia del uso del espacio, porque entre más grande
sea la camioneta, mayor la percepción de que los ciclistas —así como los
peatones y recientemente los usuarios de monopatines— usan sin permiso un
espacio al que nunca fueron invitados.
El gran Iván Illich escribió:2 “cuando la energía requerida por el usuario rebasa una cierta barrera, el tiempo de unos cuantos adquiere un valor muy alto, en tanto que se desprecia el de la mayoría”. En el caso de los vehículos la energía se resume bien en su potencia, la cual depende de su velocidad y de su masa, reflejada en algo muy visual como es el momento lineal, el cual generalmente se explica con la imagen de bolas de billar que transmiten su energía cuando chocan. Cuando las bolas tienen masa diferente, la más pequeña siempre sale disparada por la energía que le transmite la grande. Cuando nos imaginamos una colisión entre dos objetos con una diferencia de 10 a 1 en su masa, como lo es un vehículo de 800 kg contra un ciclista de 80, se entiende claramente el papel de la potencia en el valor del tiempo… y de la vida. Si consideramos esta diferencia de masa y aceleración, en términos de valor social ¿tiene sentido poner personas en bicicleta en las calles? No es fácil contestarlo. Por ejemplo, la siempre esquiva opinión pública en medios y redes sociales parece no saber manejar con agilidad la reciente emergencia de ciclistas en las zonas centrales de las ciudades, en especial de la Ciudad de México (CDMX), el mismo efecto que dejó ver la ola de monopatines que llegaron a las demandadas Roma, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Polanco desde mediados de 2018. Vecinos y conductores de autos se sintieron agredidos por este nuevo vehículo, pues perturbó el orden establecido durante décadas de que los arroyos viales deben ser para los automóviles; para los peatones quedan esas franjas residuales pegadas a las manzanas a las que llamamos banquetas. Pero de repente, en muy pocos años, la regla establecida desde que el automóvil comenzó a predominar en los años 20 del siglo pasado, se vio rota.
“En este contexto la bicicleta, al usar mucho menos espacio, no sólo facilita la movilidad de sus usuarios, sino también la de quienes escogen el auto, al liberar parte de la pesada huella de los automóviles en el espacio público de la ciudad”.
Las externalidades:
¿cómo transferimos costos a los demás?
El problema en la CDMX, como en todas las ciudades del país
y del mundo, es que este espacio valioso y casi siempre escaso que es la calle
no alcanza para acomodar tantos vehículos que ocupan tanto espacio: en tráfico
denso cada automóvil usa unos 20 metros cuadrados, pero en circulación ese
espacio crece a 50. Bajo esos estándares de ocupación de espacio no hay forma
de acomodar automóviles sin generar que las horas pico se alarguen y le cobren
minutos y más minutos a millones de personas encerradas en el tráfico. En este
contexto la bicicleta, al usar mucho menos espacio, no sólo facilita la
movilidad de sus usuarios, sino también la de quienes escogen el auto, al
liberar parte de la pesada huella de los automóviles en el espacio público de
la ciudad.
El Valle de México encabeza sin duda a las zonas urbanas del
país en congestión, tiempos de recorrido y velocidades promedio de vehículos,
ubicada dentro de los diez primeros lugares de los índices globales más
importantes (Waze, TomTom e Inrix), en cercana competencia con ciudades con
altísimos problemas de movilidad como Manila, São Paulo, Lima, Mumbai o
Jakarta. Aunque esto es algo que nadie considera una ventaja, buscamos
replicarlo en el resto de las ciudades del país. El tiempo invertido en
movilidad rebasa, por mucho, al tiempo de ocio y al tiempo familiar de gran parte
de nuestros ciudadanos, en especial los de menores ingresos, lo cual genera
inequidad social. Es un círculo vicioso, no es gratuito que las ciudades más
congestionadas sean también las más inequitativas. Entiendo que no somos
Ámsterdam, pero al menos quisiéramos parecernos.
El tema central es que para movernos todos los días —y son
muchos viajes los que hacemos diariamente en el país: entre 150 y 200 millones—
estamos generando costos que en parte pagamos nosotros y en parte transferimos
a los demás. De entrada nosotros mismos cubrimos los costos financieros de los
viajes: pagamos el costo de los vehículos, su operación, estacionamiento y
combustible. Pero también pagamos con nuestro tiempo, que también podemos
monetizar. Caminar es “gratis”, pero el tiempo que invertimos debe también
considerarse: por ejemplo, caminar demasiado sería muy costoso en términos de
tiempo. Asimismo, pagamos en el caso de accidentes derivados de nuestros
propios errores y decisiones, y en parte —muy poca— respiramos la contaminación
que produce nuestro propio motor. Pero por otro lado están los costos que
transferimos a todos los demás: el más importante es el impacto de nuestro
vehículo en la congestión, pero también en la calidad del aire, en las
emisiones de efecto invernadero, en el ruido, los choques y atropellamientos.
