A principios de la década de 1990, el gobierno de México decidió fortalecer sus capacidades para recibir y ofrecer cooperación internacional. Además, se buscó hacer de la cooperación un instrumento eficaz de la política exterior al disminuir gradualmente la asistencia para el desarrollo que recibíamos de países más avanzados e instancias multilaterales. Había que convertir la cooperación en una herramienta de acción diplomática y no solo el enunciado de un principio constitucional. Hubo plena conciencia sobre los imperativos de esa condición dual: implicaba asumir una nueva responsabilidad y participar como un país en desarrollo, que tenía mucho que ofrecer. Sucesivos gobiernos mexicanos atendieron el interés nacional y comprendieron la importancia de cooperar en el contexto geopolítico posterior a la Guerra Fría, habiendo suscrito el Tratado de Libre Comercio de América del Norte e ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Los primeros esfuerzos se concentraron en formular una política de cooperación propia y en dirigirlos en favor de Centroamérica. La región requería la asistencia de México y necesitaba la de otros países para superar los conflictos internos, los efectos de la recurrente intervención extranjera y para enfrentar los retos del subdesarrollo económico y social. La cooperación haría posible establecer bases firmes para avanzar en los respectivos procesos de reconstrucción, luego de los acuerdos de paz en los que México había desempeñado un papel destacado, y ampliar nuestra capacidad de influencia.

A partir del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla se iniciaron las acciones, los programas y los proyectos de cooperación, tanto bilaterales como regionales, con múltiples interlocutores y socios regionales y extrarregionales. Aun antes de la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), la cooperación se fue institucionalizando gradualmente. Se estableció la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica y se conformaron sendos programas anuales, estableciéndose instrumentos de acción, concertación, cuantificación y rendición de cuentas. Se desarrollaron esquemas novedosos para aprovechar las capacidades técnicas y financieras de las instituciones públicas mexicanas, para recibir y dar cooperación, agregándose las fortalezas de las organizaciones de la sociedad civil. Recursos financieros adicionales provinieron de la factura de las exportaciones petroleras mediante el Acuerdo de San José, los cuales fueron puestos a disposición de los países centroamericanos y caribeños y destinados a obras de infraestructura para favorecer los procesos de integración subregional.

Todos esos esfuerzos tuvieron como premisa fundamental un diálogo político permanente de alto nivel, amplio e incluyente, así como una capacidad operativa a nivel técnico en los planos bilateral, regional e internacional. Se construyeron relaciones previsibles de cooperación mediante el fortalecimiento de las representaciones diplomáticas mexicanas y una amplia red de instituciones, cuya participación se daba en forma coordinada con las diversas contrapartes surgidas de los procesos de transformación e institucionalización en Latinoamérica. Se identificaron las necesidades prioritarias para realizar con los propios países receptores una gestión conjunta. Los avances del Plan Puebla Panamá, que evolucionó hasta el actual Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, descansaron en estos antecedentes.

Al iniciar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo una declaración política conjunta de apoyo a los gobiernos de Centroamérica. México cabildeó para involucrar al gobierno de Estados Unidos, a fin de trabajar de manera coordinada y ofrecer juntos inversiones, mejores relaciones comerciales y cooperación técnica, principalmente a El Salvador, Guatemala y Honduras. Para la política exterior de México resultaba prioritario contrarrestar los graves impactos del aumento de la pobreza, la violencia posterior a los conflictos internos, pero, primordialmente, resolver la urgente necesidad de combatir las causas ⸺no solo los efectos⸺ de la migración forzada, masiva e irregular proveniente de Centroamérica y de otros países del sur con dirección al norte.

Pero el gobierno mexicano no alcanzó ese importante objetivo. No convenció al gobierno de Donald Trump ni obtuvo una respuesta favorable del gobierno de Joseph R. Biden. Tampoco consiguió que Canadá y los principales países europeos cooperantes se interesaran. Las circunstancias continuaron cambiando de manera rápida y desfavorable, y el gobierno mexicano promovió y consiguió que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe formularan el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México, el cual fue presentado en septiembre de 2021, cuya proyección incluso en las Naciones Unidas fue más bien limitada. A pesar de sus innegables aportaciones, del valor de los diagnósticos y del alcance de las propuestas, el PDI no produjo el interés esperado ni reunió la voluntad de otros posibles donantes. Pero, sobre todo, tampoco consiguió que los tres gobiernos centroamericanos beneficiarios lo hicieran cabalmente suyo como para conseguir su oportuna puesta en ejecución, en medio de enormes desafíos internacionales y regionales derivados de la inestabilidad política, la emergencia sanitaria mundial y varias crisis locales simultáneas.

Hasta ahora, el gobierno de México no ha sido capaz de gestionar, movilizar y coordinar esfuerzos significativos de cooperación, ni tampoco destinar y obtener recursos financieros suficientes y adicionales para atender las necesidades prioritarias fijadas por los propios centroamericanos. Como país cooperante, México ha quedado aislado, ha visto reducirse sus capacidades financieras y operativas frente a condiciones cada vez más adversas en la región como consecuencia de la crisis económica, la pandemia y la emergencia climática. La cooperación mexicana con Centroamérica, en la que se concentra la mayor parte de las actividades de la Amexcid, se encuentra atrapada en una lógica impuesta de manera vertical que privilegia, en forma unilateral, el otorgar ayuda bilateral mediante la “exportación” de sendos programas del gobierno mexicano, los denominados Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ambos han probado ser programas subordinados e insuficientes, cuya sustentabilidad y eficacia son cuestionables. La cuantificación y la evaluación sobre su ejecución, los resultados y los beneficiarios siguen pendientes por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay opacidad y escasa información sobre las reglas de operación, los términos de referencia e, incluso, sobre los mecanismos de dispersión directa de recursos económicos, los cuales, según el último informe de actividades de la Amexcid, superan los 20 millones de dólares.

La cooperación mexicana ha dejado de ser un instrumento eficaz para impulsar el bienestar del norte de Centroamérica y el sureste de México. Los procesos de institucionalización del Proyecto Mesoamérica se encuentran estancados por la inercia burocrática, la proliferación de pequeños proyectos y las marcadas limitaciones de recursos humanos, materiales y financieros, habiéndose privilegiado relaciones políticas desiguales, algunas distantes y otras cercanas, motivadas por divergencias o afinidades ideológicas entre los gobiernos de México y los de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es notoria la desarticulación entre la política exterior mexicana, en los ámbitos multilateral y regional, y la política migratoria fincada en la seguridad nacional, destinada a la contención interna, la cual está sujeta además a enormes chantajes y presiones por parte de Estados Unidos. La cooperación internacional de México enfrentará en 2023 enormes retos para superar los extravíos en los que se encuentra inmersa. EP

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.