La reflexión del grupo México en el Mundo de este mes comparte con nuestros lectores los siguientes temas de interés de México y sus relaciones con el exterior así como de sucesos internacionales. En esta ocasión hablaremos de la confrontación en Ucrania y la ofensiva diplomática de Pekín, la relación México-Estados Unidos y, por último, la crisis diplomática entre México y Perú: un sinsentido.

La confrontación en Ucrania y la ofensiva diplomática de Pekín

Mientras el ejército ruso se aferra a controlar la región sur de Ucrania que le aseguraría el dominio del Mar Negro, los aliados de la OTAN discuten sobre la mejor manera de seguir proveyendo de municiones a la resistencia desplegada por el ejército ucraniano. Todo esto ha implicado un incremento en los presupuestos militares de la mayoría de los aliados atlantistas. La ofensiva rusa entra en una etapa delicada en la que la posibilidad de enfrentamientos directos con algunos de los miembros de la alianza pueda presentarse, como fue el caso del derribamiento de un dron estadounidense en aguas internacionales del Mar Negro por parte del ejército ruso. Las sanciones hasta ahora impuestas a Moscú no han modificado la posición de Putin respecto a sus intenciones con Ucrania, en parte porque la economía rusa ha mostrado resiliencia a las mismas. Con todo, la orden de aprehensión por crímenes de guerra, girada contra Putin por parte de la Corte Penal Internacional, el 17 de marzo, le otorga una fuerza moral a la resistencia ucraniana así como a sus aliados de la OTAN.

En este contexto, Xi Jinping ha intentado hacer de su país la potencia indispensable para mediar en los conflictos en los que no está directamente involucrado. A finales de febrero hizo una propuesta de paz de 12 puntos que no fue bien recibida ni por Zelensky ni sus aliados. Sin mencionar el origen de la guerra, el corazón de la misma era llamar al diálogo y a la negociación para aterrizar una salida política del conflicto, en un momento en que ninguna de las partes estaba interesada en ello. En su propuesta, Xi Jinping llamó también a terminar con la mentalidad de “Guerra Fría”, a evitar el uso de armas nucleares, a suprimir las sanciones unilaterales y a respetar la soberanía de todos los países, poderosos y pequeños. Tal llamado evocaba más la preocupación de Pekín por defender sus propios intereses que los de la parte agredida por la guerra. Con todo, el mandatario chino fue más exitoso para fraguar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, interrumpidas desde 2016, el 10 de marzo pasado. Dado que buena parte de las importaciones chinas de crudo y gas provienen del Golfo Pérsico, Pekín ya había iniciado un acercamiento con Riad y otros países de la región, en la que a cambio ha ofrecido inversiones y proyectos para desarrollar microprocesadores e insumos para la electromovilidad. Independientemente de la evolución futura de las relaciones entre Riad y Teherán, la mediación china constituye sin duda un éxito diplomático, no sólo por acercar dos países rivales que se disputan el liderazgo del orbe islámico, sino por romper el aislamiento en el que Irán había quedado después de que Trump denunciara el acuerdo que se tenía con dicho país para impedir el desarrollo de armas nucleares. Los buenos oficios de Pekín fortalecen sus relaciones con Teherán, aliado de Moscú en el frente europeo, y con Riad, tradicional socio de los Estados Unidos pero que ha hecho un pivote hacia el dragón asiático. Pekín quiere a su vez mostrar, ante propios y extraños, que se ha vuelto indispensable en la mediación de conflictos estratégicos. Las propuestas de mediación ante la crisis de Ucrania sugeridas hasta ahora por otros países, como Turquía, Brasil y México, han carecido de credibilidad. Por ahora, ningún miembro de la OTAN ni Moscú podrían desempeñar un papel de mediación. Similar a lo que sucedió en el Golfo Pérsico, sólo China es la potencia que cuenta con los recursos duros para hacerlo, pero para ello tendría que modificar los 12 puntos de su propuesta e incluir algunos que reflejen los intereses ucranianos y euro-atlánticos, y empujarla cuando todos los involucrados en dicha guerra tomen conciencia de que un conflicto prolongado podría debilitarlos para encarar los esfuerzos de reconstrucción y de otras crisis que podrían surgir fuera o dentro del teatro europeo.