Todos ellos son las llamadas externalidades que transmitimos a todos los demás,
y que generan costos sociales y ambientales netos negativos. Es importante
reforzar la idea de que se trata de un costo neto; es decir, al beneficio que genera se resta el costo que
impone.
Es una conclusión muy documentada a nivel mundial3 que la bicicleta es el transporte que menor costo interno genera —le siguen el transporte público y los autos compactos; caminar es costoso en términos de tiempo— y el segundo con menor costo externo. En resumen, la bicicleta genera un costo total neto de $7 por kilómetro, le sigue el transporte público ($11/km), caminar ($16/km), automóviles ($19/km), sport utility vehicles o SUV ($23/ km) y motocicletas ($33/km). Lo interesante es que la bicicleta y caminar son los únicos que generan beneficios sociales y ambientales netos positivos: es mejor que la gente camine y use la bicicleta, a que no lo haga, sobre todo por los beneficios de la actividad física. En palabras llanas: entre más bicicletas, mejor.
“…entre más se use es mejor la calidad del aire, menor el índice de obesidad, menores las emisiones de efecto invernadero, menos muertos y lesionados en accidentes de tránsito, menos ruido, mayor seguridad personal, menor congestión vial y menos dinero gastado en infraestructura y mantenimiento vial”.
¿Por qué ocurre esto con la bicicleta? Porque los beneficios
están alineados: entre más se use es mejor la calidad del aire, menor el índice
de obesidad, menores las emisiones de efecto invernadero, menos muertos y
lesionados en accidentes de tránsito, menos ruido, mayor seguridad personal,
menor congestión vial y menos dinero gastado en infraestructura y mantenimiento
vial. Todo esto resulta en que conviene usar la bicicleta sólo por los cobeneficios
que genera y beneficia hasta a los que no la usan. Esto sin duda tendría que
ser una política pública nacional en cualquier país del mundo y en algunos lo
es.
Los derechos no
reconocidos, todavía
Queda claro que los derechos no son dados previamente, sino
que son construidos socialmente: o sea, entre todos. Lo que ayer no era
percibido como un derecho, hoy puede empezar a serlo y mañana puede ser
reconocido formalmente. Como todas las sociedades en el mundo, tenemos una gran
historia en el reconocimiento progresivo de derechos. La última gran ola de
derechos reconocidos en los años 90 fueron los ambientales, derivados de una
lucha global, e incluso en este caso todavía no hemos podido hacerlos
efectivos. Muchos de los costos que el uso de la bicicleta reduce están
relacionados con derechos establecidos —el derecho a la salud, a la integridad
física o al medio ambiente, por ejemplo—, los cuales, aunque no estén 100%
garantizados en la práctica, sí están en un proceso progresivo de
consolidación.
Pero hay otros elementos no reconocidos todavía como
derechos, englobados en un difuso concepto que, a diferencia del medio
ambiente, no se ha afianzado: el derecho a la ciudad y el derecho a la
movilidad. La bicicleta reduce barreras de acceso a lo más pobres, mejora la
seguridad personal —por ejemplo de las mujeres—, promueve espacios urbanos
permeables y continuos y, sobre todo, genera opciones de movilidad donde no hay
alternativas o donde su costo o calidad no son adecuados. El reconocimiento
efectivo de un derecho a la movilidad en la constitución y las leyes estatales
—ya lo está en la de la CDMX— es un proceso progresivo necesario, para colocar
a la bicicleta y otras soluciones y mecanismos como un elemento normativo clave
que impactará mucho en la calidad de vida de los ciudadanos.
Lo que no se cuenta,
no cuenta
“¡Rayos! ¿Y ahora qué hacemos?”, es la pregunta natural que
se hace cualquier activista cuando su interlocutor por fin cede a sus demandas
y lo agarra desprevenido. Pero es sabido que señalar los problemas es fácil,
comparado con proponer soluciones, porque siempre hay afectados directos de
decisiones públicas. A pesar de sus grandes ventajas, los cambios y la
innovación siempre implican un riesgo mucho más alto que mantener las cosas
como estaban, en un cómodo business as
usual. Ese riesgo afecta fuertemente a los funcionarios de gobierno, los
cuales son generalmente poco afectos a poner en juego su cargo. Esto es normal,
pasa hasta en empresas privadas; la innovación cuesta. Por eso es siempre
importante reducir este costo y bajar el riesgo de esta innovación. Lo mejor en
cuanto a costo-efectivo para esto es generar evidencia: contar.
