Joe Biden ha promovido leyes de gran envergadura durante su administración. Su Plan inicial de Reconstruir Mejor (Build Back Better, BBB), que hubiera requerido 3.5 billones (trillions) de dólares, ha sido comparado por algunos con los programas de Lyndon B. Johnson Great Society o el New Deal de Franklin D. Roosevelt. El Plan BBB, sin embargo, no fructificó en su versión original y sufrió fragmentación y cortes diversos. De todas formas, la presidencia de Joe Biden logró promulgar importantes leyes y se basó mucho menos en Órdenes Ejecutivas para gobernar que su predecesor (220 órdenes ejecutivas de Donald Trump, contra 139 de Joe Biden hasta fines de noviembre de 2024). Estas son más fáciles de revertir que la legislación formal y, por tanto, nos preguntamos qué tanto se salvará de las leyes de Biden durante la nueva administración de Trump. Nótese que la mayor legislación pasada por Trump en su presidencia, su ley de reducción de impuestos de 2017 (recorte de 1.5 billones en impuestos), seguirá vigente hasta 2025.

La propuesta de ley BBB se enfocaba en una larga lista de políticas y programas sociales que incluían (i) educación: se garantizaría educación preescolar para todos los niños de 3-4 años de edad, una reducción de impuestos para familias con niños; daría 12 semanas de permiso parental con goce de sueldo; educación gratuita de dos años de Community College para todos los jóvenes; (ii) salud: expandiría el acceso a Medicare (seguro médico público para la población de más de 65 años) para servicios hasta entonces no cubiertos, como visión, oídos y cuidado dental; ampliaría el programa público de Medicaid para familias de bajos ingresos y personas con discapacidades; daría potestad a Medicare para negociar los precios de medicinas con las farmacéuticas; (iii) vivienda: apoyo de inversión y subsidio para construcción, mejoramiento de vivienda y renta accesible; (iv) y cambio climático: subsidios para la compra de vehículos eléctricos (VE); apoyos diversos a empresas y comunidades para motivarlos a usar energía limpia.

Después de muchas negociaciones en torno al plan social y económico original de Biden (BBB), finalmente se pasaron tres leyes, que cubrían parcialmente la propuesta original y daba particular importancia a la recuperación y fortalecimiento de la infraestructura del país —con vistas a la reindustrialización de Estados Unidos con tecnología de frontera— y a las medidas consideradas necesarias para hacer frente al cambio climático, a la vez que se sacrificaba buena parte de la agenda social original. Se obtuvieron menos fondos que los planeados para BBB, pero de todas formas se consiguieron recursos nada despreciables (en suma, alrededor de 2.3 billones de dólares, trillions).

En 2021, se promulgó la Ley de Inversiones en Infraestructura y Empleos (Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA) con el apoyo de los dos partidos políticos, con financiamiento de 1.2 billones de dólares (trillions) a ejercerse en cinco años, que incluía una gran inversión en infraestructura (apoyo a construcción y seguridad de carreteras federales, puentes, puertos, estaciones de recarga para VE, modernización e incremento de ferrocarriles, entre otros), además de la ampliación de banda ancha, mayor acceso a agua potable y extensión de redes eléctricas. 

En 2022, se pasaron otras dos leyes: una bipartidista, la Ley de Chips y Ciencias (Chips and Science Act), con un financiamiento de 280 mil millones de dólares y la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, IRA) propuesto sólo por el partido Demócrata, que contó con 891 mil millones de dólares, e incorporó algunos de los aspectos de BBB como las inversiones en energía y asuntos climáticos, parcialmente los temas de salud, y algunas reformas tributarias, mientras quedaron fuera la mayor parte de los programas sociales y de vivienda accesible. 

Ante la situación post electoral de Estados Unidos en que triunfó Donald Trump, cabe preguntarse cuánto de los programas de la política económica, social y ambiental de Joe Biden que debían implementarse a lo largo de entre cinco y diez años a través de las tres leyes mencionadas han podido avanzar en los dos o tres años en los que han estado vigentes y cuánto puede desandar el nuevo presidente el camino trazado por su predecesor. 

