En este 2024 tan turbulento como incierto, el mayor desafío para la política exterior de México en América Latina y el Caribe será mantener un nivel de atención constructiva y constante hacia la región, subsumido en los imponderables de una relación con Estados Unidos fuertemente politizada, en un año en el que las elecciones presidenciales de ambos países volverán a coincidir, como ocurre cada 12 años. Dado que la atención estará puesta en su vecino del Norte, México deberá evitar caer en una política eminentemente reactiva, inercial o politizada frente a la volátil situación latinoamericana o en el manejo cortoplacista de posibles escenarios de cambio político, crisis institucional, violación de derechos humanos, situaciones humanitarias apremiantes o tensiones diplomáticas bilaterales y multilaterales. Es probable que, al calor de la competencia electoral interna, los múltiples vasos comunicantes entre las corrientes ideológicas y los adversarios políticos de México con sus contrapartes en Latinoamérica provoquen desencuentros, conflictos y tensiones diplomáticas, o politicen la conducción de algunas relaciones bilaterales, de los posibles casos de asilo y de decisiones polémicas en la Organización de los Estados Americanos (OEA) o en el sistema interamericano de derechos humanos.

Aun cuando la actual canciller Alicia Bárcena tiene una larga experiencia y conocimiento sobre de los problemas de Latinoamérica, además de redes y contactos para una buena interlocución con los países de la región, la realidad es que hoy México no cuenta con suficientes cuadros profesionales y expertos latinoamericanistas en puestos clave para una toma de decisiones informada, con análisis puntual, visión estratégica y capacidad de gestión diplomática o de promoción económica. Un dato que ilustra este punto es que únicamente siete de las veinticuatro embajadas mexicanas en América Latina y el Caribe están a cargo de diplomáticos de carrera (Bolivia, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica, Paraguay y Santa Lucía), y ninguna de ellas está en Centroamérica o en alguno de los países de mayor peso regional. Las carencias de personal especializado y de recursos no abonan a una pronta y adecuada gestión político-diplomática de posibles crisis de gobernabilidad, asilo y refugio, reducen las capacidades para mediar en conflictos y dificultan poder aprovechar las oportunidades económicas y de cooperación a nivel bilateral y regional del actual proceso de relocalización productiva mundial.

Las migraciones y los derechos humanos serán otro tema clave tras un año récord de desplazamiento y de migración forzada en la región. Es muy probable que el reforzamiento del papel de México como muro de contención de la migración, pactado con Estados Unidos, afecte negativamente sus relaciones con Latinoamérica, en particular, pero, por ejemplo, con Centroamérica requerirá contar con canales de comunicación regulares para prevenir una excesiva “migratización” de la agenda o acciones fronterizas unilaterales y asegurar un trato humanitario a las poblaciones migrantes. México tendrá que encontrarle la cuadratura al círculo para dotar de credibilidad su política de acercamiento con América Latina, mientras profundiza su “forzada” función de contención migratoria que lo obliga a imponer más controles en su frontera sur, nuevas visas a países latinoamericanos y devolver a miles de migrantes a terceros países de la región. Habrá también costos de reputación por la imagen de subordinación a la agenda migratoria estadounidense. 

Es crucial que en México se entienda a cabalidad que el diálogo migratorio no se agota en la relación con Estados Unidos ni puede conducirse exclusivamente por canales bilaterales. El desafío mayor será, sin embargo, impulsar la concertación gradual de políticas públicas de alcance regional que den soluciones más permanentes al fenómeno, facilitando la integración de los migrantes en los lugares de destino temporal y final, así como condiciones de movilidad segura, legal y ordenada a lo largo del ciclo migratorio. Esto requiere fortalecer los sistemas de asilo y refugio, abrir mecanismos de movilidad laboral y reunificación familiar, desarrollar capacidades de acogida, protección legal e integración, e ir más allá de las iniciativas en curso para el desarrollo de las comunidades expulsoras. Resulta imprescindible contar con un diálogo institucionalizado en materia migratoria a nivel continental. El desafío está en lograr una articulación virtuosa entre la Declaración de Los Ángeles y los lineamientos del Encuentro de Palenque, que ponga en el centro a la protección de las personas migrantes, tarea en la que todos los países emisores, de tránsito, receptores y de retorno, tienen responsabilidades de asumir.