¿Pero qué contamos? Porque lo que sea que vayamos a monitorear debe ir de la mano de objetivos de política pública. Ahí está el truco. De entrada nos ayudan mucho referencias globales como los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) o la Nueva Agenda Urbana, que obligan a ajustar los marcos legales y de planeación de los países firmantes. Los ODS, por ejemplo, nos exigen medir el acceso al transporte público, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y diabetes, por accidentes de tránsito y por contaminación del aire, los niveles de partículas finas en suspensión y la emisión de gases de efecto invernadero y de carbono negro. Claramente, la bicicleta influye en cada uno de estos indicadores.
“Necesitamos empezar a cambiar esto, usando metodologías de planeación por resultados y enfocándonos en cómo generar un impacto positivo en los ODS”.
Pero nuestros marcos legales también tienen criterios,
objetivos e instrumentos que aportan elementos para definir el rumbo de la
política pública. El reto es ajustar sus objetivos para mejorarlos y generar un
impacto positivo. Lo que generalmente hacemos desde la gestión pública es
definir actividades y comprometernos con su ejecución, sin estar muy seguros de
los impactos que puede generar. Necesitamos empezar a cambiar esto, usando
metodologías de planeación por resultados y enfocándonos en cómo generar un
impacto positivo en los ODS. Para ello debemos definir categorías de insumos,
actividades, productos, resultados e impactos que no estamos acostumbrados a
usar. Para una política exitosa de promoción de la bicicleta, un grupo de
resultados debería ser: 1. aumentar el uso de la bicicleta, 2. reducir el uso
del automóvil, 3. reducir los accidentes a ciclistas y 4. aumentar el acceso de
los grupos de menor ingreso a los sistemas de movilidad urbana. Estos
resultados se convertirían en una aspiración y en la meta del esquema de
planeación.
De entrada, para alcanzar esas metas necesitamos empujar un
programa nacional que se centre en transformar las ciudades del país para
incorporar más y mejores carriles exclusivos para bicicletas (las ciclovías son
carriles confinados, los ciclocarriles no lo son), marcos legales que se
apliquen y protejan a los ciclistas, más vehículos disponibles y accesibles, y
estacionamientos masivos para la bicicleta. Las metas de cobertura y niveles de
servicio de infraestructura ciclista, de estacionamiento y de vehículos
compartidos deben llegar a niveles altos; eso requiere recursos, capacidad
técnica e institucional y, sobre todo, medir y medir. Las metas, por ejemplo,
tienen que alcanzar los 30 kilómetros de ciclovías y 750 bicicletas compartidas
disponibles por cada 100 mil habitantes.
¿Qué tan lejos
estamos?
La CDMX es sólo la punta de lanza de un sistema urbano muy
grande en el país. En 2018 se contabilizaron 401 ciudades de más de 15 mil
habitantes, en las que habitan casi 93 millones de personas; es decir tres de
cada cuatro mexicanos. Las 74 zonas metropolitanas más grandes concentran 78
millones de habitantes, con lo cual es claro que son la meta más importante en
términos de un cambio hacia la movilidad en bicicleta. Cuando en 2015 el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aplicó la encuesta
intercensal en todo el país, incluyó una pregunta clave sobre cómo se mueven
los mexicanos, en qué medio de transporte, cuánto tardan y cuánto pagan en sus
viajes al trabajo y a la escuela. El resultado fue muy interesante y sobre todo
novedoso, dado que fue la primera vez que se contaba con datos nacionales: se
hacen en bicicleta 1.5% de los viajes a la escuela y 5.4% de los viajes al
trabajo, dato este último que sorprende agradablemente. Los estados con mayor
uso de la bicicleta hacia el trabajo son Guanajuato (14%), Yucatán (13%) y San
Luis Potosí, Durango y Zacatecas (10%). Los estados con menos de 2% de este uso
son Baja California Sur, Chihuahua, CDMX, Nuevo León, Guerrero y Baja
California. Bastante acorde a lo que percibimos.
