En este artículo, el primero de tres, Yuri Beltrán reflexiona en torno a los retos que los sistemas democráticos y las elecciones participativas enfrentan luego del surgimiento del virus que causa la enfermedad de COVID-19.
Texto de Yuri G. Beltrán Miranda 01/06/20
En este artículo, el primero de tres, Yuri Beltrán reflexiona en torno a los retos que los sistemas democráticos y las elecciones participativas enfrentan luego del surgimiento del virus que causa la enfermedad de COVID-19.
In memoriam Juan Hernández
La epidemia del cólera había causado en once semanas
los más grandes estragos de nuestra historia…
Gabriel García Márquez
El presente artículo forma parte de una trilogía de reflexiones frente al algoritmo Elecciones-COVID-19. El objetivo de esta primera entrega es dilucidar algunos retos que conlleva una pandemia como esta para la celebración de elecciones de calidad. En la siguiente se analizarán algunos casos de actuación relevantes en el mundo y la tercera será dedicada al caso mexicano.
El mundo inició 2020 más democrático que en cualquier otro momento de la historia. 97 países —de manera parcial o total— han asumido la democracia como el modelo pacífico de elección de representantes y rotación de poder. Cerca del 57% de la población mundial vive en alguna de las variantes de la democracia, y sólo el 20% de los países son considerados como no democráticos (IDEA 2019).
Entre los atributos necesarios para que un país pueda jactarse de ser democrático, deben existir mecanismos que generen gobiernos representativos emanados del voto popular recabado en elecciones libres, periódicas y competitivas, las cuales son parte fundamental de la llamada normalidad democrática. En otras palabras, se ha definido que dicha normalidad ocurre cuando las reglas formales, derivadas del marco normativo electoral, han sido correctamente asimiladas tanto por los actores políticos como por la ciudadanía. Hablamos de estabilidad institucional, consolidación de las reglas del juego, valores cívicos internalizados en los hábitos cotidianos, etcétera.
La normalidad democrática no es el punto final de los procesos automáticos del desarrollo histórico, sino producto de consideraciones y reflexiones en torno a los retos que supone la compleja realidad social. De esta manera, lo único constante, luego de cada reforma a un sistema electoral, es que revelará nuevos desafíos, generalmente no previstos.
A la fecha, cerca de treinta y cuatro elecciones han sido postergadas, de las cuales dieciocho no han definido una nueva fecha para su celebración
La pandemia del COVID-19 es uno de esos retos, quizás el mayor del que se tenga recuerdo en el marco de las elecciones modernas. Ha desentrañado la necesidad de reconsiderar muchas de las actividades cotidianas, cuestionando, en última instancia, esa “normalidad” en la que vivíamos hace tan sólo unos meses. Así, un virus logró evidenciar que las instituciones democráticas pueden ser frágiles e insuficientes. En el terreno propiamente electoral, la respuesta casi automática frente a la celebración periódica de elecciones fue postergarlas o aplazarlas, con el objetivo primordial de no poner en riesgo a la ciudadanía —tanto a los votantes como a los trabajadores del ramo electoral—. Sin embargo, podemos preguntarnos, en términos democráticos, ¿cuáles son los costos reales de este tipo de acciones?, ¿cuál puede ser el impacto político de aplazar las elecciones en un panorama regido por la incertidumbre?
A la fecha, cerca de treinta y cuatro elecciones han sido postergadas, de las cuales dieciocho no han definido una nueva fecha para su celebración. Entre ellas destaca el plebiscito chileno que tendría lugar en abril, la elección presidencial de Bolivia y las elecciones locales de México. Otros países han decidido seguir adelante con los comicios a través de novedosos mecanismos que minimizan el riesgo de contagio. Es el caso de Corea del Sur, que logró altas tasas de participación protegiendo el interior de las casillas con termómetros, gel desinfectante y otros materiales. Está por verse si Estados Unidos profundizará en su experiencia sobre el voto anticipado o, bien, si optará por mantener el voto presencial utilizando dispositivos de sanitización en las casillas.
