Eduardo Suárez Aránzolo, quien fue secretario de Hacienda de los presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Manuel Ávila Camacho, de junio de 1935 a noviembre de 1946, negoció la deuda histórica de México, la de Ferrocarriles Nacionales de México y los pagos de indemnización de la expropiación petrolera, creó leyes e instituciones y fue iniciador e impulsor del crecimiento y desarrollo de México.
Texto de Enrique Alduncin Abitia 06/11/19
Eduardo Suárez Aránzolo, quien fue secretario de Hacienda de los presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Manuel Ávila Camacho, de junio de 1935 a noviembre de 1946, negoció la deuda histórica de México, la de Ferrocarriles Nacionales de México y los pagos de indemnización de la expropiación petrolera, creó leyes e instituciones y fue iniciador e impulsor del crecimiento y desarrollo de México.
Los ministros de Hacienda de México merecen una memoria histórica equiparable a la de los grandes generales y presidentes de la República; su quehacer, sin mucha luz y a veces en la sombra, ha sido fundamental en el desarrollo económico y social de nuestro país. Han tenido la responsabilidad de la conducción e instrumentación de las políticas públicas de las finanzas nacionales, de sentar las bases y reglas del quehacer financiero y económico, fuentes de la producción y del empleo, y por ello de elevar el nivel de bienestar de toda la población. En este cometido también han sido un vínculo de comunicación y negociación entre banqueros, los empresarios y el gobierno. Así como se ha subestimado su importancia, también se ha soslayado la importancia de los líderes y dirigentes de empresas del sector privado y de la relación entre el gobierno y las fuerzas productivas.
Las generaciones actuales recuerdan la época dorada del “desarrollo estabilizador”, entre 1958-1970, años en los que Antonio Ortíz Mena fue responsable de la Secretaría de Hacienda. Durante su gestión se lograron crecimientos anuales promedio de la economía de 6.6%, con una inflación anual promedio de sólo 2.2%1. Gracias a sus políticas de gran estabilidad, el país mantuvo durante dos sexenios una paridad de $12.50 pesos por dólar y un incremento generalizado de los niveles de bienestar. La clave del éxito fue: “La cooperación [que] se procuró buscando articular, a partir de objetivos y políticas bien definidos, los diversos [incluso encontrados] intereses. Alcanzar esos propósitos entrañaba mover a las diferentes clases y grupos de la sociedad en una misma dirección. Todos aportaban su parte para lograr la meta común. Combinar el crecimiento económico con la estabilidad de los precios en un clima de paz social”.2 En este quehacer fue vital e indispensable el diálogo y la negociación con todos los actores sociales en la generación de riqueza: obreros, campesinos, trabajadores, líderes sindicales y especialmente con los motores de la inversión, empresarios y directivos de la banca privada.
La labor de Antonio Ortiz Mena tuvo como cimiento el extraordinario desempeño de un notable antecesor: Eduardo Suárez, quien tuvo las riendas de la economía y las finanzas del país casi doce años. Antes de ser titular de Hacienda, Eduardo Suárez colaboró con sus antecesores: Alberto J. Pani, secretario de Hacienda de Álvaro Obregón (1923-1924), Plutarco Elías Calles (1924-28) y Pascual Ortíz Rubio (1932), en la reforma monetaria de 1932 y en la Conferencia Económica de Londres, con el secretario de Hacienda Marte R. Gómez (1934) durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez en la emisión de bonos de caminos y en el Comité Internacional de Banqueros en las negociaciones de la deuda externa histórica. Durante la presidencia de Lázaro Cardenas, el secretario Suárez fue responsable, entre otros importantes logros, de la Ley de Instituciones de Seguros (1935), la revisión de la Ley del Banco de México (1936), de la Ley de Justicia Fiscal (1936), la instalación del Tribunal Fiscal y la creación del Banco Nacional de Comercio Exterior, ambos en 1937. Con el presidente Ávila Camacho promulgó la Ley Orgánica de Nacional Financiera (1940), la operación de la Compañía de Atenquique (1941), la reforma de la Ley del Banco de México (1941), creó una nueva Ley de Instituciones de Crédito y de Altos Hornos de México, ambas en 1942. Deja constancia de su gestión en sus extensas memorias: Comentarios y recuerdos (1926 -1946). Juzgue el lector su quehacer de su propia voz en tres aspectos trascendentales:
