Ante la crisis económica del presente año, la más grave de los últimos tiempos —en parte causada por el cierre de actividades económicas durante la contingencia sanitaria por el COVID-19—, vale la pena seguir la pista a las posibles tendencias y cambios en el poder adquisitivo de los hogares, en sus ingresos y en su bienestar en general, para generar evidencia de cuáles deberían ser las medidas ejecutadas desde el gobierno, capaces de garantizar el sostenimiento de un mínimo de protección durante este año.

En este texto se plantea, primero, un recuento histórico de la trayectoria del poder adquisitivo en México y su relación con las crisis económicas. Luego se analizan los efectos que se han observado de la crisis económica sobre el poder adquisitivo, visibilizando los posibles cambios en términos de distintas dimensiones de desigualdad. Después se mencionan las posibles consecuencias de la crisis económica y la caída del poder adquisitivo en el mediano y largo plazo. Por último, se hace un breve recuento de las medidas de protección social ejecutadas internacionalmente y las no ejecutadas en México.

Las crisis y la pérdida de poder adquisitivo en la historia reciente de México

Los hogares en México no han sido ajenos, desgraciadamente, a la pérdida de poder adquisitivo en las últimas cuatro décadas. En ese sentido, vale la pena analizar los datos históricos para conocer cuáles han sido las consecuencias de las crisis económicas recientes y su impacto en el poder adquisitivo de los hogares. 

Aunque sabemos que el crecimiento económico, medido por el cambio porcentual del PIB de un periodo a otro, no es suficiente para evaluar el cambio en el bienestar de los hogares, sí hay una relación muy estrecha entre el crecimiento (o decrecimiento) del PIB y el crecimiento del ingreso promedio de los hogares. Vale la pena mencionar que este indicador ha llegado a su nivel más bajo observado desde el año 2001, por lo que se espera que la pérdida de poder adquisitivo en los hogares sea grave y suponga un retroceso de décadas. 

De acuerdo con el análisis del PIB per cápita en el tiempo, se pueden encontrar al menos dos periodos importantes de crisis económica en las últimas tres décadas (de 1994 a 1995 y de 2008 a 2009) y uno de estancamiento (2001), sumando a estos la crisis que se vive en el año 2020. No obstante, un indicador que refleja más fielmente el poder adquisitivo en México es el ingreso que realmente tienen los hogares; en este caso, el indicador de los ingresos reportados en las encuestas de hogares. Veamos cómo se ha comportado en décadas recientes.

Comencemos por mencionar que antes de iniciar el sexenio, en 2018, la situación ya era mala en términos de ingresos de los hogares y poder adquisitivo: el ingreso del país en ese año era de $16 702 mil pesos mensuales promedio, prácticamente el mismo observado en 1989, que fue de $16,783¹. Sí, la situación del poder adquisitivo y su evolución reciente ya era sumamente grave: en prácticamente tres décadas el poder adquisitivo promedio de los hogares en México se había mantenido igualmente bajo. En la gráfica que sigue se puede observar el ingreso promedio de los hogares desde 1984 hasta 2018, además del crecimiento anual del PIB per cápita.

Según la información que obtenemos al analizar estos datos, entre 1984 y 2018 los ingresos del 10% de los hogares más pobres apenas aumentaron $1 865 pesos (equivalente al 26% de sus ingresos); en el mismo periodo, los ingresos del 1% de los hogares más ricos aumentaron $151 mil pesos (equivalente al 51% de sus ingresos). En ese sentido, en términos de poder adquisitivo y desigualdad, el periodo entre los años ochenta y la actualidad ha tenido como consecuencia un aumento desmedido de la desigualdad y mayor disparidad en el poder adquisitivo de los diferentes estratos sociales en el país. 

También es importante mencionar que claramente las crisis económicas suelen suponer un golpe muy fuerte en el ingreso promedio y el poder adquisitivo de los hogares. En las crisis iniciadas en 1994 y 2008 la disminución del ingreso promedio fue de 29% y 12% respectivamente², cifras muy por encima de la disminución del crecimiento económico observada en los mismos periodos. Además, es destacable que las crisis no perjudican por igual el ingreso de todos los hogares: es común que algunos estratos socioeconómicos se vean más perjudicados que otros. 

