La futura administración de la Ciudad de México (CDMX), elegida este 2 de junio, recibirá una capital que presenta un panorama caracterizado por ausencia de confianza en las instituciones de justicia, poca cultura de denuncia de delitos pero, sobre todo, falta de investigación y sanción del delito; lo que se traduce en un panorama adverso para la impartición y acceso a la justicia. 

En la Ciudad millones de personas son víctimas de algún delito cada año. Millones de casos que ameritan justicia. Sin embargo, la magnitud del fenómeno delictivo no se traduce en el mismo número de denuncias ante la autoridad. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, en 2022 en la Ciudad ocurrieron 3,490,687 delitos; de este total, solamente en el 11 % de los casos, las personas víctimas u ofendidas decidieron acudir a denunciar y, de quienes acudieron al ministerio público sólo en el 7.4 % del total de casos se inició una carpeta de investigación.

La cifra negra de delitos en CDMX es de 92.6 %, lo que quiere decir que 9 de cada 10 delitos que ocurren o no se denuncian o no cuentan con carpeta de investigación pese haber sido denunciados. Esto, a su vez, nos arroja que entre el momento de la ocurrencia del delito y el de la determinación por la autoridad, en la capital se perdieron 3 millones 232,377 casos.

Ahora pensemos en ese 7.4 %, es decir, en esas 258 mil carpetas de investigación que sí fueron iniciadas por el ministerio público y cómo el grado de efectividad de las autoridades para sancionar el delito se convierte en un incentivo negativo para la denuncia, pues del total de carpetas de investigación iniciadas, el 46 % no llegó a nada o no se resolvió; el 31 % de las carpetas permanecen un largo tiempo en trámite y en una proporción más reducida, en aproximadamente el 16 %, las víctimas u ofendidas recuperan sus bienes, se ponen a las personas responsables a disposición de un juez, se otorga el perdón o hay reparación del daño. Este 16 % en el que sí pasó algo representa sólo el 1.2 % del total de los delitos ocurridos en la capital del país.

En la CDMX y en el país en general, denunciar delitos es un ejercicio ciudadano excepcional. La ENVIPE 2023, nos dice que 7 de cada 10 razones por las que las personas no recurren a las instituciones capitalinas de procuración y justicia son atribuibles a la falta de capacidades de la autoridad, lo que hace que, a su vez, exista desconfianza; mientras que el incumplimiento de personas servidoras públicas de su tarea de proporcionar información a las víctimas sobre sus derechos, el proceso de denuncia y la falta de certeza sobre el tiempo que se habrá de invertir en el seguimiento al proceso ha provocado que los trámites sean vistos como largos y difíciles; una percepción que es alimentada por tiempos de espera para recibir la atención que superan los tiempos efectivos de la misma.

Ante este panorama es necesario y apremiante generar las condiciones para mejorar el servicio proporcionado en las instituciones de procuración de justicia más cercanas a la ciudadanía en la CDMX.  Pero, ¿cuáles son las medidas que deben adoptar las instituciones de procuración de justicia de la Ciudad de México en la siguiente administración para facilitar el acceso a la justicia, con servicios eficientes, transparentes, justos y eficaces que a largo plazo mejoren los niveles de confianza de las y los habitantes de la Ciudad en las autoridades?

Es de vital importancia que las autoridades adopten medidas que faciliten el acceso a la justicia, transparenten los procesos al interior de las instituciones, fomenten la participación ciudadana e impulsen un modelo de procuración de justicia más cercano a las personas. 

Un paso fundamental es transitar hacia un sistema de solución de conflictos más dialogante y menos punitivo en las comunidades, a través de la justicia cívica. Avanzar en la construcción de entornos ciudadanos más participativos, más pacíficos y más seguros, capaces de conciliar y resolver conflictos con el apoyo de instituciones que fungen de árbitros imparciales y eficientes ante la conflictividad cotidiana.

También es urgente contar con instituciones de justicia transparentes y abiertas que fomenten la participación ciudadana y en la que haya cabida para mecanismos de supervisión externos con evaluaciones permanentes que inhiban la corrupción.

Finalmente, es necesario invertir en las personas y en las condiciones de infraestructura de las instituciones locales del sistema de justicia cívico y penal, que garanticen el acceso a la justicia, la resolución de los conflictos y el combate a la impunidad con recursos humanos suficientes, eficientes y competentes; con presupuesto; y con condiciones adecuadas de infraestructura para no comprometer a las personas usuarias, la calidad de los modelos de atención, de las investigaciones y las determinaciones.La adopción de estas medidas se verá reflejada en la mejora de la percepción de instituciones de procuración de justicia desde el primer contacto. A largo plazo, se expresará una mejora en los niveles de confianza de las personas en la autoridad. Veremos ya cuáles son los primeros pasos que dará la nueva Jefatura de Gobierno. EP

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