1. La Ley de Instituciones de Crédito antes de ser secretario de Hacienda y ya siéndolo.
2. La renegociación de la deuda externa histórica de México y de la de Ferrocarriles Nacionales de México y la de Petróleos Mexicanos, que en aquella época pesaba, aunque en menor grado ahora.
3. La expropiación petrolera, uno de los eventos más importantes y trascendentales de la historia de México.
El papel de la comunicación: confianza, lealtad y amistad
El secretario Eduardo Suárez tenía excelentes relaciones de amistad y comunicación con los empresarios, directivos y funcionarios de la banca y las instituciones de crédito, como se aprecia en sus memorias. Destaca en ellas don Agustín Legorreta, director del Banco Nacional de México, quien fue un factor fundamental en la elaboración de las Leyes de Instituciones de Crédito y en la renegociación de la deuda externa que normalizó y abrió el crédito externo de México, indispensable para su desarrollo. Estas relaciones se extendían en todos los ámbitos: con sus subalternos y colaboradores, académicos, intelectuales y compañeros del gabinete. Privilegió en primer lugar la comunicación con los presidentes de la república, quienes lo distinguieron con una confianza total que no procedía de una amistad previa. Fue recomendado al general Cárdenas por el expresidente Emilio Portes Gil, que desempeñó un papel clave en la defenestración del general y expresidente Plutarco Elías Calles de su posición como Jefe Máximo de la Revolución, desde la cual ponía, quitaba y tutelaba a los presidentes y secretarios de estado, así como a diputados, senadores, gobernadores y jefes militares de los estados. El presidente Cárdenas lo exilió y cambió todo el gabinete. Eduardo Suárez conocía al presidente Cárdenas sólo de pláticas sostenidas con él cuándo fungía como presidente del pri, con el propósito de obtener el apoyo y la aprobación del partido oficial a la Ley del Trabajo, en la que participó don Eduardo Suárez como abogado y experto en temas laborales. En su primera entrevista con el presidente Cárdenas le externó “que se sentía, sin falsa modestia, capacitado para el cargo, más creyó su deber comentar que lo superficial de su relación previa no lo autorizaba a esperar la confianza que un secretario de Hacienda necesita del jefe del país. ‘Estoy dispuesto a otorgársela’, fue la respuesta del general. ‘Si se la pierdo se lo haré saber’. Y así se inició una gestión de once años y medio”.3
De su relación con los secretarios homólogos en Estados Unidos refiere: “Cuando visitaba a los secretarios de hacienda de Estados Unidos que fueron amigos míos, por ejemplo el señor Morgenthau, que lo fue del señor presidente Roosevelt o el señor Snyder, que lo fue del señor (presidente) Truman, que tenían sus mesas limpias de expedientes y sus antesalas vacías, y tiempo para charlar apaciblemente con sus amigos, porque podía confiar para la resolución de los asuntos más delicados, llamémosle así, en el excellent staff, en el estado mayor del Tesoro americano”.4 No es que el secretario Suárez se quejara de su equipo, con el que tenía excelentes relaciones sino del
“…destino de todos los secretarios de Hacienda que han ocupado este puesto en nuestro país, o sea el trabajo intenso hasta las primeras horas de la madrugada, pues en México todo el mundo quiere tratar sus asuntos directamente con el secretario, y además una defectuosa y tradicional división del trabajo obliga a éste a ocuparse de asuntos que podría delegar en subalternos honestos y competentes. Esa delegación sí tuvo lugar, y por fortuna conté con algunos colaboradores distinguidos en los altos puestos, pero a pesar de eso yo tenía que trabajar directamente en asuntos de segunda importancia, pues así lo exigían las presiones de personas que deseaban resolución directa del secretario.” 5
Las leyes de instituciones de crédito
El andamiaje y la estructura del sistema financiero y bancario se creo en la etapa posrevolucionaria, con el establecimiento de leyes e instituciones en las que mucho contribuyó don Eduardo Suárez:
