Desde hace varios años, y con especial énfasis a partir de los procesos de declaratoria de las Alertas de Violencia de Género en México, la violencia contra las mujeres (en específico la violencia feminicida) es parte central de las críticas que organizaciones feministas plantean a las autoridades gubernamentales, dada la falta de aplicación de la […]
Texto de Daniela Cerva Cerna & Frida Hernández Ojeda 14/10/19
Desde hace varios años, y con especial énfasis a partir de los procesos de declaratoria de las Alertas de Violencia de Género en México, la violencia contra las mujeres (en específico la violencia feminicida) es parte central de las críticas que organizaciones feministas plantean a las autoridades gubernamentales, dada la falta de aplicación de la […]
Desde hace varios años, y con especial énfasis a partir de los procesos de declaratoria de las Alertas de Violencia de Género en México, la violencia contra las mujeres (en específico la violencia feminicida) es parte central de las críticas que organizaciones feministas plantean a las autoridades gubernamentales, dada la falta de aplicación de la norma e implementación de políticas públicas efectivas y sujetas a procesos de seguimiento y evaluación. Las cifras oficiales emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad señalan que a la fecha se presentan en promedio 10 feminicidios diarios en la República Mexicana.
Partimos de la premisa que las políticas públicas y reformas a las leyes en cualquier parte del mundo deben diseñarse tras un exhaustivo diagnóstico de la condición y situación de las personas que serán afectadas por las mismas. Diseñar o reformar leyes sin ceñirse a dichos diagnósticos no sólo es irresponsable, sino que puede agravar violencias sistémicas. Un ejemplo claro son las leyes que penalizan el aborto sin tomar en cuenta las repercusiones y los riegos en la vida de las mujeres, o la despenalización del lenocinio vinculado a la prostitución, sin tener en cuenta la magnitud de la trata con fines de explotación sexual en México.
En el caso específico de la prostitución, de acuerdo con los Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay más de 800 mil personas dedicadas a la prostitución, de las cuales más del 90% son mujeres y niñas. Por su parte, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWLAC) señala que al menos 500 mil mujeres y niñas son explotadas en México, de las cuales el 75% fueron ingresadas a la prostitución desde los 12 años.
Por su parte, en el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con datos proporcionados por fiscalías y procuradurías, sólo se registran 5,245 victimas de trata, de las cuales 3,308 son mujeres y 1086 son niñas. La Ciudad de México concentra el 29% de las victimas (1,506) de todo el país.
Tal disparidad de cifras demuestra el bajo porcentaje de victimas de trata identificadas por las autoridades en México, disparidad que supera la cifra negra estimada por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC), que indica que por cada victima de trata detectada, existe un estimado de 20 victimas sin detectar.
Las propuestas que busquen regular, perseguir, prohibir, sancionar o proteger a las personas que se dediquen a la prostitución, deben tener en cuenta el contexto de las mujeres y niñas en México, así como considerar las ventajas que gozan quienes se benefician de la prostitución forzada o consentida de estas mujeres; ventajas que se incrementarían al protegerlos como empresarios en lugar de perseguirlos por proxenetismo.
Por otra parte, dadas las heterogéneas características sociales, económicas y culturales de las mujeres en México, es imperante que dichos diagnósticos sean intersecionales; es decir, que analicen la condición y las situaciones de las niñas y mujeres, así como los problemas de justicia social preexistentes a través del cruce de desventajas sociales, teniendo presente la multiplicidad de situaciones que colocan a las mujeres en una posición de vulnerabilidad -origen étnico, condición migratoria, pobreza y exclusión social, entre otras- frente a la violencia de género en México
1. El contexto de la violencia feminicida en México
Mujeres y niñas migrantes e indígenas
De acuerdo con la investigadora Diana Maffía, los grupos más vulnerabilizados[1] por la sociedad en América Latina son los adolescentes, minorías sexuales, mujeres en prostitución, afrodescendientes y migrantes; en el caso de México lo son las mujeres y niñas, a lo que se suman otras situaciones de vulnerabilización social como el origen étnico y la situación migratoria irregular.
