¿Cuáles son los principales desafíos de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad pública? En primer lugar, el apuntalamiento y la institucionalización del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras como nuevo marco rector de diálogo entre ambos países. En segundo lugar, impedir que la persecución de dos objetivos centrales para cada país —atender la crisis de opioides sintéticos en Estados Unidos y reducir el contrabando de armas en México— terminen por generar situaciones de conflicto en la agenda bilateral. Todo esto se presenta en medio de un ambiente complejo, en el que se avizoran duras contiendas electorales en los dos países rumbo a 2024.

El Entendimiento Bicentenario se creó en otoño de 2021 como el nuevo eje de colaboración en materia de seguridad entre ambos países. Fue una buena idea. El proyecto anterior, la Iniciativa Mérida, estaba en agonía cuando menos desde el final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El solo nombre generaba resquemor entre los burócratas de la Cancillería de México; los pocos proyectos que seguían funcionando lo hacían por inercia institucional. La llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador terminó de enterrar el proyecto. Así, la creación del Entendimiento Bicentenario y la consecuente reactivación del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos fueron vistas como buenas noticias. Una nueva arquitectura institucional era necesaria. 

Más de un año después de anunciado el inicio del Entendimiento Bicentenario, sigue siendo complicado distinguir las diferencias programáticas entre este y la Iniciativa Mérida. Se parecen mucho más de lo que quisieran. Pero, ¿en qué se pueden distinguir?

 Para empezar, el esfuerzo del gobierno por centralizar los recursos que provienen del plan. A diferencia de la Iniciativa Mérida, en el nuevo marco no hay espacio para organizaciones no gubernamentales o para los gobiernos estatales: es el gobierno federal el que lleva la batuta y ejecuta. Aunque esta forma de administración garantiza que se antepongan los programas prioritarios del gobierno federal, inhabilita la posibilidad de actores locales para participar en la toma de decisiones. 

Una segunda distinción está en el tipo de programas que prioriza el Entendimiento Bicentenario: aquellos que avanzan una visión preventiva (y no reactiva) de la seguridad y priorizan la búsqueda de respuestas a problemas de salud pública relacionados con el consumo de drogas. Ya en 2022 se integró un panel binacional de expertos en salud pública para intercambiar buenas prácticas y monitorear tendencias de consumo de narcóticos, se presupuestó dinero para ejecutar programas de reducción de daños y tratamiento de adicciones, y se elaboró un programa para impulsar la capacidad forense en México. El reto en 2023 es consolidar estos programas. ¿Cómo se configurarán en pesos y centavos estas y otras iniciativas? ¿Cómo esto se traducirá en política pública eficiente que permita reducir la violencia criminal en el país? Todo está por verse. 

El segundo gran reto al que se enfrenta la relación bilateral en materia de seguridad está necesariamente anclado al primero, pero tiene sus propias lógicas y va mucho más allá del alcance del Entendimiento Bicentenario. Me refiero a la necesidad que tienen los actores, de todos los niveles, de alcanzar las métricas deseadas en ambos lados de la frontera. Por el lado de Estados Unidos, reducir el consumo de opioides sintéticos; por el lado de México, atacar frontalmente el contrabando de armas ilegales de Norte a Sur, condición sine qua non para reducir los niveles de violencia. 

El consumo masivo de opioides sintéticos es el principal desafío en Estados Unidos. Es ya un tema electoral y fácilmente explotable por la oposición republicana. Aunque la fuente del problema involucra tanto a las farmacéuticas estadounidenses como a los laboratorios chinos, en el imaginario de muchos tomadores de decisiones ⸺en particular en las agencias antinarcóticos⸺, el tema tiene que resolverse exclusivamente en México. Esto pone al gobierno del presidente López Obrador en una encrucijada: o adopta las medidas características de la “guerra contra las drogas” y así exacerbar dinámicas violentas entre grupos criminales o prioriza la estabilidad ⸺así sea a partir de cierta gobernanza criminal⸺ en algunos territorios del país. Se trata de un dilema complejo para el cual es difícil encontrar un balance óptimo. 

En cuanto al tema de las armas y su contrabando ilegal, es claro que el canciller Marcelo Ebrard ha subido la apuesta. Lo que antes era apenas una nota al pie en la agenda bilateral está hoy escrito en letras mayúsculas. Las dos demandas impulsadas en Estados Unidos ⸺primero contra una docena de distribuidoras de armamento y luego contra cinco puntos de venta en Arizona⸺ son una acción audaz que, si bien no apuntan directamente al gobierno federal de Estados Unidos, sí suponen un nuevo factor de riesgo en la relación bilateral. Otra vez, el reto es avanzar el punto sin poner en riesgo la nueva arquitectura institucional en materia de seguridad. No será sencillo. 

En definitiva, no son pocos los retos que enfrenta el tema de la seguridad en la agenda bilateral. En un ambiente complejo y sujeto a situaciones de inestabilidad recurrente es difícil ser optimista en 2023. EP

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