Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, hace siete años. Surgieron de una negociación compleja, de casi tres años, en la que participaron no sólo los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, sino todas las partes interesadas: representantes de gobiernos subnacionales (estados y ciudades), parlamentarios, organizaciones internacionales, sector privado, sociedad civil y la academia. 

En una sesión memorable, a la que asistieron 157 jefes de estado o de gobierno y los jefes de todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea dio el martillazo de su aprobación formal. Un sentimiento de satisfacción se extendió en una sala completamente abarrotada. Un aplauso de pie de todos los asistentes, que duró varios minutos, solamente comparable con el final de un gran concierto sinfónico, dio la bienvenida a los ODS.

Había razones para esa algarabía colectiva. Se sabía que la Agenda 2030 y los 17 ODS, junto con sus 167 metas específicas, constituían uno de los documentos más trascendentes que hubiera adoptado la ONU en toda su historia. 

La Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) habían puesto el bienestar de la persona humana como la obligación fundamental de los estados y como el fin último de la cooperación internacional. La Carta de San Francisco asumió que el respeto a los derechos humanos, junto con el progreso económico y social, eran esenciales para mantener la estabilidad dentro de cada país, y una precondición para mantener la paz y la seguridad internacionales. La Declaración Universal proclamó, por primera vez a nivel internacional, los derechos inalienables de todo ser humano. 

Desde esa óptica, los ODS contienen un programa de acción universal para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en todos los países, sin dejar a nadie atrás y protegiendo al planeta. De ahí su relevancia y trascendencia. Se han convertido en la hoja de ruta para el desarrollo sostenible, la guía para la acción de los gobiernos y de todas las partes interesadas.

Cuando se aprobaron la Carta de la ONU y la Declaración Universal no había conciencia de los efectos negativos para el medio ambiente de la industrialización, el aumento de la población, la expansión agrícola y la urbanización. La integración de la dimensión ambiental al desarrollo fue un proceso gradual que enfrentó muchas resistencias. Se inició en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano (Estocolmo, Suecia, 1972) que, en su documento final, enfatizó que el desarrollo de los países debía preservar un medio ambiente sano para las próximas generaciones, lo que exigía evitar el agotamiento de los recursos naturales, y la destrucción de los ecosistemas terrestres, marítimos y atmosféricos. 

En los años setenta y ochenta del siglo pasado, muchas naciones en desarrollo veían con recelo el nuevo concepto. Sostenían que el principal contaminante del medio ambiente era la pobreza, por lo que pregonaron un nuevo orden económico internacional y el derecho al desarrollo. El ascenso del neoliberalismo en los países desarrollados en la década de los ochenta, reacio a una intervención más activa del estado en la economía y en la sociedad, retrasó aún más la aceptación internacional de la dimensión ambiental del desarrollo. 

Finalmente, en 1987 el concepto de desarrollo sostenible fue articulado en el informe Nuestro Futuro Común, de la Comisión Global sobre Medio Ambiente y Desarrollo, e introducido en la Declaración de la Cumbre de la Tierra de 1992. Desde entonces, el concepto se repite en todas las conferencias y documentos de las Naciones Unidas. En ese contexto, los ODS constituyen la versión más acabada del desarrollo sostenible. Reflejan un aprendizaje colectivo de siete décadas sobre políticas públicas adecuadas y de la cooperación internacional.

Los 17 ODS y sus 167 metas específicas son muy ambiciosos y su horizonte temporal es el año 2030, dentro de sólo ocho años. Se centran en el fin de la pobreza extrema, el hambre y la malnutrición; salud y educación de calidad para todos; igualdad de género, acceso al agua y saneamiento ambiental; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; innovación, infraestructura e industria; reducción de las desigualdades entre países y al interior de éstos; ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, combate al cambio climático y preservación de la biodiversidad terrestre y marítima; paz, justicia e instituciones sólidas, y  la promoción de alianzas multiactor para alcanzar todos los Objetivos entre todas las partes interesadas.  

