En los últimos años, México ha tenido cambios importantes en las condiciones laborales de la población: por ejemplo, la magnitud del aumento al salario mínimo desde 2019, la legitimación de los contratos colectivos en ese mismo año y las reformas al outsourcing en 2021. Sin duda, esto ha traído efectos relevantes sobre una franja representativa de la población mexicana. Sin embargo, hay otro sector no menor que no queda cubierto por estas políticas y que está compuesto significativamente por todas las personas que no reciben ningún ingreso del mercado laboral. Aunado a esto, los comparativos en el tiempo muestran que la composición de esta población es persistente, con la implicación automática de una potencial trampa de pobreza que se constituye en sí misma como una barrera para la movilidad social ascendente. Lo anterior refleja que concentrarse en las políticas de mercado laboral no es suficiente para resolver el problema. En el marco del comienzo de un nuevo gobierno y la preparación del Plan Nacional de Desarrollo, se cuenta con la posibilidad de incorporar una propuesta que atienda a este grupo de población.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en alrededor del 10 % de los hogares del país ninguno de sus integrantes tiene una ocupación remunerada. Debido a lo anterior, dichos hogares son considerados en condición de pobreza laboral. Una situación así nos permite darnos cuenta de que las políticas públicas que están condicionadas a tener un empleo poco pueden hacer para ayudar a reducir la condición de pobreza laboral, la cual, además, persiste en el tiempo, es decir, se vuelve crónica y limita la movilidad social. Para resolver este problema se requiere de, al menos, otros dos tipos de política pública: una que elimine el problema de la exclusión laboral y otra que atienda con mayor profundidad a la población que ya no se encuentra en condiciones de participar en el mercado de trabajo.

Para caracterizar la problemática antes descrita, con base en datos de la ENOE contrastamos la proporción de hogares sin ocupados remunerados y la persistencia anual de la pobreza en los estados del país. Para ello, presentamos mapas de las entidades federativas con ambas variables para el primer trimestre de 2018 y de 2024.

La gráfica 1 muestra el porcentaje de hogares sin ocupados remunerados para el primer trimestre de 2018 y de 2024 por entidad federativa. El rango de este indicador disminuyó ligeramente de 2018 a 2024 entre las entidades federativas, pues pasó de estar entre el 6 % y 27 % en 2018, a estar entre el 6 % y 24 % en 2024. El porcentaje es especialmente alto en estados del sur del país como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y en estados del Bajío como Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Por otro lado, las entidades con un menor porcentaje de hogares sin ocupados remunerados son Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Los mapas indican que no ha habido cambios sustanciales en los estados con mayor proporción de hogares sin ingreso laboral entre periodos.

Por su parte, la gráfica 2 muestra la persistencia anual en pobreza de los hogares. Es posible calcular lo anterior porque la ENOE permite observar la situación del mismo hogar por cinco trimestres consecutivos. De esta forma, estimamos el porcentaje de hogares que se mantienen en situación de pobreza laboral (usando la definición del CONEVAL) de un año a otro para 2018 y 2024, respectivamente. A nivel nacional, la persistencia es cercana al 70 %; es decir, se espera que 7 de cada 10 hogares que estaban en condición de pobreza laboral en un periodo mantengan esa condición un año después. El rango de persistencia de pobreza entre entidades federativas aumentó ligeramente entre 2018 y 2024, con valores que pasaron de estar entre el 39.6 % y 83.7 % a valores entre el 53.3 % y 86.5 % (el crecimiento en la persistencia se puede deber a la pandemia de Covid-19). En este caso, el grupo de entidades federativas con mayor porcentaje de persistencia anual de la pobreza es muy similar a los mostrados en la gráfica 1. En la comparación entre los dos periodos de análisis (primer trimestre de 2018 y de 2024), la correlación entre el porcentaje de hogares sin ocupados remunerados y la persistencia anual de la pobreza fue de 0.62 y 0.38, respectivamente.

Pero, ¿cuáles son estos hogares que no tienen ocupados remunerados? De acuerdo con cálculos propios, en 2024 cerca de una cuarta parte de ellos se ubican en zonas rurales, prácticamente la mitad de ellos tiene al menos un adulto mayor y 7 de cada 10 recibe apoyos económicos. En todos estos marcadores, las proporciones resultan mayores que las de la media nacional. Con estas características, también se observa que la escolaridad es poco más que primaria completada, con un año menos que la media nacional. Además, 7 de cada 10 jefes del hogar no están disponibles para entrar al mercado laboral, en oposición con solo 2 de cada 10 en la media nacional. En cuanto al tamaño del hogar, el promedio es de tres miembros, cuando es de cuatro el observado en el promedio nacional. En el grupo analizado, solamente poco menos de la mitad tiene integrantes con menos de 15 años de edad, mientras que esa proporción es de tres cuartas partes para la totalidad de hogares. En conclusión, los hogares que no tienen ocupados remunerados en su mayoría se conforman por personas de edad avanzada, con escasos menores de edad, y por personas que, de alguna forma, no están disponibles para el mercado laboral y sí reciben apoyos económicos.

La caracterización de los hogares explica, en buena medida, que las políticas públicas instrumentadas para el mercado laboral hayan tenido un menor efecto en el grupo de entidades con mayor proporción de hogares con trabajadores sin remuneración y mayor persistencia anual de la pobreza. El menor nivel educativo, la mayor edad en la composición del hogar y la menor disponibilidad para el mercado laboral de estos hogares nos aleja de la posibilidad de que el problema se resuelva. Hasta ahora, la estrategia complementaria a la del mercado laboral para la población de este tipo de hogares se ha concentrado principalmente en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Sin embargo, habría que considerar las razones de la no disponibilidad de trabajar, para lograr un mayor rango de influencia de las políticas de mercado laboral. Aunque se puede analizar la composición de las razones de no disponibilidad, esta no necesariamente se puede achacar por completo a la oferta o la demanda laboral. En ese sentido, es necesario realizar este ejercicio de identificación, y con base en eso establecer las estrategias conducentes.

En todo caso, el objetivo final es el mismo: incrementar la proporción de la población ocupada con remuneración, con el fin de, por un lado, reducir la pobreza, y, por el otro, eliminar la posibilidad de que una mayor proporción de hogares se mantenga en una franja que, de manera crónica, no logra salir de dicha condición. Asimismo, se trata de alejar de esa posibilidad a aquellos hogares que, al no contar con una fuente estable de remuneración, se encuentran expuestos con mayor probabilidad a caer y mantenerse en la condición de pobreza, con lo cual se restringe aún más el espacio de movilidad social. EP

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