Elecciones 2024: entre la reconstrucción y la devastación

En este texto, Sergio Fadl Kuri argumenta cuáles son los dos principales retos para la economía de México y, en consecuencia, para el futuro del país.

Texto de 22/04/24

En este texto, Sergio Fadl Kuri argumenta cuáles son los dos principales retos para la economía de México y, en consecuencia, para el futuro del país.

Tiempo de lectura: 7 minutos

A la memoria de Jesús Reyes Heroles G. G.

Las elecciones del próximo 2 de junio marcarán un hito en la historia de México. La decisión del electorado determinará el camino por el que el país transitará en los próximos años. Por una parte, el que propone la alianza opositora, que consiste fundamentalmente en la reconstrucción de las instituciones, del Estado de derecho y del orden público como condición indispensable para el desarrollo social y económico. El otro camino es el que México ha seguido en los últimos cinco años, periodo en el que se ha dividido al país, se ha violado sistemáticamente la ley y se ha intentado desaparecer o debilitar instituciones que generaciones de mexicanos hemos construido y que son verdaderos contrapesos del poder.

México padece graves problemas que han surgido o se han magnificado bajo la administración actual, que ponen en alto riesgo el desarrollo para las próximas generaciones. Una administración que nunca tuvo como punto de partida un diagnóstico objetivo y profundo de los principales problemas del país; la consecuencia natural fue el diseño y la operación de políticas y programas que han privilegiado el gasto público en programas de carácter clientelar, así como en proyectos de inversión insignia, de rentabilidad social y económica negativa. Esto ha dado lugar a un desperdicio inconcebible de recursos fiscales y, por tanto, a un déficit y deuda pública crecientes.

La instrumentación de políticas públicas erróneas y desarticuladas, basadas en caprichos y ocurrencias, así como la inacción del gobierno actual en distintos ámbitos, configuran un escenario caracterizado por niveles de violencia e inseguridad incontenibles; desmantelamiento de los sistemas de salud; persistencia de una educación de muy baja calidad; y deterioro del medio ambiente. En adición a ello, y en parte como consecuencia de lo anterior, México continúa exhibiendo tasas de crecimiento económico sumamente bajas (2.5 % en promedio en los últimos 30 años), lo que obstaculiza el objetivo de reducir la pobreza y aumentar el bienestar de la población. Al respecto, cabe señalar que si bien las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que hubo una reducción de la pobreza en 2022, en gran medida esto se debió a las transferencias de recursos (subsidios) y al aumento del salario real, con respecto a la línea de pobreza estimada por el Coneval.1 Sin embargo, el número de carencias sociales aumentó2 y, con ello, las oportunidades de movilidad social.

A continuación, destaco cuáles son los dos grandes problemas de México, en particular, para la economía, cuya atención y resolución determinará en gran medida el futuro del país.

1.- Ausencia de Estado de derecho.3 Estudios empíricos muestran que existe una correlación muy alta entre PIB per cápita y Estado de derecho,4 debido a que la ausencia o debilidad de éste genera incertidumbre y una alta percepción de riesgo para la inversión y la innovación; a su vez, esto repercute en baja productividad, aumento de los costos de producción, distorsión en precios relativos y asignación ineficiente de los recursos.  Un ejemplo muy ilustrativo de cómo una decisión gubernamental puede inhibir la inversión fue la rescisión de distintos contratos de empresas públicas con inversionistas, sin que mediara causa que lo justificara.

“En el contexto de una economía abierta a los flujos de comercio, de activos financieros y de inversión, que obliga a los países a ser más competitivos, México va en franco retroceso en términos de competitividad económica, lo cual pone en franca desventaja al productor nacional y, por tanto, en su potencial de crecimiento y en un menor nivel de bienestar económico para la sociedad en su conjunto.

De acuerdo con estudios y cifras de distintas organizaciones, en los últimos años México ha ocupado un lugar muy bajo a nivel mundial en materia de certeza jurídica y su clasificación en el contexto internacional muestra un continuo deterioro. Resaltan de manera negativa los aspectos relacionados con el impacto del crimen organizado; la carga de regulación gubernamental, que da origen a la extorsión a empresarios; la eficiencia y efectividad del marco legal para la resolución de disputas; y, la protección de los derechos de propiedad.5

Más aún, el incumplimiento sistemático de la Ley y la falla sistemática de los tres niveles de gobierno para ejercer plenamente la fuerza legal del Estado, ha generado altos niveles de impunidad que, a su vez, retroalimentan y magnifican la incidencia del delito.”6  De acuerdo con el informe de World Justice Project, México ocupó el lugar 116 de 140 países en 2023.7 En cuanto a la percepción de corrupción estimado por Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 126 de 180.8

Por otra parte, el gobierno actual ha intentado eliminar instituciones que representan contrapesos del poder, condición sine qua non para la prevalencia del Estado de derecho. En ese sentido destacan las constantes descalificaciones al Poder Judicial y a los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA’s), tales como el INE, INAI, IFT, Cofece, etc. Las iniciativas que el presidente envío al Congreso el 5 de febrero pasado son una prueba inobjetable del intento revertir el proceso democrática del país. Entre dichas iniciativas se encuentran: someter a elección popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); reducir el número de diputados federales de 500 a 300, a fin de eliminar a los diputados de representación proporcional; y, la extinción de los OCA’s.

