Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminar y fusionar diversas instituciones. De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objeto “racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”.

Dentro de las instituciones que desaparecerían se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y sus atribuciones las asumiría la Secretaría de la Función Pública (SFP). El principal argumento para justificar este cambio es que las funciones de ambas secretarías se duplican y que la SFP puede asumir las funciones de la SESNA sin que se vea afectado el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esto, como veremos, es completamente erróneo.

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) la SESNA es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica y de gestión. La intención de otorgarle esta naturaleza jurídica consiste, precisamente, en buscar su independencia para que pueda servir como apoyo técnico del Comité Coordinador del SNA. Este Comité es el órgano colegiado que reúne a las siete instituciones que son la máxima autoridad del Sistema y que busca crear pesos y contrapesos para que no sea una sola institución o poder quien decida las prioridades en la materia. Si la SFP asumiera las funciones de la SESNA habría una carencia de independencia y un claro conflicto de interés, ya que la SFP es una secretaría de estado que recibe instrucciones directas del ejecutivo federal. El riesgo de que la agenda del presidente absorba la agenda anticorrupción sería muy alto.

Por otro lado, es falso que exista una duplicidad de funciones. La SFP tiene el objetivo de organizar y coordinar el sistema de control interno de la administración pública federal, mas no de todos los poderes gubernamentales. Los poderes legislativo, judicial y los organismos constitucionales autónomos no entran dentro de su control. En cambio, la SESNA tiene la responsabilidad de apoyar a una institución de mayor envergadura, el Comité Coordinador del SNA, para la elaboración de la Política Nacional Anticorrupción que genera responsabilidades para todos los poderes de gobierno.

La iniciativa elimina a la SESNA dando por hecho que la SFP podría hacer un mejor trabajo, sin embargo, no realiza un diagnóstico que tome en cuenta datos concretos o la opinión de expertos respecto a los logros que ha tenido la SESNA, o argumentos que justifiquen que la SFP podría hacer un mejor trabajo más allá de decir que “cuenta con el personal, la infraestructura e información que pueda cumplir con el objeto del SNA”, como lo establece la iniciativa.

Gracias a los esfuerzos realizados por la SESNA (por supuesto que en alianza con otros actores gubernamentales y ciudadanos) al día de hoy contamos con una Política Nacional Anticorrupción y su Programa de Implementación, que marcan la ruta para la prevención, detección y sanción de la corrupción en nuestro país; una Plataforma Digital Nacional como instrumento de inteligencia que tiene el objetivo de que los datos públicos sean comparables, accesibles y utilizables a efecto de combatir cualquier acto de corrupción; un Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para conocer cuánto dinero se destina al tema; y muchos otros proyectos de colaboración con instituciones federales y estatales, sociedad civil y organismos internacionales.

Por otro lado, de acuerdo con el ATA del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la SESNA destinará 129 millones de pesos a la creación, desarrollo y promoción de todos estos proyectos de alto impacto que son reconocidos e impulsados por los diferentes actores anticorrupción; mientras que la SFP destinará 1,210 millones en acciones catalogadas como gasto anticorrupción, pero que se traducen en acciones que hasta ahora han sido poco visibles. Además, en los últimos cinco años, la SESNA ha recibido un presupuesto que oscila entre los 123 y los 129 millones de pesos, que además no ha gastado en su totalidad, lo cual no representa un gasto demasiado alto para la Administración Pública Federal.

Otro factor que es riesgoso es que, hoy en día, las organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana del SNA trabajamos muy de la mano de la SESNA para el impulso de proyectos con visión de sociedad civil. Prueba de ello fueron los encuentros llevados a cabo en noviembre de 2022 y febrero de 2023, en los que se construyó una Agenda Nacional Anticorrupción con visión de sociedad civil para 2023. Preocupa el hecho de que la SFP tenga la misma apertura con la sociedad civil, tomando en consideración la nula receptividad que el ejecutivo federal ha tenido para con las organizaciones y la constante crítica que hace de su trabajo.

Finalmente, es alarmante que se pretenda reformar una ley general con alcance para todos los sistemas estatales del país. Es decir, de aprobarse la iniciativa, además de la SESNA, también se irían eliminando una a una todas las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SESEA). Los problemas de autonomía, conflicto de interés y funcionalidad, se trasladarían a cada uno de los estados con sus respectivas implicaciones.

Estas son solo algunas de las graves consecuencias que tiene esta iniciativa: existen muchas más. Lo que no podemos negar es que resulta riesgosa y regresiva, y de que en su redacción no se tomó en cuenta la opinión de la sociedad civil. La iniciativa refleja una clara intención de centralizar el poder y va acorde con otras ofensivas realizadas por el ejecutivo federal como las lanzadas contra el INE o el INAI.

La sociedad civil no debe bajar la guardia. Hay que exigir que en la discusión que se realizará en el Congreso en las próximas semanas existan ejercicios de parlamento abierto que permitan escuchar las voces ciudadanas. No podemos permitir que se debilite más al Sistema Nacional Anticorrupción. EP

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