Litio para la industria aeroespacial y la metalúrgica, para fabricar aviones de última generación, bicicletas, antidepresivos, cerámicas; para fabricar, sobre todo, baterías de coches eléctricos. El litio se ha anunciado en los últimos años como una de las materias primas más solícitas de la economía verde, una estrategia de explotación mineral vendida como amigable con el medio ambiente —pero que nunca será—. Si la extracción de una tonelada de litio requiere la evaporación de 2000 litros de agua, ¿dónde encontrar la revolución sostenible?

Concentrada más del 40 % de su proyección mundial en el denominado “triángulo del litio” conformado por la Argentina, Bolivia y Chile, en los últimos 10 años la producción de litio ha superado su triplicación y la demanda del mineral sigue creciendo.

México, que según calcula el Servicio Geológico de Estados Unidos cuenta con 1.7 millones de toneladas de litio sin explotar, no iba a quedarse atrás. En abril de 2022, el Congreso emitió un decreto a través del cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley Minera, entre las que se oficializaba la utilidad pública del litio.  Dicha iniciativa reconocía al mineral estratégico como patrimonio de la nación. Meses después se anunció la creación de la empresa estatal Litio para México, la única compañía con derechos exclusivos para extraerlo en el país. Un plan del Gobierno para asegurar la soberanía de México sobre el litio y que en febrero de este año abarcó la declaración de reserva del mineral de hasta 235 000 hectáreas en Sonora, el estado que concentra la mayor parte de los yacimientos de litio, seguido de Puebla, Oaxaca y Nuevo León, regiones con una preocupante escasez de agua y estrés hídrico.

Esta apuesta de López Obrador con fines dirigidos al desarrollo nacional acontece en los intentos de cambio de los modelos de producción de la transición energética. Una transformación enmarcada en el fin de “la era de la combustión”, la que algunos califican como “terminada”, pero que nunca parece acabar…

Dicen algunos que la extracción estatal del litio mexicano traerá riqueza, que la explotación del recurso será sólo y para beneficio del pueblo. Pero, recordemos una historia que, con la misma buena intención y cometido, no lo trajo: cuando el gobierno de Evo Morales quiso industrializar todo el proceso del mineral en uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo, los del salar de Uyuni, perteneciente al departamento de Potosí, de las regiones más pobres y con menor infraestructura de la comarca: suelo andino en el que las comunidades dependen fuertemente del ecosistema. 

Como cuenta el periodista Andy Robinson en su libro Oro, Petróleo y Aguacates, lectura que releva Las venas abiertas de Latinoamérica de Galiano en torno a la lucha más actual por los minerales, los recursos energéticos y alimentos a lo largo del continente, Evo Morales anunció en 2006 la manufacturación de todo el proceso de la explotación de litio, desde su extracción hasta la fabricación de baterías. 

Ante la historia de saqueo extractivista que Bolivia había sufrido de manos extranjeras —gas natural, estaño, níquel… entre otras materias primas se exportaban en crudo a otros países—, la idea del mandatario pretendía “abandonar el modelo económico neoliberal e implementar una política orientada a los intereses de su pueblo y a la justicia social”.

El precio del litio se había multiplicado por cuatro en aquel entonces y los 9 millones de toneladas del mineral estimados bajo ese suelo andino ya valían centenares de millones de dólares, detalla Robinson. La creación de industrias nacionales constituiría el eje vertebral del plan del gobernante. En vez de que empresas extranjeras saquearan el terreno indígena, el propio gobierno invertiría en él, desarrollando además tecnología propia para fabricar baterías, un negocio en el que trasnacionales extranjeras podrían participar sólo de la mano de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos YLB. 

Morales lanzó un decreto presidencial en el 2018 que autorizaba la creación de una sociedad mixta con ACI Systems, empresa alemana principal proveedora de baterías de Tesla con la que Bolivia fabricará baterías para el mercado europeo. De la mano de la china Xinjiang TBEA, la nueva compañía estatal surtiría los productos del mineral codiciado al continente asiático. Se preveía que Bolivia podría en cinco años producir el 20 % del litio mundial. 

No obstante, una campaña de la derecha para derrocar al mandatario, aunada a protestas  de una izquierda defensora de la soberanía de los recursos y que rechazaba la presencia de trasnacionales, obligó a Morales a retirar el decreto y cancelar ambos contratos un año después. Hubo también una fuerte oposición de ambientalistas en lucha por evitar un mayor deterioro del paisaje en una región ecológicamente frágil como aquella en la que se encuentran los principales yacimientos. El bosquejo estatal de nacionalización del litio boliviano, aquel que quería acabar con la colonización extranjera de los recursos naturales, no funcionó.

Desde que empezó a levantarse por decisión de Morales, hace 15 años, la planta industrial en el salar de Uyuni sigue en construcción. Petroleras poderosas como la brasileña Petrobras ya han declarado su interés en hacer suya la industrialización del subsuelo andino, y otras empresas extranjeras con la tecnología necesaria para la extracción del recurso natural están preparadas para llevarse su trozo del pastel en el despegue del negocio.

No obstante, lo más preocupante en el Salar de Uyuni es el sistema de producción de litio que se empleará, según anunció el propio gobierno este año. Como advierten expertos, la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) genera muchos residuos químicos que se suman a la controversia del despilfarro de recursos hídricos que plantea este tipo de minería.

Al igual que Bolivia, México no cuenta con la infraestructura para explotar y utilizar el litio, un mineral que sigue siendo extraído en el país por empresas de capital extranjero, aunque estás no cuenten con concesiones específicas para ello. A este dilema se le añade otro: la cantidad de agua que requiere su extracción en el panorama que enfrenta México hoy, cuando la crisis hídrica aunada a los graves problemas de contaminación de sus cuerpos de agua representa uno de los mayores desafíos. ¿Cómo hará el gobierno mexicano compatible la decisión de convertirse en un estado soberano en la industrialización de litio con cualquier intento de reducir los impactos ambientales del extractivismo y los mensajes de justicia social en los territorios explotados? EP

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