En México, las personas más poderosas no son sólo las que tienen más dinero u ocupan cargos más relevantes en la estructura político-económica. Los que realmente tienen poder son quienes pueden transitar entre un extremo y otro de las distintas fronteras que dividen lo legal de lo ilegal, sin consecuencia alguna. 

Me explico mejor: en México existen distintos niveles de fronteras internas en la política , líneas que dividen comportamientos y prácticas. Un buen ejemplo de ello son los policías municipales que detuvieron a los estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014: nadie sabe sus nombres, nadie sabe cómo operaban (u operan) y, con total impunidad, de día atendían (o atienden) labores policiales de rutina y de noche (bajo otro uniforme) resolvían (o resuelven) tareas de sicarios.

Estos policías, servidores públicos y miembros del crimen organizado a la vez, son mucho más poderosos que su jefe o que el mismo gobernador de Guerrero en esa entonces, pues este puede tener mucho más dinero, pero tiene límites claros (para él). En cambio, el policía-sicario puede hacer lo que quiera sin que exista alguien que se lo impida, y su único límite es el ser prescindible en cualquier momento.

Un ejemplo, a gran escala, es Genaro García Luna, quien prestara sus servicios al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) así como Titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Diseño la Estrategia Integral de prevención al Delito y Combate a la Delincuencia, la base de la Guerra contra el narco.

El también conocido como el “Superpolicía”, a lo largo de los más de 20 años como funcionario público, ejerció tareas de inteligencia y diseño de la seguridad nacional pero no sabemos la fecha exacta de cuando se asumió como uno de estos camaleones que habitan el espectro político y socioeconómico mexicano. Tal vez no sepamos nunca en qué momento aceptó, no sólo el dinero del cártel de Sinaloa, sino la capacidad de ejercer sus funciones en el terreno de lo legal mientras pavimentaba el camino hacia las actividades ilegales.

Hoy resulta que ese “Súperpolicia” es prescindible en este gobierno y, por eso, se encuentra preso en el Centro Correccional Metropolitano (MCC por sus siglas en inglés) de Nueva York lamentándose de que, supuestamente, no tiene recursos para pagar un abogado y, al mismo tiempo, está preparando una estrategia de defensa para conseguir la menor de las condenas. Y no deja de mostrar su poder: la información que maneja puede desatar la caída de muchos funcionarios, desde sus subordinados hasta dos expresidentes. Así que le llegarán más recursos (de todo tipo) con el fin de motivar su silencio y que se establezcan los pactos a partir de los cuales algunos personajes serán delatados y otros protegidos, dependiendo de qué revele y qué calle. 

Así es el modelo de justicia que ofrece Estados Unidos para sustentar el presunto éxito de la guerra contra las drogas: procesos judiciales que se negocian, un tabulador de sentencias y la creación de nuevas redes de protección y delación. ¿Es esta la justicia que ayudará a las familias de las cerca de 250 mil personas asesinadas desde el 2006 y los más de 61 mil desaparecidos? Las mismas familias que llevan años buscando a sus seres queridos, que han descubierto fosas, que se han especializado en analizar huesos y tierra, que siguen arriesgando sus propias vidas para seguir pistas; ¿se sentirán mejor con un funcionario poderoso presentado ante una corte en un país lejano? ¿cuáles son las posibilidades de justicia que tienen, además del encarcelamiento de criminales en un país ajeno?

La justicia de la que se jactan la Drug Enforcement Administraton (DEA) y todo el gobierno estadounidense ni siquiera es suficiente para que algunas personas afectadas por la maquinaria de muerte (a la que dicen combatir) puedan ver con sus propios ojos que el encargado de la seguridad del país, quien les prometió reducir la violencia y les aseguró que combatía al crimen organizado, está con las manos esposadas y ha sido acusado de ejercer una parte de sus actividades financieras en contubernio con el cártel de Sinaloa. ¿Aún si participaran en el proceso contra García Luna, esto les daría la tranquilidad de sentir que la guerra de despojo ha terminado?

