La reciente tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas y más de 20 resultaron heridas, es un acontecimiento que avergüenza a México ante el mundo y ante nosotros mismos. Sobre todo porque la tragedia se pudo evitar y porque se tomó una serie de decisiones previas para que ese resultado se diera. Infelizmente, era cuestión de tiempo dadas las decisiones tomadas por el gobierno de México en política migratoria, exterior y presupuestal, entre otras. De hecho, ya se había presentado un año antes un incendio en la estación de Tenosique, Tabasco. Las recomendaciones y advertencias sobre la crisis humanitaria en marcha fueron ignoradas y desatendidas. Ahí las consecuencias.

En realidad, lo sucedido es un crimen de Estado. De esa dimensión es la serie de decisiones y acciones que llevaron a este desenlace fatal. Es algo así como el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador.

Este trágico suceso se explica no sólo porque no se abrió el candado, sino por una serie de decisiones tomadas. De inicio, y probablemente la fundamental, es el cambio radical que dio la administración del presidente López Obrador en política migratoria. Al inicio de este gobierno, en diciembre de 2018, se ofreció un política de brazos abiertos, de acogida y solidaridad. El presidente ofreció migración legal, visas de trabajo y presentó a México como lugar de acogida y refugio. En un gesto sin precedente, la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió personalmente a la frontera sur a recibir una caravana migrante y darle así forma al compromiso presidencial. La designación de Tonatiuh Guillén a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), un experto de lo más reconocido y prestigiado en México en migración, hacía pensar que esa sería la directriz del gobierno.

Poco duró la promesa, sólo quedó un discurso vacío. El gobierno de México cedió ante los chantajes y amenazas de Donald Trump en mayo de 2019. El vergonzante acuerdo fue que el gobierno de Estados Unidos no cumpliría la amenaza de incrementar aranceles a productos mexicanos (violando lo establecido en el tratado México-Estados Unidos-Canadá), si el lado mexicano se comprometía a contener la migración. Y, en efecto, nos enteramos por el presidente estadounidense que miles de efectivos mexicanos serían apostados para contener el flujo migrante. Se hizo realidad aquello de que México pagaría por el “Muro de Trump”. En esencia, todo México se convirtió, por las decisiones de López Obrador, en el muro que tanto publicitó el estadounidense conocido y reconocido por una narrativa antimexicana.

El viraje fue radical: México abandonó el paradigma de solidaridad en materia migratoria para abrazar con determinación el paradigma de la seguridad. Por primera vez en décadas, se empezaron a esgrimir argumentos desde el gobierno en torno a la seguridad nacional, la defensa del país, la búsqueda de la prioridad nacional, etc. Poco se diferenciaba la nueva narrativa de la de los sectores más conservadores de Estados Unidos. Como consecuencia, Guillén abandonó el INM en un ejemplo de congruencia que cada vez se aquilata más.

Los cambios se sucedieron en múltiples áreas de la administración. La expresión más contundente de estos se reflejó en un gradual y paulatino proceso de militarización del INM, cada vez más militares en la operación y gestión. La flamante Guardia Nacional, concebida para combatir a la delincuencia y contribuir a la construcción de la paz y la seguridad en México, se utilizó y utiliza para detener migrantes, primero en la frontera sur y luego en un sistema de filtros establecidos a lo largo del territorio nacional. Adicionalmente, se dispuso de la participación de distintas corporaciones de seguridad federales, locales y municipales para ese fin, incluidas las fuerzas armadas.

Igualmente se dio un cambio radical en la gestión administrativa del proceso migratorio, cuya lógica principal fue retrasar lo más posible los trámites para una migración legal y las solicitudes de refugio y atención humanitaria. Se activó la persecución de migrantes en jardines, plazas, hoteles, transportes, caminos y lugares públicos, especialmente en el sur del país, aunque no solamente. A las conocidas y denunciadas prácticas de abuso, extorsión, robo, vejaciones físicas y sexuales (en particular a las mujeres y niñas), se sumaron prolongadas detenciones ilegales y arbitrarias en las llamadas estaciones migratorias que en realidad son usadas como prisiones con absoluta precariedad en la infraestructura, pues no fueron diseñadas para ese uso, así como hacinamientos indignos.

