Roberto Duran-Fernandez y Alberto García Huitrón presentan algunas ideas para avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de emergencias sanitarias en México.
Texto de Roberto Duran-Fernandez & Alberto García Huitrón 01/02/23
Roberto Duran-Fernandez y Alberto García Huitrón presentan algunas ideas para avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de emergencias sanitarias en México.
En marzo de 2023 se cumplen tres años de los primeros confinamientos en respuesta a la pandemia del COVID-19 en México. La esquiva vuelta a la normalidad parece estar más cerca, aunque las cicatrices de la pandemia aún están expuestas y muchas de sus consecuencias a largo plazo las entenderemos solo con el tiempo.1
La pandemia del COVID-19 dejó un saldo de casi 15 millones de muertes en exceso y más de 10 millones de huérfanos. En el ámbito social, la pandemia arrojó a más de 100 millones de personas a la pobreza y por primera vez el mundo retrocedió en todos los indicadores de desarrollo social relevantes, incluyendo educación y salud. En el plano económico, se estiman costos de cerca de 14 billones de dólares, siendo la mayor caída en la economía global desde la Gran Depresión.2
En México, el post-mortem de la pandemia aún no se ha escrito. ¿Cuántas familias sufrieron una pérdida? ¿Cuántos niños truncaron sus estudios? ¿Cuántos vieron su educación interrumpida por la brecha tecnológica? ¿Cuántas personas perdieron su empleo o transitaron a la informalidad? ¿Cuántas empresas tuvieron que cerrar? ¿Cuánta gente tuvo que emigrar? Estas preguntas solo las responderemos a medida que contemos con información estadística, censos y encuestas.
Parece sorprendente que a tres años de la pandemia aún no entendamos por completo su impacto y consecuencias. En un ejercicio de honestidad intelectual, debemos reconocer que estamos muy lejos de tener un manual para poder responder a estas emergencias. A pesar de la narrativa actual y de que la pandemia haya pasado a un segundo o tercer orden de prioridades, la realidad es que esta todavía no termina. La cuarta semana de enero 2023 fallecieron aproximadamente 10,000 personas por COVID-19, sin contemplar el bajo nivel de confianza en las estadísticas sobre las muertes en China tras el fin de la estrategia de COVID-Cero.3 La conversación sobre la preparación para la siguiente pandemia aún es prematura: no estamos ni siquiera preparados para enfrentar una nueva mutación de este virus.
“A pesar de la narrativa actual y de que la pandemia haya pasado a un segundo o tercer orden de prioridades, la realidad es que esta todavía no termina”.
A pesar de esto, es importante empezar a ordenar nuestros pensamientos y poner en la mesa del debate público ideas que nos permitan avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de emergencias sanitarias. En este artículo, presentamos algunas de estas ideas, aplicadas para el contexto mexicano, para enfrentar emergencias de salud, como la del COVID-19. No debe leerse como una receta o un manual, más bien como una base a partir de la cual podemos empezar a construir una nueva agenda nacional para la preparación y respuesta a pandemias.
El COVID-19 desde la perspectiva de la gestión pública puede entenderse como una emergencia en la cual se excedieron todas las capacidades de la sociedad. Sin embargo, no es cualquier emergencia.
Primero, es una emergencia con una probabilidad de ocurrencia que no está alineada con los objetivos del liderazgo político. Por ejemplo, estudios recientes estiman que la probabilidad de que ocurra una pandemia en un año dado es entre 0.27 y 1.9%.4 Si tomamos como referencia la parte baja de este rango, la probabilidad de que una persona que viva 80 años, experimente una pandemia a lo largo de su vida es casi del 20%. Ahora bien, la probabilidad de que un presidente o gobernador experimente una pandemia durante su mandato de 6 años es apenas de 1.5%. La probabilidad de que una pandemia sea un problema para un gobierno cualquiera es relativamente baja, lo cual desalinea los incentivos para considerar la preparación y respuesta pandémica como una prioridad de política pública.
Un segundo elemento que hace diferente a la pandemia del COVID-19 fue lo amplio y generalizado de su impacto. La respuesta a la emergencia de salud tuvo efectos en cadena que detonaron una grave crisis económica y social con efectos mucho más allá de la crisis sanitaria inicial. La implementación de confinamientos y medidas de distanciamiento social pararon en seco a la economía, interrumpiendo las cadenas de valor con consecuencias que aún estamos viviendo. Desde el punto de vista de la gestión pública, la pandemia es un problema multisectorial y desde la perspectiva económica uno de fallo sistémico. Esto nunca había sucedido en una economía moderna, diversificada e hiperglobalizada en la escala en la que vivimos durante 2020 y 2021.