El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que, en 2018, de las 138,611 personas que llegaron a México buscando ayuda, 33,673 eran mujeres y 18,592 eran niñas, de las cuales 2,631 eran niñas no acompañadas, Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó que 12,082 mujeres, 3,382 niñas y 102 niñas no acompañadas pidieron asilo.
Actualmente, dicho flujo migratorio se ha incrementado en un 550%; tan sólo de enero a marzo de 2019 ingresaron a México 762,836 personas sin permiso para actividades remuneradas en calidad de “visitantes por razones humanitarias”, de las cuales 380, 987 son mujeres.
Las principales violencias que niñas y mujeres migrantes viven en países de paso y destino como México, son el acoso, la violencia sexual, la trata de personas y prostitución forzada. Así lo acredita el reporte “Mujeres en Fuga” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 2015. El 70% de mujeres y niñas migrantes son victimas de violencia sexual durante su paso por México, dicha violencia continua una vez que llegan a su destino, donde suelen ser explotadas laboral y sexualmente.
El análisis de esta situación advierte que la naturalización de la violencia sexual hacia las niñas y mujeres migrantes suele engendrarse en sus países de origen. En Honduras, por ejemplo, en 2015 más del 92% de las victimas de violencia sexual fueron niñas y adolecentes de entre 10 y 19 años. En El Salvador sólo 3 de cada 10 víctimas denuncian y las resoluciones judiciales suelen absolver a los acusados justificándolos con el “amor”, las costumbres sociales u obligando al victimario a casarse con la víctima para reparar el daño.
Aunque no existen cifras oficiales en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que la falta de oportunidades para mujeres y niñas migrantes hace que estén más expuestas a la trata de personas con fines de explotación sexual, y su posibilidad de ser vulnerabilizadas depende de su edad, condición migratoria y pobreza la que se incrementa si son indígenas.
En cuanto a población indígena, en 2015, la Encuesta Intercensal del INEGI reportaba 12,025,947 personas o el 10.1% de la población total del país, de las cuales 51.1% (6,146,479) son mujeres, concentrándose más del 75% en las entidades de Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), Estado de México (9.1%), Puebla (9.1%),Ciudad de México (8.8), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5%).
La investigación realizada por el Colegio de México y Oxfam México advierte que las características étnico-raciales son un factor significativo de desigualdad en las oportunidades educativas, ocupacionales y económicas, registrando 565 practicas discriminatorias contra personas indígenas y afrodescendientes en función de tres características principales: hablar una lengua indígena, autoasdcripción étnico-racial y el tono de piel, con lo que enfrentan una mayor desventaja social, mayoritariamente en áreas laborales y educativas. Por ejemplo, en comparación con mujeres mestizas y blancas, las mujeres indígenas tienen un 54% más riesgo de no terminar la escuela primaria y, en las mujeres negras o mulatas, es un 128% más.
Otro ámbito de desigualdad que enfrentan las niñas y mujeres indígenas es el familiar. De acuerdo con la líder mixteca guerrerense Hermelinda Tiburcio, en la región Na Savi se sigue practicando la compra de niñas y mujeres como esposas con la anuencia y participación de síndicos, procuradores y comisarios. Estos últimos, asegura la líder, omiten proteger los derechos humanos de las mujeres victimas de violencia familiar a cambio de cartones de cerveza.
Datos proporcionados por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señalan que 45 de cada 100 niñas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son indígenas y se encuentran principalmente en la Ciudad de México, Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara. Guerrero, por ejemplo, se identifica por la venta de niñas indígenas para la explotación sexual y laboral, principalmente en los municipios de Ciudad Altamirano, Cruz Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atixtlac y Acatepec.
Desplazamiento forzado
Otra de las causas que provoca vulnerabilidad en mujeres y niñas son los desplazamientos forzados por la inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) a cargo del INEGI, entre 2011 y 2018, más de 1 millón de personas fueron desplazadas debido a la inseguridad. En 2018 el mayor número de personas desplazadas fueron mujeres (52%). Las principales características entre las personas desplazadas es que dependen de cuatro tipos de capital para poderse desplazar: económico, humano, social y colectivo, por lo que el proceso de desplazamiento implica abandono de patrimonio, disminución del ingreso, desempleo, desarraigo familiar y territorial, deterioro de la salud, entre otros.
