La reciente subasta de arqueología precolonial latinoamericana en París es un pertinente recordatorio de cómo la comercialización del patrimonio impulsa su privatización, perpetúa el despojo y fomenta el saqueo.

El pasado 9 de febrero se llevó a cabo en París una controversial subasta de arte precolonial latinoamericano organizada por la casa de subastas Christie’s. Pese a las denuncias y esfuerzos de autoridades mexicanas como el INAH y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ese martes se vendieron un total de 36 objetos arqueológicos, 27 de origen mexicano, por un total de casi dos millones y medio de euros. Las piezas vendidas provienen de los actuales países de México, Ecuador y Chile. Fueron elaboradas por las culturas maya, mexica, tolteca, teotihuacana, mapuche y valdivia, entre otras. Sin embargo, su procedencia es gris: pese a que la casa de subasta proporciona un pequeño historial de los anteriores dueños y colecciones a las que las piezas han “pertenecido” en las últimas décadas, no queda claro cuándo y en qué circunstancias las piezas salieron de sus lugares de origen.

Actualmente las cuestiones en torno a la restitución cultural están siendo muy discutidas debido al mayor y más fácil acceso a información sobre temas de desigualdad, justicia social y los, aún presentes, estragos del colonialismo. Las demandas de restitución cada vez son más visibles alrededor del mundo, desde el caso de los famosos bronces de Benin y demás arte expoliado de África, hasta las piezas históricas y arqueológicas que el gobierno mexicano pidió a naciones europeas en octubre del año pasado, como el caso del llamado penacho de Moctezuma. Pese a esta creciente visibilidad, es increíble cómo al mismo tiempo sigue habiendo un gran desconocimiento respecto a la continua e incesante venta de antigüedades precoloniales latinoamericanas en el norte global.

La puja de Christie’s es de las más recientes de una larga lista de subastas en donde arte y objetos arqueológicos de diversas culturas indígenas de México y el resto de América son vendidas en el extranjero al mejor postor, perpetuando un despojo que tiene ya décadas. Fuera de algunos casos específicos, la mayoría de estas subastas suceden de forma inadvertida. Para dimensionar la escala del problema, investigué respecto a cuántas subastas en las que piezas arqueológicas precoloniales, originarias de lo que hoy es México, fueron ofrecidas en venta el año pasado. Los resultados de esta breve pesquisa son sorprendentes: únicamente en 2020, y pese a la pandemia, se llevaron a cabo al menos 26 diferentes subastas de 7 diferentes casas de subastas extranjeras en las cuales se pusieron en venta un total de 485 piezas arqueológicas de diversas culturas mesoamericanas.[1] Mi investigación encontró que la única que tuvo tanto cobertura mediática como una respuesta oficial de las autoridades mexicanas, exigiendo su cancelación, fue la organizada por Millon el 22 de enero. Aparentemente, todas las demás, en donde patrimonio mexicano fue vendido en el extranjero, pasaron desapercibidas. Este año la situación parece continuar sin muchos cambios. La subasta del 9 de febrero es una de las cuatro que han tenido lugar en lo que va del 2021: el 29 de enero hubo una venta organizada por la casa de subastas Binoche et Guiquello, el 12 de febrero una más, esta vez a cargo de la casa De Baecque, y apenas hace unos días, el 2 de marzo, terminó una subasta en línea de Artprecium. Las tres tuvieron lugar en París, la última de forma virtual, y en ellas se ofertaron 115 lotes de piezas arqueológicas de México, así como muchas otras de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y otros países del sur global.

La cuestión legal

Parte del desconocimiento e ignorancia sobre este tipo de subastas es respecto a su legalidad. Y esto es, en parte, comprensible, pues las leyes y tratados referentes al comercio de antigüedades y arte antiguo son muy variadas y complejas.

En México ha habido legislación que prohíbe la exportación de monumentos y antigüedades arqueológicas del país desde principios de la década de 1830 y, según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigente desde su promulgación en 1972, todos los restos arqueológicos muebles e inmuebles con origen previo a la llegada de los españoles a lo que hoy es México “son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles”. Esto significa que, de acuerdo a la ley mexicana, prácticamente no hay forma de que las piezas que se subastan en el extranjero hayan salido de México de forma legal y el simple hecho de que sean propiedad privada va en contra de la ley.