México tampoco podrá evadir tomar decisiones y acciones frente a las probables crisis de gobernabilidad en la región, y el reto reside en hacerlo con un enfoque constructivo y consistente, ajeno a filias y fobias ideológicas. Esto pasa por reconocer que el tipo de regresiones democráticas y rupturas del orden institucional que hoy amenazan a la región no son situaciones blanco y negro, como los golpes de Estado militares de antaño, sino procesos grises y graduales que desafían lecturas simplistas, como la incrustación de mafias o “pactos de corruptos” que distorsionan el funcionamiento de las instituciones, el uso frecuente de la justicia como instrumento contra los adversarios políticos, la centralización y la personalización del poder, la polarización y el enojo social, el avance de corrientes iliberales en todo el espectro político y la degradación de los partidos políticos como mecanismos de representación. Un buen manejo diplomático de situaciones complejas y difíciles como estas requieren dar seguimiento atento a las trayectorias internas de cada país, mantener la capacidad de interlocución con actores relevantes, y realizar consultas regulares con otros países y foros multilaterales. En 2024 sería importante que México tuviera una presencia activa y propositiva en los mecanismos multilaterales relevantes en estos temas, como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En especial, México tiene la oportunidad de hacer aportaciones como miembro del Grupo Voluntario de Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, que se estableció en 2023.

El caso de gobernabilidad democrática más relevante para México por las implicaciones inmediatas que tendría en su frontera sur es el de Guatemala. La viabilidad del nuevo gobierno guatemalteco y su capacidad para impulsar reformas necesarias contra la corrupción y la inseguridad se decidirá en los siguientes meses y requerirá de un acompañamiento internacional constante, esfuerzo en el que una diplomacia mexicana inteligente tendría mucho que aportar. Una presidencia interrumpida o fallida de Bernardo Arévalo tendría consecuencias muy negativas para el futuro de la democracia y la estabilidad en el país vecino y en Centroamérica, además de complicar la ya de por sí difícil dinámica migratoria. En los casos de El Salvador y Nicaragua, México deberá sopesar con detenimiento si mantiene un silencio indiferente con los costos de reputación que esto implica, si opta por un distanciamiento pragmático o si se pronuncia en contra de las violaciones a los derechos humanos. En el mundo andino, los casos de Ecuador y Perú son los más delicados. El primero porque, desde 2019, la embajada de México ha gestionado el asilo para varios activistas, exfuncionarios y asambleístas correístas, no sin tensiones en la relación bilateral y acusaciones de injerencismo; está pendiente dar respuesta a la solicitud de asilo del exvicepresidente Jorge Glas, cuestionada por el gobierno de Daniel Noboa, además de que la situación interna podría complicarse en el actual contexto de estado de emergencia nacional contra el crimen organizado. Acá, el prestigio y la experiencia mexicana en materia de asilo estarán en juego, puesto que cada uno de los casos requieren de una diplomacia fina y profesional para llegar a buen puerto. En el caso peruano, no puede descartarse una destitución anticipada de la presidenta Dina Boluarte con su secuela de incertidumbre, además de que el continuado enfriamiento de las relaciones bilaterales tiene efectos negativos para la Alianza del Pacífico, pero donde la sólida relación con Chile es un instrumento estratégico para mantener a flote este espacio.

