Este mes, Isidro Morales, Susana Chacón y Guadalupe González —miembros del grupo México en el Mundo— abordan tres temas fundamentales: las consultas energéticas entre México y Estados Unidos, el repliegue ruso en Ucrania y la incertidumbre política en Latinoamérica.
Texto de Isidro Morales, Susana Chacón & Guadalupe González 26/09/22
Este mes, Isidro Morales, Susana Chacón y Guadalupe González —miembros del grupo México en el Mundo— abordan tres temas fundamentales: las consultas energéticas entre México y Estados Unidos, el repliegue ruso en Ucrania y la incertidumbre política en Latinoamérica.
En esta ocasión, la reflexión del Grupo México en el Mundo se centró entre los más importantes, en los siguientes temas: el nuevo giro de las consultas energéticas entre México y Estados Unidos; Ucrania: el repliegue ruso de Járkov y sus consecuencias; y la incertidumbre política se instala en América Latina.
El 20 de agosto pasado iniciaron las consultas entre México y Estados Unidos en torno a la presunta violación que la política energética seguida por López Obrador (AMLO) ha hecho a lo pactado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Las consultas pueden extenderse por 75 días, o más, para llegar a un acuerdo “mutuamente satisfactorio” entre las partes o, en caso contrario, iniciar un panel de disputas que decidirá sobre el diferendo.
Hasta antes de la visita de Anthony Blinken a México, el 12 de septiembre pasado, la postura del gobierno había sido la de escalar el discurso nacionalista y de defensa de la “soberanía energética” ante el “tono” del reclamo por parte de la embajadora Katherine Tai, Representante Comercial de Estados Unidos. Sin embargo, una vez realizado el encuentro con Blinken, AMLO decidió no pronunciarse al respecto durante la ceremonia del Grito, tal y como lo había advertido, y prefirió acusar a sus adversarios como los impulsores de este conflicto. En otras palabras, el presidente buscará ahora desactivar el diferendo.
Es muy probable que los funcionarios de la Secretaría de Economía hayan explicado al presidente la solidez jurídica con que la Embajadora Tai ha convocado a la reunión de consultas. La modificación a la Ley de Industria Eléctrica (LIE), que da preferencia en el despacho eléctrico a la CFE sobre las compañías privadas, los obstáculos y demoras para otorgar permisos de operación y de comercio de gasolinas a los privados, la exención otorgada por la CRE solamente a PEMEX para que siga produciendo diésel por encima de los estándares establecidos y la obligación de las compañías privadas para comprar gas natural a la CFE o a PEMEX, son los cuatros reclamos estadounidenses, secundados también por los canadienses. Dichos reclamos no aluden a violaciones del famoso capítulo 8 del TMEC, del que tanto se ha vanagloriado el presidente porque garantiza la soberanía del país sobre sus recursos energéticos. Las demandas son por violar los principios de trato nacional y no discriminatorio, otorgado por el acuerdo tanto a los bienes como a las empresas provenientes de los países signatarios, y por el sesgo que ha caracterizado a las decisiones de los órganos reguladores.
“Las demandas son por violar los principios de trato nacional y no discriminatorio, otorgado por el acuerdo tanto a los bienes como a las empresas provenientes de los países signatarios”.
De todos estos reclamos, el más difícil de desactivar es el que concierne a las modificaciones a la LIE, pues el resto de ellos atañe más bien a procesos administrativos que el gobierno de AMLO podría revertir. En el primer caso, el ejecutivo tendría que enviar una nueva iniciativa de modificación, para que la LIE quede más acorde con las reglas del TMEC, y que sea votada por el congreso, algo que definitivamente se ve muy difícil de lograr por el costo político que implicaría para la administración actual. Por ahora, la única salida que le queda al gobierno es prolongar las reuniones de consulta, revertir selectivamente actos discriminatorios que muestren su voluntad de ajustar sus prácticas administrativas a lo pactado en el acuerdo y, eventualmente, operar el mercado eléctrico como lo había hecho antes de modificar la LIE. Empero, como esta ley es incompatible con algunos artículos y capítulos pactados en el TMEC, es muy probable que tarde o temprano se active un panel que la impugne. La apuesta de AMLO podría ser que el laudo desfavorable a la LIE se emita al final de su sexenio, dejando la solución legal del conflicto a la siguiente administración.
