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Energía: fuente de optimismo
Rodrigo Gallegos
Uno de los avances más importantes de los últimos tres años en México es la reforma energética. Por primera vez, se elaboran leyes para un mercado eléctrico y uno de hidrocarburos que operan en competencia.
La finalidad de la reforma no solo es reducir costos de energía para los mexicanos y mejorar la calidad de esta, sino también detonar una nueva actividad económica en un sector que está rezagado frente al resto del mundo y cuya aportación a la economía nacional cae día con día. El reto, sin embargo, es mayor: existen múltiples trabas que van desde la incertidumbre jurídica en el régimen de propiedad del país y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sector hasta la realización de los nuevos estudios de impacto social y consultas indígenas, entre muchas otras, que pondrán a prueba esta reforma. Pese a estos obstáculos, su potencial ya es visible en los dos mercados que regula.
Mercado de hidrocarburos
Se han creado nuevas empresas con inversionistas mexicanos y extranjeros con propuestas de exploración y explotación. Aunque la primera ronda de licitaciones de campos petroleros en 2015 no resultó como se esperaba, atrajo un par de nuevas inversiones que no solo producirán más barriles de petróleo, sino que generarán nuevos ingresos fiscales y una actividad económica que difícilmente habría sucedido sin la reforma. Además, se creó un regulador más independiente y con nuevas capacidades que obliga a las empresas a adoptar estándares de calidad, sustentabilidad y transparencia que no se tenían antes y que tanta falta le hacían a Pemex, la principal empresa del sector.
Mercado eléctrico
En los últimos dos años, el regulador ha recibido una gran cantidad de proyectos, y grandes empresas eléctricas mundiales han mostrado interés en participar en el nuevo mercado mexicano, aunque todavía no se llevan a cabo las subastas. Por otro lado, también se ha dicho que la reforma ya redujo las tarifas eléctricas y —aunque en el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco) creemos que dicha caída se explica más bien por la reducción en los precios internacionales del petróleo— estamos seguros de que la reforma derivará en tarifas eléctricas más bajas y un mejor servicio para los usuarios, tal y como sucede en la mayoría de los países.
Quizás uno de los temas menos difundidos sobre la reforma eléctrica sea que gracias a ella México podrá diversificar su matriz energética, reducir sus emisiones y crear opciones de negocio para millones de hogares. La simplificación de los contratos para la generación de energía eléctrica a pequeña escala, con opción de compra y venta a la red eléctrica, podría crear oportunidades de negocios para millones de mexicanos, además de evitar pérdidas millonarias en la energía que transmite todos los días la Comisión Federal de Electricidad.
Rodrigo Gallegos es director de Cambio Climático y Tecnología en el IMCO
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Economía: mucha estabilidad pero poco dinamismo
Luis Mauricio Torres
Los tres primeros años del sexenio han sido extremadamente estables, casi catatónicos. Por un lado, la economía ha soportado desequilibrios drásticos como las secuelas de la crisis de 2008, la crisis de la deuda europea, la caída del precio del petróleo, la depreciación del tipo de cambio y la volatilidad de los mercados financieros globales. La estabilidad macroeconómica es siempre un activo para la competitividad, comenzando por el exitoso control de la inflación. Por otro lado, la estructura interna ha permanecido virtualmente intacta. Casi 58% de la población económicamente activa (PEA) sigue en la informalidad. El crecimiento económico promedio de los últimos tres años es de solo dos por ciento. El porcentaje de personas que se encuentra en situación de pobreza es el mismo desde 2010, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). ¿Qué le ha faltado a la estrategia económica para verdaderamente mover a México?
El sexenio comenzó con una campaña que nos vendió el concepto de “democratizar la productividad”, pero las medidas para lograrlo no han sido suficientes: tanto el Programa para Democratizar la Productividad como la ley con el mismo propósito se han quedado en el papel y sus acciones concretas no han sido difundidas ni evaluadas.
El siguiente paso es cambiar un poco el paradigma. La productividad laboral, aunque lentamente, avanza. Existen pocas razones para pensar que la tendencia de crecimiento negativo de la productividad total de los factores (es decir, el nivel de eficiencia con el que se usan trabajo, capital y energía en los procesos productivos) de los últimos años haya sido revertida.
Para empezar, la política pública debería enfocarse en la productividad del capital, la cual ha decrecido en promedio casi dos por ciento al año desde el 2000, según estimaciones del imco. Si las inversiones de las empresas no son suficientemente productivas, será muy difícil generar empleos productivos con salarios competitivos, aun cuando esos empleos sean formales. El primer paso es mejorar la asignación de recursos, es decir, las decisiones sobre en qué sectores y en qué regiones invertir. Esto se resuelve con información sobre dónde encontrar el mejor talento y las mejores oportunidades de negocio.
El segundo paso es definir cómo generar valor. Para ello debemos dejar de pensar que la capacitación laboral lo es todo y comenzar a proponer capacitación para el emprendedor. La política industrial no es únicamente subsidios sectoriales; también implica mejorar el gobierno corporativo y brindar asistencia técnica similar a la que ofrecen las empresas de capital privado. La banca de desarrollo puede identificar proyectos y sectores en los que es posible poner financiamiento semilla —pero no solo dinero, sino también consejos— y, mejor aún, crear una plataforma donde empresas e inversionistas compartan información y financiamiento: bolsas de valores regionales o sectoriales.