Pese a lo que podría deducirse de este listado de desafíos, no todo es negro en el panorama latinoamericano para 2024. Con relación a la situación colombiana, México ha venido desempeñando un papel interesante como sede de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, y en 2024 se requerirán esfuerzos adicionales de acompañamiento internacional para evitar que se rompa el cese al fuego ya pactado, además de la participación mexicana en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por su parte, en Venezuela el escenario político se ha modificado con la flexibilización de las sanciones estadounidenses y el reagrupamiento de la oposición venezolana, abriendo una ventana de oportunidad histórica (aún incierta, plagada de obstáculos y que podría cerrarse en cualquier momento) para la celebración de elecciones presidenciales y generales que permitan abrir espacios a la oposición y encauzar a Venezuela por la senda de una apertura política del régimen. Además de continuar apoyando las conversaciones entre el gobierno y la Plataforma Unida, sería importante que México sacara sus propias lecciones de los errores cometidos entre 2015 y 2019 por los distintos actores nacionales e internacionales que condujeron a la regresión democrática en Venezuela e iniciara consultas lo más amplias posibles para acompañar de mejor manera un proceso tan trascendente como incierto.

Sin duda, 2024 abre oportunidades interesantes para un acercamiento entre México y Brasil que rompa con el patrón histórico de indiferencia y competencia recíproca que ha caracterizado a la relación entre los dos países más importantes de Latinoamérica. El lanzamiento de la iniciativa del Año Dual “Presencia de México en Brasil y de Brasil en México”, para celebrar el 190 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, coincide con la presidencia brasileña del G-20, cuya Cumbre tendrá lugar en noviembre de 2024. Tradicionalmente, ninguno de los tres países latinoamericanos representados en el foro de las veinte principales economías del mundo, Argentina, Brasil y México, se ha dado a la tarea de coordinar posiciones políticas entre ellos ni de articular una agenda con el resto de la región. Este patrón de comportamiento debilita el nivel de influencia e incidencia de estos países y de la región en su conjunto, y contrasta fuertemente con la capacidad de acción colectiva de otras regiones en desarrollo, como la Unión Africana que, en 2023, entró al G-20 como miembro permanente.

Si bien en 2024 son magras las posibilidades de concertación entre la triada latinoamericana por las diferencias de política económica de la Argentina de Javier Milei con Brasil y México, el panorama es promisorio para esta dupla. Ya hay señales positivas, como el apoyo de México a la propuesta brasileña para que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños conduzca el diálogo entre Venezuela y Guyana sobre el Esquibo, y el anuncio de una visita del presidente Luis Inácio Lula da Silva a México. Sin embargo, México tendría que impulsar grupos de trabajo y consultas a nivel bilateral y subregional de la mano de Brasil para llevar propuestas regionales concretas a la Cumbre del G-20 que reorienten al sistema financiero internacional hacia la atención de la emergencia climática y la transición energética, entre otras. Esto solo será posible con un esfuerzo político deliberado para contrarrestar inercias burocráticas y actitudes de desconfianza mutua fuertemente arraigadas en los servicios diplomáticos de ambos países. Habría que trabajar en asegurar una buena coordinación transexenal para que la representación mexicana sea lo más amplia y mejor preparada posible y cuente con la participación de la próxima presidenta.

En un año de cierre de sexenio, como 2024, el gobierno tendría la responsabilidad de hacer un corte de caja con un análisis puntual de aciertos, errores, omisiones y tareas pendientes, sobre todo en aquellos ámbitos en los que se propuso marcar una diferencia sustantiva tanto doctrinaria como práctica. Uno de estos ámbitos por evaluar con seriedad es la política de cooperación al desarrollo en Centroamérica, en particular de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y su pertinencia para atender las causas estructurales de la migración forzada interna e internacional en el espacio norte y mesoamericano. Queda la sensación de que los insumos del Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México que elaboró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe permanecieron en el papel, por lo que aún hay mucho por hacer en la construcción de sinergias y la coordinación sistemática con otros donantes y, sobre todo, que no ha sido posible concretar iniciativas ni acciones conjuntas de cooperación de la mano y con financiamiento de Estados Unidos. Hay mucho que repensar en el actual contexto de policrisis mundial y regional, donde la cooperación y el financiamiento al desarrollo adquieren una importancia estratégica como instrumentos de política exterior para los grandes países en desarrollo como México. EP

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