Relación México-Estados Unidos

A lo largo de este mes, la relación de México con Estados Unidos, que es la más importante, se ha enfrentado a un sinnúmero de claroscuros que van desde lo más preocupante a lo irrisorio. En una primera instancia, después de la concentración ciudadana por la defensa del INE del pasado 26 de febrero, en esas semanas se publicaron múltiples artículos en medios internacionales, particularmente estadounidenses como The Atlantic Monthly, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, The Economist que reflejan la cada vez más preocupante amenaza a la democracia mexicana por parte del presidente López Obrador. De artículos en prensa se pasó a programas en TV que ridiculizaron a AMLO, mostrándolo como un dictador y un enfermo mental. Las críticas no se limitaron a los medios, varios funcionarios del Ejecutivo estadounidense y del Congreso han criticado y les preocupan las políticas de este gobierno y la cada vez más cuestionada democracia. 

No perdemos de vista que muchos de los congresistas, tanto demócratas y republicanos, están en campaña y aprovechan el tema de México para sus discursos. En especial los republicanos han sido muy críticos con el gobierno mexicano. De ellos surgió la propuesta de nombrar a los cárteles de la droga como terroristas ya que afectan a la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Consideran a México culpable de la muerte de más de 107 000 estadounidenses por su consumo y adicción al fentanilo. Ellos no lo ven como un problema de salud pública y acusan a su vecino por la exportación ilegal del opioide. Además de los congresistas, el exfiscal de la administración Trump, William Barr, también en campaña, pidió que se invada a México para destruir los laboratorios en los que se produce el fentanilo. Esto ya lo había insinuado el mismo Trump cuando era presidente, pero el Departamento de Estado y el Pentágono lo frenaron. Ahora es un tema recurrente entre diferentes funcionarios y gobernadores.

En el informe anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos se acusa también al gobierno de AMLO de violar los derechos humanos por el número de desaparecidos y de homicidios así como la creciente corrupción que observan. Estados Unidos está preocupado por lo que sucede en México, en especial por el tema de seguridad y por la falta de medidas para frenar el narcotráfico. Han llegado a decir que les es cada vez más claro que en México hay un narco estado y narco gobierno dado que no ven acciones por parte de los mexicanos. A esto se suma el juicio a Genaro García Luna en el que lo encuentran culpable de su complicidad con el cártel de Sinaloa y su relación con el Chapo Guzmán. Es el más alto funcionario mexicano juzgado en cortes de Estados Unidos lo que significa que muchos otros funcionarios no sólo de gobiernos pasados sino también del actual, están coludidos con el crimen organizado.

Las críticas y las respuestas de AMLO han sido cada vez más violentas y contrarias al desarrollo de una relación de cooperación. Parten del discurso de soberanía y de no intervención, con los que les exige no meterse en asuntos internos de México mientras que él sí puede intervenir en cuestiones internas de otros países como Perú, Venezuela o Cuba. Por supuesto que para el presidente mexicano la política exterior nunca ha sido su prioridad y sus discursos están más bien dirigidos a su base de seguidores y qué mejor que tener de enemigo a Estados Unidos. Los ha llegado a acusar de mentirosos, injerencistas, corruptos, etcétera. Veremos hasta cuándo alcanza la paciencia en un escenario en el que el T-MEC nos sitúa cada vez más en América del Norte y en el que la relación bilateral es cada vez más estrecha en materia comercial con las nuevas cadenas de valor y la cercanía geográfica.

La crisis diplomática entre México y Perú: un sinsentido

La profundización de la inestabilidad política peruana tras la destitución del gobierno de Pedro Castillo en diciembre de 2022 por un juicio de vacancia tras su fallido intento de autogolpe, ha traído consigo una espiral de tensiones y desencuentros entre México y Perú que bien podría llegar a la ruptura de relaciones. Los hechos son inéditos y marcan un punto de inflexión en una relación bicentenaria, históricamente amistosa, cercana y estable que en la última década había adquirido densidad económica con la Alianza del Pacífico (AP) y el acuerdo de integración comercial entre los dos países. México es ya el tercer socio comercial latinoamericano de Perú mientras que el país andino es el cuarto socio comercial sudamericano de México después de Brasil, Colombia y Chile.

Lo que desencadena el diferendo diplomático es la posición asumida por el gobierno de AMLO en defensa activa del presidente Castillo como víctima de un golpe de estado por parte de la oligarquía peruana y desconociendo cualquier base de legitimidad, legalidad y constitucionalidad al procedimiento que llevó a su destitución y, por ende, al nuevo gobierno de Dina Boluarte. Los primeros roces diplomáticos se dieron en razón de las supuestas gestiones mexicanas para brindarle protección y asilo al exmandatario en la embajada antes de su arresto, algo que fue percibido por los sectores de oposición como una maniobra para eludir a la justicia y como una práctica injerencista por parte de México. 

