Ante las recientes reformas que facultan al INFONAVIT a construir vivienda social con ahorros de trabajadores, buscando impulsar la movilidad social, Enrique Díaz-Infante Chapa, del CCEY, cuestiona la intervención estatal y el riesgo para estos ahorros en el mercado de vivienda.
Texto de Enrique Díaz-Infante Chapa 07/04/25
Ante las recientes reformas que facultan al INFONAVIT a construir vivienda social con ahorros de trabajadores, buscando impulsar la movilidad social, Enrique Díaz-Infante Chapa, del CCEY, cuestiona la intervención estatal y el riesgo para estos ahorros en el mercado de vivienda.
El pasado 13 de febrero se aprobaron en el Congreso reformas a la Ley del INFONAVIT y a la Ley Federal del Trabajo. Las mismas facultan al INFONAVIT a construir directamente, por medio de una empresa filial del Estado, viviendas de interés social. Para tales efectos, se autoriza a dicho instituto a disponer de los ahorros de más de 50 millones de trabajadores depositados en su subcuenta de vivienda —y cuyo monto asciende a más de 2 billones de pesos—. La meta es construir al menos 1 millón de viviendas para jóvenes y personas de bajos ingresos, mediante la figura del arrendamiento social.
Al respecto surgen varias preguntas: ¿por qué es importante para las personas contar con una vivienda de calidad, asequible y bien ubicada para impulsar la movilidad social en México? ¿Se justifica que el Estado intervenga directamente, en la construcción de vivienda, para resolver el problema público que existe de escasez de vivienda? ¿Es correcto que se disponga del ahorro de los trabajadores para atender esta necesidad básica? ¿Y si no pagan sus deudas los trabajadores acreditados, que pasará con los ahorros de los trabajadores?
De acuerdo con la ONU, el contar con una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental.1 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce el derecho a una vivienda adecuada. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece en su artículo 25 el derecho de toda persona a gozar de un nivel de vida adecuado, lo cual incluye, entre otros, ejercer eficazmente el derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y una pensión de vejez. Estos derechos fundamentales están previstos en la Constitución Política Mexicana en los artículos 3º, 4º y 5º.
Con relación a la movilidad social y el derecho a la vivienda, cabe resaltar que el ascenso socioeconómico está determinado por la igualdad de oportunidades incluyendo la de tener acceso a una vivienda digna. De acuerdo con Campos Vázquez (2022), la desigualdad de oportunidades también está vinculada con las carencias en infraestructura de escuelas, hospitales, vivienda y transporte entre otras. Como apunta, “si bien la educación y la salud son los primeros ejemplos que se vienen a la mente al pensar en oportunidades, no son los únicos. Crecer en una localidad segura, tener acceso al transporte público o recrearse en espacios públicos son factores que pueden condicionar la vida desde la edad más temprana” (p.22). Y todos estos factores están ligados en mayor o menor medida a la oportunidad de acceder a una vivienda bien ubicada.
Y es que la desigualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda es un factor determinante en la desigualdad de ingresos y en la calidad de vida de las personas. Cuando los individuos, sin importar su origen socioeconómico, tienen acceso a una vivienda digna, pueden funcionar mejor en el mercado laboral insertándose exitosamente al mismo, ya sea como empleados o como empleadores y pueden así lograr ascenso socioeconómico. Dicha funcionalidad es superior si la fuente de trabajo se encuentra accesible en tiempos de traslado (Campos Vázquez, 2022).
La mejora en la posición socioeconómica de los individuos respecto de la que tuvieron en su hogar de origen tiene mucho que ver con el hecho de crecer en una vivienda segura, que cuente con espacio suficiente en las habitaciones y que se encuentre a una distancia razonable a la escuela y el trabajo. También, que tenga acceso a servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad. Esto debido a que las mejores condiciones de vivienda protegen a los integrantes del hogar contra los riesgos ambientales, brindan seguridad física a estos y generan un ambiente propicio para que los menores estudien, tengan mejores rendimientos escolares y se mitigue el riesgo de deserción escolar.
Además, de acuerdo con la ONU (2019), cuando más personas tienen acceso a una vivienda digna, se genera una mayor cohesión social. Y es que las viviendas ubicadas en entornos seguros y agradables facilitan la interacción entre los vecinos. El hecho de que las viviendas se localicen en lugares con parques, plazas y centros comunitarios fomenta la convivencia y la formación de capital social. El que las personas gocen de una vivienda digna también mejora su calidad de vida y bienestar, pues contribuye a que participen activamente en la vida comunitaria y aporten al desarrollo de su entorno, lo cual, además promueve el sentido de pertenencia a su comunidad.
El rol del Estado en la solución del problema de escasez de vivienda social
Para atender el déficit de vivienda social en México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en 2024 su Programa de Vivienda y Regularización. Éste buscará que 500 mil viviendas sean construidas por parte del INFONAVIT para derechohabientes y 500 mil por la CONAVI2 para población no derechohabiente. El objetivo —según señala el programa— es dar vivienda a quien más lo necesita.
El director de la CONAVI ha señalado que se entregarán financiamientos subsidiados a población no derechohabiente de bajos ingresos con tasa de interés del 0 % y con mensualidades asequibles que no rebasen el 30 % de los ingresos de los beneficiarios, tomando en cuenta un periodo de hasta 30 años para el pago total. Dentro del programa se prevé dar vivienda en renta a jóvenes entre 18 y 30 años y por un plazo de cinco años que podrá ampliarse por dos más y cuyo alquiler no rebase 30 % de sus ingresos, lo cual se determinará con un estudio socioeconómico.
Esta iniciativa preocupa mucho porque pone en riesgo los ahorros de los trabajadores acumulados en la subcuenta de vivienda de su AFORE. Los mismos van a ser utilizados, sin su consentimiento, para financiar una actividad de alto riesgo como es la construcción de vivienda social. Los acreditados serán personas que en muchos casos no tendrán una fuente de pagos estable pues, en su mayoría, serán mujeres y jóvenes que trabajan en el sector informal y que en gran medida forman parte de las clientelas electorales del partido en el gobierno. Además, se prevé establecer topes a las rentas de 30 % del salario, con las distorsiones y escasez que esto puede traer en el mercado de vivienda. Y si el ahorro de los trabajadores se pierde en el financiamiento de esta actividad de alto riesgo, se debilitará la posibilidad de los trabajadores de utilizar el ahorro para financiar su pensión vía su AFORE, en caso de no haber ejercido su crédito para la vivienda (art. 40, Ley del INFONAVIT).
Todo esto seguramente va a terminar en una historia de ineficiencia, corrupción, quebrantos y rescate estatal. El Estado no es buen constructor, no hay falla de mercado que justifique su intervención en la edificación de vivienda, siendo que los particulares la desarrollan mejor y más barata. En la construcción de la vivienda es de preverse que haya sobrecostos y mala calidad en las viviendas. La cartera vencida de INFONAVIT y la CONAVI se va a incrementar, pues los beneficiarios considerarán que ellos pagan sus créditos con votos, no con dinero. Ya se ve venir en el futuro rescates a estas instituciones de vivienda con recursos de los contribuyentes.
En suma, tener una vivienda digna es un factor determinante para la movilidad social de las personas. En México existe un problema real de escasez de ésta, pero no parece correcto que dicha necesidad se atienda por parte de un estado interventor en la economía y con los ahorros de los trabajadores. ¿Qué puede salir mal? EP
* Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición oficial del CEEY o de alguno de sus integrantes.
DOPSA, S.A. DE C.V
