“Tengan mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué; yo lo que le pedí a la Fiscalía especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado, porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”, declaró recientemente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, refiriéndose a los colectivos de búsqueda que realizan tareas concretas y sin descanso para localizar a las personas desaparecidas.

El mandatario estatal se refería específicamente a colectivos de Sonora, los cuales, en coordinación con colectivos locales, comenzaron jornadas de búsqueda, tal y como ocurre desde hace ya varios años, a lo largo y ancho del país. El trabajo no efectuado por las Fiscalías, los Ministerios Públicos y algunas Comisiones Estatales de Búsqueda es realizado por las propias familias; trazan de esta manera una geografía distinta a la burocrática. Una geografía de la búsqueda. Una geografía de la solidaridad y del acompañamiento que tiene como objetivo definitivo encontrar. 

Para la gran mayoría de las autoridades y de los funcionarios de todos los niveles de gobiernos, la búsqueda de personas desaparecidas no es una prioridad, no es siquiera un problema que deba atenderse seria e integralmente con acciones decisivas. Así como Alfaro, en sus desplantes mediáticos, otros representantes del Estado mexicano han tenido actuaciones desafortunadas que fortalecen la falta de resultados y la impunidad. 

La política que viene del gobierno mexicano es aquella del silencio y el engaño; su política está basada en la negación de la crisis profunda representada en las casi 99 mil personas desaparecidas oficialmente. Para las instituciones, desde el Ministerio Público hasta la Presidencia, los colectivos de búsqueda siempre ocultan algo, responden a intereses oscuros.

Cecilia Patricia Flores, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, tras una reunión con el propio Alfaro, generosamente declaró ante los medios: “tras una reunión se aclaró el malentendido, el gobernador aseguró que las puertas de Jalisco siempre van a estar abiertas para los colectivos de búsqueda, sirvió mucho que nos escuchara”. Cabe mencionar que Jalisco es la entidad con el mayor índice oficial de personas desaparecidas, se trata de más de 15 mil según datos oficiales; según cálculos de los propios colectivos, esta cifra podría alcanzar los 30 mil.

Las autoridades, el primer obstáculo

En un pequeño equipo de trabajo, motivado por la Universidad de Columbia a través del Instituto Brown —y del que soy parte— hemos tratado de adentrarnos en la compleja tarea de revertir la política estatal y optar por un cambio de óptica. Una mucho más cercana a la naturaleza periodística y testimonial debido a que consideramos necesario seguir proponiendo narrativas nuevas para contar la crisis de la desaparición de personas. 

Bajo el nombre No están solas: saberes para la búsqueda de personas desaparecidas en México, en este proyecto hemos recorrido casi todas las regiones de México, y hemos logrado realizar más de 50 entrevistas con mujeres buscadoras. Con este bagaje a cuestas me centraré en uno de los puntos más relevantes que afloraron en cada una de las largas charlas que sostuvimos, incluida Cecilia Patricia: la relación y la experiencia con las autoridades ha sido en todo momento, por decir lo menos, infructuosa, frustrante, molesta.

Laura Orozco, de Michoacán, con tres familiares desaparecidos, por su parte, sostiene: “Si hubiésemos sabido que las desapariciones realmente son una política de Estado, que realmente estaban sostenidas desde las mismas instituciones, hubiésemos entendido la emergencia de poner nuestra denuncia de inmediato para evitar que se perdieran pruebas, que testigos ya no estuvieran. Es importante entender lo que ocurre políticamente detrás de las desapariciones para avanzar en estos proceso jurídicos”.

La lentitud de las autoridades responsables de comenzar la búsqueda es remarcable, y ha sido uno de los comunes denominadores en toda la investigación que hemos realizado. Desde la generación de un discurso revictimizante, donde las frases “en algo andaban” o “se fue con su novio”, son las más socorridas. Las personas buscadoras han sabido, colectivamente, sobrepasar este primer obstáculo y tomar las riendas de la búsqueda.

En más de 50 entrevistas, otras de las opiniones más repetidas se centraron en la petición que los distintos Ministerios Públicos les hacían a las familias: les pedían que no hicieran nada, que no se juntaran con los colectivos de búsqueda porque eso sería contraproducente. Además, por si esto fuera poco, en las Fiscalías, en muchos de los casos, no se levantó la denuncia a tiempo o no se quiso llevar a cabo este procedimiento, hasta que, precisamente con el apoyo de otras personas buscadoras, se logró tener denuncia y fichas de búsqueda.

“Desgraciadamente la Fiscalía se encarga de buscar el delito, entonces te busca a ti como familia antes de buscar al desaparecido, te hace un escarnio de toda tu vida, de con quién te mueves, qué haces, qué dejas de hacer y sobre todo a las mujeres, que son más revictimizadas que los hombres”: compartió una madre buscadora de Jalisco —nos reservamos su nombre a petición de ella—. Con este panorama se enfrentan las familias al iniciar una búsqueda en las instancias oficiales.

La necesidad de escuchar

Lo anterior nos muestra lo imprescindible de construir mecanismos que permitan sistematizar las experiencias de las personas que ya se han enfrentado a esta y otras situaciones similares. Facilitar el inicio de la búsqueda permite aprovechar el tiempo, hacer presión donde se tenga que presionar, señalar a los funcionarios responsables de ejercer todas las acciones a las que tienen derecho las personas que cuentan con un ser querido o un familiar desaparecido.

Continúa Orozco: “Considero que el proceso jurídico es uno de los más importantes, no sólo porque exiges a las autoridades que realicen el trabajo para las cuales están obligadas, sino porque en el plano internacional también exhibes todo este patrón de impunidad sistémica en México. Una de las cosas que se puede hacer es esta comunicación pública para que se conozca qué está pasando; esto también puede ayudar a inhibir toda esta violencia. Hay que hacer uso de esta herramienta”.

Es justo ahí en donde entramos como proyecto, porque no habríamos podido llegar a estas conclusiones con la simple intuición, es imperante tomarse el tiempo y escuchar, aprender de las experiencias de las personas buscadoras. En este proyecto se pretende abordar desde la escucha la necesidad de facilitar la búsqueda tomando en cuenta dichas las experiencias y saberes de las mujeres que enfrentan día con día los retos de una de las mayores problemáticas que vive el país.

Es todavía un proyecto en construcción —previsto para ser público en septiembre de 2022—. El tiempo y la respuesta de las comunidades de búsqueda determinarán la efectividad de No están solas… Sin embargo, ya ahora, tras habernos sentado a escuchar con calma y mucha atención, puedo adelantarme a afirmar que una de los aciertos palpables es el establecimiento del diálogo y la escucha. Estos mecanismos permiten construir confianza y fortalecer la lucha por encontrar a todas las personas desaparecidas. Esta lucha debería, al menos, interpelarnos permanentemente: no sabemos si seremos los siguientes en ser buscados. EP

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