En ámbitos internacionales hay una serie de leyes y tratados que regulan la comercialización de antigüedades y combaten el tráfico ilegal de las mismas. Sin duda la más famosa es la convención de la UNESCO de 1970, la cual tanto México como Francia han firmado y ratificado. Sin embargo, una de las principales limitantes de este tipo de acuerdos legales es que no son retroactivos, es decir que su aplicación y validez sólo es válida a partir de su declaratoria; todo lo sucedido anteriormente al establecimiento de los tratados y acuerdos no es regulado ni sancionado por ellos.  Además, varias de las disposiciones de estos acuerdos pueden ser consideradas como ‘leyes suaves’, es decir, no legalmente vinculantes, lo cual hace difícil que se pueda exigir u obligar a una nación o entidad particular a cumplirlas.

Es por ese motivo que las casas de subastas se esmeran tanto en proporcionar una cronología que rastree la propiedad, custodia o ubicación de las piezas que ofertan por lo menos hasta las décadas de 1960 o 70. En la legislación internacional, así como en la de Francia, se asume que las piezas salieron de su lugar de origen limpiamente y que fueron originalmente compradas en buena fe, a menos de que haya evidencia explicita de lo contrario. Por esto, hasta ahora la única forma efectiva de parar la venta de piezas en subasta ha sido contando con un registro detallado de las piezas en su lugar de origen que prueba que fueron robadas o retiradas ilegalmente. Tal fue el caso del bajorrelieve olmeca de Xoc, el cual fue exitosamente regresado a México en 2015 tras ser identificado como una escultura estudiada y registrada en 1968 cerca de Ocosingo, Chiapas, que poco después fue cortada y exportada ilegalmente al extranjero.

La desigualdad que hay entre las diferentes legislaciones es tangible,  la legislación internacional, además de no ser retroactiva, demanda documentación detallada para probar que las piezas fueron saqueadas o robadas, mas no exige documentación que demuestre que efectivamente salieron de forma legal y regulada de sus lugares de origen. Esto es injusto para los países demandantes como México, quienes son los que tienen que presentar evidencia de que las piezas son robadas, mientras que no hay una exigencia para que las casas de subastas o los actuales dueños de las piezas presenten documentación clara e inequívoca que muestre que éstas salieron de forma legal. La cual es prácticamente imposible que exista, pues recordemos que al menos en el caso mexicano, desde la primera mitad del siglo XIX ya era ilegal la exportación de bienes arqueológicos y, por lo tanto, ninguna pieza podría contar con un papeleo oficial y en forma sobre su exportación regulada fuera del país.

Mercantilización, privatización y saqueo

Más allá de su cuestionable legalidad, las subastas de piezas arqueológicas son problemáticas y poco éticas, ya que impulsan la mercantilización y privatización del patrimonio cultural, impiden el estudio, disfrute y divulgación de las piezas, además de que promueven el saqueo arqueológico.

Al centrarse y exaltar el valor monetario de las piezas arqueológicas sobre su valor simbólico, histórico e identitario, el mercado de arte y antigüedades fomenta que se sigan concibiendo como preciados tesoros que dan prestigio a quien los posea, ignorando su importancia como bienes patrimoniales de interés público, científico y social. La falta de contexto de los artefactos y su venta como meras mercancías hacen que pasen a ser únicamente objetos que decoran las casas de millonarios, en donde no pueden ser conocidas ni disfrutadas por las personas que tienen una filiación cultural e histórica con ellas.

La demanda por antigüedades arqueológicas, que subastas como la de Christie’s alimentan, tiene una relación directa con el saqueo arqueológico que sigue ocurriendo en muchas partes de México y el mundo. Esa demanda rapaz de los coleccionistas es la que impulsa que de forma ilegal y destructiva se continúen excavando y contrabandeando piezas arqueológicas para luego ser vendidas en mercados negros, perdiéndose así su contexto que nos dice mucho sobre las sociedades que las elaboraron y rompiéndose los vínculos que podrían tener con las comunidades.

