La verdad se robustece con la investigación y la dilación;
la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre.

Tácito

En el caso de la ministra Yasmín Esquivel existen todavía cabos sueltos y evidencias de que ella no plagió su tesis. Por más que algunos medios de comunicación, políticos, organizaciones civiles y académicos demanden la anulación de su título universitario, mientras no se esclarezcan los hechos y se dicte una sentencia definitiva, este no se le puede retirar.

El pasado viernes, se hizo sentir la exigencia hacia el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, para que invalidara el título universitario de la ministra; sin embargo, esto no ocurrió, pues el rector argumentó que “no se actuaría de forma apresurada o irresponsable, en respuesta a presiones externas, para hacer juicios sumarios.” Esta respuesta causó la indignación y la burla de muchos. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el mensaje había sido “puro choro mareador”.

La realidad es que las palabras del rector fueron pertinentes porque, aunque existe un dictamen emitido por la FES Aragón en el que se presume la culpabilidad de la ministra, aún existen cabos sueltos y evidencias que permiten sentar dudas razonables respecto a su culpabilidad. La UNAM no puede tomar la decisión de invalidar un título universitario sin antes haber llevado a cabo un debido proceso legal en el cual se determine, mediante sentencia definitiva, que la ministra es culpable. De no hacerlo de esta manera, estaría violentando su derecho humano al debido proceso, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, y daría pie fácilmente a que la ministra se amparara ante la resolución.

En el caso de los juicios políticos en contra de la ministra, como el iniciado por el senador Germán Martinez, estos tendrán un efecto meramente mediático, pues jurídicamente se debe resolver primero si cometió o no el plagio para entonces decidir si ese acto “redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, que es el presupuesto para llevar a cabo un juicio político.

Desde que Latinus publicara la investigación del periodista Guillermo Sheridan en diciembre del año pasado, comenzó una lluvia mediática que pinta a la ministra como responsable. El problema es que ni los medios de comunicación ni la opinión pública pueden enjuiciar a una persona y lo único que logran con sus aseveraciones anticipadas es generar indignación y frustración en la ciudadanía.

Debemos ser pacientes y esperar el procedimiento que la UNAM lleve a cabo para esclarecer la verdad. Una vez hecho esto y en caso que se declare la culpabilidad de la ministra, entonces sí tenemos que exigir la anulación de su título, su renuncia y cualquier otra consecuencia derivada de la responsabilidad en la que estaría incurriendo, tanto con el plagio como con la mentira que, de ser así vendría sosteniendo hasta el día de hoy.

Quisiera cerrar diciendo que, como abogado egresado de la UNAM, obtuve mi título mediante la elaboración y presentación de una tesis y me indigna que no existan más y mejores mecanismos dentro de las universidades (no sólo las públicas, sino también las privadas) para que se elimine el ya recurrente plagio de tesis; además, para investigar y sancionar a quienes cometen plagios y a quienes permiten y fomentan que esto ocurra. No solo eso, me preocupa que no se desarrolle en los alumnos las habilidades metodológicas para llevar a cabo trabajos de investigación ejemplares. Estas problemáticas son las que debemos demandar con mayor fuerza para que se atiendan a la brevedad, pues sobre sus efectos devastadores no existen dudas razonables. EP

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