Desde finales de agosto y durante la primera semana de septiembre, el ejército ucraniano inició una contraofensiva tanto en la provincia de Jersón, ubicada en el sur de Ucrania, como en la de Járkov, situada en el noreste. Durante esos días lograron recuperar 3 mil km2 ocupados por el ejército ruso, sobre todo en el noreste. Poco después, las tropas ucranianas descubrieron en los alrededores de Izium, una ciudad ubicada en Járkov, 450 cadáveres enterrados en una fosa común, muchos de ellos con señales de tortura.
“…las tropas ucranianas descubrieron en los alrededores de Izium, una ciudad ubicada en Járkov, 450 cadáveres enterrados en una fosa común, muchos de ellos con señales de tortura”.
El descubrimiento ha sido condenado por los principales países de la coalición occidental y ha levantado la voz de la Unión Europea, sobre la necesidad de establecer un Tribunal que condene al presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra. Todo esto sucede unos días antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas inicie su primer periodo de sesiones, del 19 al 24 de septiembre que, sin duda, estará dominado por la evolución que ha tomado la guerra en Ucrania, sus consecuencias políticas y económicas, así como los horrores que la han caracterizado. Será la ocasión también para que el gobierno mexicano proponga su plan de mediación para alcanzar una tregua de cinco años, articulado por una comisión encabezada por el propio secretario de la organización, Antonio Guterres, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el Papa Francisco.
El revés sufrido en Járkov ha hecho olas también en Rusia, donde algunos diputados locales tanto de San Petersburgo como de Moscú, se han manifestado, por escrito, para pedir la dimisión de Putin por los costos previsibles de la guerra. De prosperar esta fractura al interior de la clase política rusa –algo que por ahora se ve aún remoto– Járkov podría constituir un punto de inflexión decisivo en esta confrontación.
En medio de este revés, el presidente ruso participó el 15 y 16 de septiembre en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), que tuvo lugar en Samarcanda, Uzbekistán. Dicha agrupación, que pretende ser la contraparte del G20, agrupa no sólo a China, Rusia y países clave de Eurasia, sino también a potencias regionales como la India y Pakistán. En la cumbre, el presidente chino, Xi Jinping, volvió a recalcar la necesidad de rehacer un nuevo orden internacional que busque ante todo la estabilidad global pero con nuevas reglas.
Por su parte, los países de la Unión Europea lograron acumular, durante esos días, más del 85% de sus inventarios de gas natural, equivalente al 27% de su consumo anual. Dicha meta rompe un récord histórico y la prepara para cubrir parte de su consumo en el periodo invernal, en un momento en que Gazprom, la empresa rusa, ha cerrado la llave del abastecimiento.
Chile enfrenta un momento sumamente delicado e incierto tras el decepcionante desenlace del proceso constituyente acordado en 2019 para encauzar las demandas del estallido social. En un plebiscito histórico y con una participación récord del 85% por el voto obligatorio, los chilenos rechazaron el largo texto constitucional de 388 artículos elaborado por una Convención Constituyente de independientes y nuevas izquierdas, paritaria y con fuerte representación indígena. El rechazo se impuso con un margen mucho mayor al esperado por las encuestas con el 62% de los votos sobre el apruebo (38%), fue mayoritario en todos los estratos sociales y regiones del país y movilizó tanto a la derecha como a sectores de centro y centroizquierda.
Hay razones de forma y fondo detrás de este desenlace. El proceso deliberativo entre los asambleístas fue tan mediático, desordenado y discursivamente radical que terminó por desfondar la confianza en la Constituyente. El texto constitucional resultó ambiguo, deficiente en técnica jurídica y políticamente inviable por la inclusión de temas novedosos, pero divisivos como la plurinacionalidad, las autonomías territoriales e indígenas, la reforma judicial y el reconocimiento de derechos sociales diferenciados de minorías y ecológicos. A esto se sumaron las críticas a los cambios en materia educativa, de expropiaciones y al sistema de división de poderes con la desaparición del Senado.
