Este mes, Susana Chacón, Guadalupe González e Isidro Morales —miembros del grupo México en el Mundo— profundizan en cuatro temas relevantes de la agenda internacional actual.
#Tablerointernacional: Mayo
Este mes, Susana Chacón, Guadalupe González e Isidro Morales —miembros del grupo México en el Mundo— profundizan en cuatro temas relevantes de la agenda internacional actual.
Texto de Susana Chacón, Guadalupe González & Isidro Morales 24/05/23
En esta ocasión la discusión del Grupo México en el Mundo que compartimos, se centra en cuatro grandes temas: Ucrania y la Cumbre G7 en Hiroshima; México y Estados Unidos: el difícil caso de la migración; El péndulo constituyente chileno, y El realineamiento colombiano.
Ucrania y la Cumbre G7 en Hiroshima
Durante mayo, la agresión rusa a Ucrania se ha escalado con bombardeos constantes a Kiev, la capital, lo que ha acelerado el activismo diplomático tanto de Zelensky, su presidente, como el del bloque occidental, así como la mediación de China y de Arabia Saudita. Durante la segunda semana de mayo, Zelensky visitó París, Roma y Berlín, con la intención de elevar la ayuda europea —tanto en artillería como aérea— para repeler los ataques rusos. Poco antes de que se iniciara la cumbre del G-7 en Hiroshima, Japón, Zelensky fue invitado por Arabia Saudita para participar en la Cumbre de la Liga Árabe, a la que asistió incluso Bashar al-Ásad, presidente de Siria, después de años de no haber asistido y ser abierto aliado de Moscú. El presidente ucraniano invitó a todos los asistentes a reconsiderar su visión de la agresión —de la que la mayoría mantiene aún una posición neutra— e hizo del reino saudita un país clave para mediar con Moscú.
Por su parte, Xi-Jinping, presidente de China, mandó a su enviado especial, Li Hui, a explorar directamente con Zelensky la posibilidad de un cese al fuego, por lo que este último dejó claro que ningún armisticio implicaría la cesión de territorio ucraniano. Un día antes de iniciarse el encuentro de Hiroshima, el presidente Xi convocó a una Cumbre de Asia Central, con cinco países otrora miembros de la ex-Unión Soviética y que se han vuelto ahora estratégicos para asegurar el éxito de la nueva ruta de la seda. Con estos avances, China no sólo se perfila como mediador de la crisis europea, sino como capaz de ocupar el vacío dejado por Moscú en Eurasia.
Empero, la cumbre más importante del mes fue la de Hiroshima, a la que asistieron los siete líderes del bloque occidental (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), más el mismo Zelensky y los dirigentes de Australia, Vietnam, Brasil, India e Indonesia cuya mayoría de estos últimos, ha tenido una posición más bien pragmática ante la agresión rusa. Convocada en la ciudad japonesa que sufrió los estragos de la primera bomba nuclear al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el objetivo más importante de la reunión fue justamente encontrar la mejor manera de terminar con la ofensiva rusa sin provocar un ataque nuclear por parte de Moscú.
La presencia física de Zelensky se convirtió, sin duda, en el momento culminante del encuentro, en el que reiteró una vez más el efecto desbastador del ejército ruso y la resolución de los ucranianos por defender su integridad territorial. El G-7 acordó proporcionar apoyo aéreo a Ucrania, mediante el ofrecimiento de los aviones caza supersónicos F-16, de factura estadounidense pero armados también en Europa. A su vez, los miembros europeos de la OTAN, sobre todo Francia, se encargarán de entrenar a los pilotos ucranianos. Con esta ayuda, se espera que Ucrania pueda neutralizar los ataques por misiles rusos en territorio ucraniano y obligar al invasor a replegarse a sus fronteras internacionalmente reconocidas por las Naciones Unidas.
Las discusiones en Hiroshima abordaron todos los puntos de la agenda global que preocupa al mundo occidental y sus aliados, desde la migración, el cambio climático, la transición energética con sustentabilidad, la seguridad alimentaria y en materia de salud, así como los riesgos financieros. Con todo, las tensiones existentes entre la alianza y los intereses chinos ocuparon también un espacio central en las discusiones. Las siete potencias occidentales pusieron en claro que hasta ahora no existe ninguna confrontación con el dragón asiático, pero esperan que asuma sus compromisos multilaterales adquiridos en materia de comercio, uso legítimo de la violencia, derechos humanos y del mar. Se reiteró la importancia de mantener un régimen abierto y libre en el Indo-Pacífico, así como de renunciar al uso de la fuerza para modificar las fronteras territoriales. Se enfatizó en asegurar las cadenas globales de suministro bajo el principio de la reducción del riesgo (derisk) en términos de su relocalización, ya sea por razones sanitarias u de otra índole. Los acuerdos de la Cumbre mandaron una señal muy clara a Moscú y a Pekín de que aún no existen las condiciones para un armisticio y de que Ucrania se ha convertido en un aliado estratégico del G-7 y de la OTAN, cuyas consecuencias sin duda modificarán el mapa geopolítico de Europa.
México y Estados Unidos: el difícil caso de la migración
Ni en México ni en Estados Unidos se cuenta con una política de migración. Menos aún con una cooperación bilateral en materia migratoria. Después de la tragedia de Ciudad Juárez en la que murieron calcinados 40 migrantes centroamericanos y los casos de secuestros de migrantes por parte del crimen organizado, como en el caso de San Luis Potosí, México no ha tenido una respuesta favorable a los derechos de los migrantes. Se ha limitado a aceptar las políticas impuestas por los estadounidenses como el recibir a un número alto de deportados centroamericanos y a aceptar los cambios en sus políticas sin poder negociar nada a cambio. Este es el caso del fin de la medida del Título 42.
