Primero. A inicios de octubre el Gobierno de Chile informó un alza al pasaje del metro de la ciudad de Santiago, uno de los más caros de Latinoamérica. Esto produjo un descontento masivo debido al aumento irrisorio de los costos de vida, considerando toda vez que corresponde a 1/6 del sueldo mínimo que la mayoría de nuestro país gana mensualmente (este es de US 414). Por ello se desató la furia colectiva que se canalizó por medio de acciones de evasión al cobro del metro realizadas principalmente por estudiantes secundarios y universitarios. Hubo enfrentamientos violentos con policías, se destruyeron estaciones de metro antes protegidas por efectivos policiales que (sospechosamente) fueron dejadas a su suerte, ocurriendo los incendios. Acompañado a esto, la sociedad civil se aunó a partir de diversos llamados espontáneos y colectivos para denunciar y resistir a la violencia policial, ocurriendo cacerolazos, barricadas, y destrucción de locales comerciales como farmacias (en respuesta a la sostenida colusión de precios en medicamentos), supermercados (mayoritariamente grandes cadenas transnacionales como Walmart y de grandes empresarios como Tottus (grupo Falabella) y Unimarc (CorpGroup)), y la banca. Para deslegitimar al movimiento ocurrieron montajes como el incendio a la escalera de emergencia del edificio de la corporación de luz de Santiago (que por ley están cubiertas de pintura anti-incendio), y quema de buses dados de baja y abandonados en el centro de Santiago, entre otros. A raíz de esto, el presidente chileno decretó Estado de Emergencia desplegando a un sinnúmero de efectivos militares los cuales utilizaron tanquetas y armas de grueso calibre contra la ciudadanía, recordándonos los días del Golpe Militar. El presidente al día siguiente y ante el clima de protestas, declaró la cancelación de la subida del pasaje, sin embargo, no sirvió para apaciguar los ánimos de levantamiento popular. Por ello, se anunció el Toque de Queda, primero en Santiago y regiones aledañas, y luego casi en todo el país. 

Segundo. Las indolentes consignas de la clase política de derecha chilena provocaron la ira del pueblo. Estas han mostrado la cara real de la derecha apática e indiferente frente a la desigualdad que existe en Chile.  (Algunas de estas son:  1.- “El que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”, del Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine. 2.- “Si se solucionara la guerra comercial, tendríamos muy probablemente un aumento en el precio del cobre y una caída en el tipo de cambio. Eso sería esperable, así que yo también le voy a pedir aquí a las madres que nos ayuden, a que recen para que se solucione la guerra comercial [entre China y Estados Unidos]”, del Ministro de Hacienda Felipe Larraín. 3.- “Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, del Ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. 4.-“Hasta Chile podría verse impedido de jugar una Copa América, porque va a exceder las horas que se están planteando [debido a la posibilidad de bajar a 40 hrs. laborales semanales]”, del Ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg. 5.- “Es un debate transversal, sobre todo en un país donde la gran mayoría son o somos propietarios, no tenemos mucho más, porque es nuestro patrimonio… La casita, dos departamentos…”, del Ministro de Vivienda Cristián Monckeberg).

Tercero. Las sostenidas alzas del precio del metro (en 2 años) van de USD 1.02 a 1.14. Cabe destacar que el 30% de los ingresos en Chile van a parar al 1% más rico de la población. Debo señalar que Chile es uno de los 15 países más desiguales del mundo junto a Panamá, Ruanda, Gambia y Brasil; actualmente se encuentra regido por una constitución realizada dentro del contexto dictatorial pinochetista promulgada el 21 de octubre de 1981; es uno de los países con mayor PIB de la región y sus salarios son equiparables a los de Paraguay con un costo a la vida equiparable al de España; el endeudamiento de las y los ciudadanos para llegar a fin de mes alcanza el 48% del PIB; para estudiar en la universidad se debe recurrir a créditos de consumo y préstamos bancarios con alta tasas de interés; y el sistema de pensiones es privado y aunque las administradoras de fondos de pensiones ganan el doble de lo que pagan a sus beneficiarios se niegan a adelantar las prestaciones aunque tengan enfermedades terminales.

Cuarto. La consigna “No son 30 pesos, son 30 años” es el argumento central de las protestas. No se lucha por 30 pesos chilenos de alza del metro, sino por 30 años de aplastamiento a las posibilidades dignas de existencia ante la falsa promesa que significó la vuelta a la democracia. Ante la sostenida alza para “vivir con calidad”, los diversos “perdonazos” estatales a la deuda privada (que pudieron haber financiado ampliamente el alza de los medios de transporte), la extracción de recursos mineros por grandes empresas transnacionales que han empobrecido a las comunidades aledañas, la privatización del agua entregados a perpetuidad y de forma gratuita a grandes empresas agrícolas –siendo el único país del mundo y que ha llevado a la sequía total a numerosas poblaciones de la región central-, la destrucción del suelo marino por grandes salmoneras nacionales y extranjeras, la privatización del mar chileno -que a partir de la Ley de Pesca, 7 familias pasaron a ser dueñas de sus recursos-, la concentración de más de la mitad de la minería en manos de transnacionales extranjeras,  y la entrega de suelos Mapuche a empresas forestales, han obrado en favor del enriquecimiento del 1% más rico de la población. A este saqueo sistémico se suma la corrupción y el robo de erario público por las instituciones policiales y militares que llevaron a bajar estrepitosamente la percepción que tenían en la opinión pública.