A lo largo de los primeros 100 días del gobierno de Boluarte, plagados de inestabilidad política, desacuerdos legislativos, protestas sociales, violencia y uso excesivo de la fuerza pública, las tensiones bilaterales han ido escalando como resultado de decisiones coyunturales, declaraciones presidenciales incisivas y errores de cálculo por parte de una diplomacia mexicana más politizada y vocal que profesional y constructiva. Las constantes alusiones críticas del presidente mexicano sobre la situación política interna peruana en favor de quienes demandaban la excarcelación de Castillo junto con la decisión de ofrecer, conceder y gestionar asilo para su familia en México, llevaron al gobierno de Boluarte a declarar persona non grata al embajador mexicano en Perú expulsándolo del país en menos de 72 horas y, posteriormente, a ordenar el retiro definitivo de su embajador en México. 

Cabe destacar que el rápido deterioro de la relación diplomática entre México y Perú contrasta con la situación de relativa normalidad que aún prevalece en las relaciones del país andino a nivel latinoamericano, incluso con países con los que ha tenido diferendos históricos como Ecuador y Chile y con gobiernos de izquierda cercanos a las fuerzas políticas que en su momento contribuyeron al triunfo electoral de Castillo. A diferencia de AMLO, el gobierno de Lula ha optado por considerar que el cambio de gobierno en Perú ocurrió conforme al orden constitucional, manteniendo una diplomacia discreta sobre la situación. Así pues, aunque otros países de la región han asumido posiciones de simpatía hacia el presidente destituido similares a la de México (Bolivia, Colombia, Argentina) o han sido sumamente críticos de la forma en la que la policía y las fuerzas armadas peruanas han encarado a los manifestantes (Chile), en ningún caso se ha ido más allá del intercambio de extrañamientos diplomáticos aislados.

Las actuales tensiones entre México y Perú ya rebasan al ámbito de lo estrictamente y afectan temas y espacios multilaterales regionales, en particular, el funcionamiento y la continuidad de la Alianza del Pacífico. El antecedente que dio origen a este diferendo fue la cancelación unilateral por parte del gobierno mexicano de la reunión del mecanismo a celebrarse en Ciudad de México en noviembre pasado, en respuesta a la decisión del congreso peruano de negarle el permiso al presidente Castillo para viajar a México por temor a que no regresara al país. En un gesto simbólico de apoyo y afinidad ideológica con el entonces mandatario peruano, en ese momento asediado por mociones de vacancia y acusaciones de corrupción por un congreso obstruccionista como había ocurrido con la mayoría de sus antecesores en el cargo desde 2016, el presidente AMLO anunció que no entregaría en esa ocasión la presidencia pro tempore de la AP a Perú y que lo haría en una visita oficial al país andino con ese propósito. Días después vino la caída del gobierno de Castillo y se canceló la que hubiera sido la primera visita presidencial de AMLO a Sudamérica, dejando en un impasse el traspaso de estafeta dentro de la AP. 

A las posteriores solicitudes expresas y reiteradas por parte del gobierno peruano para normalizar la situación del organismo, el presidente López Obrador respondió por vía extraoficial en su conferencia matutina que no entregaría la presidencia pro tempore a un gobierno “espurio” para no “legitimar un golpe de Estado” contrario a las libertades, los derechos humanos y la democracia por lo que llevaría el asunto a consultas dentro del Grupo de Río. Una propuesta a todas luces improcedente por el hecho de que dicho mecanismo de concertación política está inoperante desde la creación de la CELAC en 2011, además de que varios de los países que lo conformaron no son parte de la Alianza del Pacífico. Y sin sustento jurídico internacional porque el Tratado de la Alianza del Pacífico estipula claramente que el traspaso anual de las presidencias debe darse en orden alfabético en el mes de enero, sin necesidad de consultas previas ni ceremonias oficiales. En contraste con lo que ocurre a nivel de los gobiernos, en los consejos empresariales de la AP el traspaso de las presidencias ya tuvo lugar en tiempo y forma.

Es difícil que la relación bilateral se recomponga en el corto y mediano plazo. Dado el carácter estructural de la inestabilidad social y política peruana y la simpatía personal del presidente mexicano hacia Castillo en un contexto interno de creciente competencia política de cara a las elecciones de 2024, el escenario más probable es que en los próximos dos años la crisis diplomática bilateral se prolongue e, incluso, llegue a agravarse. La situación del gobierno de Boluarte es de extrema debilidad por el alto nivel de rechazo a su gestión mientras que el congreso peruano no ha sido capaz de articular un acuerdo político para adelantar las elecciones como lo demandan las movilizaciones sociales y la inestabilidad podría tornarse aún más crítica a consecuencia de los desastres naturales. En estas condiciones, la politización de la relación bilateral continuará en detrimento de los intereses de ambos países. EP

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