La primera de las tres leyes de Biden, es decir, la Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), tenía en noviembre de 2024 ejercidos o comprometidos alrededor de 66 mil proyectos específicos, es decir, cerca de la mitad de sus fondos (568 mil millones de dólares) de los 1.2 billones asignados. Aunque en su primer mandato como presidente Donald Trump no hizo mayores inversiones en infraestructura, las malas condiciones de esta en Estados Unidos ha sido una preocupación de ambos partidos en los últimos años, de manera que sería esperable que esta ley, que se aprobó con el apoyo de demócratas y republicanos no sufra una fuerte cambio durante la presidencia que se iniciará el 20 de enero, aunque probablemente se reasignen algunos de los fondos.

En cuanto al IRA, proyecto insignia del Presidente Biden en el tema ambiental y en parte, por ello, la ley más criticada por Donald Trump, es la que probablemente sufrirá fuertes embates (además, no se ha avanzado tanto en su ejecución porque tiene ocho años por delante, de un total de diez). Los aspectos más vulnerables de esta ley ante la nueva administración son los subsidios a la compra de VE, los incentivos a la eficiencia energética y la energía eólica fuera de las costas. Ello es consistente con la intención del futuro presidente de promover más extracción de gas y petróleo y favorecer a la industria automotriz más tradicional. Le será más difícil a Trump, no obstante, interrumpir proyectos de energía limpia ya iniciados, pues estos tienen una protección legal. Si pudiera revocar plenamente el IRA, excepto aquello que ya se ha gastado, Trump podría recuperar un fondo de 600 mil millones de dólares, según algunos cálculos. Sin embargo, este monto sería muy pequeño frente a los 4.5 billones de dólares (trillions) que necesitaría para extender por diez años la Ley de Empleos y Recorte de Impuestos de 2017 (2017 Tax Cut and Jobs Act) que expira en 2025, que es lo que Donald Trump quisiera hacer. La cancelación de aspectos importantes del IRA no sólo se vinculará a la recabación de los fondos que necesita Trump para financiar su agenda, sino también para detener las políticas ambientales, entre las que probablemente estarán el cancelar los impuestos a las fugas de gas metano producidas por la industria de petróleo y gas, flexibilizar las reglas de emisiones de vehículos para las industrias automotrices, entre otras.

La Chips and Sciences Act, por su parte, tiene como propósito impulsar la manufactura nacional de semiconductores para hacer a Estados Unidos más autosuficiente en estos estratégicos dispositivos, además de impulsar la investigación, la innovación y la seguridad nacional. Donald Trump ha manifestado su falta de entusiasmo por esta ley, que le parece sumamente cara pues, desde su punto de vista, el apoyo a las empresas para producir chips en Estados Unidos podría venir de la rebaja de impuestos a los inversionistas y no del financiamiento directo del Estado a dichas empresas. Hasta septiembre de 2024, de los 53 mil millones de dólares destinados a microchips (del total de 280 mil millones de la ley), 36 mil millones ya se habían asignado (hasta ahora Intel ha sido la empresa más favorecida con 8.5 mil millones de dólares, seguida por TSMC y Samsung). Esta Ley se pasó en respuesta a la escasez global de chips experimentada durante la pandemia además de una fuerte preocupación por el avance tecnológico chino y la necesidad que siente Estados Unidos por seguir siendo el líder mundial en alta tecnología. A pesar de que los fondos de esta ley se han desembolsado lentamente, el haberse aprobado en forma bipartidista y el hecho de que conlleva un tema de seguridad nacional, hace pensar a algunos analistas, que el nuevo presidente sólo intentará hacerle algunas modificaciones, pero que no tratará de desecharla. 

Así las cosas, la sucesión de políticas trumpistas y bidenistas, que en realidad se traslapan en parte porque no empiezan y terminan exactamente con los periodos presidenciales dan un contexto curioso de políticas económicas a la población estadounidense. En la práctica, se combinan actualmente políticas de corte keynesiano, con grandes inversiones en infraestructura e innovación tecnológica, con otras de rebajas significativas en los impuestos. Ambos enfoques requieren de fuertes recursos públicos, lo que sumado a los enormes gastos que debieron realizarse para enfrentar la pandemia del covid-19 bajo Trump y en menor medida bajo Biden, resultan en una combinación explosiva para las finanzas públicas: se estima que la deuda pública en 2024 llegará al 127% del PIB de Estados Unidos). La revisión por parte de Trump de las leyes de Biden para recabar recursos para sus propios planes no parece fácil y de ahí no saldrán suficientes recursos para cumplir los planes de rebajas de impuestos del nuevo presidente. EP

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