Quinto. Las diputadas Camila Flores y Erika Olivera (partido Renovación Nacional) hoy 23 de octubre en sesión parlamentaria, rompieron las imágenes que cargaba la diputada Pamela Jiles (partido Humanista) en señal de protesta, con datos y cifras de detenidos, torturados y desaparecidos por militares y carabineros chilenos durante las últimas horas. Estas imágenes eran utilizadas por Jiles para encarar al actual Ministro del Interior Andrés Chadwick (UDI, primo del actual presidente Sebastián Piñera) con datos concretos sobre los resultados de la represión policial y militar. Esta indolencia del actuar de la derecha chilena es reflejo de la extrema crisis que vivimos hoy en este país conosureño, que lleva más de 30 años con una constitución militar que ha privado en escalada, desde el año 1981, las libertades y garantías sociales. 

Sexto. Henry Boys, abogado y estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile -que se dice ser portavoz de la derecha conservadora al igual que Alex Kaiser-, publica en un audio dirigido a chilenas y chilenos que no se debe hablar de los recientes acontecimientos denominado “pacto social”. Relativiza al movimiento social y sus demandas, pues para él (y muchos de sus adherentes) “en Chile no ha explotado ninguna olla a presión”, ya que “los actos vandálicos emanados en forma esporádica son resultado de la acción organizada y estratégica de grupos terroristas y paramilitares que buscaban desestabilizar al país y romper con el orden institucional de la República”. Las razones las extrae de la Secretaria General de la OEA en un reciente comunicado “de unas semanas atrás”, que estipula que desde Caracas y La Habana orquestaron un plan internacional para poner en riesgo las democracias latinoamericanas, incluida la chilena. Este plan -dice su comunicado-, fue bien recibido por algunos grupos [de extrema izquierda], dato respaldado por la inteligencia militar chilena, y publicado por el periódico conservador La Tercera. Según él se demuestra así que el vandalismo sufrido por algunas estaciones de metro de Santiago fue realizado y coordinado por una logística con un objetivo determinado: “desestabilizar el país, romper con la democracia, lograr que el presidente sea destituido para así invocar a una asamblea constituyente”. Este audio que circula en los teléfonos y al cual tuve acceso, confirma la intención de desviar el foco hacia la creación de un “mal mayor” que en palabras de Piñera se trata de un “enemigo poderoso” que intenta descontrolar el país para hacerse del poder. Así para la derecha, no hay razón del levantamiento popular actual debido a que, según Boys, “gozamos de una democracia estable y de una vida política sana”.

Séptimo. La violencia diaria, los saqueos y destrozos han servido para que buena parte de la clase política se centre en estos aspectos y no en las razones que la protesta social ha levantado. 

Octavo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que han contabilizado 42 muertos, de los cuales el Instituto de Derechos Humanos de Chile confirma 5 por manos del Estado; 12 mujeres violadas, 121 desaparecidos, miles de torturados y heridos, y más de 10.500 efectivos militares, policiales y detectives desplegados por las ciudades chilenas. El toque de queda no detuvo los saqueos y a pesar de ello no ha sido derogado; por el contrario, se prevé el aumento de efectivos militares en las calles. 

Noveno. Si Chile ostenta uno de los peores sistemas educacionales en Sudamérica y uno de los más caros a nivel mundial, un sistema de salud precario y excesivamente, una crisis en los fondos de pensiones, salarios miserables, trabajos precarios que oprimen a las familias, corrupción política e institucional, una de las tasas más altas en el mundo en materia de desigualdad social, colusión de precios en papel higiénico, medicamentos, pollos, y retail; y ser el único país en el mundo donde el agua no es un bien público, entonces, ¿cuál es la cara que el mundo ve de este flaco y “admirado” país?, 

Décimo. El pueblo chileno llama a generar una nueva constitución que no recuerde los años dictatoriales, demanda la estatización de los servicios básicos (agua, luz y transporte); la nacionalización de los recursos naturales (cobre, litio y el mar); contar con una democracia directa y participativa con plebiscitos vinculantes; la penalización de la corrupción en políticos y grandes empresarios; la reivindicación de pueblos originarios, respeto y devolución de sus tierras; y que la salud, la educación y las pensiones se vuelvan dignas, de calidad y universales. 

Por ello se solicita como pueblo la Destitución de Piñera para que quien tome el poder sea el Parlamento así llamar a elecciones y posibilitar una Asamblea Constituyente y popular. En caso contrario si Piñera renuncia quien asumiría el cargo sería el Ministro del Interior Andrés Chadwick, defensor de Pinochet y seguidor del neoliberalismo a ultranza. A mi parecer, en el contexto de esta insurgente primavera latinoamericana con los levantamientos en Colombia, Haití, Honduras, Ecuador, Argentina y Brasil, la ciudadanía chilena debiera llamar a la Unidad de los Pueblos Latinoamericanos y a la lucha reivindicativa de los derechos fundamentales de cada ciudadano y ciudadana de Nuestra América. EP

Las fotografías son cortesía de Andrea Sánchez Grobet

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