“…la probabilidad de que una persona que viva 80 años, experimente una pandemia a lo largo de su vida es casi del 20%”.
Finalmente, el tercer elemento fue la naturaleza global de la pandemia. Este fue un evento que afectó simultáneamente a todos los países del planeta. Esto tiene dos consecuencias. Primero, al exceder las capacidades de respuesta a nivel global, no puede contarse con ayuda externa que contribuya a aminorar las múltiples crisis derivadas de la pandemia. En segunda instancia, su naturaleza global provoca que intentos aislados por resolverla no sean exitosos. Aunque Estados Unidos y Europa vacunen al 100% de su población y eliminen temporalmente alguna variante del COVID-19, siguen estando expuestos al riesgo de nuevas variantes provenientes de lugares en donde no toda la población se ha vacunado. Esto implica que sin una coordinación global, no habrá una solución para la pandemia.
Estas tres características hicieron de la pandemia del COVID-19 un evento que excedió tanto la capacidad para gestionar la crisis por parte de los gobiernos, así como el modelo para financiar la respuesta a la crisis. México no fue ajeno a esta problemática, por lo que cualquier propuesta que busque avanzar hacia una nueva agenda nacional para la preparación y respuesta a pandemias deberá partir de estos elementos.
En este artículo presentamos algunas ideas para una agenda de reformas que mejoren nuestra capacidad de reacción ante las pandemias. La primera es la creación de un órgano colegiado que involucre a varios órganos del gobierno para coordinar mejor la respuesta a emergencias. La segunda, relacionado con el financiamiento, es incluir mecanismos transparentes de flexibilización de reglas presupuestarias para canalizar recursos a tiempo para responder a emergencias, considerar la inversión en salud como inversión productiva para poder utilizar deuda pública en la compra de insumos esenciales, y la gestión de deuda pública durante emergencias sanitarias. Tercero, para generar capacidad de manufactura local, es vital que México fortalezca las opciones públicas y utilice estratégicamente el tamaño de su mercado para negociar acuerdos de transferencia de tecnología con otros países, siguiendo el ejemplo de Brasil. En el ámbito internacional, hay una oportunidad para México de consolidarse como líder regional que busque impulsar la inversión en bienes comunes globales.
A pesar de que han pasado tres años desde el inicio de la pandemia, aún no es posible llevar a cabo una evaluación integral sobre sus causas, efectos y consecuencias a largo plazo, así como un diagnóstico sobre el conjunto de políticas y reformas pendientes para México. Inclusive, aún no tenemos suficiente información para construir una narrativa completa sobre lo sucedido durante los últimos tres años.
Sin embargo, hemos aprendido lecciones de experiencias internacionales a partir de las cuales es posible sugerir una dirección inicial para una nueva agenda nacional para la preparación y respuesta a pandemias. A continuación, presentamos algunos de estos elementos, esperando enriquecer el debate nacional y la agenda sobre prioridades de política pública.
Una primera idea consiste en impulsar una reforma a nuestro Sistema Nacional de Planeación. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 deberá presentar como un elemento prioritario la preparación y respuesta a pandemias. Esto idealmente deberá ir más allá de la voluntad política y quedar plasmado como mandato en la Ley de Planeación a nivel federal, lo cual tendría que ser replicado por el resto de los órdenes de gobierno. Esta medida no resuelve nada por sí misma, sin embargo, es un primer paso para alinear incentivos del liderazgo político con la problemática pandémica.
