La ciencia política las tiene identificadas. Según la teoría del ciclo electoral, en el mundo las entidades federativas que celebran elecciones poco antes de la elección presidencial tienen un comportamiento distinto que aquellas que organizan sus comicios al mismo tiempo que los de nivel federal.

Es el caso de Coahuila y Estado de México, los únicos dos estados mexicanos que tendrán elecciones este año. El primero elegirá gubernatura y 25 diputaciones, el segundo únicamente elegirá gubernatura. Ambos regresarán a las urnas el próximo año, para elegir otros cargos locales y federales, incluyendo a la Presidencia de la República.

A partir del estudio de los comicios locales celebrados en países federados, la academia ha estudiado los patrones de comportamiento diferenciado que operan, tanto en cuanto a las preferencias políticas de las personas, como sobre las tasas de participación. Sobre estas últimas, la evidencia mundial sugiere que las tasas de participación suelen incrementar cuando en unos comicios existe la expectativa de llevar a cabo otros en el corto plazo.

En la elección de 2017, Coahuila alcanzó un 60.5% de votación, mientras que el Estado de México logró un 53.7%, por encima de la mediana de participación en entidades con elecciones no concurrentes.

Al año siguiente, durante los comicios presidenciales, la entidad del norte del país incrementó su participación al 63%, mientras que la del centro lo hizo al 63.4%. El incremento sugiere que la participación mexicana está todavía estrechamente relacionada con la importancia que el sistema político mexicano da a la figura de la presidencia.

Pero más allá del calendario, los estados que celebran elecciones el próximo 4 de junio tienen en común que son entidades de calibre mundial. Sus dimensiones representan un desafío para quienes administran elecciones.

Aunque se trata de una entidad subnacional, Coahuila tiene una superficie mayor que países enteros como Guatemala o El Salvador. El Estado de México no tiene las enormes dimensiones de Coahuila, pero es la entidad más poblada del país. Su padrón electoral (12.7 millones de ciudadanos) es mayor que el de Dinamarca, Bolivia o Portugal, por citar sólo algunos ejemplos.

Para los institutos electorales encargados de administrar elecciones en esos estados, estas dimensiones suponen retos logísticos importantes. Por un lado, la extensión de Coahuila obliga a generar largos recorridos para la entrega de paquetes a las y los funcionarios de casilla, así como para recogerlos el día de la jornada. En el Estado de México, el tamaño actual del padrón obliga a la instalación de 20,445 casillas, que requieren una enorme movilización, si se considera que cada mesa debe ser integrada por 4 miembros. Es decir, el estado más grande del país necesita garantizar que más de mil personas escogidas al azar se presenten el día de la jornada, para instalar las casillas y recoger el voto de sus vecinas y vecinos.

Pero, a decir, verdad, la innovación más importante de los comicios 2023 está en sus niveles de inclusión. Hay mexicanas y mexicanos que históricamente han encontrado obstáculos para el ejercicio de sus derechos político – electorales. Las entidades que celebran elecciones este año están piloteando mecanismos que pudieran reducir esas inequidades.

El caso más sobresaliente es el voto de personas en prisión preventiva. Si bien el principio de presunción de inocencia es vigente en el derecho constitucional mexicano, en la práctica el derecho al sufragio había sido impedido a todas las personas en reclusión, sea que tuvieran sentencia firme o no. Una sentencia del Tribunal Electoral revirtió esa situación y obligó a generar las condiciones para posibilitar el sufragio a las personas en prisión preventiva.

Desde el 15 de mayo esas votaciones se están llevando en forma exitosa. Casi cinco mil personas están llamadas a las urnas en 20 centros penitenciarios mexiquenses, mientras que doce mujeres lo harán desde el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo. Esta experiencia dejará aprendizajes que serán útiles para su eventual implementación en el 2024. ¿El principal? Es posible recabar las preferencias políticas de las personas en prisión preventiva, salvaguardando la secrecía del voto y sin afectar la seguridad de los centros penitenciarios.

En segundo término, habría que considerar el esfuerzo que se está haciendo por generar más opciones para que las y los migrantes puedan participar desde el extranjero. Por vez primera en la historia de la diáspora mexicana se podrá votar en forma presencial, además de los mecanismos tradicionales de voto por internet y voto postal. Las y los oriundos de Coahuila y Estado de México podrán hacerlo desde Chicago, Los Ángeles, Dallas y Montreal.

Salta a la vista la conclusión. Las elecciones previas a una elección nacional son importantes semilleros de innovación. Sirvan las elecciones del Estado de México y Coahuila para generar aprendizajes útiles para la administración electoral. En México, muchas de las mejores prácticas han ido de la periferia al centro. EP

P.S. En una próxima entrega se abordarán los retos específicos de las elecciones locales 2023.

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