¿Por qué la pérdida de autonomía del Poder Judicial derivaría en un severo deterioro del Estado de derecho y en un retroceso económico? Sergio Fadl Kuri argumenta sobre las probables repercusiones que tendría la aprobación de las reformas constitucionales presentadas por el presidente de la república, incluyendo la judicial.
Texto de Sergio Fadl Kuri 09/07/24
¿Por qué la pérdida de autonomía del Poder Judicial derivaría en un severo deterioro del Estado de derecho y en un retroceso económico? Sergio Fadl Kuri argumenta sobre las probables repercusiones que tendría la aprobación de las reformas constitucionales presentadas por el presidente de la república, incluyendo la judicial.
En mi artículo más reciente, publicado en Este País, señalé que el resultado de las elecciones federales sería determinante para la vida política, el crecimiento económico y el bienestar social presente y futuro de México. Aunque se consideraba como muy probable el triunfo de Morena y sus aliados, no se esperaba que éste fuera tan abrumador, a tal punto que le diera la mayoría calificada en ambas Cámaras. Con ello, existe el enorme riesgo de que las iniciativas de reforma constitucional, anunciadas por el presidente de la república el 5 de febrero pasado, sean aprobadas el próximo mes de septiembre por una fracción parlamentaria irreflexiva, pusilánime y servil. De ocurrir así, México retrocedería en el proceso de convertirse en un Estado auténticamente democrático y en la recuperación del crecimiento económico como condición indispensable para el desarrollo y la reducción de la pobreza.
“México retrocedería en el proceso de convertirse en un Estado auténticamente democrático y en la recuperación del crecimiento económico como condición indispensable para el desarrollo”
Como consecuencia de esas iniciativas, la más grave es que el Poder Judicial pierda la autonomía que le confiere la Constitución con lo que, de facto, desaparecería la división de poderes, condición sine qua non para la existencia del Estado de derecho. Resaltan dos propuestas que conllevan un riesgo muy alto en términos de la aplicación de la ley y certeza jurídica: las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el procedimiento para la selección de jueces. En cuanto a la primera, se eliminarían las acciones en materia de controversia constitucional y de inconstitucionalidad contra normas generales, así como la posibilidad de conferir el amparo contra disposiciones con efectos generales. Esto dejaría en total estado de indefensión a los particulares ante cualquier cambio en la Constitución que atente contra los derechos de la ciudadanía, en aras de un mayor afán de concentración del poder.
En cuanto a la selección de jueces, la propuesta consiste en que los ministros de la SCJN, los magistrados de circuito y los jueces de distrito sean electos mediante un proceso de votación popular, lo que abriría la puerta a que el Poder Judicial se integre con gente que no cubra los requisitos actualmente establecidos; gente sin la mínima preparación, capacidad y experiencia para ejercer su responsabilidad, siempre a las órdenes del titular del Ejecutivo quien sería el promotor de su candidatura. Hay un elemento adicional que considero de extrema gravedad: la probable intromisión del crimen organizado para proponer y apoyar económicamente las campañas de candidatos que eventualmente estén a su servicio, esto es, jueces electos convertidos en cómplices de criminales. Sobre esto último, debe recordarse que en los últimos meses México fue testigo del proceso electoral más violento de la historia, al registrarse asesinatos, secuestros y amenazas en contra de candidatos a puestos de elección popular de varios de los partidos contendientes, lo que parece demostrar el objetivo del crimen organizado de eliminar políticos que pudieran representar un obstáculo para sus fines. Un fenómeno similar podría observarse en la elección de jueces.
La incertidumbre y percepción de riesgo por parte de empresarios nacionales y extranjeros inhibiría, sin duda, los proyectos de inversión que México requiere con urgencia. Debe recordarse que en diversas ocasiones los inversionistas han expresado que los dos principales obstáculos para aprovechar el nearshoring son: el debilitamiento del Estado de derecho y la insuficiencia de infraestructura. Con la reforma en cuestión podría desperdiciarse la oportunidad histórica de recuperar el potencial de crecimiento económico.