“Inmediatamente después de la expedición de la Ley de 1932, el señor ingeniero Pani planeó proponer un vasto plan de organización crediticia; a este fin, me encomendó que, en unión de los señores licenciados Manuel Gómez Morín y Miguel Palacios Macedo, formásemos una comisión para elaborar una Ley de Instituciones de Crédito y otra de Títulos y Operaciones de Crédito. A esta comisión se agregó como secretario el señor doctor Uriel Navarro, que desempeñaba el cargo de director general de Crédito en la Secretaría de Hacienda. La Ley de Instituciones de Crédito fue elaborada en su mayor parte por el señor licenciado Gómez Morín y examinada después por algunos banqueros experimentados de la confianza del señor ingeniero Pani, principalmente por el señor don Agustín Legorreta, director general del Banco Nacional de México […] Esta ley, formulada de acuerdo con sólidos principios de economía bancaria, fue muy importante, no sólo por su perfecta formulación técnica, sino también porque estableció que todos los bancos del país tenían que invertir su capital y los depósitos del público —así como los recursos que tuviesen a su disposición— en valores mexicanos, y solamente se les permitió hacer inversiones en el extranjero para garantizar obligaciones que hubiesen contraído en moneda extranjera.” 6
La renegociación de la deuda externa histórica de México
México inicia su independencia con una abultada deuda externa que pesa e inhibe su desarrollo. Después de las guerras de la Reforma, en 1861, el presidente Benito Juárez enfrenta falta de liquidez y por necesidad decreta una suspensión de pagos temporal, que fue causa de una intervención de Inglaterra, España y Francia con amenaza de invasión. Se negoció con Inglaterra y España, pero las ambiciones coloniales de Napoleón iii impusieron por las armas al emperador Maximiliano. Es hasta el porfiriato, en 1884, durante la presidencia de su compadre el general Manuel González, cuando uno de los principales impulsores de la creación del Banco Nacional de México, Edouard Noetzlin, logra acuerdos y consensos con los tenedores de bonos. Estos acuerdos fueron la base de las negociaciones de don Manuel Dublán, secretario de Hacienda del general Porfirio Díaz quien, con apoyo de Noetzlin y del Banco Nacional de México, logra en 1888 un acuerdo exitoso para consolidar la deuda y abrir las puertas del crédito externo y contribuir al desarrollo económico del país.
Con la Revolución se suspendieron los pagos y tratos; el nuevo gobierno buscó resolver su incumplimiento y volver a ser sujeto de crédito, sin avances, hasta que intervino don Eduardo Suárez:
Al reanudar relaciones con el Comité Internacional manifesté al señor Lamont [presidente del Comité y representante del Banco Morgan] que él siempre había tenido el deseo de que los fondos en su poder se distribuyesen de acuerdo con los tenedores de bonos y con el gobierno de México; que estábamos anuentes en reanudar las pláticas para llegar a un convenio con los tenedores de bonos de la deuda directa y con los tenedores de bonos de los Ferrocarriles Nacionales, siempre que se empleasen los bonos que el Comité conservaba para ayudar a México en el pago de sus compromisos en la deuda exterior, y que sólo serían elegibles para acogerse al convenio aquellos tenedores de bonos que hubiesen autorizado al Comité a usar los fondos en la manera indicada. Además argumenté que se excluyesen los tenedores de bonos que se encontraban en la Europa central, dominada por los países del Eje —con los cuales nos encontrábamos en estado de guerra—, conforme a la recomendación de la Conferencia Internacional Americana sobre sistemas de control económico y financiero de 1942, a la cual asistió don Eduardo Villaseñor, director entonces del Banco de México. De esta forma nos librábamos del pago de bonos por valor nominal de varios millones de dólares. Además manifesté al señor Lamont que recordara que el mismo señor Morrow, embajador de los Estados Unidos en México y ex socio influyente de la casa Morgan, le había manifestado a él mismo, cuando se hizo el convenio con el señor Montes de Oca, en el año de ´32 que era absolutamente injusto y poco conveniente, tanto para el gobierno de México como para los tenedores de bonos, hacer un convenio que estuviera fuera de las posibilidades de México el cumplirlo; que, en consecuencia, yo estimaba que México podría pagar las deudas, tanto de la deuda directa como de los Ferrocarriles, obligaciones estas últimas que el gobierno asumía plenamente por haber expropiado éstos en el año de ´37, y por haberlos administrado anteriormente, con las siguientes condiciones:
1) Condonación completa de intereses caídos hasta la fecha de la celebración, y
2) Conversión del principal de los bonos a fin de pagar un peso por cada dólar americano.
