En este texto, Mónica Meltis, Directora Ejecutiva de Data Cívica, analiza y denuncia la violencia que se vive en el terreno político-electoral de cara a las elecciones del 2024.
Texto de Mónica Meltis 24/01/24
En este texto, Mónica Meltis, Directora Ejecutiva de Data Cívica, analiza y denuncia la violencia que se vive en el terreno político-electoral de cara a las elecciones del 2024.
En octubre del 2023 al menos 13 elementos de la policía de Guerrero fueron asesinados. Entre ellos se encontraba el secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez y el director de la Policía Preventiva municipal, Honorio Salinas Garay. Unos meses antes, en mayo del mismo año, el regidor del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Aurelio Terán Alvarado, también fue asesinado a balazos en Acapulco.1
La violencia en Guerrero, y específicamente en Coyuca, no es noticia nueva. Antes de esto ya habíamos documentado casos similares en Coyuca de Benítez. De hecho, Alfredo Alonso, el secretario de Seguridad Pública que fue asesinado junto con los elementos de la policía estatal, estaba sustituyendo a David Borja Benítez, quien antes fue secretario, pero renunció en diciembre del 2022 tras sufrir un ataque armado.2
“El 2023 cerró siendo el año más violento en nuestra base de datos. Y todo sugiere que el 2024 será peor.”
Guerrero es el segundo estado con más casos de violencia político-criminal en México, solo después de Veracruz. De 2018 a la fecha hay al menos 143 víctimas de este tipo de violencia en el estado. La mitad de esas víctimas eran personas funcionarias públicas. Específicamente el 27 % de todas las víctimas de violencia política en la entidad han sido funcionarias de seguridad pública. Le siguen personas funcionarias que no contendieron por el cargo (24 %), autoridades de elección popular (22 %), personas candidatas (18 %), familiares de personas que se desempeñan en el ámbito político (5 %) y militantes o integrantes de partido (4 %).3
En Data Cívica, junto con la Dra. Sandra Ley y otras colegas, hemos documentado la violencia criminal-electoral. Desde 2018, la documentación sugiere que este tipo de violencia solo ha ido en aumento. Desde entonces y hasta el cierre de 2023, hemos documentado un total de 1593 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de Gobierno o partidos. El 2023 cerró siendo el año más violento en nuestra base de datos. Y todo sugiere que el 2024 será peor.
Este año son las elecciones más grandes de la historia en México. Se celebrarán elecciones federales y, de forma concurrente con las 32 entidades federativas, se elegirán cargos de presidencia, 128 cargos de senadores y 500 de diputaciones.4 Si bien esto tiene una ventaja organizativa para las autoridades electorales, dado el contexto de creciente violencia criminal-electoral, es probable que las elecciones más grandes de la historia del país resulten ser también las más atacadas por grupos criminales.
¿Por qué nos interesa la violencia criminal-electoral? Para responder esta pregunta hay que entender el concepto de gobernanza criminal. Cuando hablamos de narcotráfico pocas veces hablamos de la estructura que existe detrás. El narcotráfico surge en lugares donde hay una ausencia importante de Estado. En ese contexto, los grupos criminales crean lazos a través del control del mercado y del territorio que les permiten llevar a cabo sus actividades ilícitas. Sin embargo, en palabras de Sandra Ley: “la ilegalidad del mercado criminal no es el factor que genera violencia […] la violencia se genera, en parte, por los esquemas de protección prevalecientes y los cambios en ellos”. Estos esquemas se refieren precisamente a la estructura de gobernanza criminal, es decir, una estructura en la que, ya sea por ausencia o por colusión del Estado, los grupos criminales logran tener una influencia tal que les permite el control político, económico y social a nivel local.5
Esta influencia que buscan ejercer los grupos criminales en la toma de decisiones a nivel municipal o incluso barrial tiene consecuencias importantísimas para la sociedad y para la democracia local. Algunos de los casos de ataques y asesinatos que hemos documentado han sido dirigidos contra funcionarios de seguridad pública, como sucedió con los elementos de policía en Guerrero, lo que se puede leer como un claro intento de intimidar a los detractores del control territorial de los grupos del crimen organizado. Otros tantos que hemos documentado han ido dirigidos contra funcionarios de tesorería y varios más han sido casos de atentados contra personas que trabajaban en instituciones de justicia, por mencionar algunos.
¿Es posible salir de estos esquemas de gobernanza criminal? Sí, pero me temo que no vamos por el camino adecuado. Lograr esto requiere de una transformación profunda en los sistemas de seguridad y procuración de justicia.
“[…] hemos documentado un total de 1593 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de Gobierno o partidos.”
