En el marco de las elecciones del Estado de México, mucho se comentó sobre la diferencia (favorable a Morena) entre el número de apoyos manejados por los programas para el Bienestar del Gobierno Federal —4.2 millones de apoyos— y aquellos distribuidos por el Gobierno del Estado —700,000 mujeres beneficiadas por el programa Salario Rosa— y de cómo eso podía influir en el voto. En particular, porque todas y todos intuimos que estas elecciones prefiguran lo que viviremos en 2024.

No obstante, aún no queda del todo claro qué tan determinantes fueron los programas sociales para influir en el resultado de la elección. Con el nivel actual de información que tenemos, me parece aventurado hablar de una estrategia masiva de clientelismo electoral basada en los programas sociales del Gobierno Federal.

Y es que existe una línea delgada entre una política social de transferencia monetaria directa que ayude a quienes lo necesiten y, por consiguiente, incite a un voto a favor del gobierno saliente, y una estrategia de clientelismo político basada en las expectativas que las personas tienen en los apoyos de los programas sociales. Para que podamos hablar de clientelismo electoral, no solo tiene que haber un apoyo gubernamental, sino también un funcionario público o un político que intervenga de manera indebida y que busque influenciar el voto de la persona que recibe el apoyo, ya sea manejando un discurso de retribución o de chantaje.

Por todo ello, existe la posibilidad de que la estructura de servidores públicos que está manejando los programas de Bienestar no esté enteramente dedicada a acciones de clientelismo electoral y proselitismo, y de que, aun sin intervenciones masivas de clientelismo electoral, quienes reciban los apoyos de estos programas sean más propensos a votar por Morena simplemente porque son beneficiarios de una política pública.

Es importante plantear esta pregunta porque, de todos los cambios que impulsó la Cuarta Transformación, los relacionados con la política social han sido de los más importantes. En este sentido, y de cara a las elecciones presidenciales, urge entender cuáles son las nuevas variables en las cuales hemos avanzado o retrocedido en materia de política social y cómo influyen en el ejercicio democrático.

En esta ocasión discutiremos el tema del clientelismo electoral; otros debates necesarios (algunos ya en curso) son los retrocesos en la focalización de las personas en condiciones de pobreza extrema; la sostenibilidad financiera de los programas a largo plazo y lo que implica en términos fiscales; la articulación coherente entre las políticas de transferencia de recursos a poblaciones vulnerables y las políticas de seguridad social, salud y educación; las limitantes que implican los modelos de intervención basados en transferencias, y lo que nos cuesta socialmente en términos de resultados de los programas.

Lo que ofrece este gobierno a aproximadamente 20 millones de personas a través de los programas de Bienestar (esta cifra ha sido calculada para el 2022 y tiene que ser actualizada) son transferencias monetarias directas a través de una tarjeta, cuentas bancarias o, en algunos casos, entrega de dinero en efectivo.

Quiero enfatizar el hecho de que no estamos hablando de cualquier tipo de apoyo: la principal particularidad de estas transferencias es que son recurrentes. Llegan cada mes o de manera bimestral (en una minoría de casos, anualmente). En otras palabras, es un ingreso mínimo que los y las protege de cualquier crisis y reduce el riesgo de que empeore la situación de vulnerabilidad o pobreza de dichas personas.¹ Eso, en otros países, se llama “protección social”, algo por lo cual muchos expertos y académicos han estado (y siguen) peleando en México, dados los altos niveles de pobreza (según el CONEVAL, el 52.8% de la población se encontraba en situación de pobreza por ingreso en 2020).

La protección social, entendida como aquellas acciones que garantizan ingresos mínimos para que individuos con características de vulnerabilidad puedan enfrentar la crisis, se traduce en varias modalidades. Entre otras, podemos mencionar los seguros sociales para la salud, pensiones para el desempleo, pensiones para personas jubiladas, o bien, transferencias monetarias directas a poblaciones vulnerables; este último caso es el de los programas de Bienestar.

Un punto muy importante para entender por qué la política social de la Cuarta Transformación es un parteaguas en la política social del país es que, anteriormente, pocos programas proponían este esquema (los dos más recordados son Progresa-Oportunidades-Prospera y Procampo-Proagro). Con el actual gobierno, ha habido un viraje de 180º y podemos hablar, para 2022, de aproximadamente 20 millones de personas beneficiadas por este tipo de programas.²

En este año, alrededor del 46% de estas personas recibía la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; un 19%, las Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica; y otro 18%, las Becas Universales para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior. Sembrando Vida, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y el programa Producción para el Bienestar (que vino a reemplazar el programa Procampo-Proagro), sumaban, entre los tres, más o menos el 11% del total de los apoyos. El resto de los programas considerados agrupaban menos del 7% del total de apoyos distribuidos.

Desde el inicio del sexenio, muchos han alertado sobre el peligro de cooptación política de una gran parte de la población a través de los programas sociales y de manipulaciones por parte de la estructura de los “superdelegados” y los “Servidores de la Nación”. La gran preocupación es que estas 20 millones de personas (cifra que, empero, tendríamos que actualizar para este año) estén conformando una plataforma electoral que garantice un número sustancial de votos para Morena en 2024.

La realidad es que, a pesar de los problemas que ha habido en la planeación de los programas y de la enorme opacidad con la cual opera este gobierno, no podemos afirmar que estos 20 millones de personas beneficiadas representen clientes electorales de Morena. Ahora bien, tampoco podemos afirmar lo contrario. Pero, para avanzar con la discusión, propongo tres argumentos para matizar aquella tendencia de asociar sistemáticamente los programas sociales con el clientelismo electoral.