Mucho trabajo costó convencer al señor Lamont de que aceptara estas condiciones, pero al fin, ya cuando Estados Unidos había entrado a la guerra, el señor Lamont me manifestó que estaba anuente en aceptar los términos de mi propuesta en principio, y que creía poder convencer a los tenedores de bonos, tanto americanos como ingleses, aunque dudaba de poder convencer directamente a los tenedores franceses de aceptar términos tan liberales, y me aconsejó que le pidiese al señor don Agustín Legorreta, director del Banco Nacional de México, que se trasladara a París y usara la gran influencia que tenía en el Banco de París y los Países Bajos, representante de los accionistas que por muchos años lo fueran del Banco Nacional, para que aceptaran la proposición del gobierno mexicano. El señor Lamont, aunque, como he dicho, de modales de una finura irreprochable, era, sin embargo, hombre altivo, pues creía y, con razón, que representaba al banco más influyente de los Estados Unidos, y, probablemente, en aquella época, del mundo entero. Debe haberle costado trabajo admitir que el señor Legorreta podría lograr lo que para él era imposible en un asunto de carácter financiero. Hablé con don Agustín y me manifestó que inmediatamente se trasladaría a París para cumplir con lo que él consideraba un deber patriótico, y que haría todos los esfuerzos necesarios para convencer a sus amigos de París de que aceptaran el convenio propuesto por la Secretaría de Hacienda, agregando que este viaje lo hacía en forma absolutamente desinteresada y que no cargaría al gobierno ni siquiera sus gastos de traslado y de estancia en París durante el tiempo que durase en hacer las gestiones. Los tenedores franceses anunciaron al señor Lamont que apoyaban la aprobación del convenio en la forma propuesta por nosotros. Los convenios son en sus detalles un tanto complicados, y pueden conocerse en la obra del señor Jan Bazant; así sintetiza él los resultados del Convenio de 1942:
“El monto total, que en el convenio de 1930 se estimó todavía en Dls. 274,669,270, se redujo de este modo a Dls. 230,631,974. Determinado así el capital, se propuso una quita de modo que México no pagaría sino un peso por cada dólar. A cambio de esto, México se obligó a pagar el capital reducido a elección de los tenedores en pesos o en dólares, a la paridad actual de 4,85, independientemente de que ella variara en el futuro. El monto de las obligaciones de México sería pues en moneda nacional de 230,631,974 pesos mexicanos. México cubriría intereses por el capital ajustado a una tasa que, considerando el total de las obligaciones, sería en promedio 4,35% anual.”7
Los intereses anteriormente vencidos quedaban prácticamente condonados, pero para recoger los títulos expedidos de acuerdo con el Convenio del ´22 y del ´25 se pagarían cantidades que fluctuaban entre el 1% y un décimo del 1%, de suerte que, por los intereses, que montaban 278,901,366 pesos, se pagó para reducir el cash warrants y scrips alrededor de dos millones de dólares, que se pagarían íntegramente con parte de los fondos en poder del Comité. El Convenio de 1942 redujo, pues, la deuda exterior titulada directa de México a Dls. 49 560 750 o sea menos del 10% de su monto original,8 de los cuales hay que deducir los bonos comprados directamente en el mercado, los comprados a través del Chase National Bank, que fueron remitidos a un precio inferior, y además deben excluirse los bonos en poder de los ciudadanos del Eje, que quedaron fuera del convenio.
