Como cada enero, en Integralia Consultores, publicamos nuestro reporte sobre los diez riesgos políticos más importantes que visualizamos para el entorno de negocios y la estabilidad democrática del país en el año que recién inicia. Nuestro análisis se basa en una metodología propia que evalúa el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos.

Cabe señalar que los riesgos que identificamos no pretenden ser una predicción y el nivel de probabilidad de ocurrencia de los escenarios podría cambiar a lo largo del año, según los distintos acontecimientos políticos.

Los diez riesgos que visualizamos se relacionan, de algún u otro modo, con el principal riesgo político hacia el final del sexenio: la creciente radicalización del presidente López Obrador, cuyos principales objetivos son asegurar el triunfo de su partido en 2024 y, con ello, garantizar la continuidad de su proyecto político.

Para alcanzar estos propósitos, prevemos que el oficialismo pondrá en marcha acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, a las autoridades electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales. En consecuencia, será un año de riesgo político alto para México.

A continuación, enumeramos y explicamos los diez principales riesgos que prevemos para 2023:

1. El oficialismo intensifica los embates contra la autonomía y la eficacia del Instituto Nacional Electoral desde tres frentes: i) intento del gobierno y de Morena para sesgar el proceso de nombramiento de cuatro consejeros electorales con perfiles afines (en el primer trimestre del año), ii) problemas operativos y de gestión tras la aprobación de la reforma legal que reduce y modifica su estructura, y iii) litigios por la implementación de la reforma (ante la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y tribunales laborales), lo cual aumenta los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica. (Probabilidad de ocurrencia: muy alta)
2. Los grupos criminales aprovechan los procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las nuevas administraciones a fin de operar con impunidad.  Los actores locales son especialmente vulnerables, pues detentan el poder a nivel territorial. Ante la debilidad del Estado de derecho, las elecciones de 2023 y el inicio del proceso electoral de 2024 aumentan la probabilidad de violencia política y electoral contra actores políticos y funcionarios públicos. Esto puede agravar la inseguridad pública y la ineficacia gubernamental. (Probabilidad: muy alta)
3. Las tensiones comerciales con EE.UU. y Canadá, por diversas disputas en el marco del T-MEC, derivan en deterioro económico e incertidumbre jurídica, particularmente por la política energética y la prohibición de importación de maíz transgénico. De instalarse paneles de controversias en 2023, México tendría altas probabilidades de perder en ambos temas, lo que resultaría en afectaciones y riesgos para la inversión privada. (Probabilidad: alta)
4. La hegemonía regional del partido mayoritario se agudiza con el triunfo electoral en al menos una de dos entidades federativas en disputa (Coahuila y Estado de México), con lo que aumenta el riesgo de concentración de poder e ineficacia gubernamental. (Probabilidad: alta)
5. El presidente López Obrador continúa promoviendo la militarización de tareas civiles, lo que acrecienta la dependencia del gobierno hacia las Fuerzas Armadas y propicia su empoderamiento político y económico. En los hechos, los militares incidirán directamente, con mayor frecuencia, en la toma de decisiones político-administrativas para impulsar sus intereses, lo que aumenta la ineficacia gubernamental, la prevalencia de la corrupción y el desbalance de la relación cívico-militar. (Probabilidad: alta)
6. En el quinto año de gobierno, continúa aumento de percepción y de ocurrencia de corrupción, así como la omisión de fortalecer las capacidades institucionales para combatirla. Esto aumenta los riesgos de incertidumbre jurídica e ineficacia gubernamental. Asimismo, la impunidad por la falta de sanciones penales propicia que las prácticas ilícitas sean recurrentes. (Probabilidad: alta)
7. Se intensifican los actos anticipados de precampaña de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República con autopromociones fuera del marco legal y celebración de eventos masivos, generando: a) incertidumbre jurídica por la falta de apego a las normas electorales; b) ineficacia gubernamental por la desatención de asuntos centrales de los gobiernos federal y locales y c) divisiones internas en Morena. En cuanto a la oposición, prevemos que sus procesos de selección pueden contribuir al aumento de la polarización y los ataques reputacionales. (Probabilidad: alta)
8. El Ejecutivo federal mantiene los ataques contra el Poder Judicial de la Federación con el fin de asegurar que no se revoquen leyes, decretos y políticas de dudosa constitucionalidadque son clave para el presidente, como la reforma electoral, la militarización, las políticas de “austeridad”, el magisterio educativo, entre otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder e incertidumbre jurídica. (Probabilidad: media)
9. Una recesión en EE.UU. incrementa el riesgo de deterioro económico en México. Los efectos de una recesión se reflejarán en el sector exportador de México y en las remesas que recibe el país. Ante este panorama, el gobierno federal tendrá un margen bajo de maniobra para mitigar el impacto debido al poco espacio fiscal con el que cuenta. (Probabilidad: media)
10.  Las finanzas públicas se tornan más vulnerables a causa de: a) menores ingresos a los estimados por un menor ritmo de crecimiento, b) el aumento de los costos de las obras de infraestructura insignia del presidente y la presión para concluirlas a tiempo, c) la ampliación de programas sociales prioritarios, y d) apoyos adicionales a Pemex y CFE, lo que aumenta los riesgos de deterioro económico, ineficacia gubernamental e incertidumbre jurídica. (Probabilidad: media)

