Hacia la justicia social en la regulación del cannabis
Zara Snapp, cofundadora e investigadora del Instituto RIA, y Romina Vásquez, coordinadora del área de Comunicación para la Incidencia de esta asociación civil mexicana, nos brindan una perspectiva sobre la regulación del cannabis basada en los derechos humanos y la justicia social. Este es el primer texto de nuestro dossier mensual #HablemosDeDrogasEstePaís.
Zara Snapp, cofundadora e investigadora del Instituto RIA, y Romina Vásquez, coordinadora del área de Comunicación para la Incidencia de esta asociación civil mexicana, nos brindan una perspectiva sobre la regulación del cannabis basada en los derechos humanos y la justicia social. Este es el primer texto de nuestro dossier mensual #HablemosDeDrogasEstePaís.
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Desde
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por primera vez la
inconstitucionalidad que representa la prohibición del autocultivo de la planta
de cannabis en noviembre de 2015, y después de cinco fallos a favor para
alcanzar la jurisprudencia en febrero de 2019 que obligó al Congreso de la
Unión a regularla, el proceso legislativo sigue. Durante dos largos años,
traducidos en numerosos foros de Parlamento Abierto, anteproyectos de dictamen
que se alejaban sustancialmente de las exigencias y la evidencia, llegaron más
prórrogas que parecen que el proceso será interminable.
El
19 de noviembre de 2020, el Senado aprobó por mayoría legislativa la minuta de
la Ley
Federal para la Regulación del Cannabis, que también reforma diversas
disposiciones de la Ley General de Salud (LGS) y del Código Penal Federal (CPF).
Después de pasarlo a la Cámara de Diputados a finales de noviembre, de nuevo
solicitaron y la SCJN concedió una prórroga hasta el 30 de abril de 2021 para
legislar sobre la materia —una
vez más—, aplazando la garantía de nuestros derechos humanos.
El
siguiente paso consistiría en que las comisiones de Justicia y Salud de la
Cámara de Diputados retomen el trabajo legislativo a principios de febrero,
integrando las mejoras necesarias para cumplir con las sentencias de la SCJN.
Después de su aprobación en Comisiones, se tiene que mandar al Pleno para su
votación y después tendría que regresar al Senado de la República para su
aprobación final. La minuta tiene que
ser aprobada por las dos Cámaras sin cambios para después obtener la firma del
Ejecutivo para su promulgación.
El
régimen de control de drogas en México presentará modificaciones, pero son
insuficientes: si bien se eleva el gramaje permitido de posesión a 28 gramos,
la persona usuaria de cannabis aún corre riesgo de ser detenida y presentada
ante el Ministerio Público, lo cual refleja la ausencia de una despenalización
efectiva. También se contemplan multas administrativas de hasta $11 mil pesos
por portación entre 28 y 200 gramos, y de hasta $25 mil por consumir en el
espacio público, medida que discrimina desproporcionadamente a las poblaciones
callejeras o que viven situaciones familiares y su residencia no representa un
sitio seguro. Por ello, resulta necesario homologar los espacios permitidos
para consumo a los ya existentes para tabaco. Asimismo, no eliminar el cannabis
ni sus isómeros de la lista del artículo 245 de la LGS (declarado
inconstitucional anteriormente por una clasificación incorrecta de la
sustancia), ni eliminar el delito de posesión simple del artículo 195 del CPF,
significa que tanto la criminalización como la extorsión y abuso por parte de
las autoridades podría continuar.
De
igual forma, observamos que los
mecanismos de protección para comunidades cultivadoras, indígenas y ejidales
son escasos, e insistimos en reservar la integración vertical
exclusivamente para éstas durante los primeros cinco años, así como aumentar el
porcentaje de licencias de cultivo a estos grupos al 80%, con el fin de
priorizar su beneficio en la cadena de producción, empezar a reparar el daño
causado por la política de prohibición y lograr nivelar la balanza de justicia.
“La reforma a las políticas de drogas, el cambio de paradigma hacia la reducción de riesgos y daños, y la regulación de cannabis con un enfoque de justicia social, pueden aportar a la construcción de paz en México.”
Por
otro lado, no podemos obviar las mejoras que han sido incluidas en el dictamen,
ya que responden a una intensa presión ejercida por organizaciones, colectivos
e integrantes de la sociedad civil. En primer lugar, se lograron eliminar los
requisitos de registro ante un padrón o la obtención de un permiso para
autocultivo sin fines de comercialización. Se mantienen las tres vías de acceso
que no son excluyentes entre sí (autocultivo, asociaciones cannábicas y el
mercado regulado). Asimismo, ya no será necesario comprobar la licitud de la
semilla ni cumplir las exigentes condiciones de testeo y trazabilidad para la
comercialización (aunque lo deja a la discreción del Instituto Mexicano de
Regulación y Control de Cannabis). Se
establecen límites a la cantidad de puntos de comercialización para mayores de
edad y se brindará una protección legal a las personas cuidadoras de pacientes
de cannabis medicinal. La creación del Instituto se debe mantener para
garantizar las acciones afirmativas, regular el mercado adecuadamente e
impulsar los beneficios de una regulación con justicia social.
Es
fundamental dejar de seguir desperdiciando nuestros recursos policiales,
ministeriales, judiciales y penitenciarios en actividades que no dañan a
terceros y solo perpetúan la marginación social por medio de castigos
injustificados. La regulación del cannabis no va a cambiar las condiciones
estructurales en nuestro país, pero sí puede lograr un impacto positivo si
regulamos bien. Definitivamente no será la varita mágica que revertirá los
niveles de violencia que ya hemos normalizado, sin embargo, sí sería un paso en
la dirección correcta. Sí tendrá un efecto en la violencia ejercida por parte
del Estado hacia personas usuarias si nos dejan de perseguir y si hay una
despenalización efectiva, además de dejar de erradicar cultivos ilegales de
cannabis y mejor buscar la integración de esas comunidades al mercado regulado.
Las personas usuarias y las comunidades cultivadoras deben ser las primeras en
ser beneficiadas por la ley. Esto significa aumentar las acciones afirmativas,
quitar barreras al acceso, permitir el autocultivo y la operación de las
asociaciones desde el primer día de la publicación de la ley en el Diario
Oficial.
En
cinco años, después de monitorear, evaluar y participar en la implementación de
la ley, queremos demostrar que ha funcionado por medio de diversos indicadores,
incluyendo la disminución de la erradicación forzada, el descenso de
detenciones arbitrarias y casos de posesión simple, el aumento en las personas,
comunidades y empresas que participan en el mercado legal y el porcentaje de
las comunidades afectadas que se han visto beneficiados por la ley. La reforma
a las políticas de drogas, el cambio de paradigma hacia la reducción de riesgos
y daños, y la regulación de cannabis con un enfoque de justicia social, pueden
aportar a la construcción de paz en México, pero solo si lo hacemos bien.
México está más que listo. EP
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