La naturaleza multisectorial de la pandemia tiene como consecuencia que los efectos de este evento vayan más allá del sector salud. Esto abre serios problemas para la gestión de la emergencia desde el sector público. ¿Qué cartera debe ser responsable de coordinar la respuesta a la crisis? La Secretaría de Salud no cuenta con las capacidades para coordinar los aspectos económicos, sociales y de seguridad de la crisis. Asimismo, la gestión de la pandemia siguiendo únicamente criterios médicos deja de lado elementos que pueden ser relevantes para toda la sociedad.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con un mandato muy amplio para coordinar la implementación de planes de estabilización económica y la respuesta presupuestal. La coordinación entre las carteras de Salud y Hacienda es fundamental, sin embargo, también es importante la participación de otros despachos de Estado para atender aspectos tales como la facilitación regulatoria, seguridad y atención social. El Consejo Nacional de Salud no está diseñado para atender este tipo de crisis en toda su dimensión, por lo que es necesaria la creación de un mecanismo colegiado, copresidido por Salud y Hacienda, con el mandato, capacidad y recursos necesarios para atender la respuesta pandémica. El Gobierno Federal puede seguir el ejemplo de Nueva Zelanda durante su respuesta a la pandemia.5
Un elemento que añade complejidad a la respuesta pandémica en México, es la dimensión federal. Hay que recordar que los cinco países con mayor número de muertes durante la pandemia son federaciones: Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y México. Actualmente, nuestra Constitución establece que en caso de epidemia grave la Secretaría de Salud tiene la facultad de dictar medidas preventivas. Sin embargo, en la práctica la amplitud de la pandemia y su naturaleza multisectorial terminó en una respuesta concurrente donde federación, estados e inclusive municipios contribuyeron al diseño e implementación de respuestas. La implementación de una respuesta coordinada entre niveles de gobierno abre preguntas muy serias. ¿Es preferible una respuesta centralizada o descentralizada? La respuesta a nivel central puede corregir errores de diseño a nivel local, sin embargo, los desaciertos también se amplifican. Estas preguntas, sin duda, requieren mayor estudio, sin embargo, la experiencia del COVID-19 sugiere que la descoordinación entre niveles de gobierno cuesta vidas.
¿Cómo financiamos la respuesta a una pandemia? La OMS publicó en 2021 un estudio sobre las prácticas de gestión financiera pública de 183 países durante la pandemia del COVID-19. El estudio encontró que la respuesta financiera se centró en la activación de fondos de emergencia, la facilitación de reasignaciones y aplicaciones presupuestales, así como la implementación de transferencias entre diferentes unidades ejecutoras de gasto. La OMS advierte que los países también tuvieron que flexibilizar sus procesos presupuestales, de manera que fuera posible acelerar la ejecución de presupuestos y simplificar los procesos de procura y contratación. El gran reto fue mantener un mínimo de transparencia en la ejecución del gasto durante un periodo de emergencia.6)
Para el caso de México, el entramado normativo es una seria limitante para la implementación de medidas de emergencia presupuestal. Tanto la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como la Ley de Disciplina Financiera cuentan con estrictos procesos de autorización y control presupuestal que restan flexibilidad a la autoridad hacendaria para la gestión financiera pública de una emergencia como la del COVID-19. Es importante considerar dentro de la agenda de las finanzas públicas, la necesidad de incluir mecanismos flexibles y transparentes de gestión presupuestal para atender la respuesta a una pandemia. Esta idea también se extiende a la ley que regula la procura y contratación del Estado. Un elemento fundamental para que la implementación de estas medidas sea exitosa es la definición de una regla clara, objetiva e independiente que detone la emergencia sanitaria.
La flexibilidad presupuestal debe estar acompañada de controles y salvaguardas. Un fenómeno que se ha apreciado a nivel internacional es que los gobiernos hicieron reasignaciones agresivas hacia la respuesta de la pandemia dentro del mismo rubro de salud. Como consecuencia, existe evidencia de que la pandemia ha aumentado las vulnerabilidades en la cobertura universal de salud en países de ingresos bajos, debido a la reasignación de recursos de salud hacia el COVID-19, así como la financiación para enfermedades transmisibles como la malaria, la tuberculosis, el VIH y otras enfermedades no transmisibles.7
Otro aspecto importante en el financiamiento a la respuesta a pandemias es la gestión de deuda pública. En México, se reserva la contratación de deuda pública al financiamiento de la inversión pública productiva. Legalmente, el gasto en rubros de salud tales como vacunas, equipo de protección personal, pruebas, entre otros no se considera inversión pública productiva. A pesar de la enorme rentabilidad social y económica de un plan de vacunación acelerado, es imposible para el gobierno en México adquirir vacunas y equipo de protección personal a través de la contratación de financiamiento.