La crisis humanitaria desbordó la capacidad de ciudades completas, por ejemplo, el estado de Chiapas fue convertido en una gran estación migratoria, un lugar de contención. La ausencia de los tres órdenes de gobierno en la atención a la población migrante llegó y llega a tal grado en las localidades fronterizas de esa entidad, que los enfrentamiento con la población local son cada vez más frecuentes, y da lugar a peligrosas expresiones xenófobas (sobre todo la población haitiana ha sido víctima de distintos crímenes de odio en diferentes lugares de México, todos en absoluta impunidad). A esto se suman los recortes presupuestales en áreas como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que está absolutamente rebasada y colapsada, así como el rechazo y la obstaculización del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia migratoria.

La persecución de migrantes alcanzó también a líneas aéreas, autobuses foráneos o locales, e incluso a personas solidarias que apoyaron con su vehículo particular a migrantes y han sido acusadas de tráfico de personas. El giro se reflejó también en los procesos de entrada al país por vía aérea, los excesos, deportaciones y abusos cometidos en contra de viajeros latinoamericanos son ya un escándalo. Llegar a México para algunas personas se ha vuelto casi tan complicado como viajar a Estados Unidos.

Un nuevo y reciente componente es la aceptación por parte del gobierno de México de la solicitud del gobierno de Joe Biden para que se reciban treinta mil personas migrantes al mes, provenientes de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití y otros. México formaliza, sin reconocerlo, su rol de “tercer país seguro”, aunque dadas las circunstancias más bien parece un “tercer país inseguro”. Prácticamente nada se ha hecho para atender a estas personas con un mínimo de dignidad. De hecho, varias de las personas que murieron en la estación migratoria de Juárez eran de las expulsadas por el vecino del norte.

A todo lo anterior hay que adicionar determinaciones de gobiernos estatales de colaborar con estas políticas, incluso entidades fronterizas mexicanas han hecho sus propios acuerdos con sus contrapartes estadounidenses en el mismo sentido que los gobiernos de ambos países. También hay que considerar las del Poder Legislativo para facilitar parte de lo arriba descrito o la pasividad y/o retraso del Poder Judicial en la resolución de los casos relacionados con exigencias de justicia de personas migrantes. No se puede dejar de mencionar la inacción y omisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ante el tamaño de la crisis ha optado esencialmente por silencios cómplices de estas políticas.

En síntesis, se constituyó una política pública que estructural y sistemáticamente viola los derechos humanos de las personas migrantes. Lo sucedido en Juárez es una de las consecuencias.

Toca insistir en el regreso a una política centrada en la solidaridad, sin dejar los múltiples desafíos que el tema migratorio presenta a México, pues el flujo está lejos de disminuir. Tres pistas sobre el particular:

1) México debe liderar la acción internacional para la atención a la crisis humanitaria en materia migratoria. Lo hizo ya cuando la guerra civil en Guatemala. Nuestro país recibió a cientos de miles de guatemaltecos, fue un ejemplo mundial de refugio. Concertar la acción de agencias de Naciones Unidas, gobiernos y sociedad para la ayuda humanitaria.

2) La redefinición de los términos de relación en materia migratoria con el gobierno de Estados Unidos. Separar la agenda migratoria de la compleja agenda bilateral no es opción. México tiene diferentes elementos para poner en la mesa y reconocer el carácter regional y así construir e implementar soluciones regionales al problema.

3) Concertar la capacidad del Estado mexicano, alineando políticas y voluntades en una posición de congruencia con lo que pedimos para la población mexicana en Estados Unidos. La concertación de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, con la activa participación de empresas, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y sociales, es un detonante de un política congruente con nuestra Constitución, nuestra historia y práctica de buena acogida y solidaridad.

Al ser México un país cruzado por la migración, de origen, destino, cruce y retorno, es que la migración se constituye en un espejo de nuestra realidad. Exhibe descarnadamente quiénes somos, nuestras realidades y prácticas, pero sobre todo nuestra congruencia o falta de ella. ¿Con qué autoridad moral pediremos respeto y trato digno a los paisanos en Estados Unidos, si aquí pasan cosas como el infierno de la estación migratoria de Juárez? ¿Qué hubiéramos hecho o dicho si el incendio hubiera sucedido en una instalación a cargo de la Border Patrol en Arizona o Texas?

Los espejos proyectan cosas que en ocasiones no queremos ver, pero negarlas sólo las hace peor. Así ha sido la respuesta de la administración de López Obrador.

En la medida que las acciones propuestas u otras que cambien el actual estado de las cosas se retrasen, seguiremos dando ejemplos de vergüenza, indignidad e incongruencia.Los discursos de la mañanera ya no alcanzan para tapar esta dolorosa realidad. EP

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