2. Modalidades y tipos de violencia
De acuerdo con el informe Mujeres y Hombres en México 2018 (INMUJERES-INEGI), la violencia contra las mujeres por motivo de género se encuentra arraigada en las estructuras sociales e incluye diversas manifestaciones. El 43.9% de mujeres de 15 años o más reconoce haber sufrido violencia emocional, económica, física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida.
Según datos de la ENDIREH 2016, de las mujeres de 15 años o más que denunciaron violencia física o sexual por parte de sus parejas ante una autoridad, en el 29.8% (108 mil) de los casos no procedió la denuncia; el 21.7% firmó un acuerdo conciliatorio con el agresor a pesar de que esto contraviene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y en el 13.6% (49 mil) de los casos no se sabe qué sucedió. Sólo en el 12.9% de los casos se emitió una orden de protección y únicamente en el 7.7% se consignó al agresor ante un juez. De las mujeres que han vivido una situación de violencia por parte de su actual o última pareja, 657 mil han intentado suicidarse y 878 mil lo han pensado. En cuanto al ámbito laboral, éste es uno de los espacios con mayor desigualdad entre hombres y mujeres en México, lo que se traduce en la falta de oportunidades de empleo para las mujeres, menores ingresos, más horas de trabajo, discriminación por ser mujeres, acoso y hostigamiento laboral y sexual.
De las 46.2 millones de mujeres de 15 años o más, 38.2% han sufrido violencia, física, emocional y/o sexual durante su infancia, con los tíos como agresores sexuales en el 20.1% de los casos, los vecinos o desconocidos en el 16% de los casos, los primos en el 15.7%, los hermanos el 8.4%, otros familiares el 6.3%, los padrastros el 6.3%, el padre el 5.8%, el abuelo el 3.7% y la madre el 0.5%.
3. Prostitución y trata con fines de explotación sexual: una manifestación clara de violencia de género
Una parte central del debate sobre la prostitución ha girado en torno a su consideración como un trabajo susceptible a regulación jurídica. Los argumentos no son homogéneos: hay quienes afirman que si bien ésta no es una actividad ideal, no se diferencia de otro tipo de ocupaciones igualmente indeseables como son, por ejemplo, el trabajo en la maquila o el servicio doméstico. El problema de este argumento es que no cuestiona lo que socialmente se considera como una actividad necesaria e incluso, al equiparar negativamente la prostitución con el trabajo doméstico, arremete contra una crítica central del feminismo que ha exigido la revalorización social del cuidado de los otros.
Otro argumento ligado a la prostitución como trabajo no proviene de las características de la actividad, sino de la creencia de que su no reconocimiento es la causa la estigmatización. Es decir, se asume que es necesario regularlo como trabajo —sin analizar el por qué sería un trabajo— ya que sólo así se previene el estigma hacia las mujeres en situación de prostitución y, con ello, se mejora su vida laboral y sanitaria al estar afiliadas a la seguridad social, al tener la posibilidad de una pensión, etc.
Ahora bien, a nuestro juicio el debate sobre si la prostitución es o no un trabajo debe centrarse en las características de la actividad, la cual debiera ser claramente opuesta a la explotación laboral y sexual. De acuerdo a la Organización Internacional del trabajo (OIT) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), las víctimas de trata aumentaron a 18.7 millones de personas en 2013, de las cuales se estimó que 14.2 millones eran víctimas de explotación laboral y 4.5 millones víctimas de explotación sexual. Sin embargo, se calcula que “por cada víctima identificada, existen 20 más sin identificar”, por lo que el número podría ascender a 90 millones de personas víctimas de trata con fines de explotación sexual y la mitad serían menores de edad (45 millones).
La OIT señala que la explotación laboral se define como aquellos “actos cometidos por grupos o individuos que abusan de la vulnerabilidad de otros con fines de lucro” y abarca aspectos económicos, legales, sociológicos y por supuesto de derechos humanos. La explotación laboral incluye desde abusos menores hasta la esclavitud.
