Las relaciones de México con los países centroamericanos han estado guiadas más por la inercia que por una estrategia articulada expresamente. Como ha sido el caso, particularmente desde el trumpismo, estos vínculos están marcados por la intersección de la política exterior con la política migratoria.

El gobierno mexicano ha respondido a presiones de Washington para realizar una tarea de contención de migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, y, desde 2022, también nicaragüenses, así como cubanos y venezolanos. Las relaciones de México con el resto de los países del istmo —Belice, Costa Rica y Panamá— son tenues y poco significativas.

La contención migratoria incorpora la externalización de la frontera estadounidense, físicamente ubicada de San Diego, California/Tijuana, Baja California a Brownsville, Texas/Matamoros, Tamaulipas, hacia el río Suchiate, en los límites entre Chiapas y Guatemala. Esta tarea es apoyada por México mediante un despliegue militar ostensible: cerca de 20 000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y 5000 en la frontera sur.

En este despliegue, el Presidente de la República ha depositado en el canciller Marcelo Ebrard la coordinación del operativo de contención migratoria, aunque las leyes se la confieren a la Secretaría de Gobernación. El decreto delegatorio es de carácter administrativo, y no se vio acompañado de cambio alguno en la legislación, así que las decisiones tomadas por el Canciller en esta función adicional podrían ser impugnadas jurídicamente de manera eventual.

Hay varios cambios en la situación regional que se registrarán con la llegada de 2023, pero ninguno de ellos implica un viraje significativo de política pública.

1) Los republicanos recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes. Lograron el control legislativo en la Cámara Baja por un estrecho margen: 225 contra 210 asientos. Las obsesiones republicanas sobre lo que ellos ven como una amenaza a su seguridad nacional por una frontera “insegura”, a causa de la migración, se incrementará a medida que se aproximen las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

2) En materia migratoria, las señales serán contradictorias. El 31 de diciembre de 2022 concluyó la aplicación del Título 42 de la Ley de Salud estadounidense, que prohibía el ingreso de solicitantes de asilo a Estados Unidos por disposiciones de salud. Asimismo, el gobierno del presidente Joseph R. Biden ha anunciado que prolongará, hasta marzo de 2023, el llamado Estatus de Protección Temporal a salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Aunque los empleadores estadounidenses despliegan anuncios de “estamos contratando” y “necesitamos trabajadores”, los canales legales para procesar solicitudes de ingreso a Estados Unidos siguen siendo, de lejos, insuficientes.

3) Continuará la deriva antidemocrática de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Los regímenes autoritarios encabezados por Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y Daniel Ortega, que concentran el poder en el presidente de la república, han provocado profundos retrocesos en las libertades y en los derechos de los ciudadanos. 

En El Salvador, a 8 meses de decretado el régimen de excepción, la guerra contra las maras y la militarización de la seguridad pública encubren arrestos ilegales, casos de tortura, desplazamiento forzado causado por la policía y el ejército, y asesinatos dentro de las prisiones. Los periodistas independientes encuentran cada vez más difícil la tarea de informar sobre lo que ocurre en el país. En Guatemala, Giammattei es sostenido por el “pacto de corruptos”, conformado por las cúpulas económicas, políticas y militares, que han desatado una cacería contra los exfiscales, jueces y abogados que, desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, investigaron la corrupción de quienes hoy detentan el poder, que los han enviado al exilio forzoso en Estados Unidos, España o México. En Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo encarcela opositores y desmantela cualquier núcleo crítico en las iglesias, el periodismo y la sociedad civil.

4) La política exterior mexicana hacia los países de Centroamérica seguirá teniendo la restricción migratoria como eje. La exportación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, contra lo prometido, no ha atenuado la migración ni siquiera en México, que ya representa de nuevo el mayor contingente de migración sin documentos hacia Estados Unidos. 

Asimismo, la vecindad geográfica no ha redituado en alianzas exitosas a la hora de las candidaturas a organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo (ambas ganadas por Brasil), donde no prosperaron las candidaturas centroamericanas ni mexicanas. La atención a la región centroamericana por parte de la Cancillería mexicana languidece entre la precandidatura presidencial de su titular, Ebrard, que ocupa la mayor parte de su tiempo, y una política exterior inconsistente y sujeta a las ocurrencias del Presidente, más que a un diseño estratégico. EP

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