¿Cómo financiar los costos de la pandemia más allá de la respuesta de salud? El aseguramiento es una alternativa natural, sin embargo, hay que recordar que las pandemias son eventos no asegurables. Dadas sus características, una aseguradora no puede diversificar eficientemente el riesgo ante este tipo de evento. Sin embargo, existen otros instrumentos financieros tales como los bonos catastróficos (CAT-Bond) que permitirían distribuir el riesgo de una pandemia en el mercado de capitales. El Banco Mundial estructuró en 2017 la Facilidad de Financiamiento de Emergencia por Pandemia, el cual a la fecha ha sido el único instrumento dirigido para responder a emergencias epidemiológicas. México tiene una amplia experiencia en la emisión de bonos catastróficos contra desastres naturales. En principio, la emisión de un bono catastrófico contra pandemias puede construirse sobre el entramado regulatorio existente sin necesidad de reformas profundas.
Otra opción para generar espacio fiscal son las cláusulas de desastres naturales. Dichas cláusulas son disposiciones que se incluyen en los bonos soberanos que permiten diferir el pago de capital e intereses en caso de que un desastre natural afecte al país. Estas cláusulas cubren huracanes y terremotos y su objetivo es liberar recursos valiosos para la respuesta y reconstrucción del desastre. Es importante mencionar que esta cláusula no implica una quita a la deuda, es decir, no se perdona la deuda del país, sino que solo se aplaza el pago de esta por un período de tiempo determinado, que puede durar hasta dos años. Durante 2022, Barbados negoció la inclusión de la primera cláusula pandémica en su bono soberano.
En México, la cláusula pandémica podría ser utilizada como una herramienta adicional para financiar la respuesta y la recuperación de una pandemia. A diferencia de otros países, el Gobierno Federal cuenta con acceso a mercados internacionales sofisticados, lo que permite la estructuración de instrumentos contra riesgos asociados a una pandemia. Sin embargo, esta herramienta podría ser especialmente útil para los gobiernos estatales y municipales que pueden tener dificultades para acceder a estos mercados. La inclusión de una cláusula pandémica en los contratos de financiamiento de estados y municipios podría permitir la liberación de recursos valiosos para atender la crisis, bajo un marco preestablecido que brindaría mayor certidumbre a las partes. Muy posiblemente su implementación requeriría reformas a la Ley de Disciplina Financiera.
La pandemia dejó en evidencia que no es posible confiar en el mercado para lograr resultados equitativos. Los países de altos ingresos utilizaron su poder de mercado para comprar vacunas, incluso antes de que se probara su viabilidad. Esto tuvo un efecto negativo en los países de menores ingresos: los hizo más vulnerables y supeditó sus programas de vacunación a la buena voluntad de la comunidad internacional. En el caso de la pandemia, la falta de equidad tiene implicaciones negativas. Al día de hoy únicamente el 26% de la población de los países emergentes ha tenido acceso al menos a una vacuna contra COVID-19. Esto abre un flanco sumamente peligroso para el surgimiento de nuevas mutaciones del virus que vuelvan a poner al mundo en peligro.8
La respuesta farmacológica a la pandemia, a través del desarrollo de vacunas, fue en última instancia la única medida que ha permitido superar la crisis del COVID-19. El desarrollo de vacunas en menos de un año es un enorme logro de la innovación e inventiva humana. Pasar de la etapa de desarrollo a la manufactura y despliegue a gran escala tampoco fue un logro menor. No obstante, este proceso estuvo muy lejos de ser un proceso espontáneo de organización del mercado. Tampoco fue logro de una economía autoritaria dirigida. Fue el resultado de una política industrial de los países desarrollados, bajo la cual gobierno y sector privado aportaron lo mejor de sí, en una alianza que logró cumplir el objetivo de producir una vacuna, aunque no con el objetivo de vacunar a todo el mundo.
“Durante la pandemia, también fuimos testigos de cómo los países dieron la espalda al mercado y la globalización, cerrando sus fronteras, prohibiendo exportaciones y defendiendo un nacionalismo de vacunas”.
Durante la pandemia, también fuimos testigos de cómo los países dieron la espalda al mercado y la globalización, cerrando sus fronteras, prohibiendo exportaciones y defendiendo un nacionalismo de vacunas. La falta de resiliencia de las cadenas de valor, así como la posibilidad de enfrentar un mercado internacional dislocado y poco confiable, hizo evidente la necesidad de desarrollar capacidades de manufactura de vacunas a nivel doméstico. Una alternativa para el desarrollo de dichas capacidades locales consiste en invertir en una “opción pública” en el sector farmacéutico.