Por un lado, estos programas tienen una cobertura muy amplia, por lo que no tan fácilmente se puede seleccionar a sus beneficiarios de manera discrecional o “a modo”. Si alcanza el dinero para muchos, entonces no hay forma de que se seleccionen a unos cuantos “elegidos”, como ocurría con los “mini-programas” de los sexenios anteriores (programas con presupuestos muy bajos, lo cual implicaba que se seleccionaran a unos cuantos beneficiarios de toda la población a la que se proponía atender). Dado que el apoyo sí llega a gran parte de la población a la que va dirigido, el servidor público a cargo de este presupuesto no puede, por definición, privilegiar a una persona sobre otra otorgándole el apoyo, porque, muy probablemente, la otra persona de todos modos recibirá el apoyo. En otras palabras, se reducen las posibilidades de influir en el voto utilizando una estrategia de favoritismo a la hora de entregar los apoyos.

Por otro lado, para que exista este tipo de manipulación por parte de los políticos, es indispensable que la forma de operar de los programas propicie una interacción frecuente entre el servidor público y el beneficiario. La transferencia directa bancarizada sí es una forma efectiva de quitar intermediarios. Así, podría existir la posibilidad de que las personas no estén tan expuestas a discursos políticos o argumentos que busquen que se hagan clientes políticos de Morena.

Ahora bien, no quiero pecar de ingenua. Se han documentado casos muy claros de capitalización política de los programas de Bienestar por parte de políticos de Morena (en particular, los superdelegados). También me queda muy claro que a la hora de registrar a un beneficiario, el servidor público puede amenazar con quitar el apoyo si no existe cierta retribución; o insistir en quién está dando dicho apoyo. Tampoco está muy claro el rol de los casi 20,000 Servidores de la Nación que operan en todo el país, y sería ingenuo creer que no participan en operaciones políticas de promoción de Morena.

No obstante, aún no ha sido evidenciada la existencia de una estrategia de manipulación política amplia por parte de estos actores a favor del movimiento. Aún faltan investigaciones más a fondo para identificar qué tan frecuentes son estos casos, y si se puede hablar, o no, de clientelismo electoral a gran escala; y sobra decir que tenemos que ser aún más vigilantes conforme nos acerquemos a las elecciones del 2024.

Ahora bien, en un país como México, con tanta experiencia en el uso de programas sociales para el clientelismo electoral, ¿por qué debería de ser Morena una excepción?

Y ahí viene mi tercer argumento. La respuesta más simple —e ingenua— a esta pregunta es que Morena podría no necesitar estrategias de clientelismo electoral para que los beneficiarios de sus programas voten por ellos. Porque, eso sí, quienes reciben pensiones o becas muy probablemente tienen intenciones de voto más favorables a Morena, dado que han sido beneficiados por una política social que les ayuda sustancialmente en lo económico. Y que quede muy claro: eso no es clientelismo político. Es, por definición, parte de un ejercicio democrático en el que los votantes premian o castigan a sus gobernantes según los cambios que perciben en su vida diaria.

Ahora, podríamos plantear la pregunta de otra forma: ¿por qué los gobiernos anteriores sí utilizaban los programas sociales para el clientelismo electoral? Porque los programas sociales de aquel entonces no ofrecían una red de protección social tal como la describimos arriba. Las transferencias directas recurrentes más importantes llegaban tan solo a más o menos la tercera parte de la cobertura calculada para el 2022. Los demás programas no ofrecían becas o pensiones, sino apoyos puntuales, muchas veces en especie. Cambiar la intención de voto al regalar un gallinero o una canasta básica tiene que venir acompañado de un discurso persuasivo por parte de quien otorga el apoyo: y bien sabemos que muchos servidores públicos mexicanos son expertos en eso.

En resumen, la política social impulsada por López Obrador representa la política de protección social basada en programas sociales más amplia que haya existido en este país hasta la fecha —pongo muchos bemoles en esta última afirmación, por lo catastrófico que ha sido el desmantelamiento del seguro social y la desaparición del padrón de Progresa-Oportunidades-Prospera. Finalmente, dado que esta política ayuda de manera significativa a quienes lo necesitan, es muy probable que eso se vaya a traducir en una recompensa del votante en las urnas.

Si los programas sociales de la 4T van a movilizar votos a favor de Morena, tal vez no será por una nefasta estrategia de clientelismo electoral, sino por el ejercicio de un voto democrático que desea la continuación de una política popular para quienes se benefician de ella. Y eso, como tal, sería un cambio de paradigma importante en la política social de México.

Dejo abierto el debate. EP

1. Aquí no estamos entrando en el debate de si los programas llegan o no a quienes más lo necesitan. Eso es otra discusión (también en curso), que requiere de otro tipo de análisis. [↩]
2. Para llegar a esta estimación, calculada para el artículo Primero los pobres, se consideraron los programas siguientes: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Sembrando Vida: Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; Becas para el Bienestar Benito Juárez Educación Básica; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Jóvenes Escribiendo el Futuro; Programa de Becas Elisa Acuña; Jóvenes Construyendo el Futuro; Producción para el Bienestar – Pequeños y Medianos Productores. Se utilizaron los padrones disponibles en el Padrón Único de Beneficiarios Bienestar al momento de realizar este cálculo: julio 2022 para (i) Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, (ii) Jóvenes Construyendo el Futuro, y versiones cercanas al cierre de 2021 para los demás programas. [↩]

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