Entre las 30 zonas metropolitanas más grandes del país, las
que mayor uso de la bicicleta cotidiana tienen son Celaya, la zona
metropolitana de La Laguna, León, San Luis Potosí, Puebla, Mérida, Toluca,
Aguascalientes y Oaxaca, todas entre 5% y 12%. Las zonas centrales de las
ciudades tienden a usar menos la bicicleta y en las periferias casi siempre se
dispara. La infraestructura ciclista tiene una cierta correlación con el uso de
la bicicleta. De acuerdo con datos de 2015, usando el indicador de kilómetros
por cada 100 mil habitantes, León encabeza la lista (6.1), seguido por
Hermosillo (5.5), Saltillo (3.3), Aguascalientes (3.1) y San Luis Potosí (2.4).
Los números en términos de cobertura —habitantes a menos de 200 metros de la
red ciclista— todavía son muy bajos en comparación con los estándares europeos
a los que aspiramos —Holanda tiene 100 mil kilómetros de ciclovías y
ciclocarriles4 para 17 millones de habitantes—, aunque el uso de la
bicicleta es comparativamente bastante alto.
Respecto a la seguridad vial, los rangos para el indicador de fallecimientos por accidentes de tránsito anuales por cada 100 mil habitantes sitúan como las zonas metropolitanas más riesgosas a Culiacán, Hermosillo, Cancún, Aguascalientes, Mérida, Saltillo y Torreón, con cifras de entre 0.5 y 0.7 fallecidos por cada 100 mil habitantes.5 En el rubro de mejor regulación que proteja a los ciclistas, la CDMX, Guadalajara, Hermosillo, Mexicali y Mérida, son ciudades que cumplen con los mayores estándares en términos de temas clave para los ciclistas.
La agenda necesaria
El monitoreo continuo de los indicadores clave permitirá definir metas cumplibles, pero además determinar el monto del presupuesto requerido para su implementación, así como de la capacidad institucional y técnica necesaria para desarrollar programas de infraestructura, operación vial y aplicación de la ley. La construcción de infraestructura y de biciestacionamientos es importante, pero todavía más el que sea en zonas poco servidas de la ciudad, de manera que el indicador clave resulte el de población que reside a menos de 200 metros de la red ciclista, enfocándonos también en la equidad social a través del acceso a la red.
“El reto del país es muy grande porque implica la construcción de muchos miles de kilómetros de carriles exclusivos, infraestructura y equipamiento de apoyo, así como programas de educación y promoción en cada ciudad”.
El reto del país es muy grande porque implica la
construcción de muchos miles de kilómetros de carriles exclusivos,
infraestructura y equipamiento de apoyo, así como programas de educación y
promoción en cada ciudad. El costo presupuestal de este programa puede rebasar
sin duda los cinco o 10 mil millones de pesos anuales a finales del sexenio de
la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta
sería si en un país con tanta pobreza, desigualdad y falta de acceso a
servicios básicos como agua, salud, educación o vivienda, podemos darnos el
lujo de destinar presupuestos tan grandes a algo que aparentemente no es
prioridad y que incluso puede sonar un tanto frívolo. Sin duda una pregunta
nada disparatada.
Las respuestas son dos: por supuesto que sí debemos destinar estos recursos y que no es frívolo el gasto en infraestructura, equipamiento y programas para la bicicleta. Cuando los beneficios sociales y ambientales netos son tan altos, no invertir en esto resulta mucho peor que hacerlo. Pocas alternativas dentro del sector de movilidad son tan efectivas como la apuesta a que un número de viajes creciente se realice en bicicleta. En movilidad, como en otros sectores pero sobre todo en movilidad urbana, las mejores soluciones casi nunca se derivan de megaproyectos, sino de programas que consoliden la infraestructura vial con nuevos criterios de inclusión, eficiencia y seguridad. Por muchas razones es más difícil gestionar muchos pequeños proyectos, pero los beneficios serán evidentes. Y por cierto, aunque es importante la voluntad política del servidor público en turno, también es clave una sociedad activa y comprometida con una agenda social y ambiental. EP
1 Basta teclear “Lord Audi” en cualquier motor de búsqueda
para obtener varias fuentes sobre tan pintoresco sujeto.
2 Su libro Energía y
equidad. Desempleo creador, está disponible en línea en ivanillich.org.mx
3 Un excelente resumen es el de Todd Litman en el sitio de
Victoria Transport Policy Institute, disponible en vtpi.org/tca/
4 Los ciclocarriles son carriles exclusivos para bicicletas
pero delimitados con pintura, a diferencia de las ciclovías, delimitadas con
elementos físicos de confinamiento. No hay que confundir los ciclocarriles con
los carriles compartidos, dado que estos últimos no son exclusivos.
5 Cifras derivadas del ranking Ciclociudades 2015.
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