El 26 de octubre de 2022, el gobierno de la Ciudad de México anunció una alianza con Airbnb, la empresa de alquiler de viviendas vía plataforma con la que distintos gobiernos a nivel global han luchado por el daño que causa a sus ciudades. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, presumía en la conferencia de prensa los beneficios que el turismo puede traer a la CDMX, y detalla que la estrategia era atraer a cerca de 75 mil trabajadores remotos extranjeros (popularmente conocidos como “nómadas digitales”), aprovechando los atractivos de la ciudad para dicha población. 

Apenas unos días después, Jordan Marshall, Courtez Hall y Kandace Florence, tres jóvenes turistas estadounidenses, fallecieron en una vivienda alquilada temporalmente por Airbnb. El mismo fin de semana, Ángélica Arce, otra joven turista en la CDMX, falleció en una vivienda rentada por Booking. La causa del fallecimiento reportada en ambos casos ha sido intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, presuntamente relacionada con instalaciones de gas deficientes. Al parecer, los dueños de los departamentos (con el aval de las plataformas de alquiler) no habrían instalado detectores de dicho gas que fácilmente podrían haber evitado el trágico desenlace¹. Las plataformas no se han hecho responsables y, en el caso de Booking, sólo ofrecieron un cupón con el reembolso del alquiler a la familia de Angélica que podrían utilizar en el futuro en la app. Al respecto, su familia está demandando a la empresa y al propietario del departamento. 

En los casi 100 días que han transcurrido desde el anuncio, diversos acontecimientos sucedidos, como los mencionados fallecimientos sumados a las críticas y protestas ante el anuncio de la alianza del gobierno con Airbnb, han logrado modificar la narrativa gubernamental respecto a las plataformas de alquiler. Veamos más detalles respecto a las críticas a la alianza entre Airbnb y el Gobierno de la CDMX.

La problemática con Airbnb y el mercado de vivienda: el peligro de no regular

A nivel mundial, la falta de regulación a Airbnb y plataformas similares ha generado distintas preocupaciones. Por un lado, las muertes de los jóvenes dejan claro que, como mínimo, las plataformas deberían recibir un tratamiento regulatorio similar a otros servicios de hospedaje como los hoteles y moteles, especialmente en temas relacionados con las medidas de seguridad. En varias ocasiones, los costos competitivos entre las estancias de corto plazo en plataformas respecto de hoteles se deben al “ahorro” por la ausencia de estas medidas de seguridad.

Pero los riesgos relacionados con la falta de regulación de Airbnb y las plataformas de alquiler no son sólo para quienes se hospedan en tales viviendas, sino para la sociedad en general. Diversas investigaciones han encontrado evidencia de cómo la presencia de las plataformas de estancias de corto plazo en los barrios genera el aumento de los precios de las viviendas. Incluso se ha estimado en una de estas investigaciones, para el caso de la ciudad de Nueva York, que por cada punto porcentual que ocupa Airbnb sobre el total de las viviendas en un barrio, se presentará un aumento de 1.58% en el precio de las viviendas. Con 24 mil viviendas al cierre de 2022 en renta listadas en Airbnb y otras plataformas², y un aumento de 26% en dicha oferta sólo durante el año pasado, es claro que es un tema relevante para toda la ciudadanía de la CDMX.

El factor Airbnb se suma a otras causas que han elevado los precios de la vivienda en la Ciudad de México de forma desmedida durante los últimos años. Desde hace algunos meses, se ha señalado el tema del acaparamiento y la financiarización del mercado de vivienda, cuya parte más visible fueron los cientos o miles de departamentos vacíos en la CDMX, que no aceptaron bajar sus precios de alquiler durante la pandemia, al mismo tiempo que muchísimas personas eran expulsadas de la ciudad por no tener los suficientes ingresos para pagarlos. Un mercado desbocado, junto a la inexistencia de políticas públicas de alquiler social o de una ley inquiliniaria, a la debilidad de aquellas dirigidas a dar acceso asequible a crédito hipotecario y al decrecimiento real de los salarios en los últimos quince años, ha tenido como consecuencia que una vivienda adecuada sea nada más que un sueño para la mayoría de los jóvenes que estudian o trabajan en la ciudad. 