Posibles soluciones

El mercado de antigüedades arqueológicas es un problema complejo, con distintos frentes y dimensiones, por lo tanto su solución no será sencilla ni rápida.

A nivel nacional en México hay mucho que se puede hacer. Es una lástima que, debido a los continuos recortes y malos manejos administrativos, las autoridades no sean capaces de proteger efectivamente el patrimonio cultural del país. El INAH se ha visto rebasado y sus intentos por detener las ventas de piezas arqueológicas mexicanas en el extranjero no han dado frutos. Más allá de denunciar y exigir que se suspendan las subastas, sería muy beneficioso que se mejoraran y completaran los registros de los bienes arqueológicos del país, para así tener una idea clara y bien documentada de lo que se tiene. Esta es una labor titánica que, pese a ser un objetivo desde hace años, aún no se ha logrado concretar. Una actualización de la legislación y las penas establecidas en contra del saqueo y tráfico de bienes culturales sería igualmente benéfica. También se podría mejorar la vigilancia, tanto en sitios arqueológicos y aduanas, como en línea, implementando un monitoreo de redes sociales y sitios de compra-venta, al igual que de los grandes comerciantes internacionales de arte y antigüedades.

A nivel global también se podrían fortalecer los tratados y medidas legales internacionales y de otras naciones, como las de Francia, por ejemplo, idealmente logrando su aplicación retroactiva, o al menos que se deje de asumir que las piezas fueron originalmente exportadas o adquiridas de buena fe, volviéndose indispensable, para ofertarlas, contar con documentación precisa de que salieron legalmente de sus países de origen.

Por último, también creo que se debe seguir luchando por un cambio de percepción,  modificar la opinión pública respecto a la comercialización y el coleccionismo de antigüedades arqueológicas, lograr que tanto en México como en Europa y Estados Unidos, especialmente, se dejen de asociar estas prácticas con el prestigio, glamour y poder para que, entonces, pasen a ser vistas como lo que son: actividades problemáticas basadas en el colonialismo, el despojo y la ilegalidad que, por lo tanto, deben de ser socialmente reprochables. Un símil a este cambio de actitud es cómo en las últimas décadas el ecologismo y el ambientalismo han logrado convertir a la cacería de trofeos en algo que la mayoría encuentra condenable y moralmente inapropiado.

No podemos dejar de mencionar la deseada repatriación de las antigüedades que de manera legalmente ambigua se encuentran en el extranjero. Un ejemplo que puede darnos esperanzas es la reciente devolución a Camboya de una importante colección de esculturas jemeres antiguas. Estas pertenecieron al coleccionista y presunto traficante de antigüedades Douglas Latchford, quien falleció el verano pasado. Fue su hija, Nawapan Kriangsak, quien devolvió la multimillonaria colección al país asiático este enero. Al regresar a su patria, las 125 piezas podrán ser conocidas y disfrutadas públicamente por los camboyanos y el resto del mundo en un futuro museo. Pese a que este tipo de restituciones voluntarias no reparan agravios ni injusticias pasadas, al menos son una forma de que las piezas patrimoniales regresen a sus lugares de origen y pasen a ser bienes públicos con mayor accesibilidad.

Los cambios necesarios para mejorar la compleja situación respecto a las subastas y comercialización del patrimonio arqueológico son complicados de implementar pues requieren un alto grado de voluntad política y cooperación internacional. Como muchas otras anteriores, la subasta de Christie’s del 9 de febrero no pudo ser detenida, perpetuando así el despojo y la pérdida. No obstante, no hay que dejar de denunciar y hacer presión para que haya más reglamentación, así como acciones que permitan que las piezas regresen a sus lugares de origen, en donde puedan ser conocidas, estudiadas y disfrutadas por todos, específicamente los descendientes de sus creadores. EP

[1]     Las 26 subastas fueron organizadas por Millon (10 subastas, 180 lotes), Drouot (8, 103), Binoche et Guiquello (3, 141), Sotheby’s (2, 36), Christie’s (1, 21), Artprecium (1, 3) y De Bacque (1, 1). No necesariamente todos los lotes subastados fueron vendidos. Para obtener estas cifras, los catálogos de todas estas ventas fueron consultados en línea.

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.