En el corto plazo, estas ideas podrían elevar la productividad de toda la economía. En el largo plazo, es necesario revisar las recomendaciones usuales: mejorar el capital humano, la inversión pública inteligente en infraestructura productiva y los marcos institucionales que no impidan el desarrollo de negocios.
Luis Mauricio Torres es investigador del IMCO
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¿Finanzas públicas sustentables?
Manuel Guadarrama
El 9 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma fiscal a través de los decretos que modificaban el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. No obstante, la economía mexicana continúa sin despuntar. En tres años, el crecimiento real anual promedio de la economía fue de 2.4 por ciento.1 Sin embargo, en términos reales, el Presupuesto de Egresos de la Federación pasó de 3.7 billones de pesos en 2013 a 4.1 billones de pesos en 2015, es decir, creció casi 11%. Con ese ritmo de gasto, la austeridad es solo un discurso.
Por otro lado, con la reforma fiscal los ingresos tributarios alcanzaron en 2014 los 1.8 billones de pesos,2 monto insuficiente para hacer frente al nuevo escenario en las finanzas públicas:
1. Precios bajos del petróleo: entre junio de 2014 y septiembre de 2015 el precio promedio de la mezcla mexicana pasó de 100 dólares por barril a 39 (caída de 61%).
2. Bajos niveles de producción de petróleo (caída de 33%).3
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (shrfsp) pasó de 36.4% del pib a 44.9% entre diciembre de 2012 y junio de 2015.4 La reforma fiscal y los ingresos tributarios que trajo aparejados han permitido compensar estas pérdidas; sin embargo, cabe preguntarse si se mantendrá el compromiso adquirido por el Gobierno federal de disminuir la deuda pública para 2018 o se recurrirá a la salida más fácil en el corto plazo y se pasará la bolita a la siguiente administración.
Como toda explicación del ámbito social, las causas que han detenido el anhelado despunte de la economía mexicana son diversas, algunas achacadas al contexto global y otras, deshonrosamente, al “hecho en México”, por ejemplo, el intento de “Presupuesto Base Cero” que pretendía reducir el gasto y asignar recursos únicamente a conceptos que tuvieran una justificación no se concretó. En todo caso, el único beneficio que aún está por comprobarse es el de establecer un freno al gasto inercial. A nivel subnacional no es diferente: a pesar de que los estados y municipios generan 16% de los ingresos totales, ejercen 43.8% de los egresos, es decir, seguimos gastando lo que no tenemos.5
En este contexto, los restantes tres años de la administración deberán enfocarse en crear mayores incentivos a la formalidad y mejorar la productividad. Pero, sobre todo, de nada servirá la reforma fiscal emprendida por el Gobierno de Peña Nieto si no se logra un gasto más eficiente y transparente, y si no se consigue establecer impuestos para crecer y no para malgastar.
Manuel Guadarrama es coordinador de Finanzas Públicas en el IMCO
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Corrupción: el gran pendiente
Pedro Gerson
En las 2 mil 964 palabras del discurso de toma de protesta de Enrique Peña Nieto no se mencionó la palabra corrupción ni una sola vez. Si habló de temas importantes como la educación o la desigualdad, también quedó claro que la lucha contra la corrupción no figuraba en la visión de Estado del recién electo presidente. Esto, porque tal vez ni él ni su Gabinete vieron o aceptaron que el éxito o fracaso de las reformas no dependía únicamente de si estaban bien hechas o no, sino de si se construían dentro de un marco de apego a la ley.
Sin embargo, dos eventos posicionaron la corrupción en el ojo mediático y, por ende, en la agenda pública: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca. Desde esos dos sucesos, el combate a la corrupción se volvió un activo fijo en las declaraciones del presidente. En su decálogo de medidas para mejorar la seguridad del país, Peña Nieto posicionó al combate a la corrupción y la transparencia y rendición de cuentas como dos pasos necesarios. Meses más tarde declaró: “La corrupción en México […] es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar”.
En abril de 2015 se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este sistema representó un cambio constitucional de gran envergadura que derivó en una transformación sobre cómo se combatirá la corrupción en el país. Se solidificaron instituciones, se crearon más facultades de investigación y se obligó a destinar más recursos a este problema. Cabe mencionar que el SNA fue, en gran medida, resultado de una agenda que la sociedad civil organizada viene empujando desde hace años.
En los siguientes tres años quedará la tarea de echar a andar el SNA. Para ello, primero se tienen que aprobar leyes secundarias correspondientes. Un paso importante sería que las leyes convirtieran al #3de3 en un requisito legal. A inicios de 2015, el imco y Transparencia Mexicana lanzaron la campaña #3de3, pidiendo a legisladores y luego a candidatos tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Por ahora la declaración es un compromiso con la transparencia, pero de convertirse en ley podría ser una herramienta muy útil en la prevención y combate a la corrupción, pues ayudaría a identificar anomalías en el patrimonio y/o conflictos de interés de funcionarios públicos.
Las leyes secundarias se tienen que aprobar para mayo de 2016. Peña Nieto y su equipo tendrán tiempo de ver si su renovada convicción en el combate a la corrupción va más allá del discurso. Entre 2000 y 2013, de 72 escándalos de corrupción de gobernadores hubo solo 16 investigaciones y cuatro consignaciones. ¿Intentará el presidente revertir esto?
Pedro Gerson es investigador del IMCO
1 Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
2 SHCP, Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.
3 Pemex, base de datos institucional.
4 SHCP, segundo trimestre de 2015.
5 OCDE, 2015. Fiscal Decentralisation Database (datos de 2012).
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