Puesto que los primeros dos riesgos de la lista tienen una probabilidad de ocurrencia muy alta, es necesario ahondar en ellos. En cuanto al Instituto Nacional Electoral, cabe recordar que los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña concluyen su encargo el 3 de abril. Aunque la convocatoria aprobada por la Cámara de Diputados a fines de 2022 para reemplazarlos cumple los requisitos de un proceso meritocrático, existe el riesgo de que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) pueda sesgar el proceso para favorecer a aspirantes afines al oficialismo. De los siete integrantes, cuatro ya fueron designados por parte del INAI y la CNDH, y su perfil es adecuado para la responsabilidad, pero faltan los tres que designa la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Además, la reforma electoral aprobada en diciembre no sólo plantea una reducción muy agresiva del personal del servicio civil de carrera del INE (85% de sus 2,500 integrantes), sino además un periodo de implementación muy estrecho que debe concluir en agosto, lo que puede generar una crisis gerencial y litigios laborales que tensen la vida interna del Instituto, todo ello en medio del cambio de cuatro consejeros y de la organización de las elecciones de gobernador en el Estado de México y Coahuila.

Asimismo, se pone en riesgo la eficacia del Instituto para integrar e instalar más de 160 mil casillas durante las elecciones federales de 2024, lo que puede derivar en deficiencias o errores en la apertura de casillas, el conteo de los votos, la integración de los paquetes electorales y su traslado.

La reducida eficacia del INE lo hará más vulnerable frente a los ataques que reciba del gobierno y de los partidos, aumentará las quejas e impugnaciones durante el proceso electoral y crece el riesgo de un conflicto postelectoral en 2024.

Es importante aclarar que se podrán presentar cuatro tipos de recursos frente a la reforma electoral: (i) Acciones de Inconstitucionalidad (AI), (ii) Controversias Constitucionales (CC), (iii) amparos (en materia laboral, promovidos por trabajadores afectados) y (iv) juicios electorales contra actos de aplicación. En principio, sólo en los amparos cabe la suspensión (con efectos particulares), mientras que en las AI y las CC quedará a discreción de la SCJN otorgarla (con efectos generales), pero la regla general es que no proceden. Aun si se otorgaran suspensiones, habría un impasse en tanto entra en vigor la reforma (al publicarse) y se conceden las medidas cautelares. Si no se otorgan suspensiones, entre que se publica y se resuelve el recurso respectivo, aumentarán los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica.

Ahora bien, respecto al segundo riesgo de probabilidad muy alta, destaca que en México los grupos criminales utilizan la violencia en contra de nuevos gobiernos locales para establecer, extender o modificar los acuerdos y las redes de protección que les permitan operar con impunidad.

Por ello, es altamente probable que los ataques en contra de políticos y funcionarios públicos por parte de grupos criminales incrementen en 2023, pues se llevarán a cabo elecciones en Coahuila y el Estado de México, y también iniciará el proceso electoral de 2024. Los actores municipales, como alcaldes o mandos policiales, son los más susceptibles, al ser quienes tienen mayor capacidad de facilitar las operaciones criminales a nivel territorial.

Además, el recrudecimiento del conflicto criminal en varias regiones del país puede llevar a los grupos delincuenciales a buscar con mayor ahínco el apoyo de nuevas administraciones locales para inclinar la balanza a su favor. Esta situación puede repercutir en un aumento de la inseguridad pública y la violencia en el país. Además, la injerencia político-electoral de los grupos criminales ahonda el deterioro democrático de México, puesto que las elecciones se transforman en arenas para promover los intereses de organizaciones delictivas, con lo que la democracia como un medio para promover las demandas ciudadanas se debilita.

Finalmente, cabe resaltar que hay otros temas que podrían representar riesgos para el entorno de negocios del país, como, por ejemplo, un posible recrudecimiento de la crisis del agua, el surgimiento de propuestas legislativas sorpresivas que resulten nocivas para el clima de inversión, el continuo uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia o la ausencia de acciones gubernamentales para aprovechar la oportunidad histórica que representa el nearshoring.

En resumen, 2023 será un año de riesgo político alto para México debido a la conjunción de varios factores: la previsible radicalización del presidente López Obrador en la recta final del sexenio, un entorno económico complejo (tanto en el ámbito internacional como a nivel nacional) y un contexto nacional marcado por la inseguridad pública, la polarización y el debilitamiento de diversas instituciones que conforman el (incipiente y perfectible) sistema mexicano de pesos y contrapesos.

El reporte completo se puede consultar en el sitio web de Integralia o en nuestras redes sociales. EP

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