Es un duro golpe para el gobierno izquierdista de Boric, quien se decantó pública y activamente en favor de la nueva constitución. A sólo seis meses de gobierno, el presidente tuvo que ajustar su gabinete reemplazando a los cuadros jóvenes más radicales y cercanos con políticos experimentados de los gobiernos de la Concertación. El movimiento hacia el centro facilita el diálogo entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para buscar una salida negociada al atolladero constitucional, pero no alcanza para detener la caída en los niveles de aprobación presidencial (31%) y menos aún para sacar adelante las reformas en materia tributaria y de pensiones. El escenario más probable es el de una nueva convención constituyente electa por la ciudadanía acompañada por un Comité de Expertos que resuelva antes de las elecciones intermedias de 2024. El camino no será fácil y todo está por acordarse.
Brasil es un segundo foco de incertidumbre política en la región. En la recta final rumbo a las elecciones generales del 2 de octubre, se ha instalado un ambiente de crispación, polarización social y violencia política que pone a prueba la solidez de las instituciones democráticas en ese país. Aunque el expresidente Lula es el claro puntero en la carrera presidencial con un 45% de las intenciones de voto frente a 33% en favor de Bolsonaro para la primera vuelta, el fantasma del trumpismo acecha fuertemente al bolsonarismo. Muchos temen un escenario de conflicto poselectoral similar al que vivió Estados Unidos en 2020, un escenario que no debe descartarse a la luz de las constantes descalificaciones del sistema de voto electrónico por parte del presidente Bolsonaro que siembran la tesis de un supuesto fraude electoral en ciernes.
En ocasión del bicentenario de la independencia, Bolsonaro radicalizó su discurso incendiario ultraconservador en favor de la familia tradicional, el orden, la religión, el anticomunismo y las fuerzas armadas con consignas como “armas para todos” y “sólo Dios me sacará del puesto” en actos masivos acompañados de violencia. A pesar de contar con millones de seguidores en las redes sociales sumamente activos y movilizados, es difícil que Bolsonaro logre la reelección por el pésimo manejo de la pandemia con más de 600 mil muertes por covid y el fuerte rechazo de las mujeres. Si bien es inminente el retorno de Lula, “el viejo conocido”, llegará con un PT debilitado por las acusaciones de corrupción y con un bolsonarismo contestatario y movilizado en las calles. El legado de polarización social de Bolsonaro no se resolverá en las urnas.
“La rapidez con la que el nuevo gobierno de Petro ha dado pasos firmes y concretos hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela después de tres años de ruptura (2019) y tres lustros de tensiones recurrentes, genera enormes expectativas y dudas”.
Por último, con la llegada del primer presidente de izquierda en Colombia, el país inicia un nuevo ciclo político tan promisorio como incierto. La rapidez con la que el nuevo gobierno de Petro ha dado pasos firmes y concretos hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela después de tres años de ruptura (2019) y tres lustros de tensiones recurrentes, genera enormes expectativas y dudas. En menos de un mes desde la toma de posesión, se dio el intercambio de embajadores, se reanudaron los vuelos, se inició la reapertura gradual de la extensa y porosa frontera terrestre de más de 2,200 kilómetros y se acordó la participación de Venezuela como país garante en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela es, sin duda, una buena noticia para el comercio bilateral, la seguridad de las comunidades transfronterizas, la atención de los 4 millones de colombianos en Venezuela y los 2.5 millones de venezolanos migrantes y refugiados en suelo colombiano y la estabilidad regional. El cambio es mayúsculo: revierte por completo la política de Duque de presión y aislamiento para un cambio de régimen en Venezuela y tendrá repercusiones a nivel regional. La primera reacción de la administración Biden ha sido sumamente cautelosa y prudente, pero las críticas en el congreso estadounidense no se han hecho esperar. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
