HG: A dos años del gobierno de López Obrador hay un sector de la academia y la sociedad civil que critica la política anticorrupción de esta administración, ya sea porque creen que solo se ha enfocado a perseguir a personas en lo individual o por haber dejado de lado al Sistema Nacional Anticorrupción creado durante el gobierno de Peña Nieto, creo que algo que no se ha discutido de manera tan amplia es la definición que tiene este gobierno de corrupción. Me parece que partiendo de ese punto lograríamos entender de mejor las acciones que se están llevando a cabo. ¿De qué manera te parece que este gobierno entiende la corrupción?

BE: Desde mi punto de vista, el gobierno de López Obrador parte de una concepción de la corrupción de carácter sistémico. En el sentido más amplio, la corrupción no es sólo ni prioritariamente un fenómeno que involucre a individuos y transacciones en lo particular. Vista como un problema sistémico, la corrupción se refiere al conjunto de arreglos formales, informales, legales e ilegales que impiden que un gobierno pueda servir a la mayoría, y que, en la práctica, favorecen sistemáticamente a las élites económicas y políticas. La corrupción como sistema incluye componentes muy diversos —leyes que directamente vulneran o excluyen a sectores vulnerables; reglas y rutinas administrativas que limitan el acceso a servicios públicos de sectores mayoritarios; acuerdos informales que facilitan y solapan la colusión entre funcionarios públicos y empresarios para extraer recursos del erario en beneficio particular y en detrimento de las mayorías—, así como modos de operación igualmente diversos. Entre estos últimos, y en todos los casos, generando beneficios desproporcionados para pequeñas minorías y altos costos para la mayoría de la población: transacciones informales o, de plano, ilegales; procesos, actividades y decisiones que, apegándose a la ley, benefician sistemáticamente a  grupos minoritarios de altos recursos, poder y/o contactos; así como sistemas y ordenamientos administrativos e institucionales que, de manera sistemática, favorecen e incluso estimulan la reproducción de la desigualdad y el privilegio.

Tenemos ya estudios diversos, uno en particular de Viridiana Ríos, por parte de Oxfam, que indica que en un análisis trabajado por la Auditoría Superior de la Federación sucede que en el caso mexicano del 2000 hasta el 2017/2018, más del 50% del presupuesto objeto de observaciones por parte de la ASF provenía de aquellas partidas presupuestales que potencialmente benefician más a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad. Creo que esta es la definición general que se está priorizando en este gobierno, y bajo ese paraguas es que tendríamos que evaluarlo.

HG: En tus artículos has plasmado una interpretación muy interesante sobre lo que significa para la 4T el famoso cambio de régimen, entendido como el objetivo más ambicioso de este gobierno. En uno de tus textos más recientes en El Financiero, comentabas que para López Obrador el cambio de régimen significa acabar con esto que llamas el “pacto oligárquico” que ha gobernado al país en las últimas décadas. ¿Entiendes el combate a la corrupción como una parte fundamental para romper con ese pacto? ¿Cuáles son las acciones que para ti han sido clave en esta administración y que muestran el principio de esa ruptura?

BE: Efectivamente. Mi interpretación sobre lo que entiende el presidente López Obrador por cambio de régimen es el desmantelamiento (o al menos el debilitamiento) de este régimen oligárquico que beneficia no a cualquier grupo de élite, sino en particular a aquellos sectores de la población que tienen mayores recursos materiales, activos financieros, propiedades, riqueza, y que han tenido cooptado al conjunto del aparato estatal y al aparato legal para su beneficio en detrimento de las mayorías. En este contexto y desde mi punto de vista, el combate a la corrupción es una parte centralísima del desmantelamiento o debilitamiento de este régimen oligárquico que, insisto, beneficia fundamentalmente a los sectores económicamente más poderosos y que son un grupo muy pequeño en el caso mexicano, como ocurre también en otros países.