2.- Desequilibrio de las finanzas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el déficit público representará 5 % del PIB al cierre de 2024 y el saldo de la deuda pública 50.2 %. El gasto no programable, en el que el gobierno federal no tiene margen de maniobra (participaciones a los estados, adeudos fiscales de años anteriores y el pago de intereses) es de aproximadamente 28 % del gasto total; a esta cifra habría que agregar el gasto comprometido o ineludible por concepto de: transferencias a grupos vulnerables; aportaciones a fondos de pensiones; apoyos a Pemex, sin que exista un plan de negocios que revierta su quiebra técnica, y a la CFE; y, recursos para empresas del estado que no son rentables, entre ellas la refinería, de Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya. Sin contar el gasto para sostener a las últimas tres empresas, el gasto no programable, más el ineludible, ascendería a cerca de 60 % del gasto total, lo que deja un margen de maniobra muy escaso para atender los requerimientos urgentes e inaplazables en sectores como salud, educación y seguridad, así como para enfrentar contingencias o hacer ajustes que sean necesarios.

El rezago en la atención a las prioridades sociales, que se ha magnificado en la administración actual, exigirá una gran cantidad de recursos en los próximos años que, indefectiblemente, requerirá una reforma fiscal.

Esta necesidad de obtener mayores ingresos fiscales se ubica en un contexto de enorme desconfianza hacia el gobierno federal y los gobiernos locales con respecto a las decisiones sobre el gasto público y su destino. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado por el destino cuestionable, la calidad del gasto, la ilegalidad del gobierno actual en la adjudicación directa de contratos y al ocultamiento de información.

Si bien es urgente una reforma fiscal, considero que por el momento no debería proponerse al Congreso, en tanto no exista un auténtico sistema de información y rendición de cuentas, con un seguimiento y evaluación por parte de organizaciones de la sociedad civil, que den fe del buen uso de recursos públicos. Mientras no exista dicho sistema, las personas no tendrán incentivo alguno para pagar impuestos, Asimismo, es indispensable que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda informe desde un inicio los criterios, parámetros y supuestos para la valuación de proyectos de inversión, y que en esta valuación también participe la sociedad civil.

La continuidad de la política actual marcaría, sin duda, un grave retroceso para México en lo social, económico y político, cancelando así las aspiraciones de las próximas generaciones y obstaculizando el bienestar común.

Para concluir, retomo lo que escribí en este espacio en julio de 2018, previo a las elecciones presidenciales de ese año, con respecto a las cualidades del titular del Ejecutivo y que siempre estarán vigentes: estatura moral para que cada día, sin excepción alguna, honre su juramento de toma de protesta de cumplir y hacer cumplir la Ley; visión de hombre (ahora mujer) de Estado para actuar con responsabilidad; audacia y capacidad para celebrar acuerdos e instrumentar las políticas públicas que México requiere para un desarrollo sostenido; y, alta de miras para que una a México y conjunte los esfuerzos de todos los grupos sociales para encauzarlos al objetivo supremo de lograr mayor prosperidad, igualdad y oportunidades para toda la población.9 EP

Referencias

Acemoglu, Daron et. al. Institutions as the fundamental cause of long-run growth. NBER, working paper, mayo 2004, http://www.nber.org/papers/w10481

Barro, Robert: Determinants of economic growth: a cross-country empirical study. NBER working paper, agosto, 1996,

Fadl Sergio, Estado de derecho y crecimiento económico. El caso de México. Documento inédito.

Fadl, Sergio. “México en una encrucijada frente a las elecciones de 2018”, Este País, 27 de junio 2018

Organización de las Naciones Unidas,  Consejo de Seguridad. “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”. Informe del Secretario General, 3 de agosto de 2004,

Transparencia Internacional. Corruption Perceptions Index   

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report,2029

World Justice Project. Rule of law index, 2023

  1. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022 la línea de pobreza en centros urbanos, estimada por el Coneval, aumentó en 24 % en términos nominales, mientras que el salario mínimo lo hizo en 96 % []
  2. De acuerdo con la metodología del Coneval, las carencias sociales son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. La población con al menos una carencia social pasó de 84.6 millones de personas en 2018 a 84.7 millones en 2022, mientras que la población con al menos tres carencias aumentó de 25 millones de personas a 32.1   []
  3. De acuerdo con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el Estado de derecho es “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.”  El subrayado es mío. []
  4. Ver, por ejemplo, a Robert Barro y Daron Acemoglu []
  5. World Economic Forum: The Global Competitiveness Report, 2019 []
  6. Fadl, Sergio.  Estado de derecho y crecimiento económico. El caso de México. Documento inédito. []
  7. World Justice Project. Rule of law index, 2023 []
  8. Transparencia Internacional. Corruption Perceptions Index, 2023. []
  9. Fadl, Sergio. México en una encrucijada frente a las elecciones de 2018, Este País, 27 de junio 2018. []
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