En su libro, Guillermo Trejo y Sandra Ley analizan cómo las fuerzas de seguridad tuvieron un papel preponderante en la constitución de mercados ilegales de drogas durante el México autoritario. En este sentido, durante el sistema de partido único, los cárteles de la droga crecieron bajo la protección de las fuerzas del Estado, lo que les permitió operar en una relativa paz.6 Las fuerzas que protegían redes criminales eran también las encargadas de actuar como fuerzas represoras y combatir la disidencia política. Sin embargo, durante el proceso de democratización en México esto cambió. Por un lado, la alternancia política generó incertidumbre entre los grupos criminales y sus redes de protección, lo que los llevó a armarse de manera desproporcionada. Esto, a su vez, ha contribuido a la escalada de violencia que sucedió eventualmente. Por otro lado, las instituciones de seguridad, que eran antes principalmente militares, pasaron a convertirse en policías civiles. De esta forma, aunque en el 2000 se estableció en México la democracia electoral, las instituciones de seguridad y justicia no se transformaron. En palabras de Guillermo Trejo en una entrevista en Gatopardo: “México se democratizó con instituciones autoritarias en las entrañas”.7
Es en este contexto en que comienza la escalada de violencia de 2006, misma que empeora con la política del expresidente Felipe Calderón para “combatir al narcotráfico”, declarando la guerra a las organizaciones criminales de tráfico de drogas a través de la militarización de la seguridad pública.
Esta estrategia privilegió el uso de la fuerza pública en el combate, lo que condujo a una escalada drástica de violencia. De 2007 a 2008 las tasas de asesinatos de hombres y mujeres aumentaron más de 600 % y 30 % respectivamente. Durante la guerra contra el narcotráfico de Calderón, las violaciones de derechos humanos, cometidas por fuerzas federales, también incrementaron significativamente. A la par, los grupos criminales comenzaron a encontrar maneras de incidir en la vida pública de estados y municipios que estaban desamparados ante la escalada de violencia.
La escalada de asesinatos, desapariciones y violaciones graves de derechos humanos ha continuado hasta la fecha. También la violencia criminal-electoral, es decir, los actos que lleva a cabo el crimen organizado para incidir en la vida pública. Entre 2008 y 2019, México registró un total de 305,062 personas asesinadas de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto sin contar la crisis de desaparición que ha rebasado la terrorífica cifra de 100,000 personas desaparecidas, y también sin hablar de la creciente violencia contra personas migrantes, entre otras muestras de la violencia brutal.
Si bien en 2018 llegó la “Cuarta transformación”, la realidad es que no hubo una transformación en las fuerzas de seguridad. Por el contrario, la estrategia de militarización de la seguridad pública se profundizó en este sexenio de una forma sin precedentes. Nunca en la historia del país habíamos atestiguado el aumento del presupuesto militar como en este sexenio. Para 2024, la Defensa Nacional (SEDENA), la secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), que depende de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en su conjunto contarán con el 20 % del presupuesto total del Estado. Esta cifra es 8.6 veces más grande que la del anterior sexenio, sin dejar de lado su participación en la refinería Dos Bocas y otras obras públicas.8
Para revertir esto hay que comenzar por entender y documentar. Hasta antes de “Votar entre balas”, un proyecto de Data Civica en conjunto con Sandra Ley y un equipo importante de colaboradores,9 no existía una base de datos de libre acceso donde se diera seguimiento a este tipo de violencias. Esto impedía hacer el análisis correspondiente sobre los puntos rojos de gobernanza criminal y violencia criminal-electoral. Es fundamental que esta documentación continúe durante el 2024 y en adelante, ya que nos permitirá entender la dimensión de la gobernanza criminal no solo a nivel local, sino en elecciones estatales y federales.
“Desmantelar los espacios de control y de gobernanza criminal implica una transformación profunda del sistema de seguridad…”
A partir de esta documentación, y al analizarla junto con otras variables como la violencia ejercida hacia periodistas y activistas de la sociedad civil, se vuelve evidente que la estrategia de seguridad actual no ha funcionado. Desmantelar los espacios de control y de gobernanza criminal implica una transformación profunda del sistema de seguridad que logre por fin romper con los lazos entre grupos criminales y agentes estatales. Esto, ineludiblemente, apunta a un camino distinto al de la militarización.
Por lo pronto, apuntamos a que esta documentación servirá para la creación de protocolos y mecanismos de atención y mitigación de la violencia criminal-electoral, pues, esperamos equivocarnos, el 2024 apunta a ser a la vez el año con las elecciones más grandes en la historia y las más violentas también. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