La “opción pública” sigue la experiencia internacional de países que lograron desarrollar y producir vacunas contra COVID-19 en poco tiempo. Una “opción pública” se sustenta en una institución capaz de proveer un bien que coexiste con bienes producidos por el sector privado. Existen múltiples beneficios al invertir en una “opción pública” en el sector farmacéutico para enfrentar una pandemia. Por ejemplo, permite movilizar recursos con facilidad y así producir vacunas en poco tiempo, reduce la asimetría de información entre el sector privado y el público permitiendo una respuesta más coordinada y mejora los términos de negociación de licencias y derechos de propiedad intelectual al tener al Estado como parte negociadora sirviendo como contrapeso al poder de mercado de las grandes farmacéuticas. En suma, es posible tener una mejor preparación y respuesta a una pandemia.
México ya cuenta con una base para consolidar una “opción pública.” Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) tiene capacidad de producción para suministrar al sector salud vacunas contra la varicela, antipoliomielítica, Rotavirus, antihepatitis, triple viral, entre otras. No obstante, la empresa, mayoritariamente estatal, se encuentra en números rojos desde hace varios años. En ocasiones, en vez de invertir en capacidad de la propia institución, BIRMEX actúa como intermediario, subcontratando empresas privadas para realizar labores de distribución.
México es el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina, solo después de Brasil. Sin embargo, el gobierno mexicano en el pasado desaprovechó la oportunidad para negociar acuerdos de transferencias de tecnología a instituciones públicas ofreciendo a cambio acceso al enorme mercado nacional. El Gobierno Federal puede usar estratégicamente el tamaño del mercado mexicano para negociar acuerdos de transferencia tecnológica que fortalezcan la capacidad productiva de agencias públicas. Así lo ha hecho el gobierno de Brasil en los últimos 20 años con su programa de Asociaciones para el Desarrollo Productivo (ADP), una forma innovadora de asociación entre el sector privado y público.
Un elemento central en la estrategia de Brasil para construir capacidad de manufactura local utilizando “opciones públicas” ha sido su programa de ADPs, lo que les permitió ser uno de los primeros productores de vacunas mRNA en América Latina. Los productos susceptibles de una ADP son los productos en los que el Gobierno Federal consolida las compras, debido a que esto aumenta su capacidad de negociación.
En México, el Gobierno Federal cuenta con un programa de contrataciones consolidadas. Esta es una modalidad de contratación mediante la cual los requerimientos de varias unidades administrativas se integran en un solo procedimiento, con el fin de negociar mejores precios. La inclusión de este tipo de cláusulas representa una complejidad adicional, sin embargo, la negociación con grandes farmacéuticas no es del todo ajena para el Gobierno de México. La implementación de estos esquemas requeriría cambios importantes en la normativa de adquisiciones gubernamentales, los cuales podrían establecerse bajo capítulos de excepción derivados de una situación de emergencia. No obstante, sería deseable que la capacidad de manufactura de vacunas se fomente no solo en periodos de crisis. Es de suma importancia transparentar los acuerdos y términos de negociación para evitar la corrupción.
A mediados de 2021, la SHCP había gastado US$ 2,000 millones en la compra de vacunas del COVID-19 colocándolo entre los 12 mercados más atractivos del mundo.9 El gobierno bien podría negociar con las empresas farmacéuticas acuerdos de transferencias de tecnología para fortalecer la base tecnológica de BIRMEX, como condición para la adquisición de vacunas. El objetivo sería contar con la tecnología necesaria en México para la manufactura de vacunas para la próxima pandemia. Una prioridad debería ser el desarrollo de capacidades para la manufactura de vacunas de mRNA. Cabe destacar que el T-MEC es probablemente el acuerdo comercial que ofrece mayor protección a los derechos de propiedad intelectual en el mundo, de manera que en principio no debería de haber ninguna objeción por parte de los laboratorios internacionales para alcanzar dichos acuerdos.