En la CDMX, 50% de las viviendas cuestan más de 3.2 millones de pesos, precio que sólo sería alcanzable para menos del 5% de la población. Mientras tanto, el 95% restante de la población tiene que pelear por el otro 50% de las viviendas. Las cifras no cuadran. De hecho, en 2020 los hogares más pobres de la Ciudad de México dedicaron 51% del total de sus ingresos para el pago del alquiler, casi 10% más que en 2018³. Sí, la mitad de sus ingresos se va en pagar la renta. Esto empeora año con año y la evidencia muestra que la cada vez mayor presencia de Airbnb sólo agravará la problemática.

Las protestas por el derecho a la vivienda y el supuesto cambio en la narrativa del gobierno

Como era lógico esperar, el anuncio de la alianza del gobierno con Airbnb por parte de Sheinbaum despertó el enojo de gran parte de la ciudadanía que gobierna, particularmente las personas jóvenes y las más afectadas por la crisis de vivienda en la ciudad. Las críticas abundaban en las redes sociales, e incluso comenzó a visibilizarse cómo cientos de personas estaban perdiendo la vivienda que alquilaban porque los propietarios la comenzarían a alquilar por Airbnb.

El interés del gobierno y de Sheinbaum por aliarse con esta empresa y promover la llegada de más turistas extranjeros, en lugar generar políticas sociales que garantizaran el acceso al derecho a la vivienda para su ciudadanía, fue percibido como la gota que derramó el vaso. Por eso, el 17 de noviembre (apenas 20 días después del anuncio de la colaboración con la plataforma) se realizó una protesta por el derecho a la vivienda, frente a las instalaciones de la SEDUVI (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) en la CDMX. 

La protesta fue convocada por Gatitos Contra la Desigualdad y asistieron colectivos de barrios de la ciudad y de distintos movimientos sociales con larga trayectoria de lucha, así como centenas de jóvenes y ciudadanía que por cuenta propia se sumaron a las exigencias. Bajo las consignas “Menos vivienda para invertir, más vivienda para vivir”, “La vivienda es un derecho, no una inversión” y “No más gente sin viviendas, y viviendas sin gente”, se entregó un pliego petitorio (del cual aún está abierta la recepción de firmas) que señala 14 puntos que el gobierno debería atender, algunos relacionados con Airbnb pero otros en general con el papel de regulación del mercado y las políticas públicas que el Estado está obligado a realizar para garantizar el acceso al derecho a la vivienda. Las autoridades recibieron el pliego y aseguraron que se mantendrían en contacto para analizar cómo podrían avanzar en estos temas. Dicho seguimiento nunca sucedió.

Por razones de justicia e igualdad, tanto para las personas fallecidas presuntamente por irregularidades en estas viviendas en alquiler, como para la ciudadanía para quienes cada vez es más difícil lograr pagar un alquiler en la CDMX, es impostergable que haya un radical cambio en las acciones del gobierno respecto a la vivienda. 

A finales de 2022, y seguramente a causa de las protestas (o tal vez por el golpe en su popularidad y en sus aspiraciones presidenciales), Sheinbaum anunció que analizarían la posibilidad de regular Airbnb, y que “estaban en mesas de trabajo con empresarios, activistas y ciudadanos”. Empero, las personas que entregaron el pliego petitorio luego de la protesta de noviembre no han sido convocadas a las supuestas mesas, y no se tiene más información de qué se ha avanzado en las mismas. En términos de acciones, lo que tenemos vigente hasta el momento es la alianza con Airbnb y la falta de políticas públicas al respecto.

La realidad es que, en general, la desregulación de mercados suele ser sumamente dañina. La ambición de aumentar ganancias para el capital siempre, a como dé lugar, genera vicios en las sociedades como dueños de viviendas en alquiler que prefieren no gastar unos pesos en un detector de humo o de monóxido de carbono, poniendo en riesgo la vida de los inquilinos. Como sociedad, tenemos que exigir que Airbnb y las plataformas de alquiler de vivienda sean reguladas de forma inmediata. El interés de la ciudadanía debe estar por encima de los intereses del capital. EP

1. Respecto al caso de los estadounidenses, en medios de comunicación se reporta otra posible línea de investigación que podría estar relacionada con que los jóvenes hayan sido drogados en un bar. Las autoridades no han reaccionado a este respecto. [↩]
2. Cálculos propios con base en la información de la plataforma AIRDNA, disponible en: https://www.airdna.co/vacation-rental-data/app/mx/distrito-federal/mexico-city/overview [↩]
3. Estimaciones propias realizadas con base en datos de la SHF y la ENIGH, presentadas en este artículo. [↩]

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.