Una de las violencias implícitas en la prostitución es el uso del eufemismo “comercio sexual” para hacer referencia a ella bajo una lógica de mercado y posteriormente llamarla “trabajo sexual”. En México la Ley Federal del Trabajo estipula en el artículo 2 que “[l ]as normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno en todas las relaciones laborales”. Se entiende como trabajo digno aquel donde se perciba un salario remunerado, se tutela la igualdad sustantiva frente al patrón, entendiendo por igualdad sustantiva la eliminación de la discriminación contra las mujeres que menoscabe o anule el goce de sus derechos humanos y supone el acceso a las mismas oportunidades que sus pares varones.
Para hablar de actividades laborales que no involucren explotación, debe existir un equilibrio entre los costos que implica realizar un trabajo, los riesgos que representa, el tiempo invertido, las capacidades necesarias y la paga. Cualquier tasación que no contemple dichos parámetros puede incurrir en un trabajo sobrevaluado o en explotación laboral. Sin embargo, el término “trabajo sexual” invisibiliza situaciones de desigualdad de género, fomenta la feminización de la pobreza, incrementa la discriminación laboral y bloquea alternativas económicas y financieras que son accesibles para los hombres. Pero sobre todo oculta su relación directa con la violencia de género que la práctica en sí conlleva.
En la prostitución son los clientes quienes valúan las diferentes modalidades de dicha actividad y suelen hacerlo de manera discrecional, de acuerdo a sus deseos y posibilidades. El problema radica en que, a diferencia de cualquier otro servicio o actividad en donde también puede haber explotación, son mucho mayores las consecuencias y riesgos físicos, psicológicos y sociales.
Aunque contamos a nivel mundial con información científica sobre los costos que el ejercicio de la prostitución tiene en las mujeres y su relación directa con la violencia de género, escasean estudios similares en nuestro país. A nuestro juicio, las devastadoras consecuencias para las mujeres en situación de prostitución son el principal argumento para rechazar que pueda ser considerada un trabajo como cualquier otro.
De acuerdo con estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Estados Unidos, Canadá y países en vías de desarrollo, las mujeres en situación de prostitución son mucho más propensas a embarazos no deseados; lesiones vaginales, lesiones anales y lesiones en los huesos; suicidios o intentos de suicidio; tienen 400% mayor probabilidad de ser asesinadas y están expuestas en mayor medida a amenazas. Hasta el 81% de las mujeres en situación de prostitución señalan haber sido amenazadas: un 68% con arma de fuego. Además, 73% aseguran haber sido agredidas físicamente, 62% afirma haber sido violadas desde el inicio en la prostitución, el 46% señala haber sido violada más de cinco veces y el 54% dice haber sido golpeada en su infancia teniendo heridas como resultado.
La prostitución aumenta significativamente los maltratos, violaciones, abusos y torturas, no sólo por parte de sus “clientes” sino también por conocidos, autoridades y/o proxenetas, debido al estigma social que representa, el cual tiene como consecuencia secundaria la dificultad que enfrentan dichas mujeres para dedicarse a otras actividades.
La OMS también reporta que 2 de cada 3 mujeres en situación de prostitución sufren síndrome de estrés postraumático, con síntomas de flashbacks (recuerdos desagradables y repetitivos), similares a las heridas emocionales que presentan las víctimas de tortura y los veteranos de guerra.
Un 70% de las mujeres en situación de prostitución sufre depresión, desarrollan con mucha mayor frecuencia y gravedad baja autoestima, problemas de salud mental, como ansiedad, así como diferentes fobias, angustias y miedos. Para poder hablar de “trabajo sexual” y no de explotación sexual, la paga por dicha actividad debería contemplar, al menos, las consecuencias ya reconocidas por la OMS; sin embargo, el 95% de las mujeres que la ejercen por necesidad o coacción, suelen aceptar la paga ofrecida por la mayoría de sus “clientes”, quienes no toman en cuenta los riesgos y consecuencias de la persona en situación de prostitución.
