A estas alturas del siglo XXI, parecería un anticuado prejuicio afirmar que América Latina es una región surrealista, donde la magia y la cotidianidad se entremezclan exóticamente; sin embargo, por desgracia, al hablar de criminalidad e impartición de justicia en México resulta imposible distinguir los hechos de la fantasía, la realidad de la ficción. Ya lo decía Daniel Sada en el título de su mejor obra —que versaba sobre un fraude electoral y la desaparición de un grupo de jóvenes—: Porque parece mentira la verdad nunca se sabe.

Sobran ejemplos a cuál más espectaculares, inverosímiles y dolorosos: ¿quién y por qué asesinó al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio? ¿Fue acaso Mario Aburto, ese hombre cuyo rostro luce radicalmente distinto al comparar los videos del homicidio con las imágenes difundidas en los medios posteriormente? En lo que respecta a los motivos de este magnicidio, los hechos se tornan aún más elusivos: pudo haber sido el plan de un Carlos Salinas de Gortari resentido, de sectores del PRI que se oponían a una apertura democrática (relativa) o, como consagró la verdad oficial, de un asesino solitario, es decir, un “caballero águila” enloquecido.

Numerosos trabajos periodísticos e investigaciones de organizaciones no gubernamentales han intentado comprender la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En 2019, el Gobierno de México creó una Comisión de la Verdad para este caso. La versión impuesta por Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República cuando sucedieron los eventos, está plagada de contradicciones y falsedades. Con el tiempo, la participación del ejército (y no sólo de autoridades locales) parece ser un hecho corroborado. Sin embargo, todavía no se esclarece si el terrible crimen se llevó a cabo en el contexto del narcotráfico, de la contraguerrilla o de conflictos regionales de otra índole. 

Otro ejemplo paradigmático de ocultamiento de la verdad puede hallarse en el arresto y el juicio de Florence Cassez e Israel Vallarta, un caso particularmente complejo por su significado en la guerra contra el crimen organizado, por las repercusiones que tuvo a nivel internacional y por la manera en que, tocando las fibras más sensibles de la sociedad mexicana, polarizó las opiniones. Jorge Volpi tenía que escribir Una novela criminal, ganadora del Premio Alfaguara de novela 2018, para cortar de un tajo el nudo gordiano de uno de los casos más enredados de la justicia en nuestro país.

Pese a que son de sobra conocidos, vale la pena recapitular los acontecimientos: la llegada del siglo XXI y el advenimiento de la alternancia democrática en México estuvieron fatalmente acompañados por una oleada de secuestros que sacudieron al país entero, provocando en las clases media y alta una sensación de amenaza permanente, la cual, a su vez, contribuyó a debilitar la confianza en el presidente panista Vicente Fox, así como a disminuir su aprobación y popularidad. En este contexto, el 9 de diciembre de 2005, los televidentes de Primero Noticias y Hechos A.M. —los noticieros con más audiencia en el país— fueron testigos de una exitosísima operación a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI) dirigida por el ahora preso Genaro García Luna: las imágenes capturaban —teóricamente en vivo— el arresto de los secuestradores Florence Cassez e Israel Vallarta, y la liberación de sus tres víctimas, retenidas en el rancho Las Chinitas, al sur de la Ciudad de México.

Parecía que el Gobierno Federal había asestado un tremendo golpe al crimen organizado, hasta que, el 5 de febrero de 2006, Genaro García Luna, director de la AFI, reconoció en cadena nacional que las imágenes que se transmitieron no correspondieron a una operación policiaca en vivo, sino a una recreación actuada de los hechos. Esta confesión, aunada a las declaraciones de Florence Cassez —quien sostenía su inocencia y aseguraba haber sido detenida un día antes del operativo televisado—, pusieron en entredicho la verdad, ya que la principal prueba de que los acusados eran culpables estribaba en el hecho de haber sido capturados in fraganti.

Si el ejercicio del poder en México siguiera el cauce de las normas y de la lógica, las autoridades resolverían problemas reales: desincentivarían la criminalidad, evitarían secuestros, capturarían delincuentes, investigarían delitos y juzgarían imparcialmente a los acusados, mientras que los escritores de literatura se dedicarían a imaginar historias. Sin embargo, a partir de las declaraciones de García Luna, quien reconoció haber llevado a cabo un montaje, es decir, una ficción, el caso Cassez-Vallarta se apartó del curso esperado: los roles se invirtieron.