Una pandemia es un problema global que demanda una respuesta global. Desde inicios de 2020 ha habido esfuerzos relevantes de cooperación internacional para resolver el reto de la pandemia, sobre todo centrados en el ámbito del financiamiento a la preparación y respuesta a pandemias. Destacan tres iniciativas. Primero, el Acelerador ACT-A impulsado por actores de la iniciativa privada, sector social y la OMS para financiar la respuesta a la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa es el sustento del mecanismo COVAX que busca hacer llegar vacunas a países en desarrollo. En segunda instancia está la constitución del Fondo de Pandemias como un fideicomiso de intermediación financiera dentro del Banco Mundial. Este fondo fue una propuesta del G20 para cerrar la brecha global de gasto en preparación y respuesta a pandemias de manera que sea posible atender futuras emergencias. Finalmente, se encuentra el Fideicomiso de Resiliencia y Sustentabilidad del Fondo Monetario Internacional, el cual otorgará créditos para financiar el sector salud, fondeado con derechos especiales de giro.
El rol de México en el diseño y constitución de estos instrumentos no ha sido claro desde la perspectiva de nuestros objetivos de política pública. Por un lado, México no es un país de renta alta que tenga suficiente espacio fiscal para hacer grandes aportaciones a estos mecanismos, pero tampoco es uno de ingresos bajos, con las necesidades de algunas naciones en África o la misma América Latina, que califique para recibir recursos. Es importante replantear nuestro rol en este tipo de discusiones internacionales. México, por ejemplo, puede asumir un rol de liderazgo dentro de Latinoamérica, posicionando las necesidades del subcontinente en foros internacionales y buscar dirigir mayores recursos a los países con mayor necesidad del hemisferio.
Durante 2023 tendrá lugar la discusión del Acuerdo Pandémico, impulsado por la Asamblea Mundial de la Salud. Este instrumento, el cual podría convertirse en un tratado vinculante, busca crear una nueva arquitectura global para la gestión y financiamiento de la preparación y respuesta pandémica. A pesar del difícil entorno internacional actual, es ineludible la necesidad de la colaboración internacional para gestionar este tipo de crisis por lo que el liderazgo de México en estas discusiones es vital, no solo en beneficio de nuestros intereses nacionales sino en pro de la inversión en bienes comunes globales.
La pandemia ha evidenciado la realidad de un mundo frágil y expuesto a riesgos que representan un altísimo costo humano, económico y social. Escenarios que imaginábamos solo propios de la ciencia ficción se materializaron ante nuestros ojos. Lo más preocupante es que la crisis global y generalizada que representó la pandemia, puede que no sea la última. La crisis climática nos obligará a enfrentar emergencias a escala global capaces de poner en jaque a todos nuestros sistemas económicos y sociales en tan solo unas décadas. Al final, la pandemia también es una consecuencia de la actividad económica desenfrenada y deforestación, que aumenta la probabilidad de contacto entre humanos y animales.
“La crisis climática nos obligará a enfrentar emergencias a escala global capaces de poner en jaque a todos nuestros sistemas económicos y sociales en tan solo unas décadas”.
A medida que acariciamos la esquiva nueva normalidad, el recuerdo de la tragedia del COVID-19 se desvanece y las lecciones se olvidan. No podemos permitir esto. La pandemia del COVID-19 evidenció la fragilidad de nuestro mundo, pero también nos mostró que tenemos la creatividad e inventiva para hacer frente a una crisis que de inicio nos rebasa. Haber sido capaces de diseñar vacunas en menos de 12 meses es un logro en la historia humana que debe darnos razones para el optimismo.
Nuestros gobiernos tienen la capacidad de diseñar políticas públicas que permitan construir sociedades más resilientes. Solo en México una muestra de ello es la capacidad que hemos desarrollado para salvar vidas antes huracanes y terremotos. Diseñar un plan contra emergencias de salud no tiene por qué ser una meta inalcanzable. Finalmente, hemos sido capaces de lograr acuerdos internacionales, en condiciones incluso más adversas que las actuales. Solo hay que recordar que la erradicación de la viruela, un hito único en toda nuestra historia, fue posible en el punto más álgido de la Guerra Fría.
Hay mucho que nos falta entender sobre lo sucedido los últimos tres años. Sin embargo, debemos tener la confianza de que evitar que una tragedia como la del COVID-19 se repita es una meta al alcance de nuestra generación. Es cuestión de tener la suficiente imaginación, creatividad y voluntad política para lograrlo. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