Mientras tanto en México, las puertas institucionales cada vez se cierran más. Cada vez hay más sordera de parte del Estado. No hay escucha y no hay diálogo. Por lo tanto, no hay acciones que se operen conjuntamente y nuevamente la burocracia empieza a obstaculizar las búsquedas, la construcción de una justica más digna.

Resulta curioso que la investigación de la periodista Anabel Hernández, presentada en el libro El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo, revele los vínculos entre las declaraciones que se desahogaron contra Joaquín Guzmán Loera, informes de la DEA e informes de la inteligencia mexicana. Al leer su libro es posible advertir que, en efecto, lo declarado por Vicente Zambada Niebla, Jesús “El Rey” Zambada, y toda una larga lista de miembros del cártel de Sinaloa, coincide con los informes de los gobiernos que han sostenido una guerra que no es nuestra.

El trabajo de Hernández ganó el Premio Nacional de Periodismo 2020, muestra de la relevancia que tiene reflexionar sobre él y sobre las narrativas que no aportan a nuevas interpretaciones de una problemática sustancial.

Al terminar de leer este libro, queda muy claro que el verdadero jefe de esta organización y el capo de capos es Ismael Zambada García, Guzmán Loera no era sino un funcionario mexicano corrompido por el dinero al ser trabajador y socio destacado bajo las órdenes del primero. Este es, de manera coincidente con la conclusión de la periodista, el argumento central que ofreció la defensa del Chapo durante el juicio en su contra en Estados Unidos, a fines del 2018 e inicios del 2019.

La lógica analítica aún dista de ser crítica y oculta que lo que hace posible la existencia de organizaciones criminales y de gobiernos corruptos no es solamente la ambición desmedida de secretarios de Estado o la destreza de empresarios coludidos, sino la estructura sistémica que engrasa su correcto funcionamiento. Crear un mito como el del Mayo Zambada oculta su verdadero papel en el negocio y, de esta manera, se desdibuja la posibilidad de combatirlo y de pensar en formas de justicia que sí hagan sentido a las personas afectadas. ¿Deberíamos creerle todo lo que dicen a las personas que son responsables de tanta violencia en el país, incluyendo a este tipo de funcionarios?

Tal parece que los procesos penales contra miembros del cártel de Sinaloa y García Luna favorecen las relaciones entre México y Estados Unidos a la par de la consolidación de nuevas narrativas que justifican violencia estatal, despojo y un reforzamiento a la maquinaria de despojo.

El que fuera uno de los funcionarios modelo del sexenio de Felipe Calderón, pasa sus días en una celda donde no tiene la posibilidad de ver hacia el exterior, los vidrios están empañados artificialmente. Este espacio, según los críticos de arquitectura, representó una de las innovaciones más progresistas en cuanto a prisiones en la década de los setenta, cuando fue construido el MCC que lo alberga. Más que celdas son dormitorios, se puede leer en el sitio web donde se encuentra relatada la historia del lugar.

A 800 metros de la One World Trade Center, la torre construida luego del atentado contra  las torres gemelas, y a 800 metros del puente de Brooklyn, se encuentra el MCC con sus muros rojizos de corte funcional, muy cercanos al estilo soviético. El edificio está ubicado detrás de las cortes federales de Nueva York y el perímetro que le rodea constituye el sector judicial de la ciudad en donde la vigilancia es discreta pero opresiva: cámaras en cada ángulo, policías uniformados y vestidos de civil. Ahí esperará el exfuncionario mexicano hasta su siguiente audiencia, programada para el 2 de abril de 2020, con el fantasma de Joaquín Guzmán Loera, quien habitó la misma cárcel, rondando cerca.

Mientras tanto, México ha decidido intercambiar las medidas de guerra y cambiar al enemigo interno: del narcotraficante al inmigrante. Las escenas protagonizadas por la Guardia Nacional, impidiendo el tránsito de miles de personas provenientes de otros países, son muestra contundente de la nueva narrativa que fortalece a los gobiernos de México y Estados Unidos. Ya lo dijo Donald Trump: AMLO está haciendo una labor fantástica y está en una situación difícil, pero México de hecho, pronto lo sabremos, está pagando el muro. EP

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