Las agencias federales de seguridad pública y la Procuraduría General de la República le dieron vuelo a la imaginación; en cambio, Jorge Volpi investigó y analizó minuciosamente qué sucedió con Israel Vallarta y con Florence Cassez. Después de revisar toda la carpeta de investigación, entrevistar a los protagonistas de la historia y repasar los principales trabajos periodísticos acerca del tema, encontró cientos de contradicciones: las fechas que registra el expediente no eran coherentes, los testimonios de las supuestas víctimas resultaban inconsistentes, había declaraciones encontradas en torno a cómo se descubrió que Israel Vallarta era secuestrador, muchos de los implicados fueron presionados violentamente por la policía… Así, Volpi concluyó que el sistema de justica mexicano “impedía (e impide) cualquier aproximación a la verdad” y que “no sólo estaba (y está) dominado por una arquitectura abstrusa e ineficiente, sino por una corrupción abismal y una aberrante manipulación política, así como por el uso indiscriminado de la tortura”. La policía se dedica a escribir, el escritor resuelve casos, los jueces son simples espectadores y los lectores nos volvemos jueces.

En su trabajo, Volpi es obsesivamente meticuloso: acecha y devela todas las fracturas del caso, detecta los lapsus en los que quienes mienten dicen por accidente la verdad y, cuando no se puede saber más, aventura hipótesis, dejando claro, eso sí, que no se trata de hechos corroborados. Su afanosa necesidad de comprender qué sucedió es comparable con la labor del detective que busca resolver un caso, con la del juez que debe determinar la culpabilidad o la inocencia de un acusado, o con la del periodista verdaderamente comprometido. La realidad, por desgracia, siempre es porosa, gris e inasible.

No es raro que el quehacer literario colinde con el trabajo periodístico. La noche de Tlatelolco retrata las voces de los estudiantes que participaron en el movimiento estudiantil del 68. La obra de Svetlana Aleksiévich hace lo propio con algunos de los episodios más oscuros del siglo XX, en particular, momentos terribles de la Unión Soviética. A sangre fría, de Truman Capote, nos permite conocer profundamente a un asesino, con lo cual entendemos un poco más el crimen que perpetró. Sobran ejemplos. No obstante, Una novela criminal tiene la particularidad de explorar los entresijos jurídicos del caso… No se trata de jugar con las aristas psicológicas, históricas o metafóricas de un evento, sino de desentrañar, a partir de los datos, qué sucedió, con el fin de condenar o absolver a los acusados y de desnudar los vicios del sistema de justicia en México. Por ello, incluso si se reconoce la existencia del periodismo novelado o de la novela sin ficción, Una novela criminal enriquece lo que entendemos por literatura; y es que esta actividad, como cualquier manifestación cultural, se adapta a las necesidades sociales. Resulta triste que el nuevo enfoque propuesto por Volpi sea más necesario que nunca. Basta con abrir un periódico para confirmarlo.

Si Jorge Volpi no escribió un reportaje, sino una novela, se debe a que este género es extremadamente eficiente para articular en su interior realidades complejas; no en vano ha sido la manifestación literaria más socorrida en la modernidad. La novela permite estructurar con claridad un caso como el de Cassez y Vallarta, que de otro modo resultaría inaprehensible. Los mexicanos intuimos que los conflictos judiciales y que las operaciones al interior de la política son tan complicados que jamás podremos entenderlos; gracias al trabajo de Volpi, cuando menos tenemos una certeza: sabemos que no sabemos nada, y que no podremos saber, debido a la estructura de nuestro sistema de justicia.

Lamentablemente, Una novela criminal no tendrá ningún efecto jurídico. La mayor debilidad (y la principal virtud) de la literatura es que incide en la realidad de una manera oblicua, modificando la sensibilidad de las personas. En este caso, el libro contribuye a que cambie nuestra manera de comprender la criminalidad: no es, como se nos quiere hacer creer, una lucha de buenos contra malos, de militares contra narcotraficantes, de policías contra cárteles… Nuestra sociedad se ha vuelto adicta a una criminalidad que nos destruye pero que nos permite sobrevivir. El Gobierno constituye la manifestación más descarnada y poderosa del bandidaje generalizado. La novela criminal no es aquella que escribió Volpi, sino la que escribieron al alimón García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Es esa que llevan escribiendo los políticos durante muchos años, en cada fraude, en cada desaparición. Es aquella que, con nuestros silencios y nuestras pequeñas omisiones, escribimos todos los días. La novela criminal es la novela nacional, donde nadie sabe qué pasa y donde todos, confundidos por las mentiras cotidianas, padecemos en mayor o menor grado, sin saber si somos escritores o protagonistas, criminales o víctimas. EP