El grado de dichas consecuencias dependerá de variables como el número de “clientes” que cada mujer haya tenido a lo largo de su vida, la edad a la que se iniciaron en la prostitución, las posibilidades de negociar los diferentes encuentros sexuales, el uso de preservativo o las diferentes prácticas sexuales, la cantidad de personas que tengan que atender al día, la intensidad de la violencia que tengan que aceptar por parte sus “clientes” y proxenetas”, y los lugares donde se prostituyan.
En este sentido, es importante traer a colación la experiencia de aquellos países que han decidido implementar políticas regulatorias, como Alemania y Holanda. En el primer país, desde la regulación en 2002, aumentó exponencialmente el número de locales dedicados a la oferta sexual de mujeres, abaratando de manera masiva el costo de los servicios. Por ejemplo, se puede acceder a un número ilimitado de relaciones sexuales por el consumo de una cierta cantidad de bebidas alcohólicas. También se normalizó la tarifa plana, es decir, el comprador de sexo paga una tarifa única que incluye una variedad de prácticas sexuales cuando antes había una diferenciación en los precios de acuerdo a lo solicitado.
Hoy en día este modelo ha demostrado su fracaso, pues en 2017 se prohibió este tipo de tarifa, no sólo por lo anteriormente descrito sino por el aumento de mujeres migrantes que han ingresado al mundo de la prostitución. Y aun cuando la legalización del “trabajo sexual” prometía el incremento de los derechos de las “trabajadoras sexuales”, lo que se ha disparado es la trata de personas y la demanda de prostitución. Los derechos de las mujeres prostituidas se han visto menoscabados y Alemania se ha convertido en un destino de turismo sexual.
Existe otra razón por la cual se hace uso del eufemismo “trabajo” en lugar de “explotación”: en los países donde se reconoce la prostitución como una actividad formal, los gobiernos pueden reducir sus cifras de desempleo al mismo tiempo que disminuyen los casos de explotación laboral. En 2014 por ejemplo, se modificaron los criterios para que todos los países pertenecientes a la Unión Europea agregaran al PIB de cada país las ganancias de la prostitución voluntaria. En España, por ejemplo, las ganancias en torno a la prostitución son de 10 millones de euros al día, 3.500 millones de euros al año, lo que equivale al 0,35% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, ganancias que se reparten entre los dueños de los establecimientos, proxenetas ilegales o legales en algunos países y extorciones de autoridades. Sin embargo, la prostitución nunca se paga a las mujeres de manera que compense las graves consecuencias.
3. Prostitución y violencia ¿Libre elección?
Cada vez es más difícil diferenciar la prostitución “consensuada” por necesidad económica de la trata de personas con fines de explotación sexual debido a las diversas metodologías que utilizan los tratantes para coaccionar a mujeres y niñas. Muchas veces, estos ni siquiera necesitan de acciones explícitas, puesto que se apoyan en el sistema patriarcal: como la educación diferenciada que se imparte y obliga a las mujeres a desarrollar mayor empatía por sus seres cercanos, o la necesidad de tener una pareja. Este último elemento es constantemente reconocido en la trata con fines de explotación sexual en Tlaxcala y es esencial para el papel de los padrotes.
Muchas mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual no son conscientes de ello, debido a que dentro de las técnicas más comunes y sutiles se encuentran el enamoramiento y/o la amenaza no explícita a seres queridos, engaños, secuestros durante citas falsas de trabajo, el chantaje de divulgar fotografías íntimas, entre otras situaciones de violencia y coacción. Muchas de estas mujeres en situación de prostitución suelen asimilar su situación como voluntaria, ya que pretenden conservar a sus parejas, proteger la integridad de sus seres queridos o incluso a su propia persona.
De acuerdo con información recopilada por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) para el reporte global 2018, la mayoría de las víctimas detectadas en todo el mundo son mujeres adultas y niñas. Casi tres cuartas partes de las víctimas detectadas de trata para la explotación sexual son mujeres. Los pocos estudios nacionales que se han llevado a cabo en países europeos para estimar el número total de trata, revela que las víctimas están asociadas al tráfico para la explotación sexual. Para el caso de México, los datos son similares y revelan que la gran mayoría de los traficantes son ciudadanos del país.
