“Más vale prevenir que lamentar”: dice el refrán. Una fórmula hacia la que se dirigen cada vez más los objetivos y las políticas de los sistemas sanitarios, y que expertos en otros ámbitos, como el medio ambiente y la biodiversidad, reivindican desde sus trincheras.

En esta premisa se sostiene el principio precautorio: la adopción de medidas protectoras antes de contar con pruebas científicas irrefutables de todos los riesgos posibles que entrañan ciertos productos o tecnologías para la salud o el medio ambiente. Un razonamiento con el que camarillas de científicos y organizaciones defienden frenar el uso del glifosato, el herbicida más vendido en el mundo y del que depende el maíz transgénico. Luego de que a principios de año México aprobara un decreto para limitar su importación para consumo humano, ha resultado ser el producto que más tensiones ha generado en las últimas negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

El principal argumento para eliminar la presencia del herbicida del territorio se sustenta en la protección del maíz nativo, domesticado hace 8 mil años y con un acervo genético de casi 60 razas distintas que salvaguardar como patrimonio nacional. Como evidencian numerosos estudios que han encontrado ADN de la variante modificada en cultivos de maíz nativo, incluso en zonas de montañas remotas de Oaxaca, los genes del maíz transgénico ponen en peligro la conservación de su diversidad.

Además de proteger este tesoro mexicano, el propósito de limitar el uso del glifosato es detener el peligro que representa para la salud humana. Aunque todavía se requieren muchos más estudios epidemiológicos sobre sus posibles efectos perjudiciales, por ejemplo, los derivados en animales criados para consumo humano, ya hay suficientes evidencias de la relación entre su exposición y retrasos en el desarrollo, enfermedades intestinales o daños en hígado y riñones. 

Recordemos que, en el 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como probable carcinógeno. Investigaciones realizadas en otros países han demostrado una correlación entre el aumento de más de 20 enfermedades —oncológicas, endocrinas, metabólicas y neurodegenerativas— con el incremento del uso agrícola del glifosato y del área plantada con soya y maíz transgénicos, dependientes del primero.

En México, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) —organismos que promueven la investigación continua sobre la bioseguridad del maíz en el territorio— han recopilado numerosos trabajos que también señalan el impacto del plaguicida en la salud de las poblaciones. Lo que ha llevado a una gran parte de la comunidad científica a exigir que, frente a la importación y uso del glifosato, se aplique el principio cautelar de prevención sanitaria y ambiental.

Pocas semanas antes de que se celebre un panel de la Representación Comercial de Estados Unidos con el fin de impugnar la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado en tortillas o masa y la sustitución gradual del glifosato, la Comisión Europea anunció la prórroga del uso del herbicida a 10 años más. Tras no llegar a un acuerdo entre países y la presión de lobbies industriales en la ciencia reguladora, el Parlamento rechazó la propuesta de reducción de plaguicidas en la instancia europea, responsable de velar por los derechos de los ciudadanos de todos los Estados que la conforman. 

La  noticia que nos llega del otro lado del océano aviva el debate en México y las tantas reflexiones que lo alimentan. Como exponen las científicas del Sistema Nacional de Investigadores, Mariana Benítez y Ana Wegieren, en un artículo de Pie de Página, resulta una urgencia considerar el principio precautorio en la regularización del uso del plaguicida. Afirman: “Muchas de las crisis socioambientales surgen de alteraciones a sistemas naturales complejos cuyo comportamiento sólo comprendemos parcialmente y los métodos científicos disponibles a menudo no son suficientes para entender los riesgos asociados a cierto factor, por lo que las limitaciones para identificar o cuantificar los riesgos a veces se malinterpretan como evidencia de seguridad de dicho factor”.

En su amparo por limitar el uso del plaguicida, las expertas sugieren que las decisiones en torno a su regulación se basen en la carga de la prueba, es decir, que quien proponga cierta actividad o producto sea el responsable de probar su seguridad y no los afectados por los daños. Una lógica aplastante frente a las dinámicas en la implementación de la mayoría de políticas de carácter socioambiental. 

Para advertir sobre las posibles consecuencias del uso indiscriminado del glifosato, las autoras encuentran un ejemplo perfecto en la industria del tabaco, un negocio cuya estrategia se ha basado en retrasar la precaución de los devastadores efectos de su producto; un negocio experto en sembrar engaño para seguir vendiendo a costa de acabar con tantas vidas. Como sostienen: “la duda científica termina convirtiéndose en una controversia política que se disputa de forma tramposa e injusta”. Y no les falta razón: el consenso científico requiere de una gran solidez, información en abundancia y evaluaciones rigurosas; la falta de resultados concluyentes siembra incertidumbres que pueden ser fácilmente manipuladas por los intereses. 

Nos consta de forma rotunda que aquellos detrás de la promoción de la “seguridad” del glifosato son evidentes y demasiados. Tantos que no faltará mucho para que la pugna a favor del fomento del herbicida acabe por considerarse un escándalo. Sin embargo, a falta de cautela y garantías, se prefirió tratar que prevenir. EP

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