El próximo 12 de octubre, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidirá sobre la designación de un nuevo responsable de la rectoría de nuestra máxima casa de estudios. Esto no es una cuestión trivial. Se trata de la institución de educación superior más importante, productiva y benéfica para la sociedad mexicana en cumplimiento de sus tres funciones esenciales de educación superior, investigación y difusión de la cultura, merced al ejercicio pleno de su autonomía, la continuidad del trabajo académico y cultural, su presencia en todo el ámbito nacional e incluso en el extranjero.

Catalogada como una de las cien mejores universidades del mundo y como la mejor de América Latina y de México, nuestra universidad es un complejo sistema que reúne a cientos de miles de estudiantes, profesores, investigadores, técnicos, y personal administrativo. Es un vasto universo de escuelas, facultades y preparatorias, sin dejar de lado el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH); cuenta con centros e institutos de investigación humanística y científica; alberga en su seno instituciones nacionales como la Biblioteca Nacional de México y el Observatorio Astronómico Nacional; es custodio de un rico patrimonio no sólo nacional sino de la humanidad; es sede de significativos recintos culturales, museológicos, artísticos y una sala de conciertos de calidad mundial, con dos prestigiadas orquestas sinfónicas en su seno. Su presencia se difunde a lo largo y ancho del país, incluso fuera de las fronteras nacionales. Es la institución con la mayor productividad científica y tecnológica, con la mayor presencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN). Es un verdadero agente de movilidad social y de contribución al desarrollo del país. Su nombre está inscrito en letras de oro en el Congreso; fue condecorada con el Premio Príncipe de Asturias y muchísimos de sus miembros han sido galardonados nacional e internacionalmente con diferentes reconocimientos. Es, en fin, un bastión único de la cultura, la investigación y la formación de generaciones de profesionales que la dan sentido a su carácter nacional. De ahí la trascendencia de la decisión que tomará la Junta de Gobierno.

Así pues, la designación del rector debe apelar a los valores que le dan sentido: libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de pensamiento, libertad de creación, autonomía en sus formas de gobierno. Tamaña responsabilidad tiene el rector de la Universidad. “No es lo que se hace, sino cómo y por qué se hace, lo que da el sentido de la Universidad”, en palabras del Dr. Guillermo Soberón. Sin duda, la función intrínseca del rectorado será preservar, fortalecer, hacer perdurar su esencia eminentemente académica, comprometida con los intereses sociales del país, plural donde el derecho a disentir es norma establecida, crítica que, por serlo, tiene que ser vigorosa en lo académico y multifacética en su composición, autónoma y capaz de demostrar que sabe hacer honor a esa confianza y buen uso de la libertad para gobernarse a sí misma, es decir, una universidad que vive dentro de un régimen de derecho, como lo expresara el Dr. Soberón en su acto al concluir su labor como rector de la máxima casa de estudios de la nación. Será necesario tener en cuenta que la función intrínseca más importante del rector es ejercer, junto con la comunidad universitaria, la autonomía universitaria y así salvaguardar a esta institución vital para el país.

Y es que una de las cuestiones torales en la vida de la universidad pública y uno de sus más preciados bienes es la autonomía que se les ha conferido a esas instituciones para ejercer, en beneficio de la nación, sus funciones primordiales: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Así lo establece el Artículo tercero de la Constitución. Y, no hay duda, la UNAM ha hecho efectivo el goce y el compromiso de su autonomía; y en ello la Junta de Gobierno juega un papel esencial. La autonomía ha ofrecido, pues, a las universidades la oportunidad de regir su vida interna con libertad y ha vinculado a los universitarios a un proceso permanente de formación cultural propia.