Con la deuda de los Ferrocarriles se hizo un nuevo convenio en el año de ´46, sobre bases semejantes a las pactadas para la deuda directa, con algunas variantes para aquellos tenedores de bonos que habían conservado en sus libros el valor nominal de éstos, práctica seguida en Inglaterra, para los cuales hubo necesidad de hacer dos planes, uno semejante al de la deuda directa, el Plan A, y otro, el Plan B, especialmente diseñado para el grupo especial de tenedores, pero ambos calculados en forma tal que de hecho fuesen absolutamente equivalentes, para evitar que hubiese tenedores de bonos que se inclinasen por alguno de los convenios por ofrecer alguna ventaja financiera.9
La expropiación petrolera
Esta confianza basada en su desempeño, honestidad y lealtad se expandió al grado de convertirse en un consejero del presidente Cárdenas en los más importantes y graves asuntos. Sobre el más trascendental, la expropiación petrolera refiere: “No era yo —en esos difíciles momentos— ni con mucho, el único consejero del presidente. Este consultó, como era de rigor, a aquellas personas que podían darle información y aun opiniones sobre los pasos que estaba tomando, pero puedo afirmar que, por razón de mi puesto y de la confianza que me demostró el señor presidente, estuve presente en los actos más importantes”. Esclarece en sus memorias que “ésta no tuvo su origen en la vieja discusión acerca de la propiedad del subsuelo y de las leyes petroleras que establecieron el uso y la explotación del petróleo, sino que tuvo un origen meramente laboral”.10
Al inicio de la huelga petrolera el secretario Suárez se encontraba con su amigo el secretario Morgenthau y el subsecretario de Estado Sumner Welles en Washington, negociando un préstamo muy necesario. En estas entrevistas trató el asunto de la huelga, logró una postura positiva del gobierno estadounidense e incluso de su presidente. El secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, fungió también como secretario de Relaciones Exteriores, dados sus contactos y relaciones personales; el subsecretario Sumner le manifestó que las noticias de México eran alarmantes, ya que la huelga se prolongaba sin que se viera una solución pues la Junta de Conciliación y Arbitraje —cuya comisión presidia Jesús Silva Herzog, alto funcionario de la Secretaría de Hacienda— emitió un dictamen sobre los incrementos salariales y las prestaciones que deberían otorgar las compañías extranjeras a los obreros que los patrones consideraban muy difícil de cumplir y que ya se había interpuesto un amparo ante los tribunales federales. Don Eduardo recomendó que se enviará a negociar un alto funcionario de las compañías más grandes con capacidad de decisión. Se envió al señor Armstrong de la Standard Oil, quien adoptó una postura intransigente en las negociaciones. Después de un tiempo sin avance le solicitó al secretario Suárez una entrevista con el presidente, en ella:
“Habló largo y tendido con el presidente Cárdenas, quien le manifestó que estaba dispuesto a ayudarlo para llegar a una solución favorable para ambas partes, pero que él tenía como única base para hablar a los trabajadores la que había determinado la comisión de peritos nombrada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, que había leído con gran cuidado el dictamen y que consideraba que estaba redactado con espíritu constructivo, se establecía que las compañías deberían pagar a sus obreros la suma de 23 millones de pesos en incremento de salarios y en prestaciones adicionales. También establecía que una cantidad mayor pondría en peligro la estabilidad financiera de las empresas. Que en consecuencia, si el señor Armstrong y sus compañeros estaban dispuestos a negociar sobre esa base, él hablaría con los trabajadores y les haría ver la conveniencia de llegar a un acuerdo. El señor Armstrong expresó que la cantidad que fijaban los peritos era totalmente inaceptable para las empresas, y en consecuencia no podía ser materia de discusión. El señor presidente manifestó que era la única base sobre la cual él podía intervenir, pues era un dato oficial recabado por personas competentes y de rectitud probada […] Concluida la conferencia, el señor presidente me dijo: “Ya ve usted que las