Por ejemplo, durante la crisis económica de 1994, relacionada con el famoso “error de diciembre”, las encuestas de ingresos muestran que, aunque la caída promedio del poder adquisitivo fue de 29%, dicha disminución fue más grave para los hogares con menos recursos (aquellos en el percentil más bajo³) y menos grave para los hogares más ricos. Estos últimos, de hecho, percibieron un incremento en sus ingresos entre 1994 y 1996. La crisis financiera iniciada en 2008 pareciera haber afectado más gravemente los ingresos de los hogares más ricos en términos de ingresos, aunque diversas investigaciones muestran que dicho golpe en términos de ingresos no reflejó una mayor disminución en cuanto al bienestar⁴.

La crisis de 2020: Aumento de desigualdad sin precedentes

Una vez que hemos mostrado el destructivo impacto que tienen las crisis económicas en el poder adquisitivo, regresemos a la crisis del 2020 y su particular gravedad. Como se adelantaba arriba, según las cifras disponibles de producto per cápita, el impacto de esta crisis supone un retroceso de prácticamente dos décadas. En ese sentido, valdría la pena valorar su profundidad en comparación con las otras crisis de las últimas tres décadas. 

En la gráfica siguiente se muestra un índice mensual estimado con base en el IGAE del INEGI, que, sencillamente, muestra la trayectoria de la actividad económica partiendo de un mismo punto, una base de 100. Ahí podemos observar cómo la curva correspondiente a la crisis de este año fue mucho más profunda que en el resto de las crisis, especialmente durante los primeros cinco meses. Al comparar los meses terceros de caída en la actividad económica, en 2020 el índice había caído 20%, mucho más que el 5% registrado al mismo término durante la crisis de 2008 y 2009 y el 2% en la crisis 1994 y 1995.

Desgraciadamente, los datos sobre ingresos de los hogares no se levantan y publican con la misma celeridad que los datos de actividad económica. En ese sentido, si bien aún no se sabe con certeza la magnitud del impacto de la crisis del 2020 en el poder adquisitivo y el ingreso de los hogares, sí se puede vislumbrar quiénes serán los más afectados y anticipar la trayectoria de la desigualdad como consecuencia de lo anterior. 

Para dicho análisis, es sumamente útil la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML) levantada por el INEGI en el mes de abril de este año, y que tenía como objetivo dar seguimiento mensual a los efectos de la crisis en el empleo y los hogares, pero que, desgraciadamente, no se continuó en meses posteriores. Los resultados que muestra son muy graves: en 9 millones de hogares, equivalentes al 30.3% del total, al menos un miembro de la familia perdió su empleo o cerró su negocio por la contingencia, mientras que en 16.6 millones de hogares, el 65%, los ingresos de la vivienda disminuyeron como consecuencia del COVID-19.

Pero, como siempre, estos efectos no se distribuyen de manera igualitaria entre la población, y entre las personas más afectadas por disminución de ingresos o paro de actividades laborales se encuentran las mujeres, los jóvenes y las personas con menor nivel educativo. Veamos con detalle. Mientras que 35% de los hombres ocupados menciona haber percibido disminución en sus sueldos, salarios o ganancias laborales debido a la contingencia sanitaria, este indicador sube a 42% para las mujeres, 41% para los jóvenes (frente a 35% de quienes tenían entre 46 y 60 años) y 64% para las personas ocupadas y con educación básica o menos (frente a 29.7%. de quienes tienen educación superior).

Claramente, la intersección de estas categorías muestra situaciones de mayor vulnerabilidad ante la crisis actual. Según estos datos del INEGI, una de cada dos mujeres jóvenes ocupadas percibió una reducción en sus ingresos laborales, frente a 30% de los hombres jóvenes. De igual manera, 72% de las mujeres con educación básica o menos percibieron dicha reducción, frente a 47% de los hombres. De hecho, aun entre mujeres y hombres con educación superior o más, el efecto es más fuerte para ellas.

Por otro lado, esta encuesta tiene la particularidad de que pregunta, a quienes no estuvieron ocupados, si las razones de no estarlo se relacionaron con la contingencia sanitaria. También incluye la pregunta de si a pesar de no haber trabajado recibieron algún tipo de sueldo o ganancia o apoyo debido al empleo. En abril de 2020, 8.9 millones de las personas, es decir, 18% de la población económicamente activa o disponible, no trabajó y no recibió nada por parte del empleador o como ganancia por su trabajo.