Ante la falta de diagnósticos oficiales sobre la situación y condición de las personas que se dedican a la prostitución en México, es indispensable atender las recomendaciones para garantizar sus derechos humanos emitidas por la CNDH y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).
La CNDH en su Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, reporta que la mayoría de las víctimas de trata de personas (2,146) lo fueron con fines de explotación sexual, de las cuales 95% son mujeres y niñas. De acuerdo con este mismo diagnóstico, las desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres se vinculan a casos de trata con fines de explotación sexual donde “las mujeres están expuestas de manera extrema a la violencia feminicida”
En este informe, la Ciudad de México se sitúa como el epicentro de la trata con fines de explotación sexual. Las causas principales son el contexto sociocultural y las desigualdades de género, generacionales, de clase social y de grupos étnicos, pues dicha violencia se exacerba en los grupos poblacionales más vulnerabilizados, principalmente de personas en situación de pobreza multidimensional. De igual forma, la CNDH relaciona la discriminación hacia a las mujeres con las desventajas económicas, patrimoniales, sociales, políticas, educativas, sexuales y reproductivas, las cuales facilitan su explotación, comercialización y cosificación por las redes del crimen organizado.
Por su parte, en el Diagnóstico de causas estructurales y sociales de la trata de personas en la Ciudad de México de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) de 2019 reporta como principal causa de explotación sexual las condiciones de desigualdad. También señala un aumento en la trata de personas con fines de explotación sexual así como en las formas extrema de violencia contra mujeres por lo que se determinó que México ha sido el país con mayor número de víctima de dicho delito.
Ahora bien, tomando como referencia los tratados que el Estado mexicano ha suscrito en defensa de los derechos humanos de las mujeres, es importante destacar que el Comité de la CEDAW puntualiza que, a pesar de la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas en 2012, no existe una estrategia integral de lucha contra la trata de personas, lo que se refleja en una baja taza de enjuiciamientos y condenas en casos de trata de personas y la revictimización de las mujeres y niñas quienes suelen ser procesadas en lugar de ser atendidas como víctimas. De igual forma, existen escasas medidas de asistencia, rehabilitación y reintegración de las victimas, acceso limitado a medidas de asesoramiento, tratamiento medico, apoyo psicológico y carencia de reparación como indemnización, en particular a las mujeres migrantes, así como una reiterada complicidad entre agentes del Estado y bandas internacionales de delincuencia organizada debido a la corrupción e impunidad.
Frente a este panorama, la CEDAW ha insistido en la importancia de asignar recursos humanos, técnicos y financieros para la eficacia de dicha ley, fortalecer mecanismos y políticas públicas para combatir la trata de personas, reforzar el apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata, principalmente de migrantes e indígenas, fomentar la cooperación regional para prevenir la trata mediante el intercambio de información y que se otorgue a las víctimas reparaciones o indemnizaciones. De manera literal, del documento se desprende el llamado al estado mexicano para que:
Como es notable, lo que preocupa a este Comité son las denuncias de actos de violencia y extorsión policiales cometidos contra mujeres que ejercen la prostitución, así como las detenciones arbitrarias y los arrestos sin orden judicial los que son objeto. También le alarma la escasa información sobre la situación de esas mujeres y la falta de programas y servicios específicamente dedicados a ellas, en particular programas de salida de la prostitución.
De acuerdo con información de la PGR y la CNDH, se estima la existencia de 500,000 casos de trata de personas y la mayoría son mujeres, de las cuales alrededor de 70,000 son menores de edad y víctimas de explotación sexual. Al menos se han detectado a 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
Según la investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez en 2017, cada año aproximadamente 21,000 menores de edad son captados por organizaciones criminales para la explotación sexual y 45 de cada 100 niñas son indígenas.
Es importante señalar que, siguiendo la lógica del análisis de las políticas públicas, la decisión que se tome en relación a normalizar la prostitución como un trabajo debe estar en directa relación con los argumentos que se esgriman en torno a la violencia contra las mujeres y los datos relacionados.