Es importante reconocer sus limitaciones. La política fiscal, la monetaria y la comercial, determinantes para el desarrollo sostenible, no fueron incorporadas en los ODS. Pero su mayor deficiencia es que no se contempló el financiamiento indispensable para su implementación. El documento subraya que es responsabilidad de cada país alcanzar los ODS, para lo que depende de sus propios medios, aunque puede recibir cooperación internacional para alcanzarlos, incluyendo recursos financieros.

Antes de la pandemia de COVID-19, se antojaba muy difícil que la inmensa mayoría de los países en desarrollo alcanzaran los ODS hacia 2030, por la ausencia de capacidades institucionales, y recursos financieros y humanos limitados. Conflictos violentos en muchos países y los efectos del cambio climático (sequías prolongadas, inundaciones, olas de calor, incendios) representaban retos considerables para muchos países. 

En los últimos tres años los obstáculos se han magnificado. La crisis sanitaria provocó en 2020 y 2021 la más aguda recesión económica global en casi un siglo y una recuperación desigual en 2022 entre países, regiones y sectores de actividad. Más grave aún, la violencia sigue ampliándose. Según el Secretario General de la ONU, alrededor de 2 mil millones de seres humanos, una cuarta parte de la población mundial, habitan en países afectados por conflictos violentos. 

La pobreza extrema, al igual que el hambre, que iban a la baja antes de la pandemia, ahora van al alza. Alrededor de 840 millones de seres humanos padecen hambre, hay 100 millones de personas desplazadas y 72 millones de refugiados, todas víctimas de conflictos y efectos del cambio climático. La pobreza extrema castiga en especial a las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables. Muchos países se han sobreendeudado, sin capacidad para promover una recuperación sostenida de sus economías.

La invasión de Rusia a Ucrania empeoró aún más la situación mundial, y provocó una elevación de los precios de los energéticos, los alimentos y los fertilizantes, y empujó a las poblaciones de muchos países en África y Asia a crisis alimentarias y humanitarias. Esta guerra podría reducir en 0.9 por ciento el PIB mundial en 2022. 

No obstante, el efecto más grave del conflicto en Ucrania es el cambio de prioridades en la agenda internacional. El interés inmediato de los países desarrollados es la seguridad en el abasto, y no la transición energética. La guerra disparó el gasto en armamentos, y retrajo la asistencia oficial al desarrollo. La posibilidad de otro estallido en el estrecho de Taiwán, resultado de la nueva confrontación estratégica entre China y Estados Unidos, refuerza una nueva carrera armamentista, y puede llevar al mundo a una catástrofe, incluso en forma accidental.

Sin embargo, la humanidad no tiene alternativa que transitar la ruta hacia el desarrollo sostenible, si desea asegurar su propia supervivencia. El cambio climático sigue siendo la mayor amenaza. Es preciso evitar que el aumento de la temperatura supere 1.5 grados centígrados, porque eso podría ocasionar daños irreparables al clima global.  

Los ODS y el desarrollo sostenible están en peligro por el aumento de las tensiones internacionales. Urge un plan de rescate internacional, que solo puede provenir de un nuevo compromiso de las grandes potencias con la diplomacia y la solución pacífica de la guerra en Ucrania y el conflicto por Taiwán.

Sin embargo, hay que resolver el principal obstáculo de fondo: la falta de recursos financieros. El Secretario General de la ONU y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) proponen que el G20, con el apoyo de la ONU, el Banco Mundial, el FMI y los bancos regionales de desarrollo, elaboren un plan de financiamiento de los ODS, que incluya la participación del sector privado porque, según el FMI, las necesidades rebasan el trillón de dólares anuales, pero el desarrollo sostenible también presenta enormes oportunidades. La ocasión para intentar aprobar ese Plan será la Cumbre de evaluación sobre los ODS de septiembre de 2023. Ojalá, porque se agota el tiempo. EP

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