En el caso de la corrupción tenemos al menos tres áreas en las que se observan cambios importantísimos durante los primeros dos años de gobierno del presidente López Obrador. En primer término, un combate frontal a la evasión y elusión fiscal como no lo habíamos visto. Hay diferentes estimaciones, pero alrededor del 20% de lo que podría recaudarse no se recauda por estos motivos. Ya hay algunos avances importantes en relación a este tema durante este gobierno: se endurecieron las penas, se fueron cerrando algunos agujeros legales que permitían este proceso de evadir impuestos. Hay que decir que dentro de los diferentes impuestos que componen la base fiscal mexicana, donde hay una cantidad mayor de evasión y de elusión es en las contribuciones de empresas, y las que representan un mayor porcentaje son los grandes contribuyentes. Ahí ha habido avances muy significativos eliminando la posibilidad de condonaciones fiscales, cobrando aquellas condonaciones que se habían hecho de manera incorrecta y cerrando el paso a la facturación. En muchísimos casos, las llamadas “factureras” eran un vehículo privilegiado para este tipo de prácticas no solamente ilegales sino corruptas, en el sentido más amplio de un grupito que se aprovecha por interés propio en detrimento de las mayorías.

En segundo lugar, tenemos el combate a la intermediación; estos intermediarios eran especialmente importantes en el caso de todos aquellos programas dirigidos a los sectores, económica y socialmente, más vulnerables. Ya decía antes que en el estudio de Oxfam, que recoge las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se mostraba que el grueso de la corrupción que no se aclarara en el uso del presupuesto (cerca del 50%)  va dirigido a programas sociales. Muy posiblemente, la hipótesis del presidente López Obrador, de que la manera en que se llevaba a cabo esta corrupción era a través de los intermediarios, puede tener algo de razón, y ahí me parece que combatir a los intermediarios es otra faceta de la lucha contra la corrupción.

La tercera tiene que ver con la alta burocracia gubernamental. Destaca, al respecto, un conjunto de medidas que se han utilizado para reducir la corrupción a ese nivel. Se han reducido los sueldos —la llamada austeridad republicana—, se han recortado en general los presupuestos en la mayor parte de la Secretarías de Estado y se han limitado  las posibilidades de la corrupción porque hay un mayor monitoreo desde arriba.

HG: Sin embargo, ahí la crítica suele ser que una cosa es austeridad y otra cosa es combate a la corrupción. Uno podría decir “disminuyó la corrupción”, pero en realidad disminuyó el monto de recursos que se manejaban antes, ¿no crees?

BE: Efectivamente, tienes toda la razón. Es una medida un poco a “a bulto” para disminuir la corrupción. Si yo quiero disminuir la corrupción, la manera más fácil, de entrada, es disminuir el flujo de recursos que pudieran estar disponibles para ejercer esa corrupción. Sin embargo, hay otros elementos. Voy a mencionar uno que ha sido muy criticado por muchos de los analistas más vocales en México, y es el hecho de que el presidente —siguiendo una cosa que ya hacía desde el gobierno de la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno— no respeta tanto las jerarquías formales dentro de su gobierno. O sea, alguien que es secretario de un tema no necesariamente está viendo ese tema, o aparte de ese tema, sino muchos otros (como es el caso de Marcelo Ebrard). Esta práctica, si bien efectivamente violenta las jerarquías y organigramas formales, pudiera resultar útil  para debilitar la maraña muy enraizada de prácticas y grupos que tenían cooptado el presupuesto en diversas secretarias y dependencias,y que se servían de él incluso en muchas ocasiones de manera legal.

La definición más usual de corrupción, la que se usa más frecuentemente, tiene que ver con un acto de un individuo inmoral o que se piensa que es mala persona o viola la ley en beneficio personal. Hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones esto se puede hacer de manera legal y se incorpora dentro del presupuesto. De forma muy destacada es lo que ocurre en el ámbito de la salud, en la educación también, donde tienes una partida muy grande asignada al reparto de beneficios entre actores diversos dentro del propio presupuesto, de carácter legal, aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces, hay que tener cuidado al ver la corrupción como un fenómeno individual, de una transacción puntual de una persona, y que necesariamente es ilegal.

HG: En una conversación que tuve con Jacqueline Peschard, quien ha sido bastante crítica frente a la política anti corrupción de este gobierno, le planteé que la llamada 4T también entiende la corrupción como la complicidad entre la élite económica y la élite política que ha capturado al Estado. Le decía yo que, en ese sentido, este gobierno ha avanzado en acabar con esa red de complicidades. El argumento de ella, sin embargo, es que la división entre lo público y lo privado en este gobierno en realidad es selectiva; se combate a algunos poderes fácticos pero se beneficia a otros. ¿Coincidirías con esto?