Además de la reforma al Poder Judicial, hay otras dos propuestas que magnificarían el impacto negativo en la economía y en el desarrollo social: la eliminación de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA´s), cuyas funciones serían transferidas a distintas entidades del gobierno federal; y la modificación a la naturaleza y objetivos de Pemex y CFE.
Los OCA´s son característicos de los Estados democráticos que limitan el poder del Ejecutivo y fortalece el sistema de contrapesos, a fin de proteger los derechos de los particulares. Los movimientos propuestos de transferir sus funciones a entidades del gobierno llevarían a la perversión de que el gobierno se convierta en juez y parte, por lo que se perdería por completo la imparcialidad y objetividad al involucrarse intereses políticos en las decisiones del gobierno. La experiencia adquirida en los casi seis años de la administración actual (y la previsible influencia del presidente en el gobierno entrante) demuestra que las decisiones tomadas fueron la antítesis de la productividad, la eficiencia económica y el desarrollo, además, se basaron en la ignorancia y en una ideología que ha probado con creces su fracaso rotundo.
Por otra parte, se propone que Pemex y CFE dejen de considerarse empresas “productivas” y que cumplan su objetivo de responsabilidad social, es decir, no podrían ser evaluadas por sus resultados o situación financiera, lo que elimina la obligación de rendir cuentas, así como cualquier incentivo para mejorar la eficiencia y la productividad. Además, se proponen que tengan prevalencia con respecto a los particulares que participen en el sector energético.
Luis de la Calle señala que algunas de esas dos propuestas mencionadas
son potencialmente violatorias de tratados en materia de derechos humanos, laborales, ambientales y otros que tienen como premisa el cumplimiento con el debido proceso y la separación de poderes para garantizarlos. Los tratados de libre comercio y los de inversión los incluyen. Entre ellos, el Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el tratado con la Unión Europea (el actual y el renovado, pero aún no firmado).
[…] El trato preferencial a las empresas públicas y discriminatorio para con empresas privadas de países miembros del T-MEC y del TIPAT violaría los artículos de trato nacional y trato de nación más favorecida de los capítulos de inversión.
[…] Si las reformas que se terminen aprobando reducen en los hechos la independencia del Poder Judicial y dificultan la defensa de los derechos de los particulares, serían violatorias de la estructura medular del T-MEC que se basa en la igualdad ante la ley y el Estado de derecho.
Lo anterior pondría en peligro la presencia creciente de México en el comercio internacional y la recepción de nuevas inversiones del exterior, destruyendo así las ventajas de la apertura externa que ha sido altamente benéfica para México.
Al respecto, recordemos que actualmente México ya se sitúa en una posición muy desfavorable a nivel mundial. De acuerdo con el World Justice Project, nos ubicamos en la posición 116 de 142 países, resaltan los siguientes factores: Limitaciones al poder gubernamental (lugar 104), Ausencia de corrupción (136), Orden y seguridad (133), Justicia civil (131) y Justicia criminal (132). Asimismo, la Unidad de Inteligencia de The Economist, en su Índice de Democracia de 2023 calificó a México como “Régimen Híbrido”, cuyas características son las siguientes: “Las elecciones tienen irregularidades sustanciales, que a menudo impiden que sean libres y equitativas. Las presiones del gobierno a partidos de la oposición y sus candidatos suelen ser comunes. Serias debilidades son más prevalecientes que en democracias débiles, en términos de cultura política, funcionamiento del gobierno y participación política. La corrupción es generalizada y el Estado de derecho es débil. La sociedad civil es débil. Típicamente se ejerce presión sobre periodistas, y el Poder Judicial no es independiente.”
Debe resaltarse el hecho de que las implicaciones de las propuestas de reforma constitucional van más allá del daño a la economía y al desarrollo, ponen en entredicho el ya débil Estado de derecho al concentrar todo el poder en el Ejecutivo. La gran pregunta es si los legisladores actuarán con independencia, con valor e inteligencia para darse cuenta de que las reformas propuestas representan un retroceso histórico en lo político, económico y social, y que desembocarían en el oscurantismo político, propio de una tiranía. EP