Al igual que en el indicador antes analizado sobre disminución en ingresos percibidos, el efecto es más grave según las categorías ya analizadas: 21% de las mujeres y 22% de quienes cuentan con educación básica como máximo no trabajaron por razones asociadas a la contingencia por COVID-19, frente a 16% de hombres y 9.8% de quienes tienen educación superior. Es destacable cómo el indicador sube hasta 27% para mujeres con educación básica.

Aquí en términos de edad el efecto es distinto, y afecta más gravemente a adultos mayores (22% no trabajaron frente a 15% de jóvenes), probablemente porque a ellos se les pedía más encarecidamente dejar de salir de casa. De hecho, a pesar que los empleadores tenían la obligación de seguir pagando a sus trabajadores aunque no asistieran al trabajo, incluyendo especialmente a los adultos mayores, esta cifra de 22% sólo deja evidencia de que fue imposible garantizar el trabajo remunerado o las ganancias de los negocios para las personas de este grupo especialmente vulnerable ante la contingencia sanitaria. 

Como sabemos, previo a esta crisis económica, los ingresos laborales de las mujeres, los jóvenes y quienes tienen menor nivel educativo, se encontraban ampliamente por debajo de sus contrapartes en la categoría correspondiente. Así pues, debido a los datos arriba analizados, queda claro que las brechas de desigualdad se ampliarán aún más luego de esta crisis económica. Un ejemplo claro y sencillo es el caso de las mujeres y su inserción en el mercado laboral. Del total de población de 15 años y más, 76% de los hombres y 45% de las mujeres eran económicamente activos (estaban ocupados o desocupados buscando activamente empleo), esto durante los meses de enero y febrero de 2020, previo a la crisis. Como es claro, la brecha de género persistía a pesar de que había ido disminuyendo lentamente en las últimas décadas. 

Desgraciadamente, un efecto que parece vislumbrarse que dejará la pandemia, será la salida del mercado laboral de un número importante de mujeres. Como puede observarse en la gráfica siguiente, la brecha laboral parece ampliarse pues la recuperación de la participación económica de los hombres ha sido mucho más acelerada que la de las mujeres. En ese sentido, la brecha de participación durante agosto del 2020 no se había observado desde el primer trimestre del año 2005. Un retroceso de 15 años en el magro avance hacia la igualdad de género. 

Entre las causas que se cree podrían estar afectando el regreso de las mujeres a la actividad económica se encuentran: primero, que dada la brecha salarial de género, en los hogares se puede estar percibiendo como más imperioso el regreso de los hombres al mercado laboral que el regreso de las mujeres; segundo, que ante la falta de apoyo en trabajo de cuidados por parte del Estado, y con la emergencia de las escuelas cerradas, nuevamente se prioriza el trabajo masculino; por último, actualmente puede que se esté dando una competencia más ríspida en un mercado de trabajo aún más precarizado, perjudicando los perfiles de las mujeres.

El análisis anterior deja clara evidencia de que los ingresos laborales y por negocios propios se han visto fuertemente afectados durante la crisis económica y la contingencia sanitaria por COVID-19. En este sentido, el poder adquisitivo de los hogares tendrá una de las disminuciones más drásticas de las últimas décadas. Además, la identificación de los más afectados por esta crisis deja claro que aquellas personas previamente más vulnerables (mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con menor nivel educativo) serán al mismo tiempo las más afectadas por la crisis. En resumen, es claro que la brecha de poder adquisitivo se ampliará en México luego del año 2020.

Efectos de la pérdida de poder adquisitivo

Según estimaciones de el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED-UNAM), la pobreza extrema habría crecido en 72%, aumentando de 22 millones a 38 millones tan sólo de febrero a mayo del 2020. Esta tremenda disminución del poder adquisitivo tiene fuertes efectos a corto, mediano y largo plazo. Dichos efectos suelen ser más graves en hogares de menores ingresos. Veamos con detalle. Si bien una disminución temporal de los ingresos laborales puede tener como consecuencia el endeudamiento para solventar gastos del hogar, la probabilidad de que esto ocurra aumenta exponencialmente conforme más bajo sea el estrato social, puesto que los hogares de mayores ingresos han tenido mayores posibilidades de ahorrar previamente. De hecho, según la ECOVID-ML, en 20% de los hogares de los encuestados con educación básica o menor han pedido dinero prestado o solicitado ayuda para cubrir algún gasto, mientras que eso sólo sucede en 13% de los hogares de los encuestados con educación superior o más.