BE: Coincido en que estamos lejos de la aplicación universal de políticas o de leyes. Tenemos todavía —en el caso mexicano, insisto, como muchos otros países, China, por ejemplo— trato diferenciado para distintos grupos, y en este caso, distintos empresarios y funcionarios públicos. Si nos referimos específicamente a la relación del gobierno con el sector privado, yo veo cambios sumamente importantes: tienes a un grupo minúsculo de personas que se pueden estar beneficiando de contratos y tienen una cercanía especial con el gobierno, mismos que eran vistos con muy malos ojos por el sector privado más prestigiado del país. Hoy, sin embargo, el sector económico más prestigiado, el que se apropia de una gran parte de la riqueza nacional, y que durante muchas décadas estuvo en el candelero (déjame ponerlo así), perdió muchísimos de sus privilegios. Para empezar, perdieron acceso a la toma de decisiones en el más alto nivel del gobierno. Los grandes conglomerados nacionales e internacionales hoy no tienen el mismo nivel de acceso que tenían en el pasado. Como ya decíamos, se les están cobrando impuestos, cosa que ocurría de manera ocasional. La industria de lo que se llama “la planeación fiscal” —que es toda la defensa del ingreso de empresas e individuos de altos recursos— está trabajando a marchas forzadas. Hoy les resulta mucho más difícil aplicar todas las formas que tenían para evadir el pago de impuestos.

Creo que tenemos, entonces, un cambio muy importante. En general, el sector privado ha perdido poder frente al gobierno, y esa pérdida ha sido especialmente notable para el gran capital nacional y extranjero que durante décadas tanto influyó sobre la conducción del aparato gubernamental. Lo que tienes en la actualidad es un grupo mucho más pequeño de empresas y empresarios cercanos al poder político; más pequeño y también menos poderoso tanto en lo individual como en lo colectivo frente al gobierno federal.

HG: Ha habido casos de corrupción también dentro del propio gobierno, se han mencionado los contratos de Pemex de la prima de López Obrador, Felipa Obrador; el tema de Pío López Obrador, hermano del presidente; hay funcionarios en el gabinete cuestionados como Manuel Barlett. ¿Cómo sientes que este gobierno ha manejado sus propios temas de corrupción en comparación a cómo lo hacían los anteriores? Digamos, ningún gobierno está exento de corrupción, más bien es cómo trata esos casos en relación a cómo se trataban antes.

BE: Ahí es donde yo vería más claroscuros. Veo algunos avances; al menos ahora se visibilizan más y más rápido, se persiguen en algunos casos de manera más razonable o que resulta convincente, ya vamos a ver el caso del hermano del presidente que está en proceso. En el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad, creo que son pocos los que quedaron satisfechos con la forma en que eso se procesó. En todo caso, si era su concubina o no y dónde estaban los nombres de sus bienes, creo que no satisfizo a muchas personas.

Considero que hay aquí un área de oportunidad importante y me parece que concretamente sí le reporta un costo al gobierno el proteger a algunos de sus colaboradores que son acusados de corrupción. Lo entiendo desde el punto de vista del realismo político, si tiene unos colaboradores cercanos que están realizando tareas que para el presidente son de fundamental importancia pueda haber un menor interés en escarbar muy hondo en qué tan corrupto sea. O sea, lo puedo entender desde una lógica estrictamente política, no puedes estarte peleando con tus colaboradores, eso tiene un costo. Pero también tiene un costo no castigarlos en términos de la opinión pública y de la credibilidad de una de las políticas centrales del gobierno de López Obrador.

Si me permites, déjame concluir con un elemento que me parece importante. Hay diversas encuestas de Transparencia Internacional, la propia encuesta del INEGI sobre calidad de la gestión gubernamental que nos dan algunos indicios de que la población, cuando menos para el año 2019, sí percibió una mejora en el caso de la corrupción. Incluso, y aquí cierro, en algunas de las encuestas más reputadas en el país sobre aprobación presidencial —que es el caso de la encuesta de Buendía y Laredo—. En la última medición al respecto de esa casa encuestadora, observamos una tasa de aprobación presidencial relativamente alta, sobre todo considerando la pandemia y la crisis económica, y si ya lo desagregas, vemos que la  “corrupción” queda en cuarto lugar como rubro mejor evaluadas, detrás de apoyo a adultos mayores, apoyo a programas sociales y a apoyo específicos.

Entonces, también veo aquí una diferencia muy importante entre las élites intelectuales y de otro tipo que están muy presentes en el espacio público, que no solamente no aprueban al presidente López Obrador y su gestión, sino tampoco lo que ha hecho en materia de corrupción frente a la mayoría de los mexicanos que sí aprueba al presidente en lo general, así como sus avances en esta materia en lo particular. EP

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