La autonomía universitaria, fundamentada en la Ley Orgánica de 1945, fortalecida y sostenida por las distintas gestiones de los rectorados, le ha permito a la UNAM alcanzar la posición que tiene en la vida de la nación. Y un elemento esencial de la legislación y la normatividad que rige a la institución es la Junta de Gobierno. Su actuar ha permitido el trabajo académico sostenido ya sea en forma colegiada (Consejo Universitario, consejos técnicos, consejos internos) o en forma personal a través de quienes han sido sujetos del escrutinio y juicio de ese cuerpo colegiado (directores de escuelas, facultades e institutos y el rectorado).

Basta el siguiente recuento: desde su instauración en 1910 hasta el logro de la autonomía trece personas asumieron el rectorado durante un promedio de 1.3 años; desde entonces y hasta la expedición de la Ley Orgánica doce personas estuvieron al frente de la rectoría con una duración media de 1.6 años; de 1945 a 1972 once gestiones de la rectoría tuvieron una duración media de 2.7 años; en los últimos cincuenta años se han dado trece gestiones de rector con un promedio de 3.9 años. No hay duda de que la autonomía le ha dado estabilidad, permanencia y labor continuada a la universidad en sus funciones sustantivas y en la proyección y beneficio social para México. De ahí la relevancia de la decisión del próximo 12 de octubre.    

Es de reconocer la tenaz y valiente defensa de la autonomía universitaria que ha hecho el rector Enrique Graue Wiechers frente al constante y cobarde asedio del que esta ha sido objeto en estos últimos años, desde 2019. Son frecuentes los intentos de suprimir la autonomía de las universidades públicas por ley, las tomas de rectoría e instalaciones universitarias, la invención de problemas artificiales al interior de la institución para desacreditar la gestión, el falso señalamiento sobre el carácter elitista de la universidad cuando 8 de cada 10 estudiantes provienen de familias con ingresos mensuales menores a cuatro salarios mínimos, las restricciones del subsidio universitario en los presupuestos de egresos de la federación, las recurrentes descalificaciones dirigidas por el Gobierno federal hacia la institución y hacia la administración del rector Graue, “resultado de la incomprensión de nuestra pluralidad y de nuestro compromiso con la verdad y el conocimiento”, como la expresara el rector en su última sesión del Consejo Universitario el pasado mes de agosto, “porque eso es lo que caracteriza a la universidad de la nación: una casa que acumula, procesa y transmite saberes, rechaza hegemonías ideológicas y promueve la pluralidad; que considera ofensivo el engaño y la falta de honorabilidad; y que está decidida a crecer en libertad”.

En 2019 la UNAM celebró 90 años de autonomía. Vale la pena recordar sus mensajes centrales: la autonomía está en sus libertades, en nuestra diversidad, está en sus raíces, en nuestra herencia, en nuestra identidad, en nuestra esencia, en nuestra libertad de cátedra, en nuestra libertad de expresión.

La fecha del 12 de octubre es oportuna para recordar, en su tercer aniversario luctuoso, al Rector Magnífico, quien fue un ferviente creyente de la autonomía universitaria. En su momento, en 1979, la Universidad celebró con toda seriedad y pompa obligadas el cincuentenario de la autonomía universitaria, pero en 1977 ya se había dado la oportunidad de introducir en la Constitución, bajo el liderazgo del Dr. Soberón, el principio de la autonomía universitaria en los siguientes términos:

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.”

El Dr. Soberón es tajante en su observación:

“La Universidad en un país en desarrollo no puede ser conformista; la Universidad en un país que exige justicia no puede ser pasiva; la Universidad en un país dependiente no puede ser sumisa…. Creo firmemente en la función transformadora de la Universidad. Nuestra vida académica está sólidamente identificada con nuestras preocupaciones cívicas … Si la Universidad académica deviene en Universidad militante, evolucionará indefectiblemente a la Universidad sometida.”

Esperamos que el principio esencial de la universidad, su autonomía, prevalezca en la decisión del siguiente rector de la institución. Ahora más que nunca habrá que brindar a la UNAM un futuro promisorio para que siga siendo la universidad que México merece. EP

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