El desgaste del gobierno, los errores, la distancia entre lo prometido y la alcanzado, o bien la diferencia entre las expectativas y la realidad, la soberbia y la arrogancia, las malas decisiones, el mal manejo de la pandemia y de la economía, entre otras cosas, han llevado a que el estado de ánimo social de finales de 2018 sea totalmente distinto al de mediados de 2022.

Un sector importante de quienes optaron por apoyar a este gobierno en las elecciones de 2018 ya se movió de posición o cambió de parecer. A más de la mitad del mandato del actual gobierno han pasado tiempo y cosas suficientes para que muchas de las personas que votaron por este gobierno (por múltiples razones depositaron un voto de confianza, dieron el beneficio de la duda, se sumaron por el hartazgo y/o la desilusión de los gobiernos anteriores, o porque se quisieron sumar al momento de cambio o a la opción ganadora, o bien porque “ya tocaba”), hoy toman distancia, incluso manifiestan rechazo en diferentes niveles.  

Se han sucedido una serie de fenómenos en este sentido, de los cuales sólo quiero destacar tres: la elección federal de junio de 21; el ejercicio de revocación del mandato y el rechazo a la propuesta de reforma constitucional en materia de electricidad.

La elección federal de 2021 fue una primera señal en este sentido. Morena obtuvo, junto con sus aliados, 21 millones de votos y la oposición en su conjunto 23 millones de votos (PAN, PRI, PRD 19.5 y MC 3.5). Una situación muy distinta de lo ocurrido en 2018. Para 2021, la composición en la Cámara de Diputados cambió radicalmente, la oposición obtuvo 223 curules en su conjunto (45%) y la coalición de gobierno tuvo 277 curules (55%). Morena perdió junto con su coalición 57 diputaciones en relación con la legislatura anterior. Si bien la coalición gobernante mantuvo la mayoría simple, cualquier modificación constitucional o votación de mayoría calificada tendrá que ser negociada. 

El ejercicio de revocación de mandato fue el segundo conjunto de señales que marcaron un quiebre significativo. Un proceso plagado de manipulaciones y fraudes a la ley antes, durante y después de su realización tuvo un desenlace por demás demoledor para las expectativas presidenciales. En este ejercicio, 82 de cada 100 personas inscritas en el padrón electoral decidieron no participar; una participación del 18%, muy lejos del 40% requerido para que este ejercicio tuviera validez legal. Este solo hecho es en sí mismo relevante. Después de que se violó sistemáticamente la ley, se atacó y desatendió a la autoridad electoral de manera sistemática y la evidencia de que hubo múltiples usos de recursos públicos de manera ilegal en la campaña de promoción (tanto por el gobierno federal como por gobiernos estatales y municipales), finalmente sólo participaron 1 de cada 5 electores.

Otro dato significativo es que la votación a favor de la continuidad del presidente fue de poco más de 15 millones de votos. Esto representa la mitad de su votación en 2018; los otros 15 millones se esfumaron. La mitad de los votantes de López Obrador en 2018 decidió darle la espalda. Si bien 15 millones no es un número menor, tampoco lo es la pérdida de 15 millones de votos. Los 30 millones del 2018 quedaron muy lejos. El ejercicio terminó en la pérdida de la mitad de la votación y una deslegitimación de facto y en las urnas de este y, por tanto, de sus promotores, empezando por López Obrador mismo.

El tercer hecho relevante fue la derrota de la propuesta presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica. Aunque, como comentamos en el primer punto, sabíamos desde junio de 2021 que López Obrador no tenía los votos, ¿por qué entonces cobró especial relevancia? Justo porque el poder no pudo doblar, comprar, extorsionar o dividir a la oposición. Pese a los amagos, amenazas y ofrecimientos, la oposición se mantuvo unida y compacta. La reforma no pasó. Esa fue la novedad.

Este hecho hizo visible a la oposición como antes no se había visto. También significó un “no” al presidente. Es la primera propuesta de reforma constitucional promovida por el presidente que no prospera. Lo cercano en el tiempo del desdeñado ejercicio de la revocación de mandato con el rechazo de la reforma tuvo un doble efecto que hizo mayor el mensaje de que estamos ya en otro tiempo. 

El horizonte para las otras reformas constitucionales, tanto en materia electoral como de la Guardia Nacional, tienen una condición muy distinta. La conclusión es clara: o se buscan acuerdos de Estado o no hay reformas constitucionales.

Lo que preocupa sobre manera y llama poderosamente la atención, es la reacción del presidente y su partido ante estas derrotas; cómo las han procesado y qué se desprende de eso. Podemos apuntar algunas líneas.

La reacción, en términos generales, ha sido la radicalización. Se ha subido de tono en los ataques, agresiones y descalificaciones a quienes el presidente no ubica de su lado. 