Las políticas públicas no trabajan a nivel individual y la prostitución es un fenómeno social que expresa desigualdad de género, que se ensaña con mujeres vulnerables, ya sea por razones de migración, pobreza, étnicas y edad. La ONU nos muestra datos de la relación directa entre trata de personas y prostitución, acentúa que la demanda es el problema que hay que enfrentar. El cliente no sólo es quien estimula que exista una dotación siempre constante de mujeres a quien explotar, sino que también incita a que la edad de las mujeres en situación de prostitución sea menor cada vez más.
En primer lugar, es deber del Estado Mexicano generar medidas para desincentivar la prostitución que no atenten contra las mujeres en situación de prostitución. Cualquier medida que promueva oportunidades para ellas debe ser pensada a largo plazo, ya que el factor económico expresado en la vulnerabilidad y exclusión requiere esfuerzos institucionales y un compromiso gubernamental. De igual forma, la situación de violencia generalizada en nuestro país hace imposible distinguir claramente de la prostitución forzada a la “libre y consentida” porque el contexto expresa la normalización de la violencia. La prostitución está relacionada con la feminización de la pobreza y la salida para combatirla no es ampliar el mercado de mujeres en situación en prostitución porque ésta ha demostrado estar lejos de ser redituable para las mujeres.
Una actividad como la prostitución involucra altísimos costos para las mujeres en términos de seguridad y salud física y mental. Aunado a ello, en nuestro país existe un nexo incuestionable con la trata con fines de explotación sexual, porque la demanda se nutre del mismo mercado. Los derechos de las mujeres deben estar al centro del debate. En este sentido el “derecho al trabajo sexual” no está por encima del derecho de las mujeres y niñas de vivir libres de violencia.
Reflexiones finales
Como hemos expuesto a lo largo de este artículo, el modelo regulizador de la prostitución no ha mejorado las condiciones de vida de las personas que se dedican a la prostitución, si no por el contrario, las ha precarizado aún más, sin contar que en dichos países en donde se legalizó, la trata de mujeres con fines de explotación sexual aumentó. Suiza (1942) Austria (1974) Países Bajos (2000) Alemania (2002) y Nueva Zelanda (2003).
Por su parte, el modelo abolicionista, el cual ya ha sido adoptado al menos en 8 países (Suecia 1999, Finlandia 2006, Islandia 2007, Noruega 2009 Canadá 2014, Francia 2016, Irlanda) a pesar de las criticas que pueda tener, ha permitido que quienes se quieran dedicar a la prostitución lo sigan haciendo, con la garantía de no ser perseguidas por la autoridad e incluso pueden denunciar a sus “clientes” por el simple hecho de haberlas contratado, cuando estos han ejercido violencia o se han negado a pagarles.
Si bien, es imperante que el las autoridades dejen de perseguir a las mujeres y niñas en situación de prostitución, y garantizar derechos y condiciones que les permitan tener una mejor calidad de vida, también es cierto que el reconocer la prostitución como trabajo no es la única vía para ello, esta vía sólo protegería a quienes pasarían de ser su proxenetas a sus empleadores.
La solución por tanto, no es dejar en manos de los proxenetas la seguridad de mujeres y niñas en situación de prostitución, sino que el Estado cumpla con dicho deber básico, reconociendo las condición y situaciones de desigualdad que existen que propician que las mujeres y niñas vean como opción la prostitución, garantizar que no sean extorsionadas por autoridades y reconociéndolas como víctimas dada la poca eficacia que han tendió las políticas publicas en materia de igualdad en México. EP
[1] La diferencia entre vulnerable y vulnerabilizada/o radica en que mientras en el primero no existe responsabilidad social, el segundo término indica que dicha persona ha sido traída a la situación de vulnerabilidad por mecanismos estructurales económicos, políticos, sociales y jurídicos, es decir, dicha vulnerabilidad es consecuencia de prácticas sociales, políticas, económicas y jurídicas que pueden ser modificadas para dejar de producir dicha vulnerabilidad. (Judith Butler, UNAM, 2015)
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