Cuando se trata de hogares sumidos en una situación de vulnerabilidad muy profunda y un nivel adquisitivo ya de por sí muy bajo, pedir prestado, vender o empeñar bienes no es una opción posible. Las respuestas a este tipo de crisis entre los más pobres incluyen la disminución de la cantidad y la calidad de los alimentos del hogar, el cambio de residencia cuando son viviendas rentadas, disminución al máximo posible de gastos en salud y otros rubros como transporte y, en los casos más graves, el retiro de la asistencia escolar de los menores o hasta su inclusión en el mercado laboral como apoyo a los ingresos del hogar. 

El impacto de la caída del poder adquisitivo, más agravado en los hogares de menores ingresos, termina dejando una huella que puede durar toda la vida. Diversas investigaciones muestran que las crisis económicas tienen un efecto de largo plazo en la salud de los infantes⁵, su nutrición y nivel educativo (una vez que salen de la escuela, es difícil que regresen). Desde un punto de vista económico y de capital humano, los investigadores mencionan que durante las crisis económicas disminuye la inversión en capital humano de los niños, niñas y adolescentes, lo que aumenta la probabilidad de la herencia intergeneracional de la pobreza. Desde un punto de vista de enfoque de derechos, estas consecuencias sencillamente atentan contra los derechos de los menores, son injustas y deberían de atenderse y resolverse mediante políticas sociales. Este último será el siguiente tema de análisis. 

¿Cómo afronta el Estado la pérdida de poder adquisitivo de los hogares?

Luego de revisar los graves efectos de la crisis económica en el poder adquisitivo de los hogares, y su efecto a mediano y largo plazo, las preguntas obvias son: ¿qué posibilidades tienen los gobiernos para aminorar el efecto negativo en los ciudadanos más vulnerables?, ¿cuáles de estas posibilidades se han llevado a cabo en México? 

Al día de hoy, 212 países han puesto en marcha 1 179 medidas de protección social como respuesta a la crisis económica y la contingencia sanitaria. De los 119 países para los que se tienen datos presupuestarios, el monto total gastado asciende a $789 mil millones de dólares, equivalentes a 0.9% del PIB mundial de 2019. Estas medidas tenían un doble objetivo: evitar en lo posible que la población saliera de sus casas a buscar ingresos, especialmente durante los meses con más altos contagios durante la pandemia, así como brindar un piso mínimo de protección para los hogares ante la drástica pérdida de poder adquisitivo y aminorar los posibles efectos a mediano y largo plazo.

Algunos de los países que llevaron a cabo medidas de protección social amplias en términos presupuestarios fueron Japón (cuya suma de políticas sociales equivalen a 2.1% del PIB), Alemania (1.4%), Estados Unidos (1.36%), Chile (1.34%), India (1.2%) y Brasil (1.03%). Entre las políticas sociales más frecuentes se incluyen 340 nuevos programas de transferencias monetarias, cuyo monto promedio rondaba los $3,000 mil pesos por beneficiario⁶. La mayoría de estos programas son temporales, algunos consistentes en pagos durante varios meses (en promedio 3.3 meses) y otros entregados en una sola exhibición. 

Si bien este tipo de medidas ha sido fundamental para aminorar el impacto de la pandemia en términos de casos y fallecimientos por COVID-19, también lo ha sido para garantizar en la medida de lo posible el poder adquisitivo de los hogares. Desgraciadamente, el Gobierno Federal en México optó por una vía distinta, y no lanzó programa social nuevo alguno durante los meses más duros de la crisis económica. 

Como ya hemos hecho notar en otras ocasiones, entre las medidas ejecutadas para afrontar la crisis en México destacaron el adelanto de la distribución de algunos de los programas sociales del país (destacando la pensión para el bienestar de adultos mayores) y el endeudamiento a pequeños negocios vía 2 millones de microcréditos de $25 000 pesos, pagaderos a tres años. La primera medida no representa un aumento en cuanto al monto presupuestado a distribuir a principios de año antes de la pandemia, y la segunda no es una medida de protección social. 

Las recopilaciones de medidas de protección social internacionales incluyen si acaso el incremento del presupuesto para créditos de vivienda en INFONAVIT y FOVISSSTE, que se supondría podrían llegar a beneficiar hasta a 442 000 trabajadores. Desgraciadamente, esto también implica mayor endeudamiento para los hogares que hipotéticamente decidieran elegir comprar una vivienda durante la crisis económica más dura de las últimas décadas en el país, a la par de la mayor caída en el poder adquisitivo promedio. 