empresas no mostraron ningún interés en llegar a un acuerdo con sus obreros. Por el momento voy a dejar pasar algunos días sin hacer nada, a fin de ver si los representantes de la compañías reflexionan sobre el asunto tan importante que tienen entre manos y para yo mismo pensar serena y fríamente el siguiente paso que debo dar”. Pasados algunos días el señor presidente me citó para que me presentase en su domicilio particular en Los Pinos. Esperé un poco en la antesala y vi salir del despacho del señor presidente al señor licenciado Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, y a los líderes del Sindicato Petrolero. En seguida el señor presidente me invitó a que lo acompañara en su automóvil a que diéramos algunas vueltas por el Bosque de Chapultepec, para ponerme al tanto de lo que había determinado que debía hacerse y para que nos reuniésemos posteriormente con los miembros del gabinete presidencial, a quienes tenían reunidos. Durante el trayecto me pidió que explicara en su nombre al Consejo de Ministros todos los esfuerzos que se habían hecho para llegar a un acuerdo con los trabajadores de la industria petrolera y con las empresas; que la huelga estaba ya causando muy serios trastornos a la economía nacional y que no podía continuar así por tiempo indefinido, pues, como yo sabía, la industria y los transportes de México se movían principalmente con productos del petróleo, y que la huelga, de prolongarse algunos días más, tendría la consecuencia de paralizar la economía nacional; que en vista de la intransigencia de las compañías para negociar, no le quedaba más remedio que expropiar los bienes de las compañías petroleras en su integridad, y que había dado ya instrucciones a la Secretaría de Economía Nacional para que se preparasen los efectos correspondientes. Llegamos a Palacio, y en el salón de Consejo de la Presidencia de la República el señor general Cárdenas me dio la palabra para exponer lo que habíamos hablado en nuestro paseo por el Bosque de Chapultepec. Todos los ministros aprobaron la resolución tomada, y el decreto de expropiación fue firmado ahí mismo por el señor presidente y refrendado por el señor don Efraín Buenrostro, secretario de Economía Nacional, y por mí, en mi carácter de secretario de Hacienda. No me pareció conveniente que estuviese presente y diese su entusiasta aprobación el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que si queremos, como debe ser, que la justicia sea respetada en el extranjero, su más alta representación, la Suprema Corte de Justicia, tiene obligación de encerrarse con austeridad y dignidad dentro de sus altas funciones, y no compartir los acuerdos de carácter político-administrativo que eventualmente tiene obligación de juzgar en caso de ser requerida para ello.
El señor presidente Cárdenas se dirigió posteriormente a la nación en un vibrante mensaje cuya redacción encargó al señor general Francisco Múgica. Creo que la nación en su conjunto dio su aprobación a la audaz medida tomada por el presidente, y aun las clases más pobres del país contribuyeron con su óbolo personal para pagar a las compañías petroleras, contribución que en un principio se aceptó para no desairar la contribución de buena parte del pueblo mexicano, pero que era enteramente inapropiada para pagar los millones que deberían pagarse a las compañías petroleras. Posteriormente, el señor presidente rogó que se devolviesen estas cantidades aportadas. Tanto en el decreto expropiatorio como en el discurso del presidente a la nación se hizo patente que debía indemnizarse a las empresas no con fundamento en ningún precepto de Derecho internacional, sino en cumplimiento de la Constitución mexicana y de la propia Ley de Expropiación, que establecían que la propiedad privada puede expropiarse mediante el pago de una compensación a sus propietarios cuando así lo exija el interés público.”11
Al concluir su gestión como secretario de Hacienda durante dos sexenios un periodista le pide a don Eduardo Suárez que señalara sus principales satisfacciones. Respondió:
Su breve respuesta refleja modestia en sus logros, así como sus valores, su carácter y honestidad. Personas de su talla han hecho grande a nuestra nación.
Notas
DOPSA, S.A. DE C.V