Existe, empero, un elemento que es necesario explicar: en algunas latitudes las elecciones pueden ser críticas, específicamente en contextos en los que una ola de eventos sociopolíticos relevantes mantiene en tensión la arena electoral. Por supuesto que posponer las elecciones como reflejo inmediato ante una pandemia resulta fundamental para proteger a la ciudadanía, pero cualquier aplazamiento debe tener límites. Esos límites pueden ser constitucionales, legales y hasta sociales e institucionales.
i las elecciones se aplazan por demasiado tiempo se puede generar un espacio de incertidumbre de gobernabilidad —entendida esta como la capacidad de los Estados de generar decisiones vinculantes, e implementar políticas públicas tendientes a la resolución de los problemas—. Esto puede ocurrir ya sea porque los representantes tuvieran que extender su periodo más allá del que fueron electos, o porque al concluir un periodo no hubiera una rotación natural del poder y “que la silla se quede vacía”. Estos extremos podrían ser peligrosísimos para la normalidad democrática.
Si las elecciones se aplazan por demasiado tiempo se puede generar un espacio de incertidumbre de gobernabilidad
Toda elección debe cumplir con etapas que la doten de legitimidad; la modificación de cualquiera de estas podría poner en duda la elección completa. Una de ellas, quizá la más relevante, es la celebración de campañas, las cuales podrían realizarse a través de medios alternativos cuando las y los candidatos tengan una movilidad limitada. Sin embargo, y tomando en cuenta que la difusión de un mensaje electoral es uno de los procesos más importantes en una elección, reducir el tiempo de la campaña podría ir en detrimento del proceso electoral en conjunto.
De acuerdo con IDEA Internacional la legitimidad de toda elección debe mantenerse y, frente al COVID-19, ha advertido una serie de elementos que, en caso de no cumplirse, podrían provocar serias consecuencias:
Cuadro 1: Consecuencias para la celebración de elecciones durante la pandemia
Es importante señalar que la modificación de los procesos electorales puede mermar en la confianza ciudadana, misma que, de acuerdo con el Latinobarómetro, ha disminuido frente al modelo democrático y sus instituciones más importantes. La desafección con la democracia es un factor en sí mismo. En menos de veinte años, la ciudadanía latinoamericana no sólo ha determinado su clara insatisfacción con la democracia, sino que, en promedio, hoy sólo el 54% de ella considera que es la mejor forma de gobierno (Ver gráfica 1)
Gráfica 1: Percepción de la democracia en América Latina, 2000-2018.
La confianza en las principales instituciones democráticas pende de un hilo frágil. Aunque una de las instituciones mejor evaluadas en el continente es la institución electoral, la confianza en ella ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. La desconfianza en los partidos políticos y en los gobiernos —que por cierto emanan del voto popular— ha crecido de manera vertiginosa (ver gráfica 2). De esta manera, cualquier cambio poco difundido o que modifique sustancialmente el proceso electoral y, con ello, la duración del mandato, puede atentar en contra de la confianza en las instituciones y la democracia misma.
Gráfica 2: Confianza en instituciones democráticas.
Para los especialistas y las agencias electorales internacionales, esta coyuntura representa la oportunidad de implementar mecanismos de votación remota, como postales, votos electrónicos o voto adelantado; mecanismos que pondrían en duda, incluso, la forma tradicional de votar en casillas o centros de votación. Por ejemplo: Nueva Zelanda se encuentra considerando la posibilidad de extender a toda la ciudadanía las modalidades de votación alternativa diseñadas para votantes que no pueden acudir a los centros de votación.
Si las elecciones son la piedra angular de la democracia, merece la pena reflexionar cómo pueden llevarse a cabo en estos tiempos de incertidumbre radical. Mermar la reputación del sistema electoral conlleva riesgos legales, políticos, financieros y operativos.
Muchos son los elementos que podrían considerarse a lo largo del ciclo electoral para disminuir la interacción entre personas. Claro que estas acciones deben ser el resultado de un análisis del contexto, de los antecedentes y de la disponibilidad de tiempo y recursos. Si las elecciones son la piedra angular de la democracia, merece la pena reflexionar cómo pueden llevarse a cabo en estos tiempos de incertidumbre radical. Mermar la reputación del sistema electoral conlleva riesgos legales, políticos, financieros y operativos.
Las pandemias han provocado distintas crisis a lo largo de la historia y, sin lugar a dudas, el COVID-19 es la primera gran pandemia que se vive en el tiempo democrático. Esta enfermedad requiere ser enfrentada sin sacrificar la posibilidad de emitir el voto de manera libre, secreta y directa. En la segunda parte de esta breve trilogía se analizará la forma en que algunos países han decidido hacer frente a la pandemia en relación con las elecciones: algunos han decidido posponerlas y otros han optado por llevarlas a cabo. Mientras tanto es necesario reflexionar, pues, como hubiera dicho un buen amigo: “El que tiene prisa no sabe a dónde va.” EP
Bibliografía consultada
DOPSA, S.A. DE C.V
