México y la mayoría de los mexicanos han vivido este primer cuarto del siglo XXI bajo el espectro del estancamiento económico, las reiteradas olas recesivas en su actividad productiva y la persistencia de la pobreza de masas y la desigualdad como señas de su estructura social y, muy distintivamente, de su sistema político. Se trata de un cuadro patológico ominoso.

Al mismo tiempo, debe consignarse que el sistema político-económico resultante de la apertura económica globalizadora —iniciada a principios de la década de 1980—, así como de la democratización del orden político, ha probado ser resiliente y flexible, capaz de generar formas dúctiles, pero resistentes y duraderas, de estabilidad social y política.

Para aproximarnos a este contexto enigmático, pero efectivo, es pertinente remarcar que a partir de 1994 México inició un complicado, aunque promisorio, trayecto de transformaciones en sus relaciones económicas y financieras que, a su vez, impactaron las existentes tanto en la producción como en la distribución de sus frutos. En efecto, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro país culminó un largo camino de transformaciones y episodios traumáticos que no sólo cambiaron nuestra geografía económica, sino también algunas estructuras productivas fundamentales.

Así, México se volvió un gran exportador de manufacturas y un líder dentro de la industria automotriz global —sector que, de acuerdo con análisis realizados sobre los 21 subsectores de la economía mexicana, registró un crecimiento anual promedio de 5.9 %, siendo el de autopartes el segundo mayor ganador, con 4.4 % anual— y, en parte, del proceso mayor: la globalización comercial y financiera.

Si bien se trató de un gran vuelco, lo cierto es que no fueron aprovechadas las oportunidades prohijadas por esas aperturas y nuestro desempeño económico ha sido, desde el punto de vista social, del todo insuficiente. Baste decir que en 31 años el PIB per cápita creció a una tasa promedio de apenas 0.7 % anual; que entre 2000 y 2024 cayó a 0.3 % anual, y que en 24 años el nivel del producto apenas subió 7.3 %, lo que equivale, en términos prácticos, a un estancamiento absoluto (INEGI/Conapo).

Creo que entre los factores que explican el muy bajo, o casi nulo, crecimiento económico está la renuencia a crecer; la creencia, entre los grupos dirigentes y los diferentes gobiernos, en la necesidad de no alterar las variables macroeconómicas y así asegurar una estabilidad económica y financiera que parecía haberse perdido como consecuencia de las tormentas económicas que trajo consigo la crisis de la deuda externa estallada en 1982.

Muy poco y sin consistencia es lo que se ha hecho en el frente productivo, así como en el de las finanzas públicas, la inversión pública, la reordenación regional y la política industrial. Esta omisión en el frente político y económico del desarrollo se ha visto acompañada por una militante negativa de los gobiernos a realizar una reforma fiscal que permita al Estado contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones constitucionales o afrontar las tormentas intensas de una economía global veleidosa y sin rumbo.

Por ello, dado que se trata de crecer rápido y sostenidamente —como lo exige nuestro desigual y vulnerable rostro social—, es imprescindible redefinir criterios de evaluación del desempeño de la economía política en su conjunto para, desde ahí, reconfigurar nuestras visiones y opciones estratégicas. Para superar este nocivo panorama de no crecimiento ni desarrollo, se tendrá que convocar a un amplio y plural acuerdo político-social que ponga al crecimiento económico en el centro de la deliberación pública y al desarrollo como objetivo histórico.

En suma, lo que el país tiene enfrente como desafío mayor y existencial es la construcción de una combinación dinámica entre crecimiento económico y redistribución social, entendiendo que el rezago es estructural y acumulado: mientras América Latina y el Caribe registraron entre 1990 y 2023 un crecimiento acumulado cercano a 56 % en el ingreso por habitante (de acuerdo con datos del BID), México entre 1993 y 2025 sólo logró 23.7 % de crecimiento en su ingreso.

Se trata, entonces, de “acercar” las políticas macroeconómicas a los pendientes de un desarrollo productivo sostenible que permita ir cerrando las desigualdades que marcan nuestras comunidades y geografías, tarea que se vuelve más urgente cuando se considera que, de los últimos 31 años, solamente en nueve —es decir, 29% del periodo— el PIB per cápita registró crecimiento positivo. Y que, tras las cuatro crisis principales registradas (1995, 2001–2003, 2008–2009 y 2020), la economía tardó cuatro años en recuperarse, un patrón que señala que México no ha sido capaz de acumular crecimiento.

De ahí la insistencia de no pocos: México requiere forjar un nuevo pacto social, un empeño serio y decidido que contemple recuperar las funciones básicas del Estado como articulador y coordinador de la sociedad y sus contradicciones. Un Estado que tendría que ser social, de derecho, de derechos y constitucional, con la capacidad de recaudar, gastar y administrar con transparencia y rigor los recursos públicos.

Estas tareas y misiones del Estado, entendido como entidad histórica y cultural, siguen sin asumirse por las fuerzas políticas y sociales que dominan el panorama nacional. Baste decir que durante el primer bimestre de 2026 la inversión productiva sufrió una caída de 44.9 %, uno de los mayores descensos desde 1991.

Dicho en breve: el Estado mexicano debe actualizar sus funciones, en nuestro caso truncadas por su permanentemente reducida capacidad tributaria y su renuencia e incapacidad política para avanzar hacia una reforma estatal inscrita —formal y políticamente— en el gran propósito de contar, como activo crucial de nuestra evolución política, con un crecimiento económico con equidad sustentado en una durable transformación productiva.

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