Lo que estamos observando es una serie de respuestas a la derrota en código autoritario. El presidente y los liderazgos que le acompañan, que en realidad le emulan, no han procesado sus derrotas en código democrático. La respuesta ha sido apelar a los más reprobables esquemas de la apología de la violencia y el odio. Incluso han llegado a calificar reiteradamente como “traidores a la patria” a los y las legisladores que se opusieron a la propuesta de reforma constitucional de López Obrador. Lo que es un derecho a pensar, proponer e incluso disentir, lo quieren volver ahora un delito y motivo de escarnio público. Se atacan los basamentos de nuestra débil e incipiente democracia al arremeter frontalmente contra el término de relación pública basada en el respeto, la tolerancia y la pluralidad.

Hay un agravante. El hecho de que la promoción de esta campaña se haga también desde un partido político (Morena), que es una entidad de interés público y que recibe financiamiento público lo hace más grave aún. Que se use dinero público para promover el odio, la mentira y la calumnia, además de ser un delito es extremadamente peligroso y erosiona aún más nuestra convivencia. 

El riesgo mayor no acaba ahí, sino en lo que parece estar detrás. Todos, incluido el presidente, sabíamos que no había posibilidad numérica alguna de que su reforma constitucional eléctrica prosperara, si no construía acuerdos y buscaba una reforma que proyectara a México a resolver los muy acuciantes problemas en esta materia, como en otras.

No sólo no hubo ánimo de consenso, sino lo que se aprecia es que hay es una decisión, miserable diría, de intentar obtener un supuesto lucro político-electoral en lugar de construir acuerdos. Es decir, el presidente prefiere el conflicto y un presunto rédito electoral en lugar de buscar beneficios acordados para el país. Buscar lucro electoral, polarizar, confrontar y dividir en lugar de construir consensos: vaya fórmula tan antidemocrática y tan contraria al interés público.

En esta línea, se acaba de presentar la reforma electoral, que parece seguir la misma estrategia. Intentar señalar con el dedo flamígero a la oposición, subido en un supuesto peldaño de autoridad moral y con eventual empatía con algunas preocupaciones de la gente, como escudo para validar e intentar legitimar una regresiva y controladora reforma electoral. 

Esta propuesta de reforma es la primera en décadas que se presenta desde el poder. También es la primera presentada sin diálogo previo con la oposición, sin acuerdos ni consultas, en todo el tiempo de lo que hemos llamado transición democrática. Contrario a lo que sucedía, la oposición no es artífice o generadora de esta reforma. Viene desde el poder y busca fortalecer al poder, para regresar a los viejos mecanismos de control de los tiempos del partido único o hegemónico. Con algunos elementos a considerar, la mayor parte de sus componentes son, a no dudar, una vuelta al pasado, que elimina largas luchas democráticas para limitar al poder.

Parece venir la misma fórmula. No se le mueve ni una coma y vamos al escarnio público, la polarización y la promoción del odio y la violencia. De continuar esta receta, los costos en la ruptura del tejido social y la convivencia serán cada vez mayores. El presidente acentúa su decisión de dejar de ser jefe del Estado, para ser el jefe de campaña y primer operador electoral de su partido. ¿Dónde quedó el reclamo de “cállate, chachalaca”?

Vienen momentos donde la defensa del Instituto Nacional Electoral y los demás entes autónomos se hace vital. Vienen momentos en los que la mesura y templanza, para no caer en la provocación de la polarización y la violencia, se hacen especialmente importantes. Nuevamente la coherencia en la exigencia democrática debe ser el norte del debate público.

El hecho real es que el momento país ya cambió y López Obrador lo sabe. El dilema es cómo se procesa desde el gobierno y desde las oposiciones este tiempo.

Si el presidente insiste en procesar en código autoritario la tendencia al conflicto se hará mayor, más aún si se suman las crisis económicas, de seguridad, ambientales e internacional en marcha. Este escenario sería una muy mala noticia para las y los mexicanos.

Si las oposiciones no entienden que tienen que responder y atender a los verdaderos problemas de desigualdad, inseguridad y falta de oportunidades, que tienen que corregir sus errores y trabajar en unidad, poco podrán hacer. Recuperar la confianza de la gente no es de discursos ni de redes sociales, es de hechos y acciones. El miedo y el rechazo no dan para ganar en 2024.

La pedagogía, la moraleja de 2021 y procesos subsecuentes —como la revocatoria del mandato o poner el alto a la reforma eléctrica depredadora— es que la unidad y la propuesta sí funcionan.

Lo que está en riesgo no es menor, es el futuro mismo de todas y todos y la viabilidad democrática de México. Es preciso tener claro que los desafíos a la democracia se tienen que resolver con más democracia, haciéndose cargo de la pobreza, la exclusión, la inseguridad, la inflación, los feminicidios y la impunidad entre muchos problemas que le duelen y aquejan a la gente. El real desafío es la construcción de una normalidad democrática que garantice derechos y libertades para todas y todos. No sólo para una parte de la población. EP

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