Fueron múltiples las propuestas de medidas de protección social propuestas por la sociedad civil. Por un lado, se planteó la ejecución de una especie de ingreso básico casi-universal de emergencia, que consistía en una transferencia por tres meses de un monto cercano a la línea de pobreza del CONEVAL ($3,746 pesos) para 12 millones de personas trabajadoras que hubieran perdido ingresos durante la crisis⁷. Con las cifras mencionadas, el programa hubiera tenido un costo cercano a $135 mil millones de pesos, equivalentes a 0.55% del PIB. Como se revisó atrás, esta política hubiera estado en línea con lo observado en otros 95 países, y la inversión, de igual forma, hubiera sido acorde a lo gastado internacionalmente.

También se propusieron otras transferencias distintas, como un seguro de desempleo para trabajadores formales, que hubiera representado 0.15% del PIB; transferencias para personas sin seguridad social, que hubieran representado entre 0.15 y 0.30% del PIB, y hasta simplemente el aumento del monto transferido en los programas sociales vigentes, de entre uno y tres bimestres extras, que habrían representado 0.05% y 0.31% del PIB. Otro conjunto de propuestas de distinta naturaleza (incluyendo políticas de vivienda y adecuación sanitaria, así como otras dirigidas a población en situación de calle, recluida en centros penitenciarios y víctima de violencia) fueron aglutinadas por un conjunto de 58 organizaciones de la sociedad civil y lanzadas en forma de decálogo.

Sobra decir que todas estas propuestas fueron rechazadas por el Gobierno Federal, bajo el argumento de que los programas sociales previos a la crisis eran suficientes, que 70% de los hogares recibían al menos uno de estos programas y que además buscaban evitar el endeudamiento del Estado mediante una estricta política de austeridad. Si bien queda fuera de este análisis, es imposible ignorar que algunas políticas prioritarias de inversión pública que fueron anunciadas como intocables en términos presupuestales representaban al menos 0.4% del PIB⁸. Además, al momento no existe información pública que permita verificar si realmente 7 de cada 10 hogares en el país reciben un programa social. Según datos de la ECOVID-ML, sólo 5 de cada 100 personas en el país reportan ser beneficiarias de algún programa social. 

En resumidas cuentas, queda claro que el gobierno en México ha destacado internacionalmente por hacer mucho menos en favor del poder adquisitivo de los hogares y de garantizar un piso mínimo de protección social para la ciudadanía que otros países. Ya se ha mostrado cómo es que históricamente las crisis económicas suelen afectar gravemente los ingresos y el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables, teniendo así graves efectos en términos de ampliación de brechas y, en su conjunto, de incremento de la desigualdad. 

Una vez observada la profundidad de la crisis económica de 2020, resta seguir exigiendo la aplicación de medidas de protección social que aminoren su efecto en los hogares, y busquen evitar los efectos perjudiciales en el mediano y largo plazo. En cualquier caso, si bien el mejor momento para haber ejecutado dichas medidas fue hace varios meses —durante el periodo más álgido de la crisis— el segundo mejor momento para aplicarlas es justo ahora. EP

1 Todas las cifras históricas de ingresos de los hogares están deflactadas a pesos constantes de 2018. Esto quiere decir que toman en cuenta la inflación entre los periodos y, en ese sentido, reflejan el mismo poder adquisitivo.

2 En el caso de 1994, se presenta la disminución observada entre ese periodo y el año 1996. Para el caso de 2008, respecto al 2010.

3 Recordemos que los percentiles son esos estratos que surgen de dividir a la población en 100 partes iguales. Eso quiere decir que tendríamos, por ejemplo, 100 escalones, donde en el primer escalón estaría el 1% de la población con menos ingresos y en el centésimo escalón estaría el 1% más rico.

4 Al respecto vale la pena leer acá, donde se hace un análisis del caso de México en términos de desigualdad en bienestar y los efectos de la crisis financiera.

5 güero, J., & Valdivia, M, The permanent effects of recessions on child health: Evidence from Peru, Estudios Económicos, 2010”. Acá, y acá otros ejemplos de investigaciones.

6 El dato promedio reportado a nivel mundial, para los 95 países con datos disponibles, es de una fracción de 0.26 del PIB per cápita mensual.

7 Puede leerse más al respecto en: https://www.ingresovital.org

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