El grupo México en el Mundo presenta una serie de textos que abordan los desafíos para la política exterior de México en 2022. En este texto, Carlos Heredia Zubieta habla sobre la relación de México con Centroamérica.
Texto de Carlos Heredia Zubieta 19/01/22
El grupo México en el Mundo presenta una serie de textos que abordan los desafíos para la política exterior de México en 2022. En este texto, Carlos Heredia Zubieta habla sobre la relación de México con Centroamérica.
México carece de una carta de navegación para sus relaciones con los países centroamericanos. La vecindad geográfica y el hecho de enfrentar numerosos desafíos compartidos en el ámbito geopolítico haría obvia su necesidad e imperativa su actualización periódica. No es así. Desde el punto de partida hay numerosas interrogantes abiertas que no encuentran respuesta, simple y sencillamente porque no tenemos un libro blanco sobre nuestras relaciones con los países del istmo.
Henry Kissinger ha dicho en numerosas ocasiones que la política exterior empieza con los vecinos. Hemos seguido ese dictum hacia el Norte, y nuestras relaciones en sentido amplio con Estados Unidos y Canadá están definidas y marcadas por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No es así en el caso de Centroamérica. Tenemos un Tratado de Libre Comercio Único con Centroamérica, pero no están incluidos ni Belice ni Panamá, y su contenido no es suficiente para codificar relaciones complejas y variadas.
¿Cuántos países incluyen nuestra definición de Centroamérica? ¿Adoptamos la definición de facto del Pentágono, el Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras? ¿Añadimos a Costa Rica, Nicaragua y Panamá? O, finalmente, ¿agregamos a Belice, nuestro vecino colindante, casi siempre relegado al Caribe anglófono?
No es esta una definición meramente geográfica. Cualquier definición que hagamos deberá estar anclada en la historia, orientada por los intereses nacionales mexicanos, y tendrá grandes repercusiones geopolíticas.
El caso de Guatemala se cuece aparte, porque es nuestro vecino con 965 kilómetros de frontera común, y porque de lejos es el país más poblado (18 millones de habitantes) y la mayor economía del istmo (su PIB en 2021 fue de 85 000 millones de dólares). Necesitamos una estrategia explícita con Guatemala, que no tenemos. Acaso habrá un plan por allí y un programa por allá, pero no una estrategia.
Lo que tenemos es una “migratización” de las relaciones con los tres países del norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. En los tres casos, la meta expresa es colocarnos en línea con la política de externalización de fronteras del gobierno de Estados Unidos, que impacta sobre todo a Guatemala (país de paso obligado para los migrantes y solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños) y México (país de último tránsito).
En el papel, las estrategias de Donald Trump y de Joseph R. Biden en política migratoria son muy diferentes. La de Trump redujo drásticamente la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, endureció la gestión migratoria, y trató con desdén a mandatarios y ciudadanos por igual, llamándolos “hoyos de mierda”. La de Biden habla de cooperación con los pueblos de los tres países, establece lazos con organismos de la sociedad civil y, aunque ha tomado distancia sobre todo de los presidentes Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández, Washington mantiene la colaboración con los gobiernos de El Salvador y Honduras.
La inversión privada mexicana en los países centroamericanos es creciente, pero tampoco hay una estrategia mexicana (no confundir con la del gobierno federal) que incluya, más allá del gobierno federal, a entidades federativas y municipios (al menos los del sur-sureste), ni al sector privado ni a los organismos de sociedad civil (academia, iglesias, arte y cultura, deporte, educación, ciencia y tecnología).
Sin duda, la contención migratoria no sirve como política exterior con Centroamérica y se contrapone a la cooperación internacional para el desarrollo. El presidente Biden y su gabinete cuentan con el gobierno de México para dar continuidad al programa trumpista “Quédate en México”, que ya provocó una gran tragedia humanitaria, pero a cambio de qué.
La decisión de Washington de dar por terminado dicho programa se encuentra con el obstáculo de un mandato judicial de volver a ponerlo en práctica, pero ello requiere de la aceptación del gobierno de México. La premisa es que la militarizada Guardia Nacional siga combatiendo a los migrantes hondureños, y entonces el gobierno de Biden dejará otros temas contenciosos en manos del sector privado, del Congreso y del T-MEC, cuyo alcance rebasa el ámbito bilateral.
Andrés Manuel López Obrador acertó al solicitar a la Organización de las Naciones Unidas el Plan de Desarrollo Integral (PDI) que promueve el desarrollo económico, el bienestar social, la respuesta al cambio climático y la gestión integral del ciclo migratorio. Sin embargo, en los hechos seguimos usando a los migrantes como moneda de cambio para apaciguar a Washington.
Para empezar, debemos precisar cuál es nuestra estrategia por país, y cuál nuestra estrategia para la región en su conjunto Además, hay que actualizar nuestra comprensión de la Centroamérica de 2021. No nos sirve la vieja caracterización como una colección de países pequeños, pobres y agrarios. Hoy estamos frente a un capitalismo rentista transnacional, donde la mayoría de los jóvenes anhelan migrar a Estados Unidos, y el mejor negocio es exportar pobres y captar sus remesas.
Hay que entender la matriz del poder en cada país. En El Salvador, Guatemala y Honduras, Estados Unidos es un actor interno, más que un factor externo. Sin embargo, el perfil de China se acrecienta, y ello permite al gobierno del presidente salvadoreño Bukele chantajear a Washington con un acercamiento a Beijing.
De igual forma, se debe dejar atrás la contención migratoria como elemento articulador de las relaciones de México con Centroamérica, como sugiere Beatriz Zepeda, investigadora de El Colegio de México. Además, es imprescindible un diálogo en materia migratoria y de desarrollo, que subraye la responsabilidad compartida entre todos los países involucrados en el circuito migratorio.
En suma, necesitamos una nueva política en el sur-sureste mexicano y en Centroamérica, que honre nuestros principios constitucionales de derechos humanos y cooperación internacional para el desarrollo; es decir, que promueva la sustentabilidad y la cohesión social para hacer de nuestros países lugares habitables. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