La controvertida y criticada regla migratoria del gobierno de Estados Unidos conocida como el Título 42 expiró este mes y hay preocupación de que este paso sea el detonante de una nueva ola migratoria.
Esta ley permite la expulsión rápida de inmigrantes que entraron a Estados Unidos ilegalmente, bajo el pretexto de prevenir la expansión del COVID-19. Cuando el gobierno del presidente Joe Biden anunció el 10 de abril el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia, también puso fecha de vencimiento del Título 42.
Para reemplazar esta política, el gobierno de Estados Unidos decidió utilizar una vieja ley migratoria llamada Título 8, aprobada por primera vez en 1952, enmendada en 1965 y en años posteriores. El gobierno de Biden espera que la aplicación de esta ley ayude a reducir el cruce ilegal de inmigrantes.
El gobierno estadounidense también ha dicho que esta medida no reemplaza la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos tome medidas acerca de la crisis migratoria, incluyendo una reforma migratoria integral.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Título 8 impone severas consecuencias para los que usan formas ilegales para llegar a Estados Unidos:
▪ Es un instrumento legal que permitirá el procesamiento y expulsión en cuestión de días de inmigrantes que hayan entrado a Estados Unidos de manera irregular.
▪ Los inmigrantes expulsados no podrán ingresar a Estados Unidos otra vez por un periodo de cinco años.
▪ Las personas expulsadas no serán elegibles para solicitar asilo conforme a las nuevas reglas propuestas en la Evasión de Vías Legales, a menos que exista una excepción.
El péndulo constituyente chileno
En un giro tan inesperado como radical, el electorado chileno eligió una nueva asamblea constituyente de 51 miembros diametralmente distinta a la anterior. Si la primera estuvo controlada por un amplio arco de nuevas izquierdas y fuerzas independientes, ahora el timón quedó en manos de la oposición de derecha, en especial, de sectores ultraconservadores. En poco más de dos años, el electorado chileno pasó de inclinarse hacia la izquierda, a rechazar una propuesta constitucional progresista y, ahora, a buscar un nuevo asidero en las miradas más conservadoras.
El enigma chileno no parece ser un asunto de ideologías políticas en disputa. Aunque a simple vista el comportamiento pendular del electorado chileno da la idea de volatilidad y contradicción, en el fondo representa un patrón consistente de frustración y revuelta contra los oficialismos, independientemente de cuál sea su signo político. En 2021, la ciudadanía se rebeló contra el gobierno de derecha de Piñera para demandar mejores servicios públicos de transporte, educación y salud. En 2023, muestra su rechazo al gobierno izquierdista de Boric para reclamarle acciones eficaces y políticas de mano dura frente a la inseguridad y el incremento de la inmigración.
Para el ciudadano promedio en Chile, no hay mayor contradicción entre su reclamo por un sistema de bienestar social de alcance universal que le ofrecen las izquierdas y su demanda de control de la criminalidad y las fronteras que enfatizan las derechas. El desafío es mayúsculo para todas las fuerzas políticas, pues no hay adhesiones automáticas ni idearios enraizados sino problemas reales que gestionar y demandas contradictorias que armonizar. La clave del éxito de la nueva constitución, que habrá de someterse a plebiscito en diciembre, está en encontrar acuerdos básicos aceptables para todos; esto sólo es posible a través del diálogo y la negociación entre la pluralidad de fuerzas políticas.
Persiste, sin embargo, el riesgo de que los ganadores de ultraderecha caigan en el error de creer que representan el sentir de los chilenos y no incorporen los puntos de vista de otras fuerzas políticas al momento de redactar la nueva constitución. Es mucho lo que está en juego: un nuevo pacto social con asidero institucional y estabilidad que supere las grietas que décadas atrás abrió la dictadura.
El realineamiento colombiano
A nueve meses de haber asumido como el primer presidente de izquierda en Colombia, Gustavo Petro tomó la decisión de reorganizar por completo su gabinete con la idea de pisar fuerte el acelerador para sacar adelante su amplio programa de reformas. Una vuelta de tuerca en respuesta a la negativa por parte de los líderes de los partidos Liberal, Conservador y de la U de acompañar al gobierno en su proyecto de reforma de salud.
Petro cierra así la etapa inicial de su administración durante la cual funcionó como un gobierno de coalición para entrar en una segunda fase, de mayor incertidumbre y combatividad interna, como un gobierno monocolor que busca impulsar cambios estructurales movilizando a sus bases. Una radicalización temprana que anuncia tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso haciendo más difícil las negociaciones para cambios graduales y generando mayor incertidumbre en materia financiera y económica por la salida del Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Algunos analistas temen que, al igual que sucedió durante su gestión como alcalde de Bogotá, repita el patrón de incurrir en cambios constantes de su equipo sin lograr aterrizar técnicamente sus iniciativas y políticas públicas.
El realineamiento del gobierno colombiano hacia el núcleo duro de sus bases de apoyo admite otras lecturas. Hay una clave electoral que le imprime cierta racionalidad política: en octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales que, sin duda, serán interpretadas como un refrendo o no a las reformas que ha propuesto el Pacto Histórico. Pero se necesitará mucho más que apoyo político para cambiar las estructuras que hacen de Colombia un país profundamente desigual y violento. Se necesitará mucha dosis de paciencia y conciliación, además de capacidad de gestión pública para diseñar y aterrizar reformas sociales eficaces y necesarias. Sin estos componentes, podría crecer la polarización con la oposición y, con ella, el riesgo de parálisis gubernamental. EP
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